26.2.25

La derrota de la sociedad civil - Disertaciones del Crepúsculo


Cali, 23 de febrero de 2025. Por Armando Palau Aldana. Los peruanos definen la Nación como un conjunto grande de personas unidas por una cultura común y que viven bajo un mismo gobierno, mientras que el portal académico de la Universidad Autónoma de México, indica que el concepto de Nación es complicado, en sentido laxo, el conjunto de características culturales que comparten los habitantes de determinado territorio. En esta abstracción residía la soberanía colombiana hasta que paso exclusivamente al pueblo en 1991.

Este teórico mandato constitucional, consagrado como un fin o reto del pueblo colombiano en la Carta Política de 1991, deviene en la apertura a la participación democrática que sigue dominada por la democracia representativa. Aún así, se estrenó esta Constitución con la ruptura de la mayoritaria costumbre de designar militares como Ministros de Guerra, y fueron civiles los de Defensa durante 5 lustros, poniendo de presente el monopolio de la fuerza en cabeza del Estado.

En su Contrato Social (1762) Rousseau consideró: “Despojarse de la libertad es despojarse de moralidad (…) es una convención fútil y contradictoria estipular de una parte una autoridad absoluta y de la otra una obediencia sin límites” y André Gorz (Libertad y ecología, 1979) es la sociedad civil: “el entretejido de las relaciones sociales que los individuos establecen entre sí en el seno de los grupos o comunidades que no deben su existencia ni a la mediación ni al acta institucional del Estado”.

No obstante, este gobierno que elegimos anhelando salir de la recalcitrante derecha del Establishment, que desde tiempos inveterados ahonda las desigualdades, fortalece los monopolios privados, empobrece a las comunidades y destruye la biodiversidad de nuestros biomas en potrerización ganadera y extensión de monocultivos, sorprende y decepciona a las esperanzadas comunidades que creyeron estar ante el inicio de un cambio de orilla política.

No podemos negar el cambio en muchos de los espectros políticos en manos de este gobierno, pero la crisis evidenciada en el publicitado Consejo de Ministros, puso de presente que no fue Petro sino sus asesores quienes diseñaron el Plan Nacional de Desarrollo, al punto de no precisar aquel el avance de sus metas, pasando a la proselitista retórica de compromisos de tribuna con las comunidades, para justificar la medición del fracaso de su gabinete colocándolo en la picota pública 

Es probable que las entusiastas comunidades populares aterricen que este es un gobierno de centro, como lo advirtió y precisó Petro, cuyo Movimiento M-19 (1974) se funda con la bandera de la Alianza Nacional Popular (1961), reivindicando el fraude electoral (1970) contra el general Rojas Pinilla orquestado por Lleras Restrepo que hizo Presidente a Misael Pastrana. La Anapo se conocía como “la fuerza que define”, pues desempataba las decisiones en corporaciones públicas entre liberales y godos.

Víctor Hugo dijo: “Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa”, pero sorprender con la designación de un militar como Ministro de Defensa, constituye un golpe bajo a la sociedad civil y rompe su avance, pues después de la Constituyente del 91 los civiles se pusieron por encima de quienes institucionalmente a través de las armas deben defender la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional. Seguramente el origen militar subversivo, pues el pasado no perdona.

Y claro, esto nos hace mirar retrospectivamente el comportamiento del Gasto Militar en Petro desde el Presupuesto de la Nación: en 2022 fue de 350 billones: con 71,7 para Servicio a la Deuda; 49,5 para Educación; 42,6 para Gasto Militar; y 41,9 para salud. En 2023 PGN 422.8 billones: Servicio a la Deuda 77,9; Educación 54,8 billones; Salud 50,2; Gasto Militar 48,3 billones. En 2024 PGN 502,6 billones: Servicio a la Deuda 94,5; Educación 70,4; Salud 61,5; Gasto Militar 56. Y 2025 PGN 511 billones: Servicio a la Deuda 112,6 billones; Educación 70; Salud 65; y Gasto Militar 60.

En los 3 años de gobierno Petro el gasto militar subió 17.4 billones del 2022 al 2025, mientras que el ambiental se movió de 1,3 en 2022 a tan solo 1,7 billones para 2025. (Que tal el liderazgo de Susana Muhamad, que solo logró incrementar la gestión ambiental en 400 mil millones en este periplo). Llegamos a una triste reflexión, para silenciar un posible ruido de sables militares, se ha preferido conectar la sociedad castrense con el alto gobierno, y para lograr gobernabilidad articular la dirigencia política con un experimentado lobista.

Como piedra en ojo hinchado, Aguilar y Cadícamo compusieron “Al mundo le falta un tornillo” (1933): “Todo el mundo está en la estufa, / Triste, amargao y sin garufa, / neurasténico y cortao... / Se acabaron los robustos, / si hasta yo, que daba gusto, / ¡cuatro kilos he bajao! / Hoy no hay guita ni de asalto / y el puchero está tan alto / que hay que usar el trampolín. / Si habrá crisis, bronca y hambre, / que el que compra diez de fiambre / hoy se morfa hasta el piolín. / Hoy se vive de prepo / y se duerme apurao. / Y la chiva hasta a Cristo / se la han afeitao... / Hoy se lleva a empeñar / al amigo más fiel, / nadie invita a morfar... / todo el mundo en el riel. / Al mundo le falta un tornillo / que venga un mecánico... / ¿Pa' qué, che viejo? / Pa' ver si lo puede arreglar”. 

16.2.25

La trama de un fallo racista de facto - Disertaciones del Crepúsculo


Cali, 16 de febrero de 2025. Por Armando Palau Aldana. La semana pasada, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal de Bogotá, denegó en segunda instancia el amparo constitucional a la Consulta Previa al Consejo Comunitario Bajo Tapaje y del Mar, al que pertenecen los pescadores artesanales de Playa Bazán en límites entre Nariño y Cauca, quienes realizan faenas de pesca en las afueras del Parque Gorgona y pernoctan en la isla.

Dicha Sala Laboral, se arrogó la competencia funcional, despojándosela a la Sala Segunda, que en abril del año pasado había resuelto la impugnación al Consejo Guapi Abajo amparándole los derechos al debido proceso y a la consulta previa, revocando el fallo de primera instancia proferido por la Juez 46 Laboral de Bogotá. Es decir, la Sala Sexta, violó de bulto la competencia funcional.

Además padece de defecto sustantivo, porque esta Sala Laboral, dejó de aplicar normas claramente pertinentes, haciendo una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica. Esto es, inaplicó el axioma del artículo 13 de la Constitución que ordena al Estado adoptar medidas en favor de grupos discriminados y proteger preferencialmente su debilidad manifiesta.

Los magistrados de dicha Sala Laboral también transgredieron el Acuerdo 1480 de 2002 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que determina que cuando un asunto fuere repartido por primera vez en segunda instancia, en todas las ocasiones en que se interpongan recursos que deban ser resueltos por el superior funcional, el negocio será asignado a quién se le repartió inicialmente.

La acción de tutela del Consejo Bajo Tapaje y del Mar, fue acumulada con la de Guapi Abajo y le correspondió nuevamente a la Juez 46 Laboral de Bogotá, quien también denegó el amparo constitucional, por tanto, la impugnación le correspondía a la Sala Segunda, que incluyente y vanguardistamente había tutelado el debido proceso y la consulta previa, en abril del año pasado.

Pero este año, alguien con mano perversa y corrupta burlo el reparto por adjudicación, privando del conducto regular a la Sala Segunda para evitar que esta conociera y decidiera nuevamente la segunda instancia, dejando en manos de la Sala Sexta que desconoció en un escueto fallo el precedente jurisprudencial de favorabilidad y la Sentencia de la Corte Interamericana sobre consulta previa.

Esta Corte Interamericana condenó al Estado de Colombia, en el Caso Pueblo Indígena U’wa y sus Miembros (sentencia publicitada el 20 de diciembre de 2024), declarando que nuestra matria es responsable por incumplir su obligación de proteger los Derechos a la Propiedad Comunal, la Consulta Previa y la Participación en la vida cultural, en perjuicio del mentado Pueblo Indígena.

Precisó la Corte Interamericana, que es deber del Estado, y no de los pueblos indígenas o tribales, demostrar que en el caso concreto estas dimensiones del derecho a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas. El incumplimiento de la obligación de consultar, o la realización de la consulta sin observar sus características esenciales, compromete la responsabilidad estatal. 

El fallo está además viciado de nulidad, por emitirse con defecto fáctico, consistente en obviar el Tribunal sin análisis alguno las pruebas documentales: conceptos de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, el Comité Científico de Gorgona, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el ingeniero Luis Carlos Orejarena. Pleno desconocimiento del material probatorio obrante.

De acuerdo con los estándares de Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, este fallo de la Sala Sexta Laboral del Tribunal de Bogotá, denota una restricción a los derechos del Consejo Bajo Tapaje y del Mar, pues menoscaba el reconocimiento, goce y ejercicio de su derecho fundamental a la Consulta Previa, restringiendo su pleno ejercicio.

