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Cali, 6 de septiembre. Por Armando Palau Aldana
sábado, 7 de septiembre de 2024
Cali, 31 de agosto de 2024. Por Armando Palau Aldana. Con ocasión de la desafortunada noticia de petición a la Unesco de declaratoria de Paisaje Cultural Azucarero por parte de los alcaldes de Candelaria, Florida, Pradera, Palmira y Cali, de la mano de la gobernadora, Planeación Nacional y el Ministerio de Defensa, empecemos por decir: lo que mal comienza mal termina, como dice el sabio adagio popular, pues fue el genocida Sebastián de Belalcázar quien trajo la caña de azúcar a su Estancia en 1540, en el hoy municipio de Yumbo en el valle del Cauca.
También es importante precisar que Santiago Eder (James Martin) diplomático y abogado de Lituania, fundó en 1901 la primera factoría azucarera “Ingenio Manuelita” en predios de la hacienda que fuera de la familia de Jorge Isaacs. Luego Alfonso Cabal estableció Providencia (1926) y Hernando Caicedo montó Riopaila (1928), que fueron los primeros emporios agroindustriales azucareros de Colombia consolidados a través de estas familias de la élite conservadora vallecaucana.
El Valle Geográfico del río Cauca, compuesto por el valle interandino formado entre las cordilleras central y occidental, conformado por 400 mil hectáreas del norte del Cauca, el centro del Valle del Cauca y el sur de Risaralda, que fuera hasta mediados del siglo XX un exuberante paisaje de Bosque Seco Tropical y despensa hortofrutícola, fue la región azucarera proyectada desde 1950 por los 13 ingenios azucareros asociados en Asocaña (1959), para promover su evolución y desarrollo agroindustrial.
Según Cenicaña (1995), en 1950 el área sembrada de caña de azúcar era de 18.620 hectáreas, la que creció en 1960 a 61.600, alcanzando 130.200 en 1970, para llegar hoy a ocupar 260.000 de las 400 mil Has. del otrora fértil valle del río Cauca. Vertiginoso crecimiento logrado con la creación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en 1954, promovida por los godos José Castro Borrero, Ciro Molina Garcés, Manuel Carvajal Sinisterra y Harold Eder, bajo la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla.
En esta región geográfica aluvial, de las 174 mil Has. sembradas de caña de azúcar en el Valle del Cauca, previa aplicación de glifosato (madurante y defoliante), se queman 58 mil en un proceso preindustrial a cielo abierto que alivia en un 30% la carga que transportan tractomulas en 5 a 7 vagones, lo que el Director de la C.V.C. quiere mostrar como gran avance, cuando ello se desprende de la lucha que ante el Consejo de Estado dimos en 1995 logrando que el Decreto 948 fijara zonas de prohibición de quemas.
También logramos que la entonces Ministra de Ambiente, Cecilia López Montaño, impusiera en este 948 como fecha límite para esos incendios agrícolas el 2005, derogada indefinidamente en el 2004 siendo presidente el hoy enjuiciado penal Álvaro Uribe para el beneplácito de ese Cartel de Pirómanos de la Caña de Azúcar, moratoria que la actual ministra no ha tenido el valor civil de decretar en estos años de gobierno como evidencia de defensa de la biodiversidad arrasada por esa combustión cañera.
El precolombino Bosque Seco Tropical dominaba la parte plana del valle geográfico y en el piedemonte de las dos cordilleras en varias de sus cuencas hidrográficas. Para 1957 se consideraba que los bosques cubrían solo el 6%, pero para 1986 se habían reducido a solo 2% y actualmente la pérdida de cobertura boscosa alcanza niveles superiores a 99% a punto de extinguirse la biodiversidad de estos ecosistemas según el Instituto Humboldt (2012) e Inciva (2022), provocados por el monocultivo azucarero.
Se ha deteriorado la salud pública por afecciones al sistema respiratorio en infantes, por las quemas de caña que desprenden gran cantidad de calor (635°C) y pavesas (cenizas particuladas volátiles), cambiando parámetros como la temperatura, la humedad, la evapotranspiración y las lluvias, alterando el microclima, esterilizando la población microbiana del suelo (organismos formadores de nutrientes), según el Estudio de Impacto Ambiental que Asocaña encargó a Ingeniería Sanitaria de La Salle.
El agrónomo australiano Douglas Laing, Doctorado en Climatología Agrícola y Fisiología de Plantas, quien fuera director adjunto del Centro Internacional de Agricultura Tropical, demostró que el sector cañicultor está recurriendo para el riego de la caña, al agua fósil ubicada a 200 y 500 metros de profundidad con edad de más de 20 mil años, vital para el futuro de la región, denunciando que la CVC está permitiendo que el recurso profundo este siendo absorbido casi en su totalidad, por los cañeros.
La demanda de agua proyectada fue de 4.910 millones de m3 para el 2022 para caña de azúcar y el Agua Subterránea Concesionada por CVC 416 millones de m3, siendo este el segundo cultivo permanente con mayor huella hídrica azul, que es la que se interpreta como la porción del volumen de riego teórico que se aplica a los cultivos y es efectivamente evapotranspirado, por lo tanto, se convierte en un volumen que se pierde físicamente de la cuenca, según el Estudio Nacional del Agua (Ideam 2014).
Tal como se desprende de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972), para que un territorio sea considerado paisaje cultural, se requiere alcanzar un intangible sentido de pertenencia ciudadana muy fuerte que impacte de manera positiva en la vida diaria, que se genera tangiblemente como consecuencia de vivir en un entorno donde la naturaleza y el desarrollo humano avanzan en sinergia (Wil Jiménez), lo que no encuadra en la absurda propuesta de paisaje electoral.
En esta falacia de ponderar este contaminante paisaje como en el Teatro del Absurdo de Beckett, Ionesco y Pinter, tiempo hace que la Pachamama le dijo adiós a la biodiversidad del valle del río Cauca, como en el tango de Parejo y San Clemente (1937): “Sobre el tiempo transcurrido / vives siempre en mí, / y estos campos que nos vieron / juntos sonreír / me preguntan si el olvido / me curó de ti. / Y entre los vientos / se van mis quejas / muriendo en ecos, / buscándote... / mientras que lejos / otros brazos y otros besos / te aprisionan y me dicen / que ya nunca has de volver”.
domingo, 25 de agosto de 2024
Cali, 25 de agosto de 20924. Por Armando Palau Aldana. Sobre la gestión ambiental se ha ocupado la comunidad internacional a través de la Asamblea de Naciones Unidas, citemos dos referentes: primero la Cumbre sobre el Entorno Humano (1972) en Estocolmo y luego la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) en Río de Janeiro. A esta última la inspiró el documento “Nuestro Futuro Común” (1987) de la Comisión Mundial Ambiental, mientras que la Comisión para América Latina y El Caribe emitió “Nuestra Propia Agenda” (1992) con el concurso de la comunidad académica y científica.
