24.9.23

Carta Ambientalista a Gustavo Petro - Disertaciones del Crepúsculo


24 de septiembre de 2023. Por Armando Palau Aldana.  Desde una pequeña trinchera verde en la Sucursal del Cielo, 50 años después del asesinato del Poeta Neruda, requerimos a quien lidera un gobierno de transición con el eslogan “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, esta franca y sentida carta abierta designando como emisarias de esta a las valientes y veteranas Senadoras Piedad Córdoba, Clara López y Aida Avella de coalición de gobierno.

Hablamos como jornaleros de la Pachamama, esa voz quechua de América del Sur que significa Madre Tierra, particularmente del enclave marino Isla Gorgona, declarada como Parque Nacional Natural hace 40 años después de haber albergado la poca grata recordable prisión de máxima seguridad, luego de haber sido regalo del Libertador al legionario prusiano Federico D'Croz.

Gorgona fue habitada por los precolombinos navegantes Sindagua comandados por el cacique Yundigua, provenientes del litoral que hoy ocupa Nariño y Cauca, y esta incluida en la Lista Verde de la Unión para la Conservación Internacional de la Naturaleza, expuesta por el permiso para construir una Base Militar por el Fondo Antinarcóticos gringo, mimetizada como Estación Guardacostas.

A este despropósito se ha opuesto la prestigiosa Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que data de 1823 declarada en 1933 órgano consultivo del Gobierno Nacional por los Presidentes liberales Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo; ni la Ministra de Ambiente ni el Director de la Autoridad de Licencias Ambientales le han dado credibilidad alguna.

Las obras comprenden un contaminante y cancerígeno radar con emisión de 9,14 Gigahercios, dos tanques de almacenamiento mensual de 7 mil galones de combustible, un muelle militar de 182 metros sobre 100 pilotes en el lecho marino, y 3 pequeños hangares para personal militar para luchar contra las drogas ilícitas, como latente peligro para la fauna marina asociada a Gorgona.

Presidente Petro, hemos escuchado su discurso ambientalista en Nueva York, Nueva Delhi, Davos, París y Belém do Pará, insistiendo en Cali que “La guerra contra las drogas ha fracasado” y “Les propongo como Presidente de uno de los países más hermosos de la tierra, y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y permitir que nuestro pueblo viva en paz”.

Sin embargo y muy contrario a su rogativa mundial, su Ministra de Ambiente, su Director de la Autoridad de Licencias Ambientales, su Director de Parques y su Almirante de la Armada, insisten en defender las obras militares y han anunciado un cronograma para hincado de pilotes el 30 de noviembre, aún estando en la Isla Ciencia las parturientas Ballenas Jorobadas y sus Ballenatos.

Todas las advertencias y peticiones de respeto a la normativa constitucional, legal y reglamentaria encaminadas a la aplicación del Principio de Precaución han sido perversamente negadas por escleróticos leguleyos de la Autoridad de Licencias, que persisten en desconocer la residencia de la soberanía en el pueblo colombiano y se niegan a ser servidores públicos.

Se está poniendo en peligro a las Ballenas Yubarta, los Delfines Moteados, las Tortugas Carey, los Lagartos Azules, los Monos Capuchinos, las Serpientes Corales Gorgona, los Murciélagos Fruteros y todo el mundo marino asociado a un enclave marino protegido por los arrecifes coralinos más desarrollados y únicos del Pacífico Oriental Tropical y más extensos del Pacífico colombiano.

La opinión pública fue sorprendida con el arribo esta semana de militares norteamericanos en helicópteros de la Armada Nacional, no obstante estar vigente un confuso cierre del Parque Gorgona por un conato de gripe aviar y se anuncia que la sociedad hotelera Tequendama del Ministerio de Defensa administrará la concesión turística, cerrando la vocación civil de la isla.

Presidente Petro, es hora de responderle a la opinión pública colombiana sobre esta problemática ambiental y pronunciarse al respecto, porque sus voceros del alto gobierno vienen contradiciendo su discurso y no es de recibo que ante el fracaso de la lucha contra las drogas se sacrifique a “Gorgona como Santuario de Vida Marina” en contravía de su eslogan “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Desafíos ambientales en Colombia: la deforestación y la lucha por la tierra


24 de septiembre de 2023. Por Nicolas Esteban Lara Rodríguez. El julio pasado, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible dio a conocer datos alentadores sobre la deforestación en Colombia. En 2022 se deforestaron 123.517 hectáreas en todo el país, lo que representó una disminución del 29,1% frente a 20211. Sin embargo, la lucha por frenar la expansión de la frontera agrícola y conservar los bosques sigue siendo un desafío crucial para el país. Para ello, es fundamental analizar y entender cómo un conflicto ambiental es la expresión de un conflicto social, económico y político.