La Sala Sexta Laboral limitó de tajo el derecho a la Consulta Previa, dando un trato que anula los derechos de una Comunidad Afrodescendiente violando sus garantías fundamentales, consumando una discriminación estructural, justificando desigualdades por la exclusión social generada por la ausencia de la Consulta Previa, validando una restricción que anula y menoscaba su bienestar. 

Este fallo arraso el Acuerdo de Uso celebrado entre el Consejo Comunitario Bajo Tapaje y del Mar y Parques Nacionales, suscrito en agosto de 2010 para aunar esfuerzos institucionales y comunitarios para el fortalecimiento de las prácticas sostenibles de pesca artesanal de la comunidad de Bazán vecina de Gorgona y propender por su conservación, construyendo la Casa de los Pescadores en la isla.

Es decir, se oscurece una vez más el faro de la justicia, dejando de iluminar el anhelo de las sociedades contemporáneas, que buscan esperanzadoras y angustiadas caminos de libertad y convivencia en el difícil sendero de la paz, porque no se trata de la aplicación exegética de la ley, un inaceptable fetiche, sino de hacer justicia en el más injusto de los mundos, como dijo Camus.

Por ello le cantamos a la justica que siempre anhelamos, La Comparsita (1924) de Rodríguez, Contursi y Maroni: “Si supieras, / que aún dentro de mi alma, / conservo aquel cariño / que tuve para ti... / Quién sabe si supieras / que nunca te he olvidado, / volviendo a tu pasado / te acordarás de mí... / Los amigos ya no vienen / ni siquiera a visitarme, / nadie quiere consolarme / en mi aflicción... / Desde el día que te fuiste / siento angustias en mi pecho, / decí, percanta, ¿qué has hecho / de mi pobre corazón?”.




Trump, Andrew Jackson y el "Sendero de las Lágrimas"


15 de febrero de 2025. Por Amy Goodman y Denis Moynihan. Estados Unidos está atravesando una crisis constitucional que tiene escasos precedentes históricos. El presidente Donald Trump está intentando concentrar el poder público, a través de una serie de órdenes ejecutivas y decretos presidenciales que dictó en los primeros días de su gobierno. Trump ha designado al hombre más rico del mundo y la persona que más dinero aportó a su campaña presidencial, Elon Musk, para dirigir el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE, por sus siglas en inglés). Musk (a quien algunos actualmente llaman el “presidente X” en alusión a su red social, formalmente conocida como Twitter) es el mayor contratista del Gobierno estadounidense, sobre todo gracias a que su empresa SpaceX tiene el monopolio de los lanzamientos de las operaciones espaciales de la NASA y el Pentágono. Musk está desmantelando casi todas las agencias federales que han investigado, multado o intentado regular su imperio empresarial, al tiempo que evita que se investiguen posibles conflictos de intereses entre sus actividades económicas y su función en el Gobierno estadounidense.

Las más de 60 órdenes ejecutivas que Trump ha emitido desde que comenzó su segundo mandato han provocado la presentación de numerosas demandas. Estas acciones legales buscan frenar una serie de órdenes y decretos de Trump: su intento de suprimir el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento; su orden de congelar billones de dólares de fondos federales que ya han sido aprobados por el Congreso y convertidos en ley, incluidos la ayuda internacional, el financiamiento de la ciencia y las iniciativas federales de diversidad, equidad e inclusión en el ámbito laboral; el despido masivo de empleados y funcionarios públicos; sus ataques contra la comunidad inmigrante y las personas trans; y el acceso sin restricciones por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental a los registros privados de millones de trabajadores federales y ciudadanos estadounidenses comunes.

Muchos jueces federales han emitido diversas medidas judiciales para frenar, al menos temporalmente, la ofensiva del presidente Trump. El derecho constitucional estadounidense establece que, cuando un tribunal federal emite una orden, el presidente debe acatarla. En una conferencia de prensa que Trump y Musk brindaron el miércoles en el Despacho Oval, durante el momento de las preguntas, se le consultó al presidente si acatará las órdenes judiciales, a lo que el mandatario respondió: “Sí. Siempre acato las órdenes judiciales… y las apelaré”.

Un juez federal del estado de Rhode Island ordenó al Gobierno de Trump restablecer el financiamiento federal después de que 22 estados presentaran una demanda contra el congelamiento de fondos federales impulsado por el presidente estadounidense. Sin embargo, una semana después, el juez acusó a la Casa Blanca de no acatar su fallo. El magistrado rechazó la solicitud de Trump de permitir que el congelamiento de fondos federales permanezca vigente mientras dure el proceso de apelación. Según diversas informaciones, hasta este jueves 13 de febrero, los fondos no han fluido, por lo que el Gobierno federal está violando el fallo del tribunal.

El vicepresidente JD Vance, que estudió en la Facultad de Derecho de Yale, ha animado al presidente a desafiar las órdenes de la justicia. En respuesta a las numerosas medidas cautelares destinadas a suspender las órdenes ejecutivas de Trump, Vance publicó en la red social X:

“Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenar a la fiscal general cómo ejercer el poder discrecional que le confiere su cargo, eso también es ilegal. Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del Ejecutivo”.

La visión de Vance sobre el poder extremo del Ejecutivo no es nueva. En una entrevista que brindó en 2021, Vance, que vaticinó que Trump ganaría en 2024 las elecciones presidenciales, le dio el siguiente consejo al actual presidente estadounidense:

“Despida a todos y cada uno de los burócratas de nivel medio, a todos los funcionarios y empleados de la administración pública, y reemplácelos con nuestra gente. Y cuando los tribunales lo detengan –porque interpondrán demandas en su contra–, párese frente al país, como lo hizo Andrew Jackson, y diga: 'El presidente de la Corte Suprema ha dictado sentencia. Ahora, que la haga cumplir'”.

En 1829, Andrew Jackson se convirtió en el séptimo presidente de Estados Unidos, después de presentarse como un candidato anti-establishment que lucharía contra la corrupción y la aristocracia enquistada en el poder. Jackson, quien era considerado un héroe de la guerra anglo-estadounidense de 1812, tenía escasa educación formal, un temperamento temible y dos balas alojadas en su cuerpo, una de un duelo y otra de una pelea con Thomas Hart Benton, quien luego se convertiría en senador y aliado clave del séptimo presidente de Estados Unidos.

Además de su carrera política, Jackson,también era dueño de una plantación y esclavizaba a personas afrodescendientes. Cuando se convirtió en presidente, vendió algunos de sus esclavos, lo que desmembró familias enteras, y llevó a varios de ellos a trabajar a la Casa Blanca.

La cita de Jackson que Vance publicó en la red social X hace referencia a un fallo que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió en 1832 en relación con el caso “Worcester contra Georgia”, el cual fue redactado por el entonces presidente del alto tribunal, el juez John Marshall. La Corte Suprema dictaminó que Georgia no podía imponer sus leyes en las tierras de la nación Cherokee, un territorio que dicho estado tenía intenciones de controlar. El fallo del alto tribunal presuntamente impulsó al presidente Jackson, que estaba del lado de Georgia, a proferir esa amenaza: “El presidente de la Corte Suprema ha dictado sentencia. Ahora, que la haga cumplir”.

Sin embargo, Jackson no necesitó desafiar el fallo del tribunal. En los años siguientes, como presidente, logró ampliar la corte y consolidar una mayoría que anuló los fallos emitidos por el juez Marshall. Esto le permitió a Jackson orquestar una de las mayores limpiezas étnicas en la historia de Estados Unidos, una campaña conocida como el “Sendero de las Lágrimas”.

Se estima que entre 1830 y 1850, unas 60.000 personas de las naciones indígenas Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muscogee y Seminole fueron reubicadas por la fuerza en reservas situadas en lo que actualmente es el estado de Oklahoma. Unas 20.000 de ellas murieron en el camino o poco después de su reubicación. Este fue un episodio central del genocidio que el Gobierno de Estados Unidos perpetró contra los pueblos originarios.

Las amenazas de JD Vance de desafiar las órdenes judiciales, que recuerdan a los años oscuros que vivió el país bajo el mandato del presidente Andrew Jackson, constituyen una aciaga advertencia, al tiempo que la crisis constitucional provocada por Trump continúa siendo combatida en los tribunales y en las calles.


© 2025 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

La revocatoria del mandato local - Disertaciones del Crepúsculo


9 de febrero de 2025. Por Armando Palau Aldana. En la dinámica de depositar la soberanía sobre el aparato estatal en cabeza exclusiva del pueblo, se estableció constitucionalmente la participación democrática con el propósito de sobreponerla a la representatividad, fijando instrumentos como el voto programático para alcaldías y gobernaciones, cuyo incumplimiento generaría la revocatoria del mandato impuesto a través del voto.

Sin embargo, se dejó su reglamentación al Congreso de la República donde persiste la corrupta dirigencia de los gamonales territoriales, siendo la revocatoria del mandato programático un ejercicio en las urnas, técnicamente más engorroso que las justas para elegir mandatarios locales y regionales, cuando se pudo y se puede establecer la acción constitucional en estrados para dicha revocatoria.