Nuestra Propia Agenda, palpitante y vigente documento afirma: “En cierta forma la crisis constituye una desautorización de lo que se ha estado haciendo en los últimos tiempos y la forma cómo se lo ha hecho. Ello nos impele a ser menos dependientes del pasado y más osados y creativos para hacer las cosas de manera diferente en el futuro y así prevenir los problemas que nos acosan u otros nuevos. Todo esto será posible si realizamos una evaluación objetiva de cuáles son los grandes problemas del desarrollo que afectan a la Región”.
Nuestro pasado independentista nos muestra 200 años de corrupta dirigencia contra la que se enfrentó sin éxito Bolívar, esa misma élite de tecnócratas generadora de la crisis que subsiste en tiempos en los que se anuncian cambios, que en lo ambiental no se ven. Truculentos indicadores del gobierno nacional sobre reducción de deforestación, cuando lo que requerimos es cifras de reforestación para reducir los 38 millones de pastizales para la ganadería ocupados de los 42 dedicados a la agricultura, donde solo 4 son para cultivos de pancoger.
Es decir, que en esta materia estamos involucionando, pues el mismo Bolívar se había percatado de la carencia de agua y de vegetales para la vida por la esterilidad del suelo, ordenando proteger las vertientes de los ríos, emprendiendo una plantación reglada a costa del Estado de 1 millón de árboles en la hermana república de Bolivia hace también 200 años. Hoy en Colombia la recuperación del 30 por ciento de ecosistemas degradados debe priorizarse en esos potreros de los terratenientes ganaderos para que la tierra de aquellos cumpla función ecológica.
Pero estos temas de reforestación son caldo de cultivo para la corrupción: el Director de la CVC anunció hace 1 año que sembraba el árbol 7 millones en Ulloa dentro del programa “Valle más Verde”, sin que haya evidencias de seguimiento cartográfico o satelital que permitan ver semejante cantidad de ejemplares arbóreos, en un departamento en donde se siembran, queman y cosechan con el monocultivo de la caña de azúcar por parte de 13 ingenios azucareros, 174 mil de las 240 mil del valle geográfico del río Cauca que comprende 400 mil hectáreas.
Si por los predios de la CVC llueve por la autoridad local de Cali no escampa, pues el Dagma se ha caracterizado en estos 30 años de funcionamiento, por ser la caja menor de los Concejales, quienes alcanzan a tener cuotas de hasta 600 contratistas externos, quienes con chalecos institucionales vienen cumpliendo función pública de control en las calles transgrediendo los preceptos constitucionales y legales, advirtiendo o imponiendo multas y medidas policivas provisionales en medio de un inaceptable entorno de soborno y corrupción.
Desde la sociedad civil asumimos esta denuncia pública por violación al derecho colectivo a la moralidad administrativa, definida jurisprudencialmente como la transgresión de bienes jurídicos como la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general, configurándose la corrupción. Esto hace parte de la próxima COP DiverGente que exhibe su nuevo logotipo y vive su retroalimentación y empoderamiento, a la que siguen llegando nuevos legionarios como en todo proceso dinámico en la Darwiniana evolución de las especies.
Porque vamos como La bicicleta blanca (1970) el tango de Piazzolla y Ferrer que dice: “El flaco que tenía la bicicleta blanca; / silbando una polkita cruzaba la ciudad. / Sus ruedas, daban pena: tan chicas y cuadradas / ¡que el pobre se enredaba la barba en el pedal! / Llevaba, de manubrio, los cuernos de una cabra. / Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan. / Jadeando a lo pichicho, trepaba las barrancas, / y él mismo se animaba, gritando al pedalear. / "¡Dale, Dios!... ¡Dale, Dios!... / ¡Meté, flaquito corazón! / Vos sabés que ganar / no está en llegar sino en seguir...".
Cali, 25 de agosto de 2024
23 de agosto de 2024. La abogada, catedrática e investigadora universitaria Catalina Toro Pérez, escribió para la revista 100 Días de CINEP Edición 111 mayo a agosto de 2024, este artículo que reproducimos con la autorización de la autora.
Orígenes de la Gran Negociación de la Biodiversidad
Durante la celebración de la Cumbre de la Tierra en Río 92, Colombia, (WRI, 2003) junto con los países con mayor Biodiversidad en el mundo, como México, Brasil, Ecuador, Costa de Marfil, Madagascar, India y China, fue reconocida como uno de los hot spots[1], más amenazados por la extinción de las especies, según informes de la época, que sustentaron los marcos de intervención en los países del sur, bajo el nuevo paradigma global de la conservación planetaria (Sisk et al., 1994, p. 602).
Según las estimaciones, para entonces, la Biodiversidad comprendía entre 10 y 15 millones de especies en el planeta, y el 80 % o 90 % de esas propiedades y potencialidades de plantas estaban en peligro de extinción, en regiones hot spots, como Mesoamérica y la Amazonía, así como en el Sudeste Asiático y en el África ecuatorial. Para evitarlo era necesario desarrollar un nuevo pacto global corporativo, que permitiera acceder a ellas, estudiarlas, sistematizarlas, explorarlas, extraerlas y apropiarlas, bajo el lema de la seguridad global planetaria: las tres cuartas partes de la población mundial necesitaban del conocimiento asociado y del uso de microorganismos, plantas, animales, en ecosistemas tropicales, para el desarrollo de la industria farmacéutica y agro-alimentaria de naciones como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, entre otros, cuyo acceso había sido restringido, bajo los paradigmas estatales de salvaguarda de la naturaleza, que se concretaron en las figuras de áreas protegidas, como parques nacionales naturales desde los años setenta (UNESCO, 1998)3. Solo la Amazonía (Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Surinam, Venezuela, Perú y Bolivia) representaba el 50 % del área de mayor Biodiversidad del planeta, “el pulmón del mundo”, conteniendo el 16 % del agua del mundo, con 7.8 millones de kilómetros cuadrados de bosques húmedos tropicales. Varias convenciones internacionales se firmaron o ratificaron en Río, para la protección de esta “herencia de la humanidad” en peligro: Biodiversidad, Humedales-Ramsar, Cambio Climático, Desertificación.
