6.1.25

¿Y los delitos ambientales qué? - Disertaciones del Crepúsculo


6 de enero de 2025. Por Armando Palau Aldana. Sabido es, que desde 1980 el Código Penal en concurso con nuevas piezas legales, consagró como punibles los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, sin embargo, los abogados ambientalistas (un puñado) sabemos que es una mera ficción, pues nadie le teme a esta tipificación, ante la ausencia de condenas por: Aprovechamiento ilícito (especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana), Tráfico de fauna, Deforestación, Daños en los recursos naturales y Ecocidio, y Contaminación ambiental.

Pareciera que la atención a estos bienes jurídicos colectivos, asociados a los recursos naturales renovables (agua, aire, fauna, flora, paisaje, suelo y otros), cede en prevalencia ante punibles relacionados con derechos individuales, no obstante que son deberes constitucionales del Estado: proteger las riquezas naturales de la Nación, la diversidad e integridad del ambiente, así como la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el control de los factores de deterioro ambiental.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía, está a cargo de un profesional del derecho egresado de la Universidad Militar, magíster en derecho procesal penal y criminología de la misma universidad, y especialista en derecho administrativo, vinculado a la Unidad de Terrorismo, la Estructura de Apoyo y la Unidad Nacional de Justicia, juez penal del Circuito Especializado de Extinción de Derecho de Dominio, juez de control de garantías y juez penal de conocimiento en Bogotá. Docente de extinción de dominio en la Universidad Sergio Arboleda y de temas de contratación en la Escuela Superior de Guerra, que solo registra un diplomado en delitos ambientales de la Universidad del Rosario.

Sin demeritar al funcionario de turno, se observa que su formación no es robusta en delitos ambientales como tampoco su experiencia asociada, ello nos quita el aliento y corrobora nuestra desesperanza e incredulidad en la justicia penal ambiental, casi inexistente, no obstante que tengamos la ratificación legal y control de constitucionalidad del Tratado Regional de Escazú, uno de cuyos propósitos es el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

No obstante nuestra desazón, tenemos el derecho constitucional de exigir la aplicación de las sanciones penales derivadas de la conducta de los funcionarios de las entidades estatales del Sistema Nacional, las mayores responsables del deterioro del entorno y su oferta de recursos naturales, por omisión en el ejercicio de la autoridad ambiental, esto es: Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias, Corporaciones Autónomas Regionales y Grandes Centros Urbanos. Por ello arrancamos este año nuevo con una denuncia pública para que se evidencie la investigación de delitos ambientales y se articule una Mesa de Trabajo.

En esta denuncia penal, con sustento en nuestro ejercicio ambientalista del derecho ambiental, llamamos la atención de la Fiscal General respecto de los punibles ambientales (entre otros): Daños en los recursos naturales, Ecocidio, y Contaminación ambiental sobre la mega biodiversidad del Parque Natural Gorgona con el licenciamiento para construir una Estación Guardacostas con tres obras militares (radar, muelle y locaciones para la Armada Nacional); las amenazas sobre el frágil Páramo San Turban; y la contaminación con represas de los ríos tutelares Magdalena y Cauca.

También exigimos se investigue la degradación del valle geográfico del río Cauca por la agroindustria de la caña de azúcar (glifosato, quemas, monocultivo); la especulación de reforestación por parte de la septuagenaria Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; el ilegal desarrollo urbanístico en la Reserva Forestal del Pacífico; el desconocimiento de la consulta previa a los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes en contaminantes proyectos de infraestructura y extractivismo; la usurpación de funciones públicas por parte de contratistas del Dagma en el ejercicio de la autoridad ambiental.

Creemos que es hora de instalar una Mesa Nacional sobre Delitos Ambientales que convoque a las organizaciones ambientalistas (no a las sociales o comunales, ni consultorías y sus organizaciones contratistas o universidades), para trazar un Plan de Acción para estos 3 años siguientes de la, hasta ahora, incipiente gestión de la nueva Fiscal General para enfrentar y sancionar ejemplarmente estos punibles que atentan contra el bienestar general.

Por supuesto, que no nos hacemos ilusiones, pero dejamos la constancia, como en el tango La Bicicleta Blanca (1970) de Piazzolla y Ferrer: “Lo viste. Seguro que vos también, alguna vez, lo viste: te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por la noche. / Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas, ¿te fijaste? Nadie sabe, no, de dónde cuernos viene, jamás se le conoce a dónde diablos va. / De todos modos, si lo vieras pasar, miralo con mucho Amor: puede que sea, otra vez... / "¡Dale, Dios!... ¡Dale, Dios!... / ¡Meté, flaquito corazón! / Vos sabés que ganar / no está en llegar sino en seguir...".


15.12.24

Carta abierta a Francia Márquez
Disertaciones del Crepúsculo

Armando Palau Aldana, Cali, 15 de diciembre de 2024

Le conozco Francia desde hace varios años, desde cuando desplegaste tu marcha de travesía por el occidente colombiano, para protestar por el acaparamiento de transnacionales extractivistas de territorios auríferos en zonas aledañas a la represa de Salvajina y el desplazamiento de la minería artesanal en el norte caucano, indiscutiblemente la menos contaminante de todas, sin que por ello sea una actividad ambientalista, no obstante que mercaderes modernos le llaman a este “oro verde”.

 Me sume al entusiasmo que generó a quienes decidimos dar un voto de confianza a una alternativa de gobierno con nuevas iniciativas y propósitos, la dupla conformada por una mujer afrodescendiente de meritorio esfuerzo salida de los Nadies, lo que provocó una importante audiencia pública para sacar avante electoralmente esta fórmula, amén de asumir el reto de montar el Ministerio de Igualdad si experiencia alguna.