Podríamos hacer un símil: primero debemos precisar la problemática que aqueja a nuestra matria, construir un plan con programas y acogerlo por consenso, para luego determinar cual es la mejor candidatura para sacar avante esas ideas, sin embargo, primero nos rompemos la cabeza escogiendo quien y luego se improvisa la propuesta de gobierno ad-portas de las elecciones en los debates televisados.

Pero los programas inscritos, construidos por asesores más no por militantes ni simpatizantes o potenciales electores, en el caso de Eder, son solo títulos y subtítulos, para evadir compromisos y responsabilidades. Sin embargo, incumple dos: “Sostenibilidad - Protección de Activos y Recursos Naturales”, así como “Finanzas Públicas, Buen Gobierno y Lucha Contra la Corrupción”.

Para la muestra, el excluyente Club Campestre, que invadió 1 millón de metros cuadrados del municipio, dentro del cual están privados del goce público 8 humedales lénticos por la élite derivada de la Casta Blanca, demostrando que “los ricos también invaden con patente de corso”, logrando que Eder (su socio de número), les haya devuelto ilegalmente 2.2 mil millones de pesos por predial.

Este domingo, parte de la muchachada de las primeras líneas tomó la determinación de reclamar simbólicamente la titularidad de esos bienes de uso público y fiscales usurpados por las élites, prendiendo olla comunitaria frente al Club Campestre. Lo que el exalcalde Jorge Iván Ospina, no tuvo el valor de recuperar, las 100 hectáreas cedidas por Ferrocarriles Nacionales a Cali.

Bajo el gobierno de Eder, no hay entonces protección de recursos naturales ni lucha contra la corrupción, la cual galopa ahora por parte de la Casta Blanca, superando el promedio de contratistas de nómina paralela que ha manejado la Sucursal de Cali en los últimos cinco años, que ha estado alrededor de 12.500 contratistas, cifra elevada el año pasado a 13 mil por esta administración.

No obstante el esclerótico trámite para sacar avante la revocatoria, que comprende obtener el apoyo de por lo menos el 30% de los votos que obtuvo Eder, es decir, 95 mil firmas del total de los 315 mil con los que lo eligieron, que es un peldaño alcanzable, lo crítico es obtener por encima de 330 mil votos (40% de los 824 mil votantes), además de la mitad más uno de ese resultado mínimo.

Estamos hablando de un escenario absolutamente frío, en la que no compiten los partidos y los movimientos, como tampoco distintas candidaturas, solamente los comités que impulsan la revocatoria y la ciudadanía que logre ser sensibilizada mediante opinión pública, sin embargo, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en un pulso de clases sociales, podría generar una dinámica excepcional.

Y es precisamente entender que el enriquecimiento de pequeños sectores, es decir, de la élite de la casta blanca, acudiendo a arrebatar el erario en detrimento de la satisfacción de las necesidades básicas de inmensos sectores empobrecidos, puede provocar una coyuntura de lucha contra la corrupción, que si logra la suma de los sectores partidistas que perdieron las elecciones, podría sorprender.

En fin, esta puja proporciona la oportunidad de exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales al alcalde, bajo la egida de buscar la prevalencia del interés y la prosperidad generales, servir a la comunidad, y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y facilitar la participación de todos, no el favorecimiento solo de los ricos.

En los sectores populares donde la alegría aflora y la solidaridad emerge, se siente “Melodía de Arrabal” (1932), el tango de Gardel, Le Pera y Battistella: “Barrio... barrio… / que tenés el alma inquieta / de un gorrión sentimental. (…) Barrio... barrio... / perdoná si al evocarte / se me pianta un lagrimón, / que al rodar en tu empedrao / es un beso prolongao / que te da mi corazón”.


3.2.25

Los Humedales - Disertaciones del Crepúsculo


Cali, 2 de febrero de 2025. Por Armando Palau Aldana. Los humedales son cuerpos superficiales de agua, como ciénagas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, naturales o artificiales, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Son reguladores de los regímenes hidrológicos y hábitat de exótica fauna y flora, especialmente de aves acuáticas y recursos naturales hidrobiológicos (Peces, Moluscos, Crustáceos, Algas, Corales).

Los humedales son bienes de uso público según nuestro Código Civil (1873), así lo reconocen las Cortes Constitucional y Suprema, como el Consejo de estado. Aunque hoy solo representan el 6% de la superficie terrestre, han sido reconocidos por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional de Ramsar (Irán, 1971), como hábitat de aves Acuáticas migratorias, como sumideros de carbono, bondades piscícolas, agrícolas y prevención de desastres.

El Valle Geográfico del río Cauca, comprendía una extensión de más de 15.200 hectáreas en 1950 (Restrepo y Naranjo), reduciéndose a un poco más de 2.500 hectáreas en 2020 (Calidris y Audubon), como consecuencia del crecimiento del monocultivo de la caña de azúcar durante las últimas 7 décadas, ingenios azucareros que arrasaron madreviejas, ciénagas, lagunas y zonas inundables, dejando solo una sexta parte de este sistema lacustre con la complicidad de CVC.

En Cali la autoridad ambiental en estas 3 décadas de funcionamiento ha demostrado su precaria y corrupta gestión, publicando en la prensa regional (El País, 2025), que la Sucursal del Cielo solo posee 7 ríos (Cauca, Cali, Aguacatal, Cañaveralejo, Melendez, Lili y Pance), invisibilizando los ríos Pichinde, Felidia y Jamundi (registrados en cartografía CVC y Planeación Cali), adulterando el origen de El Pondaje y Charco Azul, con la Laguna de Aguablanca (desecada por los cañicultores).

El Dagma desconoce el Humedal El Cortijo (albergado por el relicto de Bosque Seco Tropical con mayor biodiversidad en Cali), protegido gracias a una orden judicial que logramos en acción popular ante el Consejo de Estado, mostrando que los humedales situados en barrios de estratos altos y reductos de la casta blanca (5 y 6) tienen los mejores Planes de Manejo Ambiental, mientras que los de los estratos bajos (1, 2, 3 y 4), están abandonados a su suerte y sufren procesos de invasión.

Igualmente ocurre con las zonas verdes y parques de esos estratos altos en Cali, que son mejor preservados, mostrando la inaceptable tendencia hacia la elitización de la gestión ambiental, hoy en manos de un designado por el Alcalde Eder como Director del Dagma, un hermano de uno de los Presidentes de Asocaña. El rapto de 8 humedales lénticos por la elite del Club Campestre, que robó 1 millón de mts2 indica que “los ricos también invaden con patente de corso”.

Por ello desde la perspectiva ambiental y con ocasión del día de los humedales, vale la pena indagar sobre el trámite de revocatoria del mandado al alcalde Eder, pues no ha cumplido su propuesta de gobierno de “Sostenibilidad- Protección de Activos y Recursos Naturales”, tampoco “Finanzas Públicas, Buen Gobierno y Lucha Contra la Corrupción”, pues avaló una espuria devolución de 2.200 millones de impuesto predial y complementarios al mismo Club del que es socio.

Les dedicamos “Garufa” (1927), el tango de Collazo, Soliño y Fontaina, que dice: “Del barrio La Mondiola sos el más rana / y te llaman Garufa por lo bacán; / tenés más pretensiones que bataclana / que hubiera hecho suceso con un gotán. / Durante la semana, meta laburo, / y el sábado a la noche sos un doctor: / te encajás las polainas y el cuello duro / y te venís p'al centro de rompedor. / Garufa, / ¡pucha que sos divertido! / Garufa, / ya sos un caso perdido; / tu vieja / dice que sos un bandido / porque supo que te vieron / la otra noche / en el Parque Japonés”.

27.1.25

¡La era Trump y el reino de la estupidez! - Disertaciones del Crepúsculo de Armando Palau Aldana


Cali, 23 de enero de 2025. Por Armando Palau Aldana. Ante la especulativa opinión de empoderamiento de la derecha colombiana, con ocasión del ascenso del fachismo Yanqui, es pertinente hacer una lectura de reacción y de contrapesos.

Es muy probable que se desarticule el manejo del generalato colombiano por parte de la dirigencia gringa, pues ciertamente el embrujo fascista de Trump encanta a las legiones de la estupidez, pero desencanta a buena parte de quienes no tienen los grilletes del oscurantismo y un leve hálito de garantías civiles conservan en el fondo de su corazón. 

El pomposo fascismo anunciado por Trump va a provocar una interesante reacción, un empoderamiento de Oriente a través del BRICS+ como alianza económica y política, que aunque no es formalmente una organización multilateral, recoge para la cooperación a las 5 potencias que congregan el 42% de la población mundial, el 30% del suelo terráqueo y el 18% del comercio global, al que ya se suman más de 60 países de todas las latitudes.

También va a generar una reacción frente al aturdimiento europeo de la posguerra, generado por la alianza entre Churchill y Roosevelt que provocó el empoderamiento del dólar y la imposición del inglés como lengua internacional, reafirmado con 180 mil efectivos localizados en 254 bases militares norteamericanas en el mundo y un gasto militar anual de más de 700 mil millones de dólares.