Con la preocupación de “salvar el planeta para las generaciones futuras” se gestó una nueva eco-gubernamentalidad a nombre del futuro de la salud y la alimentación planetaria. Desde los centros de poder y a través de grandes ONG ambientales, como el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) Conservación Internacional (CI), y The Nature Conservancy (TNC), todas con base en Washington D.C., con el apoyo de los jardines botánicos de Gran Bretaña y Estados Unidos (Kew Gardens y Missouri), entre otros, y con científicos de las universidades del primer mundo, se crea una nueva cruzada de expediciones botánicas para obtenciones vegetales, financiadas con generosos fondos provenientes de la industria del entretenimiento, y del sector privado e industrial, apenas comparable con aquella emprendidas por los imperios europeos en sus colonias durante el siglo XIX.
Ello supuso un cambio en las maneras de representar las políticas de conservación de la naturaleza: de un referencial de su preservación como servicio público gestionado por los Estados, se pasó a otro de mercado global de la naturaleza, asociado a un modelo transaccional de acceso comercial entre empresas extractivas, farmacéuticas y agroalimentarias, y comunidades locales, de recursos genéticos, plantas, animales y conocimientos tradicionales asociados, considerados vitales para la humanidad en sus diferentes manifestaciones y escalas. En un nuevo contexto de gobernabilidad planetaria, el proyecto civilizatorio para el mundo “salvaje” del trópico se construía a partir de una representación dual de convergencias entre tiempos (de pueblos ancestrales y generaciones futuras) y espacios (locales y globales), bajo criterios de transacción mercantil, según los cuales, los estados del sur debieran ajustarse, transformando sus roles y normas, pasando de ser “protectores” de los bienes comunes de la humanidad, a “mercaderes” de naturaleza y conocimientos. Los regímenes ambientales que se crean en esta época (1992) van a subordinarse gradualmente a regímenes comerciales, como la Organización Mundial del Comercio (1995), que desarrollarán una serie de normas en materia de Biodiversidad y propiedad intelectual, las cuales posteriormente serán reglamentadas en los tratados de libre comercio, que permitirán el cumplimiento de las mismas, para garantizar el libre acceso y la extracción de materia prima, como fue el caso del TLC entre Colombia y Estados Unidos (2006) y, posteriormente, con la Unión Europea en 2012.
Los referenciales de conservación para la seguridad global planetaria van a orientar nuevas formas retóricas de una supuesta defensa de conocimientos tradicionales y de la diversidad cultural, como fundamento de la restauración de una “tropicalidad mercantil” de la naturaleza, que lograra legitimar su libre acceso y comercialización bajo los nuevos contratos globales ambientales, y así, con los supuestos regímenes de distribución de beneficios, desarrollar nuevas formas de subordinación de los excluidos de la humanidad civilizada, al modelo de globalización capitalista de la naturaleza por parte de las potencias moderno-coloniales del siglo XXI. Ello supuso la reconstrucción, en los noventa, de los imaginarios de las “desinteresadas” expediciones botánicas imperiales del siglo XIX, con renovadas formas de selección y clasificación natural del mundo “salvaje” en el siglo XXI. Una nueva eco-gobernabilidad se configura a partir de Río, en la necesidad de insertar a los pueblos marginales que conviven con la Biodiversidad, en una economía global del comercio de naturalezas y culturas (Toro Pérez, 2006).
En un nuevo escenario de conquista civilizatoria y de economía de rapiña, emergen diversos actores, globales y locales, en la decisión de una política global. En los ámbitos asamblearios de las Conferencias de las Partes (COP) del Convenio de la Diversidad Biológica o Biodiversidad, los representantes de la industria agroalimentaria y farmacéutica, los bancos y empresas extractivas, así como las delegaciones de los países del norte y las grandes ONG ambientales globales, financiadas por la industria privada trasnacional, van a dominar el escenario de la negociación, abogando por sus agendas en torno a la defensa de la propiedad intelectual de sus empresas sobre la Biodiversidad de los países del sur. El ambientalismo global o la ecología de mercado, con sus satélites nacionales, van a desarrollar un poderoso lobby como mediadores entre Estados, empresas y comunidades locales, como agentes decodificadores y transmisores de lenguajes e imágenes del encuentro del pacto entre comunidades autóctonas y científicos, acordes con una visión del mundo de la Biodiversidad, construido por una comunidad seudocientífica planificadora del mundo, para aquellos que vivimos en el mundo “salvaje” de la Biodiversidad (Alcorn, 1991, p. 332).
Antecedentes de la Convención de la Biodiversidad y sus Conferencias de las Partes
Entre 1988 y 1994, Edward Wilson, el padre de la Biodiversidad, entomólogo y ganador del premio Pulitzer, en su obra Biodiversity (1988) impulsó, con el apoyo de centros de investigación y empresas privadas, una poderosa campaña para la conservación de la Biodiversidad del planeta, que se va a concretar en el diseño de una estrategia global para la preservación de “los recursos genéticos”, considerados productos naturales derivados de microorganismos, plantas y animales, a fin de ser aprovechados en alimentos y medicinas, en desarrollos biotecnológicos, y en producción de bienes con valor agregado. Ese mismo año, en Estados Unidos desarrollará un gran evento organizado por la Academia para el Desarrollo de la Ciencia, donde se propone llevar a cabo una serie de convenciones globales y tratados que aborden las grandes problemáticas planetarias (desarrollo sostenible, cambio climático, Biodiversidad, deforestación). Para tal fin se desarrolla un programa que se presentará en la Cumbre de la Tierra, para ser firmado por los presidentes de más de 196 países del mundo.