Como libre pensador he manifestado de la mano del disenso, como creador de conocimiento, que se trata de un respaldo con autonomía crítica, lo cual se ha evidenciado en los cuestionamientos a las gestiones ambientales, que aunque con una efectiva estrategia comunicacional le ha granjeado a la Ministra de Ambiente un buen recaudo de opinión pública, errático al escrutinio de quienes hace 7 lustros hacemos activismo ambientalista, propuestas alternas y litigio estratégico.

En la discusión del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, se te escuchó hace un par de años, decir por primera vez en el coliseo cubierto “José De Jesús Arango” de Guapi, que te sumabas a la voz de la juventud guapireña, que protestaba contra la construcción de las obras militares de la Estación Guardacostas en Gorgona, luego en febrero del año pasado en la Institución San José expresaste tu inconformidad con la invisibilización de comunidades afrodescendientes en Gorgona bajo un sesgado concepto de territorio ancestral.

Finalmente en septiembre del año pasado, en Santander de Quilichao en el desarrollo de “Guardianes de la Naturaleza” dijiste de vida voz: “tengo el corazón bien puesto y no voy a traicionar a mi pueblo, mi postura es que prima el derecho de las comunidades, porque he sido una mujer que he defendido los derechos territoriales como espacio de vida”, sin embargo, en la audiencia con Petro en Guapi (enero 2024), no obstante el reclamo de los 3 voceros de la comunidad rechazando la Estación de la Armada Nacional, guardaste silencio.

Voy a entrelazar estas reminiscencias con el debate sobre los indicadores económicos del país, porque me parece el colmo que el Pacto Histórico defienda los indicadores del Club OCDE y sus 32 Estados, cuya afiliación le cuestionamos los ambientalistas a Santos, un país pobre en medio de un cenáculo de ricos. Pobre en términos de los economistas, porque en biodiversidad y en alegría de las barriadas populares (invaluable tesoro), no hay quien tenga una mejor posición global.

Esos indicadores indican que este gobierno atendió las obligaciones bancarias del Consenso de Washington, tiradas por la borda por el anterior y un acumulado desde los tiempos de Uribe Vélez que nos llevaron a refinanciar la deuda para aumentarla; pero que nos digan que la pobreza estructural se ha superado es algo donde no irrumpen los hechos notorios, pues es la monetaria reducida tan solo 3,6 puntos y la extrema 2,4% entre 2022 y 2023, según el riguroso Informe del Relator de Naciones Unidas sobre Pobreza y Derechos Humanos.

Este Informe indica que la desigualdad es el corazón del problema; presentamos las mayores distribuciones más desiguales del mundo, según el coeficiente de Gini, que mide cómo se distribuyen los ingresos entre la población, afectando la equidad económica, la cohesión social y la estabilidad política del país, que por supuesto tiene raíces históricas y estructurales como la concentración de la tierra, el acceso desigual a la educación y los servicios de salud, las brechas entre áreas urbanas y rurales, siendo las comunidades campesinas, las más afectadas.

Destaca el Relator de Naciones Unidas, que las mujeres enfrentan múltiples barreras, incluyendo el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerados, la falta de acceso a la tierra y la violencia de género, pues aunque las mujeres son el 55% de nuestra población, solo el 36% de las tierras rurales están en manos de ellas. Retos cuya solución se puede viabilizar desde el Ministerio de Igualdad y Equidad siendo su implementación compleja.

Volvamos a Gorgona Francia; estamos en medio de una coyuntura en la que se puede retomar la suspensión de la licencia para construir las 3 obras militares de la Estación Guardacostas que 2 magistradas del Tribunal de Bogotá decretaron el pasado 9 de abril (Gaitán) amparando el derecho fundamental a la Consulta Previa al Consejo de Guapi Abajo que represento, pero también fueron 2 magistradas de la Corte Constitucional quienes lo revocaron hace 5 semanas, terrible retroceso que da cuenta de la peligrosa cimentación del racismo estructural.

He interpuesto un Incidente de Nulidad ante la Sala Plena de la Corte Constitucional que actualmente está en curso, pero la última sesión de este año será el próximo miércoles antes de la vacancia judicial. Estoy demostrando que se violó el debido proceso, al invertirse la carga de la prueba depositándola en manos de la comunidad afrodescendiente de Guapi Abajo, la ausencia de valoración de las robustas pruebas y la tergiversación de la Consulta Previa en el Convenio 169 de 1989 ratificado legalmente por Colombia.

La Armada Nacional, ha formulado un Incidente de Desacato contra el Director de la Autoridad de Licencias (hombre de confianza de la Ministra de Ambiente desde los tiempos que fue Secretaria Ambiental de Bogotá), no obstante que este ha estado en favor de la Estación Guardacostas y ha negado sistemáticamente la Audiencia Pública de la Ley 99 de 1993, logrando bajo presión que Negrete levantara la suspensión de la licencia, alegando una orden judicial inexistente, pues la Sentencia T-470 del pasado noviembre no ordenó levantarla.

En mi reciente visita a Gorgona hace 9 días, pude evidenciar la permanencia de los contenedores con el material para materializar el afanoso deseo de la Armada por construir el muelle de 182 metros sobre el lecho del mar con el ahincamiento de 100 pilotes en un zona plantada de Anguilas de Jardín que serán ahuyentadas (Ecocidio), para invadir áreas prístinas de las Ballenas Jorobadas, los Delfines Moteados y las Tortugas Carey (entre otros), transgrediendo el concepto de la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, el Comité Científico de Gorgona e ingente cantidad de ambientalistas.