Lo mismo ocurre en la dirigencia latinoamericana y caribeña, que empieza a reaccionar como bloque, empoderando probablemente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) dejando en un segundo plano a la OEA manipulada por el Tío Sam, como se sugirió desde el gobierno de López Obrador.

Se evidencia entonces la materialización de los tiempos de la estupidez, porque son muchos los que creen en el sueño gringo. Para Bonhoeffer la estupidez está relacionada con la complacencia, con la incapacidad para discernir sobre el bien o el mal, lo correcto o incorrecto, el valor social o el perjuicio social. Es una estrechez mental o disposición de la voluntad a no razonar, asociada con la “necedad” como manifestación de la ignorancia o de no tomar decisiones.

La “estupidez” tiene una enorme afectación en el campo de la política, llevando personas a formar parte de los sistemas autoritarios y las dictaduras apoyando y negando ciegamente las violaciones a los Derechos Humanos. Albert Einstein creía lo mismo y dijo que la estupidez humana no tiene límites.

La juventud mundial ya ha empezado a reaccionar ante el saludo de reminiscencia a Hitler, por parte de Elon Musk (designado como alto asesor del gobierno Trump), lo cual avizora el avivamiento del entusiasmo, la creatividad y el coraje de la opinión juvenil mundial.

Como decían los abuelos no hay mal que por bien no venga! y el tango. "Se te nota en los ojos corazón que me estas mintiendo".


6.1.25

¿Y los delitos ambientales qué? - Disertaciones del Crepúsculo


6 de enero de 2025. Por Armando Palau Aldana. Sabido es, que desde 1980 el Código Penal en concurso con nuevas piezas legales, consagró como punibles los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, sin embargo, los abogados ambientalistas (un puñado) sabemos que es una mera ficción, pues nadie le teme a esta tipificación, ante la ausencia de condenas por: Aprovechamiento ilícito (especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana), Tráfico de fauna, Deforestación, Daños en los recursos naturales y Ecocidio, y Contaminación ambiental.

Pareciera que la atención a estos bienes jurídicos colectivos, asociados a los recursos naturales renovables (agua, aire, fauna, flora, paisaje, suelo y otros), cede en prevalencia ante punibles relacionados con derechos individuales, no obstante que son deberes constitucionales del Estado: proteger las riquezas naturales de la Nación, la diversidad e integridad del ambiente, así como la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el control de los factores de deterioro ambiental.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía, está a cargo de un profesional del derecho egresado de la Universidad Militar, magíster en derecho procesal penal y criminología de la misma universidad, y especialista en derecho administrativo, vinculado a la Unidad de Terrorismo, la Estructura de Apoyo y la Unidad Nacional de Justicia, juez penal del Circuito Especializado de Extinción de Derecho de Dominio, juez de control de garantías y juez penal de conocimiento en Bogotá. Docente de extinción de dominio en la Universidad Sergio Arboleda y de temas de contratación en la Escuela Superior de Guerra, que solo registra un diplomado en delitos ambientales de la Universidad del Rosario.

Sin demeritar al funcionario de turno, se observa que su formación no es robusta en delitos ambientales como tampoco su experiencia asociada, ello nos quita el aliento y corrobora nuestra desesperanza e incredulidad en la justicia penal ambiental, casi inexistente, no obstante que tengamos la ratificación legal y control de constitucionalidad del Tratado Regional de Escazú, uno de cuyos propósitos es el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

No obstante nuestra desazón, tenemos el derecho constitucional de exigir la aplicación de las sanciones penales derivadas de la conducta de los funcionarios de las entidades estatales del Sistema Nacional, las mayores responsables del deterioro del entorno y su oferta de recursos naturales, por omisión en el ejercicio de la autoridad ambiental, esto es: Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias, Corporaciones Autónomas Regionales y Grandes Centros Urbanos. Por ello arrancamos este año nuevo con una denuncia pública para que se evidencie la investigación de delitos ambientales y se articule una Mesa de Trabajo.

En esta denuncia penal, con sustento en nuestro ejercicio ambientalista del derecho ambiental, llamamos la atención de la Fiscal General respecto de los punibles ambientales (entre otros): Daños en los recursos naturales, Ecocidio, y Contaminación ambiental sobre la mega biodiversidad del Parque Natural Gorgona con el licenciamiento para construir una Estación Guardacostas con tres obras militares (radar, muelle y locaciones para la Armada Nacional); las amenazas sobre el frágil Páramo San Turban; y la contaminación con represas de los ríos tutelares Magdalena y Cauca.

También exigimos se investigue la degradación del valle geográfico del río Cauca por la agroindustria de la caña de azúcar (glifosato, quemas, monocultivo); la especulación de reforestación por parte de la septuagenaria Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; el ilegal desarrollo urbanístico en la Reserva Forestal del Pacífico; el desconocimiento de la consulta previa a los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes en contaminantes proyectos de infraestructura y extractivismo; la usurpación de funciones públicas por parte de contratistas del Dagma en el ejercicio de la autoridad ambiental.

Creemos que es hora de instalar una Mesa Nacional sobre Delitos Ambientales que convoque a las organizaciones ambientalistas (no a las sociales o comunales, ni consultorías y sus organizaciones contratistas o universidades), para trazar un Plan de Acción para estos 3 años siguientes de la, hasta ahora, incipiente gestión de la nueva Fiscal General para enfrentar y sancionar ejemplarmente estos punibles que atentan contra el bienestar general.

Por supuesto, que no nos hacemos ilusiones, pero dejamos la constancia, como en el tango La Bicicleta Blanca (1970) de Piazzolla y Ferrer: “Lo viste. Seguro que vos también, alguna vez, lo viste: te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por la noche. / Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas, ¿te fijaste? Nadie sabe, no, de dónde cuernos viene, jamás se le conoce a dónde diablos va. / De todos modos, si lo vieras pasar, miralo con mucho Amor: puede que sea, otra vez... / "¡Dale, Dios!... ¡Dale, Dios!... / ¡Meté, flaquito corazón! / Vos sabés que ganar / no está en llegar sino en seguir...".


5.1.25

“Wicked”, “El mago de Oz” y el letrista estadounidense Yip Harburg


3 de enero de 2025. Por Amy Goodman y Denis Moynihan. Gente de todas partes del mundo ha estado viendo la taquillera película musical “Wicked” durante estas fiestas de fin de año. Basada en el musical homónimo de Broadway, “Wicked” actúa como una precuela de la película de 1939 “El mago de Oz” y presenta a la villana de esa obra cinematográfica, la Bruja Mala del Oeste, como una niña incomprendida y acosada que desafía a la autoridad y expone las malas acciones.

Desde mediados de la década de 1950 hasta principios de la de 1990 —mucho antes de que existieran las plataformas de transmisiones por Internet y de videos a demanda— los telespectadores estadounidenses, que solo tenían acceso a unas pocas cadenas importantes de televisión, debían esperar cada año que llegara la oportunidad de ver “El mago de Oz”. La tan esperada transmisión especial de la película solía emitirse entre el Día de Acción de Gracias y el día de Navidad y captaba la atención de millones de televidentes de todo el país. Esta tradición cinematográfica compartida popularizó el fantástico cuento de Dorothy, su perro Toto, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León.

La película también recibió reconocimiento internacional por su banda sonora, con canciones icónicas como “Follow the Yellow Brick Road” (Sigue el camino de ladrillos amarillos); “We’re Off to See the Wizard” (Vamos a ver el mago); “Ding Dong the Witch is Dead” (Ding dong, la bruja ha muerto); y el clásico de renombre mundial “Over the Rainbow” (Sobre el arcoíris). Menos conocido es el autor de las letras de esas canciones: el compositor y guionista E. Y. “Yip” Harburg. En una época de creciente autoritarismo, desigualdades cada vez mayores y una élite multimillonaria en ascenso, las canciones con conciencia social de Yip Harburg, así como su propia lucha por superar la pobreza durante la Gran Depresión y su inclusión en las listas negras durante la era del macartismo, aun cuando “El mago de Oz” ganaba fama, se convierten en una fuente de inspiración y advertencia.

Yip Harburg nació en 1896 en el barrio Lower East Side del distrito de Manhattan, en Nueva York, en el seno de una familia judía pobre cuyos padres huyeron, como tantos otros, de los pogromos antisemitas en Europa del Este.

En la escuela secundaria le tocó sentarse, por orden alfabético, junto a Ira Gershwin y ambos comenzaron una amistad que se mantuvo durante toda su vida y que fue determinante para el desarrollo de la música y la cultura estadounidenses del siglo XX. Ernie Harburg, hijo de Yip y coautor de la biografía titulada '¿Quién puso el arcoíris en el mago de Oz?', dijo en una entrevista que mantuvo con Democracy Now! en 1996: “Yip experimentó de cerca la pobreza […]; eso le permitió comprender la vida como una constante lucha”.

Yip Harburg quedó sumamente endeudado tras la crisis de Wall Street en 1929. Gershwin le sugirió que escribiera letras de canciones. Poco tiempo después, Harburg compuso la canción que encarnó la esencia de la Gran Depresión, “Hermano, ¿me das diez centavos?”, que se convirtió en un éxito a nivel nacional y sigue siendo un himno atemporal sobre los tiempos difíciles, la codicia empresarial y la dignidad de la clase trabajadora.