En 1991, se preparó un documento borrador sobre “los beneficios derivados del uso sostenible y la conservación de los organismos vivos que hacen parte de la riqueza natural de los países del sur, para que sean repartidos equitativamente”, el cual aparece en el texto inicial de la Convención de la Biodiversidad, que se conoció en mayo de 1992, un mes antes de la Reunión de Río, para ser firmado en la Conferencia sobre Desarrollo y Medio ambiente. Los principios y agendas de la Convención, que se discutían desde los años ochenta por Kenton Miller, Jeffrey Mc. Neely y Norman Myers en Estados Unidos, van a ser coordinados por la nueva World Resources Institute (WRI), cuyo director provenía de la antigua Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se establece una alianza entre las nuevas y pujantes organizaciones WWF (Fondo Mundial de la Naturaleza, fundada por el príncipe Felipe de Edimburgo), el WRI, el Banco Mundial y las antiguas UICN, UNEP (Programa Ambiental de las Naciones Unidas), subordinadas y dependientes económicamente de Estados Unidos, encargadas de diseñar la Estrategia Global de la Biodiversidad, y la posible adopción de una Convención Global de Biodiversidad y del Panel Internacional Intergubernamental de Biodiversidad, que se convertiría en las Conferencias de las Partes (COP), que sesionarían, en principio, durante toda una década, permitiendo la participación de todos los países, los representantes de las comunidades locales y las organizaciones ambientales.
Cuatro acciones fueron pensadas en el marco de la Estrategia Global: (a) la adopción de una Convención, (b) la creación de un panel intergubernamental, que se convertirá en las COP (c) un sistema de monitoreo global que detectara peligros y movilizara la acción, y (d) la introducción de la conservación de la Biodiversidad en los planes nacionales.
El texto va a suscitar numerosas firmas en junio de 1992 y se implementarán en cada país, estrategias nacionales de Biodiversidad. Se reparten guías y leyes macro, y en 1994 se elabora, por parte de WWF, UNEP y UICN, el primer libro de datos sobre el estado de los recursos vivos, el cual se actualizó hasta 2008 (WRI, 2008)[2] y en informes de las oficinas WRI por países, entre ellos Colombia, México y Brasil (solo en América Latina), así como en sus oficinas en África, India, China e Indonesia, con más de 1800 empleados en todo el mundo[3].
Desde su origen, la iniciativa busca conciliar intereses de los países del norte, en especial de Estados Unidos, que nunca ratificará la Convención de la Biodiversidad (CDB), pero financia las COP, para asegurar el acceso a los recursos genéticos en los países del sur y proponer un régimen de distribución —supuestamente equitativa de beneficios— como resultado de ese acceso. Esta ha sido una iniciativa eminentemente comercial de los denominados bionegocios. Aquí no hay transferencia tecnológica de los países del norte a los del sur, ni reconocimiento de los derechos de pueblos, culturas y conocimientos. Tampoco se reconoce el reclamo de los países del sur sobre el acceso a su riqueza biológica, expropiada desde hace varios siglos, en bancos de germoplasma en los países del norte, ni los derivados de la industria farmacéutica y alimentaria, producto de los conocimientos de plantas medicinales de sus comunidades, que se han generado a partir de su expropiación, en la nueva era de la globalización de la naturaleza y de la moda naturista en el primer mundo. También son excluidos de la agenda de la futura convención y de sus discusiones en las conferencias de las partes, los diversos sistemas agroproductivos de los países del sur, la diversidad en semillas y conocimientos de las economías campesinas, y demás formas de producción heterogéneas. Asimismo, brillan por su ausencia el rol de los pueblos étnicos y locales y su voz en las negociaciones hechas a sus espaldas, respecto de su conocimiento ancestral, relacionado con el uso de plantas medicinales y la alimentación en las áreas boscosas, andinas, de páramo o de sabana, costeras y marinas.
El objetivo de los emprendedores y financiadores de la Convención de la Biodiversidad ha sido, desde hace 30 años y ahora con la COP16, asegurar su libre acceso a los recursos genéticos y biológicos (art. 15 del CDB) en sus diversos niveles, incluyendo esta vez las áreas marinas y la defensa de la propiedad intelectual (art. 21) que pueda reconocerse a través de patentes a la industria biotecnológica en ascenso, y a la industria farmacéutica y agroalimentaria de estos mismos países (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Suiza, entre otros).
La Biodiversidad en la Conferencia de Río y la gobernabilidad emergente de las grandes empresas extractivas y las ONG
La Conferencia para el Desarrollo y el Medio Ambiente, en Río 92, fue presidida por Maurice Strong, un empresario minero y petrolero canadiense, quien actuó como secretario general de las Naciones Unidas, participante de la conferencia de Estocolmo. A esta “Cumbre de la Tierra” acudieron más de 196 presidentes del mundo. Las ONG del sur organizaron un espacio alterno, sin gran oportunidad “de participar” en la puesta en escena de la Gran Negociación de la Biodiversidad. Sony Ramphal, el segundo secretario de la Commonwealth de origen guyanés, será el encargado por Strong de la elaboración de una demanda al planeta: “plea to global citizenship: Our Country the Planet” (Holdgate, 1999).
La Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) participaran en ambos foros, el de la sociedad civil y los gobiernos, así como en los foros de los gobiernos con las empresas trasnacionales. Se presentan siempre como una más de las ONG “alternativas”, representantes de los pueblos del sur, como si no fueran ellas las autoras intelectuales de las propuestas y defensora de los gobiernos del norte que las financian. Para lograr su relación con las ONG del sur y hacerlas parte de su misma familia, nombraron para entonces a una ecuatoriana como encargada de las relaciones entre las ONG del tercer mundo y secretaria de la UICN, quien una década después sería nombrada directora de la UICN. Ello significa darle voz al sur global en escenarios internacionales. Así se inaugura una nueva forma de mediación entre gobiernos, empresas trasnacionales, extractivas, farmacéuticas y agroalimentarias, y organizaciones sociales, a través del nombramiento de exfuncionarios de los países del sur en la UICN y el WWF para influir en la adopción e implementación en sus gobiernos, de la estrategia creada para ellos en el norte. Con el proyecto de “Implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica” para Colombia, Brasil, Kenya, Zaire, Costa de Marfil e Indonesia (2005), el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) decidirá prestar atención a la importancia de colaborar con la industria, por lo que recibirá donaciones de dichas entidades para abrir sus sucursales en diferentes países biodiversos, creando, con el Banco Mundial, los fondos de financiación de los proyectos que ellos mismos gerencian. Muchos de los miembros de UICN fueron líderes de la industria y del ambientalismo (Holdgate, 88). Así, estas dos grandes ONG serán las encargadas de organizar el lobby para la firma del Convenio entre los países del norte y los países biodiversos, muchos de los cuales asociaron y repitieron el término relativo a la protección de las especies y bosques, pero nunca a la “biotecnología”. Esta ignorancia de “alto nivel” fue clave para la gran negociación global de la Biodiversidad, en donde la inclusión del principio de soberanía y de una posible distribución equitativa de recursos dejaría contentos y satisfechos a los países del sur, en un giro contractual de recursos genéticos y biológicos, así como de conocimientos tradicionales de comunidades étnicas y locales.