Desde tu independiente y no subordinada posición de Vicepresidenta, como nieto de Berenice Caicedo Mosquera matrona de Condoto, te pido clamorosamente una inmediata carta pública al Presidente Petro, reclamando por lo menos la suspensión de la licencia para la Estación de la Armada en el Parque Natural Gorgona, mientras se ordena la realización de la consulta previa a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Afrodescendientes de las costas caucanas y nariñenses sobre el Pacífico. Es lo menos para retomar tu posición al respecto. Se nos acaba el tiempo Francia, la llave de la paz con la naturaleza está en tus manos.


 



12.12.24

Se agudiza la odisea jurídica de las Ballenas Jorobadas
Disertaciones del Crepúsculo

Armando Palau Aldana, Cali 11 de diciembre de 2024

Esperé hasta hoy miércoles para escribir mis Disertaciones con noticias de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, respecto de la acción de tutela que he interpuesto en nombre ahora del Consejo Comunitario Bajo Tapaje y el Mar que congrega a los pescadores artesanales de Playa Bazán en borde nariñense con la costa caucana, forjadores del Acuerdo de Uso del Parque Gorgona y por el cual se construyó la Casa de los Pescadores en la isla.

Ya había disertado sobre el inesperado giro que tuvo el amparo a la Consulta Previa al Consejo Guapi Abajo con la revocatoria por la Sala Séptima de Revisión y la interposición del Incidente de Nulidad ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, con petición de suspensión y celebración de audiencia pública a solo un miércoles para que el tema sea tratado en sus deliberaciones ordinarias según lo dispuesto por reglamento interno.

Viaje a Gorgona y Guapi, de la mano generosa de Kike y los dadivosos aportes de Jesús, Rubén, Carlos, Alejandro, Lilian, Casa del Río, Pro Orgánica y Unidos por Gorgona, y como siempre con las monedas de mis bolsillos. Logre verificar que los materiales para la construcción del muelle donde fondearían las embarcaciones de la Armada, siguen celosamente custodiados en contenedores depositados en proximidades de la playa.

Estando en la tierra del Poeta del Mar, Helcías Martán Góngora, se me corrió traslado del incidente de desacato formulado por la Armada contra el Director de la Autoridad de Licencias en el Juzgado 46 Laboral de Bogotá, que denegó en primera instancia el famoso amparo a la Consulta Previa al Consejo Guapi Abajo, con el propósito de obligar a expedir el acto de levantamiento de suspensión de la licencia para iniciar obras.

La Armada había acudido ante la Magistrada Meneses (ponente de la revocatoria del amparo a la Consulta Previa), para que ordenara a la Autoridad de Licencias dicho levantamiento, quien se negó alegando que era competencia de la Jueza Laboral 46, lo que intimidó al Director de Licencias quien expidió este lunes una resolución falsamente motivada, indicando que se allanaba a cumplir una orden judicial inexistente.

En el término de la distancia interpuse recurso de reposición ante el Director de Licencias exigiéndole no tergiversar la realidad procesal. Mientras tanto, en mi estancia por esas tierras del litoral caucano en el Pacífico, tuve la oportunidad de reunirme con actores vinculados a procesos de comunidades afrodescendientes y presenciar las tradicionales fiestas católicas de la Balsada en el río Guapi. Retorne por barco en 13 horas de navegación contemplando la mar en la penumbra de la noche.

Entre tanto, transcurrieron cinco días y como se ha vuelto costumbre, se desatendió el principio perpetuatio jurisdictionis, indicador de no alteración de la competencia de una autoridad judicial cuando ésta avoca el conocimiento de una acción de tutela, pues afectaría la finalidad del medio de protección de derechos fundamentales y desconocería el mandato constitucional, que les otorga competencia a todos los jueces.

Finalmente, el personal administrativo de la Sala Civil del Tribunal Superior remitió la Tutela a la Oficina de Apoyo Judicial, este le adjudicó por reparto a la Jueza 41 Civil del Circuito de Bogotá, quien a su vez la remitió a la Juez 46 Laboral de Bogotá, quedando la pelota nuevamente en manos de quien otrora denegó el amparo a la ConsultaPrevia, quien por supuesto denegó la medida provisional de suspensión por qué no avizoró riesgo alguno.

Este trance nos recuerda El Proceso (1925), la espléndida obra de Franz Kafka que describe la atmósfera entre lo absurdo y lo angustiante de un incompresible proceso judicial en el laberinto burocrático y legal, las interacciones con los operadores judiciales que revelan una burocracia carente de todo sentido que desfila por una justicia inaccesible y confusa, en donde se disipan las esperanzas y las expectativas se evaporan.

Contra todo pronóstico gris que pulula en estas inacabables luchas ambientalistas, esperaremos a que la Sala Plena estudie el emblemático proceso judicial y nos demuestre que no existe sesgo de racismo estructural el acondicionamiento de la Consulta Previa a demostraciones preliminares de afectación, pues los documentos arrimados demuestran que se afectará el entorno de la comunidad afrodescendiente ancestral.

Ante el permanente y deliberado engaño de la justicia, le canto a ella como Carlitos Gardel y Manuel Romero lo compusieron en “Tomo y Obligo” (1931): “Tomo y obligo, mándese un trago, / que hoy necesito el recuerdo matar; /sin un amigo lejos del pago / quiero en su pecho mi pena volcar. / Beba conmigo, y si se empaña / de vez en cuando mi voz al cantar, / no es que la llore porque me engaña, / yo sé que un hombre no debe llorar”.