“Una vez construí un ferrocarril; lo hice correr, lo hice competir contra el tiempo.

Una vez construí un ferrocarril; ahora está terminado. Hermano, ¿me das diez centavos?”.

La película “El mago de Oz” se basó en la novela de 1900 titulada “El maravilloso mago de Oz”, de L. Frank Baum. Antes del éxito comercial que obtuvo con el libro, Baum se desempeñó en diversas actividades. Entre 1890 y 1891, en el estado de Dakota del Sur, dirigió el periódico local Aberdeen Saturday Pioneer. Allí escribió varias editoriales, entre ellas dos que instaban a cometer un genocidio contra los pueblos indígenas. Pocos días después de la masacre de Wounded Knee, ocurrida el 29 de diciembre de 1890 y en la que se estima que unas 300 personas mayores, mujeres y niños de la comunidad Lakota fueron masacrados por el ejército estadounidense en la cercana reserva de Pine Ridge, Baum escribió: “Nuestra seguridad depende del exterminio total de los indígenas […], [hay que] borrar de la faz de la tierra a estas criaturas salvajes e indomables”.

Las letras de Yip Harburg, por el contrario, dignificaban a las personas oprimidas, a la clase trabajadora, a los inmigrantes y a otros grupos marginados. Estos fueron los temas principales de los dos éxitos de Broadway escritos por Yip: la obra “Bloomer Girl” (Chica bloomer), que gira en torno al movimiento por el sufragio de la mujer, y “Finian’s Rainbow” (El arcoíris de Finian), que rinde homenaje a las personas migrantes y a la lucha contra el racismo. Las letras de Yip atrajeron la atención del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y del senador Joseph McCarthy, quien lideró una agresiva “caza” de personas sospechosas de ser comunistas dentro del Gobierno y de las principales instituciones del país, incluidos los estudios de Hollywood. McCarthy contó con la ayuda del abogado “cazacomunistas” Roy Cohn, quien más adelante desempeñaría el papel de mentor de un entonces joven Donald Trump. Yip Harburg estuvo entre los cientos de escritores, actores y otras personas de la industria a quienes se les prohibió trabajar en el cine y la televisión durante la década de 1950. McCarthy y su cruzada anticomunista finalmente acabaron desacreditados, y Harburg continuó con su trabajo creativo en defensa de los derechos humanos hasta su muerte en 1981, cuando tenía 84 años.

La obra más conocida y entrañable de Yip Harburg continúa siendo su colección de canciones para la película “El mago de Oz”, que se estrenó en el tumultuoso año 1939. En ese entonces, el fascismo estaba en pleno auge en Europa y Asia, los impactos económicos de la Gran Depresión todavía causaban estragos en la clase trabajadora y las leyes segregacionistas de la época de Jim Crow oprimían a millones de personas de color.

A escasas semanas de la investidura de Donald Trump para su segundo mandato como presidente, y con el foco puesto en el desafío a la autoridad que introdujo, de manera muy oportuna, la exitosa película “Wicked”, es un buen momento para recordar el extraordinario trabajo y las profundas enseñanzas de las letras de Yip Harburg, el hombre que puso el arcoíris en el mago de Oz.


Tomado de © 2025 Amy Goodman. Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

3.1.25

¡Cali: Verde que te quiero verde! - Disertaciones del Crepúsculo


3 enero 2025. Por Armando Palau Aldana. Cali se ha denominado la Sucursal del Cielo porque sus mujeres son como las flores, por su gente jovial, por su acogedor clima, por su llana geografía que combina con su pie de monte en Terrón Colorado, Alto Jordán y la Montaña Mágica de Siloé. Es cruce de caminos de las gentes que migran desde el sur caucano y nariñense, como de quienes parten o vienen del Litoral Pacífico y su bello Puerto del Mar mi Buenaventura, migraciones cuyo saber se siente en la exquisita comida que se dispensa y el rítmico son de su cadenciosa música que se baila.

Sin embargo, esta pujante ciudad viene rezagada especialmente en materia ambiental. En términos de hábitat, no se cumplen los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud de un árbol por 3 habitantes, cuando solo llegamos a 8 por cada poblador. Mientras la OMS indica que un hábitat saludable debe contar por lo menos con 9 metros cuadrados de áreas verdes por persona, en Cali no alcanzamos ni siquiera los 3 metros, presentándose sectores críticos como la Ladera donde cada vecino solo cuenta con 11 centímetros.

No obstante, se miente a la opinión pública desde la autoridad ambiental logrando reconocimientos mundiales como ciudad inteligente, a través de los servicios ecosistémicos que prestan los 25 bosques urbanos que tiene Cali a través de una ‘Red Comunitaria que integra 39 escenarios de naturaleza para como parte del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, porque no se reconoce en los boletines informativos el inaceptable déficit arbóreo y de zonas verdes, no se incorporan relictos de Bosque Seco Tropical como El Morro y otros potrerizados.

En materia de autoridad ambiental, no obstante que el Dagma cumple 30 años de establecida, sigue siendo el mayor fortín contractual de la colación del Concejo, cuenta con funcionarios de segundo nivel sin experiencia ni formación afín, que avalan que los contratistas impongan sanciones provisionales usurpando funciones públicas, así como procesos sancionatorios ocultos en que las multas pecuniarias oscilan según la venta de humo, llevándonos a solicitar a la Fiscal General de la Nación una contundente investigación penal para que cese la corrupción.

Ni que decir, de la apología a la pólvora del heredero del Clan Cañicultor Eder, no obstante la creciente opinión pública demandando finalizar esta práctica que corrompe el aire que respiramos incrementando las infecciones respiratorias infantiles, además de la muerte de ingente cantidad de aves, el pánico a perros y gatos, así como la muerte de dos antílopes en el Zoológico de Cali (una inaceptable cárcel animal), se siguen permitiendo la venta de artículos explosivos.

No obstante que la Unidad de Protección Animal negó el embuchado de la Peregrinación Ecuestre para esta Feria, iterando que no es acorde con los valores de una sociedad que busca garantizar la vida digna de todos los seres vivos, bienestar animal no negociable, afirmando que debe abandonarse prácticas que normalizan el sufrimiento y comenzar a construir una relación de respeto hacia los animales, el Alcalde Eder promovió las corridas de toros, demostrando que el eslogan de Paz con la Naturaleza era una falacia para él, como asiduo taurino.

Acompañaremos este domingo a los movimientos antitaurinos a la jornada de protesta en la Plaza de Torturas Cañaveralejo, aunque estos no hayan expresado su solidaridad con las Ballenas Jorobadas, los Delfines Moteados, las Tortugas Carey, las Anguilas de Jardín, los Monos Capuchinos, los Lagartos Azules, los Osos Perezosos de 3 Dedos y todo su mundo marino en Gorgona, expuesto alevemente por la Estación Guardacostas autorizadas por los Ministros de Defensa y Ambiente, con el silencio cómplice de las bancadas del Pacto Histórico.

“Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña”, escribió Federico García Lorca (1928), mientras Gardel y Le Pera compusieron “El día que me quieras” (1935), con un soneto ambiental: “El día que me quieras / no habrá más que armonías, / será clara la aurora / y alegre el manantial. / Traerá quieta la brisa / rumor de melodías / y nos darán las fuentes / su canto de cristal. / El día que me quieras / endulzará sus cuerdas / el pájaro cantor, / florecerá la vida, / no existirá el dolor”.

15.12.24

Carta abierta a Francia Márquez
Disertaciones del Crepúsculo

Armando Palau Aldana, Cali, 15 de diciembre de 2024

Le conozco Francia desde hace varios años, desde cuando desplegaste tu marcha de travesía por el occidente colombiano, para protestar por el acaparamiento de transnacionales extractivistas de territorios auríferos en zonas aledañas a la represa de Salvajina y el desplazamiento de la minería artesanal en el norte caucano, indiscutiblemente la menos contaminante de todas, sin que por ello sea una actividad ambientalista, no obstante que mercaderes modernos le llaman a este “oro verde”.

 Me sume al entusiasmo que generó a quienes decidimos dar un voto de confianza a una alternativa de gobierno con nuevas iniciativas y propósitos, la dupla conformada por una mujer afrodescendiente de meritorio esfuerzo salida de los Nadies, lo que provocó una importante audiencia pública para sacar avante electoralmente esta fórmula, amén de asumir el reto de montar el Ministerio de Igualdad si experiencia alguna.

Como libre pensador he manifestado de la mano del disenso, como creador de conocimiento, que se trata de un respaldo con autonomía crítica, lo cual se ha evidenciado en los cuestionamientos a las gestiones ambientales, que aunque con una efectiva estrategia comunicacional le ha granjeado a la Ministra de Ambiente un buen recaudo de opinión pública, errático al escrutinio de quienes hace 7 lustros hacemos activismo ambientalista, propuestas alternas y litigio estratégico.