Se entiende como “frontera agrícola” el límite del suelo rural en donde están permitidas las actividades agrícolas, y las separa de aquellas en las que dichas actividades están excluidas por mandato de ley, como por ejemplo la áreas protegidas o de especial importancia ecológica.

Según la actualización publicada este año por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el país cuenta con 43 millones de hectáreas de frontera agrícola, lo que representa el 37,8% del territorio continental. Además se registran 44,8 millones de hectáreas de bosques naturales y áreas no destinadas a la agricultura, y 26,1 millones de hectáreas sujetas a exclusiones legales2.

Desde la perspectiva de la ecología política, la distribución de la propiedad de la tierra desempeña un papel crucial en el proceso de deforestación, ya que refleja intereses interrelacionados de índole social, económica y ambiental. La deforestación y, como resultado, la expansión de la frontera agrícola, se encuentran intrínsecamente ligadas a relaciones de poder complejas y a la extracción de recursos naturales. Esta dinámica se puede interpretar como un ejemplo de economía agraria rentística, ya que favorece la generación de ingresos a través de la acumulación de tierras y la práctica de la ganadería extensiva.

Bajo esta óptica es posible establecer que la desigualdad moldea el paisaje rural colombiano. En primer lugar, gran parte de la población rural se encuentra en la pobreza. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del DANE, en 2022 el 27,3% de las personas que habitaban en zonas rurales se encontraban en situación de pobreza multidimensional, en comparación con el 8,7% en zonas urbanas3. Así mismo, el 82% de los predios rurales con destino agropecuario tienen un área inferior al rango mínimo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF)4, es decir que la mayoría de los campesinos en Colombia no poseen la tierra suficiente con la cual producir un ingreso que supla sus necesidades y les permita crear un patrimonio.

Por el otro lado, existe una élite rural con grandes extensiones de tierra. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el 10% de los propietarios que tienen más tierra poseen 7 veces más área de la que tendrían en un escenario de absoluta igualdad.

En muchos casos esta acumulación se ha relacionado con el despojo a campesinos, pues la tierra se usó como botín de guerra.

Aunque en teoría el objetivo del Acuerdo de Paz con las FARC-EP era reducir la desigualdad en la propiedad de la tierra y ponerle fin a la violencia, en la práctica la reforma rural integral ha avanzado más lento de lo previsto y la violencia política no se ha detenido. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este año se han registrado más de 121 asesinatos de líderes sociales –hombres y mujeres– y de 28 excombatientes de las FARC-EP que firmaron los acuerdos de paz5. Los esfuerzos del gobierno actual para implementar la reforma rural integral están en sus primeras etapas, y aún está por verse qué resultados logrará.

En ese sentido, la frontera agrícola se expande en áreas como Norte de Santander, Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo, en donde históricamente han existido conflictos entre campesinos sin tierra, productores agroindustriales, narcotraficantes y élites políticas locales. De lo que muy poco se habla en el debate político es que la concentración extrema de la tierra genera una demanda incontrolada por esta en territorios con valiosos bosques.

El hecho de tener una estructura desigual de la propiedad rural hace que la creciente demanda por tierras no pueda ser suplida, pues la tierra está en manos de unos pocos propietarios que concentran los mejores territorios. La única alternativa que tienen los campesinos sin tierra es migrar y colonizar zonas más alejadas y deshabitadas, a la cual se asocia una ampliación de la frontera agraria granular o de baja intensidad, pues, según datos de la UPRA, el 87% de los predios en área de bosques tiene un área menor a una UAF6. En ese sentido, la deforestación a gran escala se relaciona más con que la tierra es usada por grupos armados, narcotraficantes y élites políticas como un bien colateral para respaldar deudas, blanquear capitales o ejercer control territorial.

Aunque el reto no es fácil, el Estado colombiano debe actuar rápido. La titulación colectiva de territorios indígenas y afro ha probado ser un mecanismo eficaz para consolidar una gestión sostenible de los recursos naturales. Los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras no pueden ser fácilmente capturados por intereses particulares. Además, pueden definir las reglas para el uso de recursos naturales con una mejor información sobre el territorio y el uso y el abuso de los ecosistemas. En este sentido, el reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra permite no solo preservar las tradiciones culturales, sino además conservar la naturaleza.

Así mismo, la constitución de más Zonas de Reserva Campesina (ZRC) es imperativa. El reciente reconocimiento de las ZRC de Sumapaz (Bogotá), Cafre-Guejar (Meta) y Losada Guayabero (Meta) es un paso en la dirección correcta pues resalta al campesino como actor principal en la protección de zonas de importancia ambiental. Las ZRC cuentan además con Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) que promueven la agricultura familiar campesina y comunitaria en contraposición con el acaparamiento y la concentración de tierras. En este contexto, además de establecer nuevas ZRC, es esencial apoyar la implementación de los PDS de las ZRC ya existentes.