1.12.24

¡Cumplir o no cumplir: esa es la cuestión! - Disertaciones del Crepúsculo


Armando Palau Aldana, Cali, 1 de diciembre de 2014 

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 Shakespeare es a la lengua inglesa lo que Miguel de Cervantes a la española, siendo célebre la frase que aquel puso en boca de Hamlet: “Ser o no ser, esa es la cuestión”. Nuestra atribulada matria se ha caracterizado por una destacada tradición jurídica; constituciones como la promulgada en Villa del Rosario para la creación de la Gran Colombia (1821), otorgándole como fin que “afiance los bienes de su libertad, seguridad, propiedad e igualdad, cuanto es dado a una nación que comienza su carrera política y que todavía lucha por su independencia”.

Este talante jurídico que se fraguó entre dos concepciones, una libertaria en Bolívar y otra institucional en Santander, inundó y sigue llenando de inaplicables leyes nuestra república, una de las formas de denegar el acceso a la administración de justicia, bajo la égida “la ignorancia de la ley no sirve de excusa”, en el Congreso no han entendido la imperiosa necesidad de recapitular nuestro archivo legislativo, porque leyes largas son caldo de cultivo para la ilegalidad, entendiendo que desde ese cenáculo se fragua la corrupción.

El efecto de dicha dispersión tiene que ver con el incumplimiento de nuestra normatividad por parte de quienes se niegan a ser servidores públicos y siguen siendo arbitrarios funcionarios que no reconocen la exclusiva soberanía popular, aún en ciernes. Para enfrentar este mal, se instituyeron en la Constitución de 1991 las acciones de cumplimiento para obligar mediante orden judicial promovida por la ciudadanía, el cumplimiento de las leyes, proyectando una regla de interpretación y principio, quien cumple a medias también incumple.

Sin embargo, la entelequia del poder judicial como parte del Establishment, en el cual cohabita el Estado Profundo (un poder clandestino supérstite), dificulta la vigencia del Estado Social de Derecho, que intentó la participación democrática en la toma de decisiones pero que aún no sobrepasa la democracia representativa, permite con la fórmula de cumplir a medias desbarajustar la función pública, sin que la acción constitucional de cumplimiento tenga efectividad en los altos estrados y pase a los anaqueles como figura jurídica decorativa.

Ocurrió hace 10 días en la Sección Quinta del Consejo de Estado, donde exigimos que se abriera proceso sancionatorio por el incumplimiento de la licencia para la Estación Guardacostas en Gorgona, los cuatro Magistrados confesaron que lo pretendido conlleva a que se materialice un procedimiento administrativo para que se le imponga una sanción a la Armada Nacional, que, si bien este medio de control está previsto para la efectiva observancia de la ley o actos administrativos, lo cierto es que la acción resulta improcedente. Que galimatías.

Sin embargo, los magistrados olvidaron un pequeño detalle al alegar que la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo. No precisaron cual es la acción procedente para que Autoridad de Licencias inicie el proceso sancionatorio a la Armada por incumplir el Plan de Manejo Ambiental para construir las obras militares de la Estación Guardacostas, o será que navegamos en los mares del Estado Profundo.

Las normas y leyes las ha confeccionado la institucionalidad del Congreso que ha sido siempre manejado por los clanes políticos; son quienes han establecido las reglas con las que jugamos pero que pocas veces ganamos, porque no contamos con jueces que atiendan la agitada realidad subyacente y asuman su responsabilidad como servidores vigilantes, activos y garantes de los derechos materiales, que administren la justicia mediante el propósito de hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda de la aproximación al valor de la verdad.

Mientras los jueces no asuman el dilema de ser o no ser en el hastío de la injusticia, tendrán que cantar Libertad (1937) de Magaldi y Mitre: “Y a vos / hoy lo mismo que a mi te sucede también; / el hastío tu vida llenó. / No quieres decirlo por miedo a que sufra / y callas fingiendo lo mismo que yo. / Por eso / es que quiero con mi confidencia / decirte sincero la pura verdad: / si estamos iguales y no nos queremos, / que cada cual siga con su libertad”.


24.11.24

Corte Constitucional y el sendero hacia el racismo estructural - Disertaciones del Crepúsculo


Armando Palau Aldana, Cali, 24-11- 2024

La defensa del Parque Natural la emprendieron al comienzo de los años 80: biólogos marinos (adscritos al programa de biología de la Universidad de Valle que rondaba su primera década), buzos como Gonzalo Concha y defensoras de derechos humanos como Cecilia Castillo de Robledo, entre otros, y lo lograron en diciembre de 1983 cuando el entonces Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables (Inderena) lo declaró como Parque Nacional y se inició el camino para el cierre de la denigrante prisión que se clausuro en 1984.


La lucha contra el licenciamiento para construir las obras militares (radar, muelle y hangares) en la licenciada Estación Guardacostas (31 diciembre 2015), ha sido un indeclinable propósito de la bicentenaria y prestigiosa Academia de Ciencias Exactas Física y Naturales visible con la carta de su Comisión Permanente de Áreas Protegidas a la entonces Directora de la Autoridad de Licencias (mayo 2017), luego se sumaría el Comité Técnico Científico del Parque Nacional Natural Gorgona con su misiva protesta al Presidente Santos por esas calendas.

Nosotros arribamos a esta causa hace solo dos años (noviembre 2022), cuando solicitamos audiencia pública a la mencionada Autoridad Nacional de Licencias (Anla), que ha sido deliberada y sistemáticamente denegada por el subalterno Director (Rodrigo Negrete M) quien fuera el Jurídico de María Susana Muhamad G. en sus tiempos como Secretaria de Ambiente siendo Petro Alcalde de Bogotá, lo cual confirma la negación de participación ciudadana por parte de la vocera ambiental ministerial del gobierno que pregona paz con la naturaleza.