En la discusión del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, se te escuchó hace un par de años, decir por primera vez en el coliseo cubierto “José De Jesús Arango” de Guapi, que te sumabas a la voz de la juventud guapireña, que protestaba contra la construcción de las obras militares de la Estación Guardacostas en Gorgona, luego en febrero del año pasado en la Institución San José expresaste tu inconformidad con la invisibilización de comunidades afrodescendientes en Gorgona bajo un sesgado concepto de territorio ancestral.

Finalmente en septiembre del año pasado, en Santander de Quilichao en el desarrollo de “Guardianes de la Naturaleza” dijiste de vida voz: “tengo el corazón bien puesto y no voy a traicionar a mi pueblo, mi postura es que prima el derecho de las comunidades, porque he sido una mujer que he defendido los derechos territoriales como espacio de vida”, sin embargo, en la audiencia con Petro en Guapi (enero 2024), no obstante el reclamo de los 3 voceros de la comunidad rechazando la Estación de la Armada Nacional, guardaste silencio.

Voy a entrelazar estas reminiscencias con el debate sobre los indicadores económicos del país, porque me parece el colmo que el Pacto Histórico defienda los indicadores del Club OCDE y sus 32 Estados, cuya afiliación le cuestionamos los ambientalistas a Santos, un país pobre en medio de un cenáculo de ricos. Pobre en términos de los economistas, porque en biodiversidad y en alegría de las barriadas populares (invaluable tesoro), no hay quien tenga una mejor posición global.

Esos indicadores indican que este gobierno atendió las obligaciones bancarias del Consenso de Washington, tiradas por la borda por el anterior y un acumulado desde los tiempos de Uribe Vélez que nos llevaron a refinanciar la deuda para aumentarla; pero que nos digan que la pobreza estructural se ha superado es algo donde no irrumpen los hechos notorios, pues es la monetaria reducida tan solo 3,6 puntos y la extrema 2,4% entre 2022 y 2023, según el riguroso Informe del Relator de Naciones Unidas sobre Pobreza y Derechos Humanos.

Este Informe indica que la desigualdad es el corazón del problema; presentamos las mayores distribuciones más desiguales del mundo, según el coeficiente de Gini, que mide cómo se distribuyen los ingresos entre la población, afectando la equidad económica, la cohesión social y la estabilidad política del país, que por supuesto tiene raíces históricas y estructurales como la concentración de la tierra, el acceso desigual a la educación y los servicios de salud, las brechas entre áreas urbanas y rurales, siendo las comunidades campesinas, las más afectadas.

Destaca el Relator de Naciones Unidas, que las mujeres enfrentan múltiples barreras, incluyendo el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerados, la falta de acceso a la tierra y la violencia de género, pues aunque las mujeres son el 55% de nuestra población, solo el 36% de las tierras rurales están en manos de ellas. Retos cuya solución se puede viabilizar desde el Ministerio de Igualdad y Equidad siendo su implementación compleja.

Volvamos a Gorgona Francia; estamos en medio de una coyuntura en la que se puede retomar la suspensión de la licencia para construir las 3 obras militares de la Estación Guardacostas que 2 magistradas del Tribunal de Bogotá decretaron el pasado 9 de abril (Gaitán) amparando el derecho fundamental a la Consulta Previa al Consejo de Guapi Abajo que represento, pero también fueron 2 magistradas de la Corte Constitucional quienes lo revocaron hace 5 semanas, terrible retroceso que da cuenta de la peligrosa cimentación del racismo estructural.

He interpuesto un Incidente de Nulidad ante la Sala Plena de la Corte Constitucional que actualmente está en curso, pero la última sesión de este año será el próximo miércoles antes de la vacancia judicial. Estoy demostrando que se violó el debido proceso, al invertirse la carga de la prueba depositándola en manos de la comunidad afrodescendiente de Guapi Abajo, la ausencia de valoración de las robustas pruebas y la tergiversación de la Consulta Previa en el Convenio 169 de 1989 ratificado legalmente por Colombia.

La Armada Nacional, ha formulado un Incidente de Desacato contra el Director de la Autoridad de Licencias (hombre de confianza de la Ministra de Ambiente desde los tiempos que fue Secretaria Ambiental de Bogotá), no obstante que este ha estado en favor de la Estación Guardacostas y ha negado sistemáticamente la Audiencia Pública de la Ley 99 de 1993, logrando bajo presión que Negrete levantara la suspensión de la licencia, alegando una orden judicial inexistente, pues la Sentencia T-470 del pasado noviembre no ordenó levantarla.

En mi reciente visita a Gorgona hace 9 días, pude evidenciar la permanencia de los contenedores con el material para materializar el afanoso deseo de la Armada por construir el muelle de 182 metros sobre el lecho del mar con el ahincamiento de 100 pilotes en un zona plantada de Anguilas de Jardín que serán ahuyentadas (Ecocidio), para invadir áreas prístinas de las Ballenas Jorobadas, los Delfines Moteados y las Tortugas Carey (entre otros), transgrediendo el concepto de la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, el Comité Científico de Gorgona e ingente cantidad de ambientalistas.

Desde tu independiente y no subordinada posición de Vicepresidenta, como nieto de Berenice Caicedo Mosquera matrona de Condoto, te pido clamorosamente una inmediata carta pública al Presidente Petro, reclamando por lo menos la suspensión de la licencia para la Estación de la Armada en el Parque Natural Gorgona, mientras se ordena la realización de la consulta previa a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Afrodescendientes de las costas caucanas y nariñenses sobre el Pacífico. Es lo menos para retomar tu posición al respecto. Se nos acaba el tiempo Francia, la llave de la paz con la naturaleza está en tus manos.


 



12.12.24

A propósito del SOS en Juanchaco

. Gonzalo Concha, Cali, 12 diciembre 2024


Ver para creer; pareciera ser la consigna, de los habitantes cerca del mar, que por el planeta entero se resisten a reubicarse, a pesar de las reiteradas alertas tempranas que vienen sonando por los cuatro puntos cardinales.

Desde luego que no es nada fácil para pobladores y gobiernos, encontrar prontas soluciones integrales y pertinentes que se ajusten a las realidades y a los presupuestos; pero nos enfrentamos a una situación que no da espera.

Si la subida del nivel de las aguas, por el calentamiento global, es muy preocupante; es mucho más preocupante, el interés político – económico, de los líderes de los países más contaminantes; puesto que así la solución sigue estando más lejos, mientras el mar nos está empujando la puerta.

Ahora, lamentablemente encontramos que mientras las aguas siguen creciendo; la reubicación por estas afectaciones está generando todo tipo de ilegales maniobras y es por lo que, al día siguiente, en el área liberada ya hay un nuevo asentamiento, reclamando los mismos derechos para su reubicación. Caso puntual y cercano, en la construcción de Jarillón del Rio Cauca, para protegernos de un desastre por desbordamiento.

Lamentablemente para contrarrestar el calentamiento global, encontramos países, que a destiempo y con costos sociales muy altos, están negados a todo tipo de exploración, explotación de hidrocarburos sin alternativas equivalentes; mientras otros, contra viento y marea, siguen adelante con la explotación de combustibles fósiles, desalentando el desarrollo y generación de las energías alternativas.

Si a tan desolador panorama le sumamos las teorías chamánicas y esotéricas, que como dogma niegan el cambio climático, como el responsable de estas inusuales y catastróficas alteraciones atmosféricas y climatológicas; más lejos encontraremos puntos de encuentro donde todos sumemos en una misma dirección.

Finalmente, para quienes piensan que viven muy lejos del mar y que nada pueden hacer para que esto mejore; les podemos recomendar: que dejemos de preocuparnos y nos ocupemos, con acciones sencillas y elementales como dar un manejo responsable y adecuado todos nuestros residuos sólidos y en particular a nuestros residuos líquidos, cargados de todo tipo de químicos, que regularmente soltamos por nuestros desagües; puesto que estos son la puerta de entrada al mar.


Se agudiza la odisea jurídica de las Ballenas Jorobadas
Disertaciones del Crepúsculo

Armando Palau Aldana, Cali 11 de diciembre de 2024

Esperé hasta hoy miércoles para escribir mis Disertaciones con noticias de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, respecto de la acción de tutela que he interpuesto en nombre ahora del Consejo Comunitario Bajo Tapaje y el Mar que congrega a los pescadores artesanales de Playa Bazán en borde nariñense con la costa caucana, forjadores del Acuerdo de Uso del Parque Gorgona y por el cual se construyó la Casa de los Pescadores en la isla.

Ya había disertado sobre el inesperado giro que tuvo el amparo a la Consulta Previa al Consejo Guapi Abajo con la revocatoria por la Sala Séptima de Revisión y la interposición del Incidente de Nulidad ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, con petición de suspensión y celebración de audiencia pública a solo un miércoles para que el tema sea tratado en sus deliberaciones ordinarias según lo dispuesto por reglamento interno.

Viaje a Gorgona y Guapi, de la mano generosa de Kike y los dadivosos aportes de Jesús, Rubén, Carlos, Alejandro, Lilian, Casa del Río, Pro Orgánica y Unidos por Gorgona, y como siempre con las monedas de mis bolsillos. Logre verificar que los materiales para la construcción del muelle donde fondearían las embarcaciones de la Armada, siguen celosamente custodiados en contenedores depositados en proximidades de la playa.