En conclusión, la lucha por detener la deforestación y cerrar la frontera agrícola en Colombia es un desafío apremiante. Esta es la expresión de una profunda desigualdad en el campo, pero el Estado cuenta con las herramientas para saldar deudas históricas con los campesinos, indígenas y comunidades afro, y a su vez consolidar territorios de paz con el uso sostenible de nuestros recursos naturales. La titulación colectiva a comunidades étnicas y las ZRC parecen tener la respuesta.

Tomado de periodico.unal.edu.co

1 https://www.minambiente.gov.co/gobierno-petro-logra-historica-reduccion-de-la-deforestacion-en-2022/#:~:text=En%202022%2C%20la%20deforestaci%C3%B3n%20se,de%20las%20%C3%BAltimas%20dos%20d%C3%A9cadas.

2 https://sipra.upra.gov.co/

3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional

4 https://upra.gov.co/es-co/Publicaciones/distribucion_propiedad_rural_Colombia_2019.pdf

5 https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2023/

6 https://upra.gov.co/es-co/Publicaciones/distribucion_propiedad_rural_Colombia_2019.pdf

23.9.23

Ante las puertas del infierno del cambio climático, aún hay gente que se resiste a abandonar la esperanza


23 de septiembre de 2023. Por Amy Goodman y Denis Moynihan. “La humanidad ha abierto las puertas del infierno”, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, al dar la bienvenida a los líderes mundiales que asistían a la primera Cumbre sobre la Ambición Climática, un evento convocado en el marco de la Asamblea General de la ONU de este año. “Este espantoso calor está teniendo efectos terroríficos. Agricultores que ven con angustia cómo las inundaciones arrasan sus cultivos. Temperaturas sofocantes que generan enfermedades y miles de personas que huyen despavoridas de los incendios [forestales] históricos. Las medidas tomadas para combatir el cambio climático no están a la altura de la magnitud del desafío”.

Es posible que Guterres estuviera haciendo referencia al famoso canto épico medieval de Dante Alighieri titulado “El Infierno”. En ese canto, el tercero de la Divina Comedia, Dante describe cómo es conducido por el poeta griego Virgilio a través de los nueve círculos del infierno tras atravesar unas puertas en las que se advierte: “¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!”.

Dada la creciente frecuencia e intensidad de las condiciones climáticas extremas que asolan al mundo, la referencia de Guterres a “el infierno” resulta aterradoramente oportuna. Estamos ingresando en algo parecido a los nueve círculos del catastrófico cambio climático. Sin embargo, a pesar de lo que Guterres describe acertadamente como “la magnitud del desafío”, muchas personas de todo el mundo se resisten a abandonar la esperanza. Activistas por la justicia climática, científicos, defensores del agua y de la tierra y otras personas que se preocupan profundamente por el futuro del planeta se están movilizando cada día con más fuerza, desde los frentes de batalla de las comunidades más afectadas hasta el epicentro del capitalismo mundial en Wall Street.

El domingo 17 de septiembre, unas 75.000 personas marcharon por el distrito neoyorkino de Manhattan y se concentraron cerca de la sede de las Naciones Unidas. Aunque se trataba de un mensaje dirigido a todos los líderes mundiales, en la pancarta del escenario se leía: “Biden, acaba con los combustibles fósiles”.

La expresidenta de Irlanda Mary Robinson, actual presidenta de The Elders, una organización independiente integrada por líderes mundiales y fundada por Nelson Mandela, fue una de las referentes que participó de la manifestación. En una rueda de prensa acerca de la protesta, Robinson expresó: “Necesitamos que los líderes [mundiales] entiendan que hay que acabar ya con los combustibles fósiles. […] Estamos ante una crisis climática y ambiental que requiere medidas mucho más urgentes. […] Ninguno de los gobiernos está haciendo lo suficiente. Y los principales responsables no están ni de cerca haciendo lo suficiente. Esto incluye a Estados Unidos y a la Unión Europea, pero también a otros grandes países emisores [de gases de efecto invernadero] como Rusia, China, India y Arabia Saudí”.

La marcha se organizó en conjunto con una serie de acciones directas, como parte de un movimiento en constante crecimiento que busca confrontar a los financiadores de la industria de los combustibles fósiles. En una de las movilizaciones, 149 manifestantes fueron detenidos frente al edificio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Renata Pumarol, activista de la organización Climate Defenders, dijo a Democracy Now!: “El caos climático no es algo que vendrá en un futuro lejano. […] La única forma de acabar con la industria de los combustibles fósiles es detener su financiación. Por eso, esta semana, cientos de activistas han dirigido sus acciones contra [instituciones] que financian [la industria de] los combustibles fósiles, como BlackRock, KKR, Citibank y Bank of America”.