A partir de allí, los fondos de WWF se multiplican en más de 300 millones anuales; The National Wildlife Federation de los Estados Unidos crece con más de 5 millones de adherentes, y Greenpeace con más de 2 millones. El poder y la influencia de las grandes organizaciones no gubernamentales crece y se consolida por encima de los gobiernos, incluso imponiendo sus funcionarios ambientales en tales administraciones, y el sector de la Biodiversidad surge como uno de los más activos y mejor financiados post-Río.
En 1996, deciden que es importante fortalecer los lazos con los grupos de Estados, con el comercio y la industria, y se decide regionalizar la UICN y el WWF, de acuerdo con las eco-regiones estratégicas de América tropical. WWF nombra a una colombiana en Suiza para dirigir un nuevo proyecto: “la implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica”, financiado por la Cooperación para el Desarrollo de Dinamarca (DANIDA), que buscaría implantar las políticas en los países biodiversos y hot spots, junto con las ONG y las comunidades en cinco países (Colombia y Brasil en América Latina, Zaire y Costa de Marfil en África, e Indonesia en Asia). La UICN va a realizar varias reuniones internacionales en Colombia sobre el Convenio de Biodiversidad, a través de sus redes de ONG locales, orientando casi 1,5 millones de dólares de su presupuesto para proyectos en América Latina, cuyas acciones y recursos son muy difíciles de seguir, por cuanto en su mayoría se trata de contratos realizados con ONG privadas, cuya naturaleza de organización no gubernamental no permite un control de sus recursos y de su impacto.
Para finalizar el año 92, se articula el Sistema de Información para la Conservación de la Biodiversidad que incluye la UICN y sus tres Comisiones, los jardines botánicos y las ONG americanas, tales como The Nature Conservancy (TNC), TRAFFIC International y Conservation International, integradas en el World Conservation Monitoring Center en Estados Unidos (Holdgate, 1999). El jardín botánico Botanical Gardens Kew de Inglaterra se constituye a partir de allí, junto con UICN y WWF, en uno de los mediadores más importantes para el establecimiento de las líneas y la preparación de los documentos de negociación en las COP, para la implementación de Políticas de acceso a los recursos genéticos y la “protección de la Biodiversidad en los países del sur”.
Las CDB, los TLC y los desafíos para la COP16 en Colombia
Durante más de 30 años, las COP de Biodiversidad han generado procesos de negociación que han fortalecido las agendas negociadas en Río. Una de las razones de la no ratificación del Convenio por Estados Unidos tiene relación con la defensa de la soberanía del patrimonio ecológico de algunos países del sur, como Ecuador. Y es por ello que la negociación sobre Biodiversidad, conocimiento tradicional y propiedad intelectual se concreta en el marco de los tratados regionales y bilaterales de libre comercio.
Durante la negociación del TLC entre Estados Unidos y los países andinos (Perú, Ecuador y Colombia), en la mesa de propiedad intelectual y Biodiversidad de 2005, el representante del equipo negociador estadounidense reiteró la posición del gobierno norteamericano: “Estados Unidos busca el patentamiento de plantas y animales, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para tratamiento de humanos y animales, de los llamados segundos usos, la protección de los datos de prueba y el alargamiento del periodo de las patentes” (El Tiempo, 2004; Toro Pérez, 2007).
La misión comercial del comité de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en su visita a estos mismos países, había concluido en su informe que el Congreso norteamericano no aprobaría ningún acuerdo menos restrictivo que el CAFTA (firmado por cinco países de Centroamérica y República Dominicana) en materia de Biodiversidad. El reporte señalaba, además, que el TLC debería tener un capítulo fuerte de propiedad intelectual, ya que los tres países andinos poseían “una gran parte de las especies en el mundo (Biodiversidad)” y rechazó “las protecciones que ellos buscan, ya que ello no sería coherente con el régimen de propiedad intelectual de Estados Unidos”. Y reiteró que el apoyo “solo se dará a aquellas naciones que estén listas y hayan hecho las concesiones necesarias” (Suárez, 2005).
Después de 16 meses de permanentes tensiones, los representantes colombianos en la mesa de negociación consideraron que el acuerdo que buscaba la delegación estadounidense era altamente inconveniente para el país. Sin embargo, el expresidente Uribe, en 2006, firmó el tratado de modo bilateral con Estados Unidos, desatendiendo las críticas, y este tratado fue, por mucho, más garantista con las empresas norteamericanas que el firmado entre Perú y Estados Unidos. Ecuador decidió retirarse de la negociación andina por no aceptar la flexibilización que pedían sus contrapartes en cuanto a la exigencia de la defensa de la propiedad intelectual de las grandes farmacéuticas y considerar que violaba la constitución ecuatoriana, en su deber de proteger la Biodiversidad como patrimonio nacional, sobre el cual el Estado ejerce derechos soberanos, así como la prohibición de su mercantilización y el conocimiento asociado de los pueblos ancestrales, reconociendo, además, a la Naturaleza como sujeto de derechos (art .5) (Acosta et al., 2022; (Toro Pérez, 2015).
La COP16 en Colombia: grandes desafíos y nuevas agendas de concesión de la Biodiversidad
En las diferentes COP, tras largas negociaciones, se ha desarrollado un supuesto régimen de repartición de beneficios en esta desigual negociación para el acceso a la naturaleza de los países del sur, mientras se continúa promoviendo el discurso de la urgente protección de la Biodiversidad planetaria que algunos países como Colombia ha entregado en los TLC a Estados Unidos y Europa. En la COP15, que tuvo lugar en Canadá, el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica asumió que, por fin, más de 30 años después de promulgado el CDB, se daba un giro a la Convención de la Biodiversidad. La verdad es que los textos continúan siendo ambiguos y se siguen evadiendo los motivos de su desaparición.
Ya se habían sufrido varias derrotas ante el incumplimiento de las metas de Biodiversidad de Aichi, planteadas para 2010, que debían asegurar la supervivencia de plantas, animales y ecosistemas hacia 2050 (Gudynas, 2023). En 2020, se realizaron evaluaciones sobre la pérdida de Biodiversidad y se llegó a la conclusión que, al igual que la Convención de Cambio Climático, las metas no se estaban cumpliendo (CDB, 2020).