Estando en la tierra del Poeta del Mar, Helcías Martán Góngora, se me corrió traslado del incidente de desacato formulado por la Armada contra el Director de la Autoridad de Licencias en el Juzgado 46 Laboral de Bogotá, que denegó en primera instancia el famoso amparo a la Consulta Previa al Consejo Guapi Abajo, con el propósito de obligar a expedir el acto de levantamiento de suspensión de la licencia para iniciar obras.

La Armada había acudido ante la Magistrada Meneses (ponente de la revocatoria del amparo a la Consulta Previa), para que ordenara a la Autoridad de Licencias dicho levantamiento, quien se negó alegando que era competencia de la Jueza Laboral 46, lo que intimidó al Director de Licencias quien expidió este lunes una resolución falsamente motivada, indicando que se allanaba a cumplir una orden judicial inexistente.

En el término de la distancia interpuse recurso de reposición ante el Director de Licencias exigiéndole no tergiversar la realidad procesal. Mientras tanto, en mi estancia por esas tierras del litoral caucano en el Pacífico, tuve la oportunidad de reunirme con actores vinculados a procesos de comunidades afrodescendientes y presenciar las tradicionales fiestas católicas de la Balsada en el río Guapi. Retorne por barco en 13 horas de navegación contemplando la mar en la penumbra de la noche.

Entre tanto, transcurrieron cinco días y como se ha vuelto costumbre, se desatendió el principio perpetuatio jurisdictionis, indicador de no alteración de la competencia de una autoridad judicial cuando ésta avoca el conocimiento de una acción de tutela, pues afectaría la finalidad del medio de protección de derechos fundamentales y desconocería el mandato constitucional, que les otorga competencia a todos los jueces.

Finalmente, el personal administrativo de la Sala Civil del Tribunal Superior remitió la Tutela a la Oficina de Apoyo Judicial, este le adjudicó por reparto a la Jueza 41 Civil del Circuito de Bogotá, quien a su vez la remitió a la Juez 46 Laboral de Bogotá, quedando la pelota nuevamente en manos de quien otrora denegó el amparo a la ConsultaPrevia, quien por supuesto denegó la medida provisional de suspensión por qué no avizoró riesgo alguno.

Este trance nos recuerda El Proceso (1925), la espléndida obra de Franz Kafka que describe la atmósfera entre lo absurdo y lo angustiante de un incompresible proceso judicial en el laberinto burocrático y legal, las interacciones con los operadores judiciales que revelan una burocracia carente de todo sentido que desfila por una justicia inaccesible y confusa, en donde se disipan las esperanzas y las expectativas se evaporan.

Contra todo pronóstico gris que pulula en estas inacabables luchas ambientalistas, esperaremos a que la Sala Plena estudie el emblemático proceso judicial y nos demuestre que no existe sesgo de racismo estructural el acondicionamiento de la Consulta Previa a demostraciones preliminares de afectación, pues los documentos arrimados demuestran que se afectará el entorno de la comunidad afrodescendiente ancestral.

Ante el permanente y deliberado engaño de la justicia, le canto a ella como Carlitos Gardel y Manuel Romero lo compusieron en “Tomo y Obligo” (1931): “Tomo y obligo, mándese un trago, / que hoy necesito el recuerdo matar; /sin un amigo lejos del pago / quiero en su pecho mi pena volcar. / Beba conmigo, y si se empaña / de vez en cuando mi voz al cantar, / no es que la llore porque me engaña, / yo sé que un hombre no debe llorar”.


1.12.24

¡Cumplir o no cumplir: esa es la cuestión! - Disertaciones del Crepúsculo


Armando Palau Aldana, Cali, 1 de diciembre de 2014 

➤🔈Audio

 Shakespeare es a la lengua inglesa lo que Miguel de Cervantes a la española, siendo célebre la frase que aquel puso en boca de Hamlet: “Ser o no ser, esa es la cuestión”. Nuestra atribulada matria se ha caracterizado por una destacada tradición jurídica; constituciones como la promulgada en Villa del Rosario para la creación de la Gran Colombia (1821), otorgándole como fin que “afiance los bienes de su libertad, seguridad, propiedad e igualdad, cuanto es dado a una nación que comienza su carrera política y que todavía lucha por su independencia”.

Este talante jurídico que se fraguó entre dos concepciones, una libertaria en Bolívar y otra institucional en Santander, inundó y sigue llenando de inaplicables leyes nuestra república, una de las formas de denegar el acceso a la administración de justicia, bajo la égida “la ignorancia de la ley no sirve de excusa”, en el Congreso no han entendido la imperiosa necesidad de recapitular nuestro archivo legislativo, porque leyes largas son caldo de cultivo para la ilegalidad, entendiendo que desde ese cenáculo se fragua la corrupción.

El efecto de dicha dispersión tiene que ver con el incumplimiento de nuestra normatividad por parte de quienes se niegan a ser servidores públicos y siguen siendo arbitrarios funcionarios que no reconocen la exclusiva soberanía popular, aún en ciernes. Para enfrentar este mal, se instituyeron en la Constitución de 1991 las acciones de cumplimiento para obligar mediante orden judicial promovida por la ciudadanía, el cumplimiento de las leyes, proyectando una regla de interpretación y principio, quien cumple a medias también incumple.

Sin embargo, la entelequia del poder judicial como parte del Establishment, en el cual cohabita el Estado Profundo (un poder clandestino supérstite), dificulta la vigencia del Estado Social de Derecho, que intentó la participación democrática en la toma de decisiones pero que aún no sobrepasa la democracia representativa, permite con la fórmula de cumplir a medias desbarajustar la función pública, sin que la acción constitucional de cumplimiento tenga efectividad en los altos estrados y pase a los anaqueles como figura jurídica decorativa.

Ocurrió hace 10 días en la Sección Quinta del Consejo de Estado, donde exigimos que se abriera proceso sancionatorio por el incumplimiento de la licencia para la Estación Guardacostas en Gorgona, los cuatro Magistrados confesaron que lo pretendido conlleva a que se materialice un procedimiento administrativo para que se le imponga una sanción a la Armada Nacional, que, si bien este medio de control está previsto para la efectiva observancia de la ley o actos administrativos, lo cierto es que la acción resulta improcedente. Que galimatías.

Sin embargo, los magistrados olvidaron un pequeño detalle al alegar que la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo. No precisaron cual es la acción procedente para que Autoridad de Licencias inicie el proceso sancionatorio a la Armada por incumplir el Plan de Manejo Ambiental para construir las obras militares de la Estación Guardacostas, o será que navegamos en los mares del Estado Profundo.

Las normas y leyes las ha confeccionado la institucionalidad del Congreso que ha sido siempre manejado por los clanes políticos; son quienes han establecido las reglas con las que jugamos pero que pocas veces ganamos, porque no contamos con jueces que atiendan la agitada realidad subyacente y asuman su responsabilidad como servidores vigilantes, activos y garantes de los derechos materiales, que administren la justicia mediante el propósito de hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda de la aproximación al valor de la verdad.

Mientras los jueces no asuman el dilema de ser o no ser en el hastío de la injusticia, tendrán que cantar Libertad (1937) de Magaldi y Mitre: “Y a vos / hoy lo mismo que a mi te sucede también; / el hastío tu vida llenó. / No quieres decirlo por miedo a que sufra / y callas fingiendo lo mismo que yo. / Por eso / es que quiero con mi confidencia / decirte sincero la pura verdad: / si estamos iguales y no nos queremos, / que cada cual siga con su libertad”.


24.11.24

Corte Constitucional y el sendero hacia el racismo estructural - Disertaciones del Crepúsculo


Armando Palau Aldana, Cali, 24-11- 2024

La defensa del Parque Natural la emprendieron al comienzo de los años 80: biólogos marinos (adscritos al programa de biología de la Universidad de Valle que rondaba su primera década), buzos como Gonzalo Concha y defensoras de derechos humanos como Cecilia Castillo de Robledo, entre otros, y lo lograron en diciembre de 1983 cuando el entonces Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables (Inderena) lo declaró como Parque Nacional y se inició el camino para el cierre de la denigrante prisión que se clausuro en 1984.


La lucha contra el licenciamiento para construir las obras militares (radar, muelle y hangares) en la licenciada Estación Guardacostas (31 diciembre 2015), ha sido un indeclinable propósito de la bicentenaria y prestigiosa Academia de Ciencias Exactas Física y Naturales visible con la carta de su Comisión Permanente de Áreas Protegidas a la entonces Directora de la Autoridad de Licencias (mayo 2017), luego se sumaría el Comité Técnico Científico del Parque Nacional Natural Gorgona con su misiva protesta al Presidente Santos por esas calendas.

Nosotros arribamos a esta causa hace solo dos años (noviembre 2022), cuando solicitamos audiencia pública a la mencionada Autoridad Nacional de Licencias (Anla), que ha sido deliberada y sistemáticamente denegada por el subalterno Director (Rodrigo Negrete M) quien fuera el Jurídico de María Susana Muhamad G. en sus tiempos como Secretaria de Ambiente siendo Petro Alcalde de Bogotá, lo cual confirma la negación de participación ciudadana por parte de la vocera ambiental ministerial del gobierno que pregona paz con la naturaleza.