El pasado 9 de abril cuando recordábamos el magnicidio de Gaitán (1948) que originó el Bogotazo, dos valientes magistradas del Tribunal Superior de Bogotá decretaron el amparo constitucional a la Consulta Previa de la Comunidad Negra Guapi Abajo y la suspensión de la licencia para las mentadas obras militares, explicando que el territorio étnico deviene de una construcción cultural, con independencia de si las comunidades se encuentran ubicadas geográficamente en esas zonas, lesionado sin análisis técnico, antropológico y cultural comunidades.

Precisaron las Magistradas del Tribunal de Bogotá, que en estos casos de duda sobre un posible detrimento medio ambiental, como puede ser la migración de fauna marina o el derrame de sustancias toxicas en el medio acuático, se legitima la posibilidad de suspender la aplicación de los actos administrativos que representen un peligro a los recursos naturales, haciendo una debida interpretación del Convenio OIT 169 de 1989 y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965).

Sin embargo, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional con ponencia de la magistrada Andrea Meneses (promovida a esa honorable Corporación Judicial por el expresidente Iván Duque), revocó el amparo a la Consulta Previa al Consejo de Comunidades Negras, intrigando que no se aportaron pruebas que permitieran establecer que el proyecto de construcción de la Estación Guardacostas es incompatible y afecta las actividades pesqueras que realiza la comunidad fuera del Parque Gorgona, en donde estas están prohibidas.

Se determinó entonces en Sentencia T-470 que el amparo del derecho a la consulta previa solo podía otorgarse acreditándose la "afectación directa" de la comunidad involucrada mediante el "impacto positivo o negativo” de la licencia para construcción de las obras militares de la Estación Guardacostas sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de la comunidad étnica, diferenciada del Consejo Bajo Tapaje y el Mar suscriptora del Acuerdo de Uso con Parques Nacionales.

Determinó entonces la Sala Séptima de Revisión que no es posible inferir razonablemente la existencia de una afectación directa a la Comunidad Guapi Abajo, desconociendo que además de la pesca, los lancheros guapireños transportan al Parque Isla Gorgona turistas y buzos, además son operadores turísticos que prestan hotelería y gastronomía en el caucano municipio, cuyas gentes tienen interconectividad en los usos de la territorialidad afrodescendiente con chagraunidades de vivienda-río mediante estrategias polifónicas (ICANH).

A partir del reconocimiento que la Corte hizo en sentencia C-169 de 2001 de éstas organizaciones étnicas como acreedores de los derechos del Convenio sobre Consulta Previa, pues constituyen un grupo social que comparte identidad cultural distinta a la sociedad dominante, la T-470 plasmo un retroceso, desconociendo los Acuerdos con Parques Nacionales del Movimiento Social de Comunidades Afro colombianas y los Consejos Comunitarios del Pacífico Colombiano (2002) y con las Organizaciones y Autoridades Étnico Territoriales de los Pueblos Negros del Pacífico (2020) , para decidir sus propias prioridades.

La T-470 de 2024 ignoró las 4 pruebas que aportamos por el Consejo Guapi Abajo y no realizó valoración probatoria e incurrió en defecto fáctico. Documentos probatorios emitidos por: Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales sobre los precarios Estudios de Impacto Ambiental de la Armada; Comité Científico de Gorgona sobre la fauna marina; Instituto Colombiano de Antropología e Historia Nacional (ICAHN) sobre pueblos afrodescendientes; e Ingeniero electricista Luis Carlos Orejarena Morales sobre la contaminación del Radar a la salud.

La Sala Séptima de la Corte ha incurrido en la consolidación del racismo estructural, pues su Sentencia T-470 contiene una limitación al derecho a la Consulta Previa, por tanto, denota un trato que pretende –consciente o inconscientemente– anular los derechos de las Comunidades Negras, trayendo como resultado la violación de sus garantías fundamentales al imponer una restricción que anula y menoscaba el reconocimiento de un tratamiento especial para la protección de sus libertades en las esferas política, económica y cultural.

La T-470 arrasó la jurisprudencia constitucional de inversión de la carga de la prueba en cabeza del licenciatario ambiental y no de las Comunidades, garantía probatoria en los escenarios de discriminación. Desconoció la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Transgredió la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Configuró un hecho de exclusión social revocando la Consulta Previa establecida en el Convenio 169 de 1989 con estatus de Bloque de Constitucionalidad.

El Convenio 169 sobre Consulta Previa ordena a los gobiernos velar por que se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos, sabiendo que por contraposición a la teoría del daño cierto y verificable, la precaución opera sobre el riesgo del desarrollo e impone el principio de precaución transversal al derecho ambiental, sin que sea exigible tener certeza sobre los eventuales daños.

Después de haber logrado el reconocimiento como país pluricultural y pluriétnico por la Constituyente del 91, no puede ser de recibo que una mentalidad político jurídica retardataria nos lleve mediante una sentencia constitucional por los ignominiosos caminos del racismo como discriminación estructural estatal acentuando las diferencias sociales y económicas, provocando desazón en los hombre y mujeres descendientes de la cultura Bantú forjadores de nuestra historia colombiana con un legado ancestral de protección de la Pachamama.

Por si estas ideas pudieran provocar un correccional contra el suscrito, lo reafirmo y expreso en ejercicio constitucional de mi libertad de expresión y conciencia, que me hace tararear el tango Cambalache (Santos Discépolo 1934): “¡Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor!... / ¡Ignorante, sabio o chorro, / generoso o estafador! / ¡Todo es igual! / ¡Nada es mejor! / ¡Lo mismo un burro / que un gran profesor! / No hay aplazaos / ni escalafón, / los inmorales / nos han igualao”.