A pesar de los discursos, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, denunció en ese año la contaminación con plásticos en los mares y la concentración de la riqueza en las manos de las multinacionales, declarando, con razón, que la humanidad se había convertido en “una orgía de destrucción masiva”. A pesar de los discursos grandilocuentes de la urgencia de proteger la Biodiversidad planetaria, en las COP se aprobó un nuevo documento redactado con antelación a cada COP, repitiendo viejas ideas con nuevas metas. Se propone aumentar la integridad y conectividad de los ecosistemas, incrementando su superficie antes de 2050. Se busca reducir a una décima parte la extinción de especies, y, a la vez, utilizar de modo “sostenible” los servicios ambientales de los ecosistemas. Esta noción de “utilización sostenible” se sigue abordando para sustentar su comercialización: “los beneficios monetarios y no monetarios de la utilización de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados conexos” se deben compartir de “forma justa y equitativa” con pueblos indígenas y comunidades locales, lo que se viene planteando desde la primera COP. Para ello, los medios financieros se garantizarán a través de los fondos (continúa el negocio con las grandes ONG que los administran y ejecutan) que supuestamente ayudarán a alcanzar las metas de su protección.
Se considera que las zonas bajo su planificación deben abordarse de manera participativa y se deben ahora extender sus metas de salvaguardia a las áreas marinas y terrestres protegidas y restauradas, en un 30 %, para 2030. Sin embargo, la destrucción y fragmentación de los ecosistemas no para, debido a los enclaves extractivos e industriales que estas mismas ONG defienden, lo que ha generado la pérdida de más de un 69 % de poblaciones silvestres, entre 1970 y 2018, en todo el mundo, y en América Latina, de un 98 %. (Almond et al., 2022). En Colombia, lugar de la celebración de la próxima COP, estas metas obligarían a decretar una moratoria de actividades agroindustriales, mineras y petroleras, y habría que recuperar ecosistemas degradados en la zona andina, en el Chocó biogeográfico, en el Caribe y en la Amazonía, donde se profundiza la minería ilegal. También habría que impedir la contaminación de suelos y aguas, y la utilización de muchos agroquímicos. Pero como las metas de las COP son voluntarias, los gobiernos como el nuestro terminan montando grandes discursos, sin que exista la voluntad política de cumplir las metas. Los países andinos no actúan juntos, ni el Grulac (Grupo de Latinoamérica y el Caribe) o Mercosur. La ministra Susana Muhammad, quien plantea repensar en el discurso el modelo extractivista, la sobreexplotación de la naturaleza y su contaminación, también apoya las falsas soluciones verdes que se ofrecen desde los discursos de la transición energética corporativa y la financiarización de la naturaleza con las grandes ONG y empresas extractivas. No ha decretado la moratoria de un solo proyecto agroindustrial, o de gran minería y petrolero en las áreas marinas y terrestres de Colombia. De hecho, nuestro país aumentó en un 36 % la exportación de carbón a Alemania, la región Caribe está plagada de bases mineras y petroleras. Con el Tratado vinculante de los países del Corredor Marino del Pacifico, así como con el plan de la Conservación de la Amazonía, se entregan los territorios al ámbito de la subordinación militar de estas áreas a los Estados Unidos y a la OTAN (Gonzales, 2024).
Finalmente, lo que se sigue negociando son los derechos de los pueblos. Sus derechos a decidir y a continuar existiendo se siguen menospreciando. Pero esos, los derechos territoriales de los pueblos, como lo vimos con el proyecto militar en la Isla de Gorgona, no son los objetivos fundamentales de esta COP ni de nuestro gobierno colombiano, supuestamente “ambientalista”.
¿Una “base militar” en la isla de Gorgona?, leer en: https://www.revistaciendiascinep.com/home/una-base-militar-en-la-isla-gorgona/
La disputa por la ayuda financiera para seguir desarrollando los cuestionados proyectos de soluciones por naturaleza, canje por deuda, proyectos REDD, bonos de carbono, bonos azules y más capitalismo verde, que despoja pueblos y territorios, para profundizar el modelo extractivista, es el objetivo de esta COP, que no estará y nunca lo ha estado, desde la Cumbre de Río, orientada al beneficio de los derechos de los pueblos ancestrales, sino a los negocios de las grandes ONG, los burócratas gubernamentales y las empresas extractivas.
¿Cuál paz con la naturaleza en un país que sigue, desde 2019, asesinando a sus líderes sociales y ambientales? (Dussan, 2024; Global Witness, 2023).
Cali, 18 de agosto de 2024. Por Armando Palau Aldana. El vocablo latino dissensus denota discrepancia o desacuerdo con decisiones u opiniones, es una de las expresiones de la libertad, como uno de los aseguramientos a los integrantes del pueblo para el ejercicio de su soberanía, es además, una de los fines y deberes de protección del Estado y razón de ser de las autoridades para garantizar el derecho a la libre conciencia, expresión y pensamiento, aprendizaje, prensa, y política.
Se dice además que a través del disenso como instrumento de participación ciudadana, se posibilita la objeción de conciencia y la desobediencia civil en las democracias modernas, como resistencia a obedecer imperativos jurídicos en virtud de dictámenes propios de conciencia a los que se llega a través de la duda razonable, como herramienta para la búsqueda y acercamiento a la verdad.
El disenso como palpitante posibilidad de construcción y creación del pensamiento, deviene y se consolida en la liberación del oscurantismo que imperó durante cuatro Siglos del medioevo, en que la expansión del cristianismo se logró a partir de la promulgación e imposición de la sumisión a la ignorancia en el temor al creador, superada por la ilustración con escritores como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Descartes y Hegel
Aunque el disenso hace parte de la esfera individual de los derechos personales, ha sido el sendero para arribar a la defensa de los derechos colectivos concebidos como intereses difusos en la década de los años 70 del pasado siglo XX, desde donde emerge un activismo ambientalista que propende por la defensa del equilibrio de la oferta del entorno y la protección de fauna y la flora como recursos naturales renovables.
En este periplo los ambientalistas buscamos que la población tome conciencia sobre la importancia de luchar por sus derechos ambientales, puestos en franco deterioro por el modelo consumista alimentado por el capitalismo salvaje y su obsolescencia programada, sin titubeos con convicción y con estoicismo, asumiendo el hirsuto costo personal de desechar la comodidad de aproximarse a la farisea institucionalidad.