El pasado 9 de abril cuando recordábamos el magnicidio de Gaitán (1948) que originó el Bogotazo, dos valientes magistradas del Tribunal Superior de Bogotá decretaron el amparo constitucional a la Consulta Previa de la Comunidad Negra Guapi Abajo y la suspensión de la licencia para las mentadas obras militares, explicando que el territorio étnico deviene de una construcción cultural, con independencia de si las comunidades se encuentran ubicadas geográficamente en esas zonas, lesionado sin análisis técnico, antropológico y cultural comunidades.

Precisaron las Magistradas del Tribunal de Bogotá, que en estos casos de duda sobre un posible detrimento medio ambiental, como puede ser la migración de fauna marina o el derrame de sustancias toxicas en el medio acuático, se legitima la posibilidad de suspender la aplicación de los actos administrativos que representen un peligro a los recursos naturales, haciendo una debida interpretación del Convenio OIT 169 de 1989 y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965).

Sin embargo, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional con ponencia de la magistrada Andrea Meneses (promovida a esa honorable Corporación Judicial por el expresidente Iván Duque), revocó el amparo a la Consulta Previa al Consejo de Comunidades Negras, intrigando que no se aportaron pruebas que permitieran establecer que el proyecto de construcción de la Estación Guardacostas es incompatible y afecta las actividades pesqueras que realiza la comunidad fuera del Parque Gorgona, en donde estas están prohibidas.

Se determinó entonces en Sentencia T-470 que el amparo del derecho a la consulta previa solo podía otorgarse acreditándose la "afectación directa" de la comunidad involucrada mediante el "impacto positivo o negativo” de la licencia para construcción de las obras militares de la Estación Guardacostas sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de la comunidad étnica, diferenciada del Consejo Bajo Tapaje y el Mar suscriptora del Acuerdo de Uso con Parques Nacionales.

Determinó entonces la Sala Séptima de Revisión que no es posible inferir razonablemente la existencia de una afectación directa a la Comunidad Guapi Abajo, desconociendo que además de la pesca, los lancheros guapireños transportan al Parque Isla Gorgona turistas y buzos, además son operadores turísticos que prestan hotelería y gastronomía en el caucano municipio, cuyas gentes tienen interconectividad en los usos de la territorialidad afrodescendiente con chagraunidades de vivienda-río mediante estrategias polifónicas (ICANH).

A partir del reconocimiento que la Corte hizo en sentencia C-169 de 2001 de éstas organizaciones étnicas como acreedores de los derechos del Convenio sobre Consulta Previa, pues constituyen un grupo social que comparte identidad cultural distinta a la sociedad dominante, la T-470 plasmo un retroceso, desconociendo los Acuerdos con Parques Nacionales del Movimiento Social de Comunidades Afro colombianas y los Consejos Comunitarios del Pacífico Colombiano (2002) y con las Organizaciones y Autoridades Étnico Territoriales de los Pueblos Negros del Pacífico (2020) , para decidir sus propias prioridades.

La T-470 de 2024 ignoró las 4 pruebas que aportamos por el Consejo Guapi Abajo y no realizó valoración probatoria e incurrió en defecto fáctico. Documentos probatorios emitidos por: Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales sobre los precarios Estudios de Impacto Ambiental de la Armada; Comité Científico de Gorgona sobre la fauna marina; Instituto Colombiano de Antropología e Historia Nacional (ICAHN) sobre pueblos afrodescendientes; e Ingeniero electricista Luis Carlos Orejarena Morales sobre la contaminación del Radar a la salud.

La Sala Séptima de la Corte ha incurrido en la consolidación del racismo estructural, pues su Sentencia T-470 contiene una limitación al derecho a la Consulta Previa, por tanto, denota un trato que pretende –consciente o inconscientemente– anular los derechos de las Comunidades Negras, trayendo como resultado la violación de sus garantías fundamentales al imponer una restricción que anula y menoscaba el reconocimiento de un tratamiento especial para la protección de sus libertades en las esferas política, económica y cultural.

La T-470 arrasó la jurisprudencia constitucional de inversión de la carga de la prueba en cabeza del licenciatario ambiental y no de las Comunidades, garantía probatoria en los escenarios de discriminación. Desconoció la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Transgredió la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Configuró un hecho de exclusión social revocando la Consulta Previa establecida en el Convenio 169 de 1989 con estatus de Bloque de Constitucionalidad.

El Convenio 169 sobre Consulta Previa ordena a los gobiernos velar por que se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos, sabiendo que por contraposición a la teoría del daño cierto y verificable, la precaución opera sobre el riesgo del desarrollo e impone el principio de precaución transversal al derecho ambiental, sin que sea exigible tener certeza sobre los eventuales daños.

Después de haber logrado el reconocimiento como país pluricultural y pluriétnico por la Constituyente del 91, no puede ser de recibo que una mentalidad político jurídica retardataria nos lleve mediante una sentencia constitucional por los ignominiosos caminos del racismo como discriminación estructural estatal acentuando las diferencias sociales y económicas, provocando desazón en los hombre y mujeres descendientes de la cultura Bantú forjadores de nuestra historia colombiana con un legado ancestral de protección de la Pachamama.

Por si estas ideas pudieran provocar un correccional contra el suscrito, lo reafirmo y expreso en ejercicio constitucional de mi libertad de expresión y conciencia, que me hace tararear el tango Cambalache (Santos Discépolo 1934): “¡Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor!... / ¡Ignorante, sabio o chorro, / generoso o estafador! / ¡Todo es igual! / ¡Nada es mejor! / ¡Lo mismo un burro / que un gran profesor! / No hay aplazaos / ni escalafón, / los inmorales / nos han igualao”.

23.11.24

Parque Nacional Natural Isla Gorgona

Foto: Jorge Orozco / El País.

Cali 23 de noviembre de 2024. Por Gonzalo Concha. Lamentablemente la protesta pacífica y sustentada, frente a la inconveniente construcción de una estación militar en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, no fue atendida en la COP16

En la COP16, como por arte magia, el tema Gorgona, extrañamente fue invisibilizado de todo espacio formal de análisis, debate y reflexión; por fortuna para el medio ambiente en otros campos e iniciativas como: científicas, políticas, artísticas, educativas, étnicas y comerciales, entre otras, tuvieron gran acogida y pudieron ser visibilizadas y escuchadas por una nutrida y calificada población nacional e internacional; permitiendo calificar este esfuerzo de las autoridades locales y nacionales, como muy importante.

Pero como la idea no tirar la toalla, los invito a que reflexionemos sobre uno de los tantos puntos críticos a tener en cuenta en esta ecuación:

El Ruido Submarino.

Retomando la motivación de la reciente publicación en Global Change Biology y National Geographic, el tema del ruido marítimo, es una preocupante amenaza para la vida marina, que debemos conocer.

Así que entre los muchos daños ambientales, a que se enfrenta este Parque Nacional, por la construcción de una estación militar, para la interdicción del narcotráfico; el ruido submarino, ocupara un punto significativo, que bien vale la pena sopesar en esta propuesta, si bien Gorgona, es un lugar por donde periódicamente en sus rutas migratorias, pasan y reposan: ballenas, delfines, tiburones, tortugas, entre tantas y tantas especies marinas, puesto que se sienten protegidas y tranquilas para su descanso; estación de limpieza; alimentación; apareamientos y partos.

Recordemos que, en el aire el sonido viaja a una velocidad de 330 metros por segundo, mientras que en el agua viaja a 1.500 metros, así que cualquier ruido – de un motor, por ejemplo - invade rápidamente toda el área, perturbando la vida marina.

Por otro lado, no dejo de lamentar la estocada clavada en todo el morillo del Cerro Trinidad, con la construcción de una torre para instalar un radar; talando el espeso y milenario bosque, abriendo una trocha que se alcanza a apreciar en la fotografía; trocha que, con las copiosas lluvias propias de la zona, llorará lodo, el que terminará navegando y enturbiando las cristianas fuentes para finalmente llegar al fondo del mar, afectando la vida asociada. Pero nada que hacer, puesto que, al parecer este es un dato menor, para las autoridades ambientales. 

Finalmente, y para “no seguir llorando sobre la leche derramada” mis mayores reconocimientos y aprecio, en primer término a la bióloga Laura Daniela Benites, quien, contra viento y marea, sola o acompañada, da la cara y le sigue poniendo el pecho a la brisa marina, en todos los espacios posibles, para defender con razones científicas la inconveniencia de construir una estación militar en la isla; y en segundo término, al abogado Armando Palau Aldana, quien hace lo propio desde las normas legales que nos rigen. A ninguna de estas dos personas conozco personalmente, más no por esto, dejo de admirarlas y agradecerles todo lo han venido haciendo, junto con sus equipos, para defender una delicada causa ambiental, que debe ser del interés y compromiso de todos, y cuando digo todos, solo me refiero a TODOS.