3.11.24

ARMANDO PALAU ALDANA
¡Salimos a deber los ambientalistas!
Disertaciones del Crepúsculo


Cali, 3 de noviembre de 2024



Culminó la dieciseisava conferencia de los países parte del Convenio sobre la Biodiversidad, que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana del 2 de noviembre (siendo suspendida por falta de quorum). Hagamos un balance previo, esperando los documentos oficiales que emitirá la Secretaria Ejecutiva de la COP16 (Astrid Schomaker), para conocer posteriormente en detalle el alcance de las decisiones accesorias, pues las principales siguen sin concretarse desde la Cumbre Río de Janeiro en 1992.

En efecto, la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en la que se aprobó el Convenio sobre Diversidad Biológica, determinó en su primer artículo como objetivos: la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, un acceso adecuado a ellos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta los “derechos sobre esos recursos y tecnologías”, mediante una financiación apropiada.

O sea, llevan 32 años en la consecución de ese sofisma y pasarán otros tantos y nunca se logrará, sin embargo, una buena parte de letrados y actores de la contratación estatal ambiental, creen que fue un gran logro, pensando que quienes no lo reconocemos y cuestionamos dicha mercantilización de la biodiversidad, somos unos leños atravesados en el camino impidiendo que el crisol del dinero resuelva la vertiginosa degradación de la diversidad biológica, por lo tanto, salimos a deber.

El instituto Humboldt publicó un informe en 2017, afirmando que la biodiversidad colombiana ha mostrado una disminución promedio del 18% (sin precisar el rango de tiempo), siendo la mayor amenaza la pérdida de hábitats naturales, por lo general, relacionada con la agricultura y la ganadería expansiva, degradación que se mimetiza con el hecho de ser nuestra matria primer lugar en especies de aves y orquídeas, segunda en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, tercera en número de especies de palmas y reptiles, y cuarta en mamíferos.

Sin embargo, salimos a deber los ambientalistas, porque seguramente no dejamos durante estas tres décadas que la gamonal gobernadora del Valle del Cauca se hubiera dedicado a hacer los esfuerzos que anunció en la COP16, de lograr una mayor cooperación financiera para proteger nuestro degradado entorno; dirán también que los ambientalistas no permitimos a los cañicultores -a través hoy del alcalde de la Sucursal del Cielo- el viejo deseo de enlucirla y haberle dado matiz ambiental a la feria de Cali.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente le apostó al impulso a la economía hacia la transformación productiva y competitiva basada en la naturaleza y el traslado de parte de los 20 mil millones de dólares anuales prometidos en Montreal (2022) para el financiamiento de la gestión colectiva de territorios marino-costeros, dulceacuícolas y terrestres; pero los pocos ambientalistas estropeamos esta visión rentística al denunciar que la COP16 y sus Mesas de Negocios, son evidencia más de la monetización de la naturaleza.

También seremos los ambientalistas los responsables de que no se haya logrado abandonar desde 1970 la quema de los cañaduzales del valle geográfico del río Cauca, es decir, quienes desde siempre hacemos activismo sobre problemáticas del entorno y sus recursos naturales, que lesionan a todos los seres vivos, generando masa crítica y tratando de lograr opinión pública, pues aunque el Minambiente emitió el pasado abril una resolución sugiriendo parar las quemas agrícolas, le permitió a la CVC excepcionar a los pirómanos 13 ingenios azucareros de Asocaña.

A propósito, Asocaña anunció en plena COP16 que son una agroindustria cada vez más sostenible y que conectaran 890 kilómetros de corredor biodiverso para contribuir a conservar la fauna que se moviliza por el río Cauca y que dejaran de quemar en 5 años cañaduzales, abandonando esta práctica de la que dependen 4 mil corteros; porque somos los ambientalistas quienes hemos desprestigiado desde 1994 ésta altruista causa, acudiendo desde hace 3 décadas al Consejo de Estado en ingentes acciones constitucionales para que se detenga esta contaminante práctica agrícola que daña el agua, el suelo, el aire, el paisaje, la biodiversidad y la salud de la niñez.

Ahora resultaron ambientales los bancos, las cámaras de comercio y las urbanizadoras, solo que los ambientalistas les impedimos demostrarlo, porque coincidimos con el dictamen del indígena Toro Sentado que en 1868 dijo: “Solo cuando el último árbol este muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero", pero aún así salimos a deber, porque no logramos que la Ministra, quien se tornó ambientalista después de haber sido consultora de la Shell Oil Company, revocara la licencia ambiental para construir una base militar en el Parque Natural Isla Gorgona, uno de los biomas más biodiversos del mundo.

También dirán que irracionalmente, un puñado de ambientalistas nos opusimos y evidenciamos a quienes en búsqueda de opciones estatales para materializar el discurso ambiental como modus vivendi, bajo el financiamiento del Ministerio de Ambiente, lograron una juntanza entre organizaciones ambientales y sociales para conformar en la Cámara de Comercio de Cali, la red oficial que canalizará los soterrados anhelos electorales de algunas ambiciosas candidaturas.

Lo cierto es que ha terminado la función del espectáculo, y hay quienes dicen que no logramos los ambientalistas visualizar que una ingente cantidad de personas ahora tendrá una vocación ambiental y abandonaran los automotores, dejaran de usar un número plural de teléfonos celulares, y no volverán a consumir cigarrillos eléctricos.