Aterricemos en el caso colombiano, donde la institucionalidad ha permanecido desde los tiempos de las luchas independentistas durante dos siglos, como una constante lucha de Bolívar, quien tuvo secretos y socarrones adversarios como Santander, quien en su tardío matrimonio rindió homenaje a la religión católica y a la moral pública, no obstante su férrea lucha por la separación de la iglesia y el Estado.
La institucionalidad ambiental, emerge desde los tiempos de creación del Instituto de los Recursos Naturales paralelo al de la Reforma Agraria en los principios de los 60, aupadas con la reforma constitucional del enano Lleras (1968) conviviendo con la falacia que pregonó el lema “la tierra para quien la trabaja” mientras adjudicaban baldíos a los ganaderos que lograron la potrerizaron con el desplazamiento campesino de miles de tierras.
Desde aquellos tiempos, una elite tecnócrata se mueve entre un discurso de cuestionamiento y la consultoría al alto gobierno, dificultando la ruptura del establishment, ese soterrado grupo de poder establecido que subsiste en la institucionalidad ambiental colombiana y que logra beber de las mieles del poder, cuestionando a quienes tenemos el coraje de desenmascarar y enfrentar a toda esa caterva de calandracos infames.
Consientes que el disenso es creador e implica convicción, dedicación, disciplina y lucha permanente e indeclinable, seguiremos avante por el sendero sorteando las encrucijadas que depara Eleguá, porque insistimos que: “Uno, busca lleno de esperanzas / el camino que los sueños / prometieron a sus ansias... / Sabe que la lucha es cruel / y es mucha, pero lucha y se desangra / por la fe que lo empecina...” (Discépolo y Mores, 1943).
sábado, 17 de agosto de 2024
Buga, 13 de agosto de 2024. Por Darío González Posso. En el Encuentro Nacional de beneficiarios del río Cauca. Hoy recordamos a Mario Mejía Gutiérrez, destacado cofundador del movimiento por las “agriculturas alternativas” en Colombia, fallecido el 14 de agosto de 2019. Junto a él, recordamos también a dos amigos muy queridos: Gonzalo Palomino y Javier Múnera, artífices de este movimiento. Cuyos legados, pensamiento y obra, están presentes.
Problemas ineludibles
Continúan en nuestro país problemas y debates ineludibles, que ocuparon su atención. Entre estos asuntos está la oposición entre dos vías básicas, para enfrentar el propósito nacional de soberanía alimentaria. En Colombia hay quienes defienden, sobre cualquier otra opción, la empresa agroindustrial, para “modernizar” -dicen, la agricultura. Ésta es la propuesta dominante desde hace décadas, inspirada en la engañosamente llamada “Revolución Verde” en la agricultura; caracterizada por utilizar cantidades industriales de agrotóxicos químicos y máquinas movidas con energía fósil; con monocultivos en general sobre grandes extensiones.
Los defensores de tal “Revolución verde” plantean el mito de que esta es “la solución” contra el hambre y el desempleo. Desde otros puntos de vista –entre éstos las plataformas de las organizaciones sociales-, se enuncia como opción preferencial en la agricultura la Vía campesina y de los Pueblos étnicos; vía que destaca la vigencia de una reforma agraria democrática, que supere la estructura de predominio de la gran propiedad territorial, fortalecida históricamente mediante el despojo y el desplazamiento forzado de la población rural. A esta vía democrática se ha opuesto y se opone el gran capital con todos sus poderes, incluido en ocasiones el paramilitarismo.
¿Tienen, entonces, futuro las economías campesinas y de los Pueblos étnicos? La pregunta quizás es inversa: ¿Tiene futuro la soberanía alimentaria del país sin estas economías, que aún garantizan el 70% de los suministros alimentarios? El movimiento por las agriculturas alternativas se entrelaza con la defensa de la Vía campesina y de los pueblos étnicos. Mario Mejía, impulsor destacado del movimiento por las agriculturas alternativas, también luchó contra la mercantilización de la naturaleza y de la riqueza biológica; y contra su entrega a los poderosos del mundo, que se apropian de ella para incrementar su poder político y económico. Sin duda, hoy Mario estaría con nosotros en la "Cumbre ambientalista, ciudadana y autónoma, divergente de la COP16", para denunciar la utilización abusiva del lema "Paz con la Naturaleza"; cuando estas Conferencias de las Partes del Convenio sobre Diversidad Bilógica, o COPs, como la que se realiza en Cali en octubre del presente año, solo han servido para la comercialización de la naturaleza, por parte de la industria agroalimentaria y farmacéutica de los grandes monopolios transnacionales, y no para la protección de la diversidad biológica y cultural de nuestros pueblos.
“Lo primordial son los valores”
La lucha por un mundo mejor, con respeto por la dignidad humana y por la naturaleza -me dijo un día Mario en su casa-, “la hemos perdido hasta ahora en esencia en el terreno del espíritu”, pero también “es allí donde la podemos y debemos ganar”: en el espíritu, que se debe traducir en acción, individual y colectiva, por “otro mundo posible”. Sin esta acción, el pensamiento es vano; como es inútil la “ecología” sin la espiritualidad. La utopía de “otro mundo posible” articula la acción y el pensamiento.
Explicaba Mario que en la agricultura lo primordial son los valores, antes que una supuesta “transferencia de tecnología”. Esta es una de sus ideas esenciales: no es posible transformar linealmente relaciones y sistemas de producción inadecuados al bienestar social y al entorno natural, sin una gran transformación cultural, intelectual y espiritual. E insistía: “una sociedad ausente de solidaridad, que no respeta la vida humana, es incapaz de realizar un pacto de paz con la naturaleza”. Pero también sostenía -con Fukuoka, agricultor y filósofo, cuyos textos fueron parte de sus lecturas predilectas-, que cuando un ser humano se aleja de la naturaleza no puede sentir su corazón. Y proclamaba Mario la necesidad de “volver al campo”. Retorno entendido, en esencia, como la unión del ser humano con la naturaleza, con el Universo. Esto significa rechazar una concepción que infunde en los seres humanos una actitud soberbia, de “reyes de la Creación”, cuya misión es acrecentar “su poder” sobre la naturaleza y dominarla, en lugar de convivir con ella. Es indispensable aprender de la naturaleza y acercarnos a ella con humildad, como indica Fukuoka. Lo cual conduce, por ejemplo, a reconocer el peligro de la manipulación genética de las semillas, de la clonación de seres vivos, e incluso algún día de humanos. Y en especial implica saber, de acuerdo con Fukuoka, “el riesgo de un poder inmenso en manos de seres humanos con escasa capacidad moral para comprenderlo y aplicarlo en correspondencia con la armonía del Universo”.