Mientras tanto los ambientalistas estaremos condenados a andar como errantes por el mundo, cantando el tango de Discépolo (1930) Yira Yira: “Cuando la suerte que es grela, / fayando y fayando / te largue parao; / cuando estés bien en la vía, / sin rumbo, desesperao; / cuando no tengas ni fe, / ni yerba de ayer / secándose al sol; / cuando rajés los tamangos / buscando ese mango / que te haga morfar... / la indiferencia del mundo / -que es sordo y es mudo- / recién sentirás”.
 

30.10.24

COP DiverGente - Cumbre Ambientalista Ciudadana y Autónoma
Manifiesto a Colombia y al Mundo

 
Cali, 26 y 27 de octubre de 2024. Manifiesto a Colombia y al Mundo. COP DiverGente - Cumbre Ambientalista Ciudadana y Autónoma.

Reunidos en la “COP DiverGente - Cumbre Ambientalista, Ciudadana y Autónoma”, registra las palabras del Secretario General de Naciones Unidas, señor António Guterres, en ocasión de la COP16: “Los países en desarrollo están siendo expoliados. El ADN digitalizado de la biodiversidad sustenta los descubrimientos científicos y el crecimiento económico. Pero los países en desarrollo no se benefician equitativamente de estos avances, a pesar de albergar una riqueza extraordinaria”. 

La COP 16 está muy lejos de resolver estos desequilibrios. A pesar de los discursos encendidos con el lema “Paz con la naturaleza”, la COP 16 corrobora que es una fase más de la mercantilización de la naturaleza y de nuestra diversidad cultural y biológica, contra los derechos de exclusiva soberanía de nuestros Pueblos.

Las declaraciones de la Ministra de Ambiente de Colombia, son reveladoras: “Lo que proponemos de fondo,   -dice ella-, es un nuevo pacto financiero, por eso invitamos al sector privado a construir de la mano un modelo sostenible que ponga en el centro el cuidado de la naturaleza y potencie las oportunidades que surgen de ella; esperamos que este portafolio sea un incentivo de capital y de avance para todos los sectores; sobre todo, para movilizar desarrollo regional y liderazgo global”. Y agrega: “Este portafolio debemos traducirlo en tres monedas: biodiversidad, carbono y divisas fuertes”, definiendo la COP16 como una “Feria de economías” (El Tiempo, 28 septiembre 2024).

Reiteramos que la COP 16 es la mercantilización de la diversidad biológica y cultural de nuestros Pueblos, discrepamos de esta Conferencia y declaramos que estamos en contra de la biopiratería, como apropiación por parte de las corporaciones transnacionales de los beneficios financieros del uso de la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos; insumo de la biotecnología farmacéutica, del mercado agroquímico, así como de armas biológicas y patógenos contra las luchas de los pueblos, por parte de las grandes potencias del norte global. Colombia -segundo país más biodiverso de la Tierra- es víctima, como nuestros países del “segundo orden”, del saqueo de la información de sus recursos genéticos, sin ningún beneficio para nuestros Pueblos, pues las grandes corporaciones ya se han apropiado de estos recursos y creado los Bancos de información del ADN con manejo de agendas secretas.

Antecedentes. La acción de nuestra COP Divergente no empieza ni termina hoy. Tiene como antecedentes, entre otros, la más poderosa movilización ambientalista ciudadana existente en Colombia, que es la defensa del agua y del Páramo de Santurbán, que se aúna a la lucha por una política autónoma el agua donde se respete el manejo de las fuentes abastecedoras por las comunidades; la lucha contra la mafia azucarera del valle geográfico del Cauca; la defensa del Macizo Colombiano y de ríos de Colombia como el Magdalena, el Cauca y el Atrato; y de las selvas, como la Amazónica y el Chocó Biogeográfico, en unión indisoluble con sus pobladores, sometidos al etnocidio y al ecocidio.

Dentro de los antecedentes más inmediatos de este proceso, sin duda, ocupa un lugar central la defensa de la Isla Gorgona, para impedir la construcción de obras militares de una Estación Guardacostas, que transgreden la mega biodiversidad de este frágil ecosistema, incluido en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; obras que lesionan el derecho de exclusiva soberanía de los pueblos ancestrales (sin consulta previa e informada), que podrían conducir a un ecocidio. Logramos el pasado 9 de abril ante el Tribunal de Bogotá, la defensa de estos derechos colectivos, mediante orden judicial de suspensión de la cuestionada licencia ambiental. Exigimos que el Gobierno, sin más trámites, proceda a su revocatoria.

Los derechos animan nuestra acción alternativa. Desde nuestra perspectiva, coincidimos con otros pensamientos en que existe una unión indisoluble de los seres humanos con la naturaleza. La naturaleza es la fuente de los bienes indispensables para la vida. Por esto somos ambientalistas. ¿Puede acaso realizar un pacto de “paz con la naturaleza”, una civilización o una sociedad, carentes de solidaridad, que no respetan la vida humana ni su entorno natural? ¡Una civilización definida por el hambre, la miseria y la destrucción de la naturaleza!

Se ofrece a nuestros Pueblos como redención ambiental el "cambio de la deuda externa por naturaleza" (formulada en 1989 por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL). Esta es la principal bandera del Gobierno colombiano frente al norte Global, lo que equivales a decir: “quien contamina paga y quien paga contamina”. Afirmamos que lo esencial son los Pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, Rrom (gitanos) y campesinos, con sus derechos inalienables, individuales, colectivos, territoriales y de autodeterminación. En consecuencia, afirmamos que no hay solución sin los pueblos. Son ellos, protagonistas insustituibles, quienes en primer lugar pueden defender la naturaleza y sus propios derechos contra el colonialismo y el neocolonialismo.