Muchos de estos riesgos –decía Mario-, se derivan de “alianzas de las élites del capital y la ciencia”, que subordinan los desarrollos tecnológicos a las ambiciones de riqueza económica y de poder. Esto también se expresa en la agricultura, donde se aplica ahora, entre muchas otras, por ejemplo, la caracterizada como “Tecnología Terminator”, una de las tecnologías genéticas más peligrosas: su propósito deliberado es obtener plantas que producirán semillas que sólo servirán una vez. Es decir, semillas “suicidas”; que, además, son protegidas mediante “patentes” como “propiedad” de sus creadores. Con el fin de controlar las semillas y el mercado mundial de alimentos, en detrimento de las economías familiares que tradicionalmente han utilizado sus propias semillas, los intereses económicos de poderosas multinacionales no se detienen ante el riesgo de la contaminación genética de muchas especies, generando otra amenaza contra la continuidad de la vida en el planeta.
En defensa de la “vía campesina y de los pueblos étnicos”
Por esto, indicaba Mario, la construcción de la paz y el bienestar social demandan, como una de las condiciones indispensables, el fortalecimiento de la vía campesina, constituida por las agriculturas familiares de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Agriculturas y economías campesinas, con capacidad probada, reiteraba él, para suministrar los alimentos básicos a toda la población. Con potencialidad para el desarrollo posible de agriculturas alternativas, que sean amables con la naturaleza: agriculturas manuales que enseñen a cuidar las aguas; con semillas ancestrales y autonomía en alimentos e insumos; con una perspectiva comunitaria, orientada a la seguridad y soberanía alimentarias, desde los ámbitos locales y regionales. Que pueden y deben ser mejoradas, para el disfrute de una vida digna.
Pero ¿agriculturas alternativas a qué?
Respondía Mario: a la agricultura química, o de la denominada “Revolución Verde”, un “Modo de uso de la tierra, propio de las sociedades industriales que, por lo tanto, busca la máxima tasa de ganancia”. Para ello se vale de subsidios políticos y técnicos, máquinas de energía fósil, agroquímicos y semillas seleccionas genéticamente hacia la uniformidad y la máxima productividad… “La agricultura de la llamada Revolución Verde es la agricultura de los biocidas: insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, agroquímicos letales, cuyo origen histórico está directamente relacionado con industrias de guerra”; alianzas de las élites del capital y la ciencia, reiteraba Mario. A lo cual debemos agregar, pienso yo (con base en Rosa Luxemburgo), que estas y otras industrias de guerra son inmanentes a los procesos de acumulación y reproducción del gran capital; el militarismo y el complejo industrial militar -dijo Rosa-, ejercen en la historia del capital una función determinada y acompañan los pasos de la acumulación en todas sus fases.
En sus escritos Mario Mejía recuerda que la mecanización adquiere su forma moderna a partir de la Primera Guerra Mundial; que además estimula la industria de los explosivos, de donde se derivan algunos fertilizantes nitrogenados; y los gases de guerra, origen de los insecticidas clorados: “El DDT (dicloro difenil tricloroetano), de la Farben, se utiliza en la Segunda Guerra Mundial como piojicida y antipalúdico de ambos bandos. El “ciclón B” es usado para la matanza de “razas (consideras) inferiores”, de este se derivan los insecticidas fosforados de posguerra. Los herbicidas hormonales, desarrollados a partir de 1942 por el departamento de Guerra Química y Bacteriológica de USA bajo la dirección del doctor Merck (conocida marca registrada), fueron sustancias masivamente lanzadas contra Vietnam” … En general –decía Mario-, “los sistemas agrícolas de Revolución Verde presentan un consecuente paisaje de ecocidio. Basta observar el arrasamiento de la naturaleza en las zonas agrícolas colombianas de corte empresarial: Urabá huele a veneno y sangre, la zona cafetera perdió sus bosques y sus aguas; las zonas algodoneras y arroceras son viveros de niños deformes y calvarios de obreros envenenados. Y en las universidades se enseña como verdad única esta agricultura de la matanza”. ¿Y qué podemos decir del Valle del Cauca, con una gran agroindustria azucarera que contamina la tierra, el aire y el agua con agrotóxicos letales y la quema de los cañaduzales, que desvía las agua en su beneficio?
¿Una cuestión apenas “tecnológica”?
Señalaba Mario que otra preocupación de las agriculturas alternativas es abolir la ganadería vacuna de grandes extensiones, que deforesta para generar praderas uniformes. Indicaba también que la vía campesina, vía democrática, es lo opuesto a la brutal concentración de la tierra, que ha significado el desplazamiento de poblaciones campesinas y étnicas en Colombia; con implacable violencia consustancial al modelo vigente de acumulación de grandes capitales y propiedades territoriales, para el llamado “desarrollo” agrario. Planteaba que la confrontación entre la autoproclamada “Revolución Verde” y las agriculturas alternativas, solo de manera secundaria es una cuestión tecnológica. No se trata -decía-, de la sustitución de técnicas de agricultura química por agriculturas alternativas, sino de decidir sobre “proyectos de vida personal y construcción social”. Los idearios de las escuelas alternativas –insistía-, trascienden el campo de la agricultura; se ocupan de asuntos espirituales, políticos, religiosos, educativos, artísticos, sociales, filosóficos… Realizó Mario el análisis extenso de algunas de tales escuelas, alrededor de 30, y experimentó con varias de ellas. Asumió diversas teorías. Afirmó que la llamada “agroecología”, aunque es la propuesta más extendida, es apenas una de tantas agriculturas alternativas. Concluyó sus trabajos mediante la introducción en la agricultura de conceptos de la moderna física cuántica, y afirmó que “el siglo XXI podría ser el de la agricultura con base en energías sutiles al alcance de todos, objetivo libertario frente a la hegemonía de los insumos industriales”.
Defensor de la autonomía y la solidaridad, cifraba su confianza esencialmente en los pueblos y en la iniciativa desde la sociedad. No creía, por lo tanto, en emancipación que no sea autoemancipación. En consecuencia, consideraba que las agriculturas alternativas sólo son posibles como iniciativa autónoma y libre de la gente. Decía Mario: “Las agriculturas alternativas no se decretan como política pública; tienen que surgir de la conciencia civil, de la capacidad humana para transformar su espiritualidad, su sentido de la belleza”.
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