En la cuenca amazónica, estratégica para el equilibrio climático del Planeta, continúa la ofensiva brutal de los terratenientes y ganaderos, de los megaproyectos de transnacionales extractivistas, con la deforestación y la destrucción de la selva, en contravía de los Pueblos originarios. Coincidimos en la defensa de la unidad transfronteriza de todos los Pueblos, para que la exclusiva soberanía popular sea internacionalista.

La seguridad y soberanía alimentarias y nutricionales, deben enmarcarse dentro de las políticas para la sobrevivencia digna de la humanidad, enfocando sus planes, programas y actividades en la mejora continua de las condiciones de existencia dentro del derecho a una vida digna, planes fundados en el derecho de los Pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de producción, distribución, consumo; con capacidad de autoabastecer, autónoma y adecuadamente a sus comunidades; las actividades, en la asociatividad campesina y de Pueblos étnicos, deben promover la formación y capacitación permanentes, vinculada y encaminada al desarrollo de la economía solidaria, base fundamental para la construcción del poder popular. Nuestra opción en el desarrollo rural y agrario es la vía campesina y de los pueblos étnicos. Sus economías propias propician la soberanía y seguridad alimentarias en nuestros países.

El contexto nacional e internacional. En el contexto de la nueva revolución tecnológica, energética, del capitalismo, ante el declive, a un plazo determinado, de los combustibles fósiles, las potencias imperialistas y geopolíticas se disputan a dentelladas las zonas de influencia y los recursos naturales del Planeta. Una de las causas del despliegue de grandes fuerzas militares en el Mundo y en América es el control de los “recursos naturales” y sus fuentes, bajo relaciones neocoloniales de extractivismo; que, con la participación de las clases dominantes locales, conduce a la destrucción de la naturaleza y a injusticias sociales que lesionan los derechos de los Pueblos. El gran capital no abandona en la transición energética sus métodos brutales de acumulación y reproducción. No es propósito del capitalismo “salvar el Planeta”, ni cesar su condición depredadora de los seres humanos y de la naturaleza.

Los mares son el medio fundamental, en más de un 90%, de la comunicación, de las relaciones comerciales y militares en el Mundo; por lo cual las rutas y las vías interoceánicas, actuales o potenciales, tienen un lugar privilegiado en la “estrategia marítima” y militar de los EE. UU. En el “Corredor Marino del Pacífico Este Tropical” -que incluye el archipiélago ecuatoriano de las islas Galápagos, Malpelo y Gorgona de Colombia, Coiba de Panamá, Coco de Costa Rica-, el Comando Sur de los EE. UU impulsa un proyecto regional con extensión al Mar Caribe (sobre la región ístmica del Continente); que, en Gorgona, como en todas partes, viola los derechos territoriales de los Pueblos ancestrales, su exclusiva soberanía y conduce al ecocidio. 

Nuestro alineamiento y solidaridad es con todos los Pueblos, como hoy con el Pueblo Palestino sometido a un genocidio. No bastan algunas acciones diplomáticas plausibles, como la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel por el genocidio al Pueblo palestino; ni los discursos y declaraciones por la paz. La coherencia es indispensable y Colombia debe salir de la OTAN, de la subordinación al Comando Sur, renunciar a la Fuerza Marítima Combinada que bajo el mando de los EEUU opera hoy en el Oriente Medio y excluir cualquier posibilidad de acuerdo militar con las potencias geopolíticas mundiales.

Ante las preocupantes acechanzas de la ultraderecha orientadas a desestabilizar y ejecutar un plan fascista, estamos del lado de la alternativa gubernamental representada por el Pacto Histórico, sin deponer nuestros planteamientos críticos en especial en materia de políticas ambientales. Defendemos esencialmente el mandato popular expresado en las urnas y exigimos coherencia.

Propósitos inmediatos. Nuestro objetivo inmediato es articular una alianza ciudadana, autónoma del gobierno y sus instituciones. Demandamos a los gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones sociales y la garantía efectiva de los derechos de la sociedad civil. Nuestra acción busca articular expresiones organizadas ambientalistas y sociales existentes, para potenciar la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos y los derechos de la naturaleza. Buscamos construir un proceso para sumar voluntades y poderes ciudadanos, consensuar objetivos y concertar iniciativas de movilización en torno de propuestas que surjan del debate y el consenso, en medio del disenso creador. Proponemos hoy fortalecer un proceso de movilización, de debate y acción. Con una perspectiva de lucha contra los modelos económicos depredadores de la naturaleza y los seres humanos. Un esfuerzo cultural de primer orden debe ser realizado con la infancia y la juventud, para superar los paradigmas dominantes que nos han conducido a la crisis y a la guerra. ¡Nuestra lucha es por la vida y por los derechos!

El presente Manifiesto, tiene como bases iniciales la “Convocatoria” y la “Declaración Previa”, de esta COP Divergente Ambientalista, Ciudadana y Autónoma. Recoge aportes de foros previos y de este evento realizado en Cali, los días 26 y 27 de octubre de 2024, con un conjunto representativo de líderes ambientalistas y sociales.

Organizaciones Convocantes: Indepaz; Poder Negro; Fundaciones: Biodiversidad, Pangea, Multipropaz, y Huella de Agua; EkoInc; Fraternales y Revolucionarias; Corporación Compromiso; Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Instituto para la Igualdad de Oportunidades, con una asistencia de 120 líderes ambientalistas y sociales reunidos en la Institución Educativa Multipropósitos.


 


7.9.24

S.O.S. Gorgona - Pieza Publicitaria Gráfica

Cali, 6 de septiembre. Por Armando Palau Aldana