En otra de las numerosas protestas que se realizaron, los activistas bloquearon el acceso al Museo de Arte Moderno, o MoMA, debido a la estrecha relación que esa institución mantiene con su multimillonario benefactor Henry Kravis, quien es cofundador de la empresa de inversiones de Wall Street KKR. “¡Necesitamos aire limpio, no otro multimillonario!”, fue una de las consignas que corearon los manifestantes.

Los activistas, muchos de los cuales nacieron después de que comenzaran a realizarse las conferencias de las Naciones Unidas sobre el clima a principios de los ‘90, sostienen que los intereses de la industria de los combustibles fósiles han influenciado y corrompido esas cumbres climáticas.

La próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP28, no contribuye en absoluto a disipar esa percepción. La COP28 se celebrará a finales de año en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, un petro-Estado donde no hay libertad de prensa y están prohibidas las protestas. El presidente de la conferencia será el sultán Ahmed Al Jaber, director de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi.

Marta Schaaf, de Amnistía Internacional, declaró recientemente: “La prioridad de los Emiratos Árabes Unidos en la COP28 parece ser maquillar de verde sus planes de expansión de los combustibles fósiles e inflar su propia reputación […] para evitar el debate sobre su lamentable historial de violaciones a los derechos humanos y sus constantes abusos”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, declaró en la Cumbre sobre la Ambición Climática: “La transición de los combustibles fósiles a las energías renovables se está produciendo, pero llevamos décadas de retraso. Debemos recuperar el tiempo perdido por las demoras, las presiones y la codicia manifiesta de intereses arraigados que ganan miles de millones [de dólares] con los combustibles fósiles”.

En su descenso por los nueve círculos del infierno, Dante retrató lo que él consideraba los grandes pecados, como la gula, la avaricia, el fraude y la traición. Podría haber estado describiendo la industria de los combustibles fósiles. Nuevos documentos confirman que Exxon y otras petroleras sabían, desde hace décadas, que el uso de los combustibles fósiles estaba contribuyendo peligrosamente al aumento de la temperatura global. Sin embargo, estas empresas financiaron y difundieron información falsa sobre el cambio climático y ejercieron presión para desbaratar las soluciones legislativas y políticas destinadas a combatir la emergencia climática.

El mundo ha cambiado en los siete siglos transcurridos desde la época de Dante, pero la naturaleza humana no. Solo la acción coordinada y global de las comunidades que luchan por la justicia climática podrá asegurar una transición justa hacia una economía verde, que frene el avance del infierno y cierre con determinación sus puertas.


© 2023 Amy Goodman. Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

18.9.23

La Autoridad de Licencias Ambientales y Argos - Disertaciones del Crepúsculo


18 de septiembre de2023. Por Armando Palau Aldana. Desde la Fundación Biodiversidad (nuestro nicho ambiental) venimos desde el año pasado acompañando a la comunidad de San Marcos en Yumbo, a través de sus Juntas de Aguas y de Acción Comunal, y su Fundación Ecológica Tierra de Esperanza, en el seguimiento y oposición a un proyecto de ampliación de explotación de caliza, que mezclada con arcilla es uno de los materiales esenciales del cemento.


Entre 1938 y 1942 se realizó el montaje de Cementos del Valle para su producción y comercialización de Cemento Conquistador, aprovechando la compra de las minas de caliza en la Hacienda La Calera que se conocerían como minas de La Siberia, en los tiempos de la emancipación del Valle del Cauca en 1910, liderada por médico y escritor Ignacio Palau desde su periódico El Correo del Cauca.


La Cementera Argos del Grupo Empresarial Antioqueño, estuvo desde su fundación en Cementos del Valle, en concurso con el Ingenio Manuelita, compañías danesa y estadounidense y la gobernación del departamento, siendo hoy propiedad de la poderosa transnacional Grupo Argos, que pretende ampliar la explotación de caliza en las montañas de Mulaló y San Marcos hacia el valle aluvial del río Cauca.


No obstante que el Código de los Recursos Naturales ordenó desde diciembre del 74 que la realización de cualquier obra o actividad y el establecimiento de industrias susceptibles de producir deterioro ambiental obliga a declarar el peligro presumible y realizar el estudio ecológico y ambiental, además de licencia, solo hasta junio del 2003 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le impuso a la Mina La Calera Plan de Manejo Ambiental.


Se dice que, ante un horizonte cercano a la reducción de caliza, en febrero pasado la Autoridad de Licencias ha aperturado la modificación del PMA para la ejecución de PIT, conos de explotación proyectados entre 100 y 150 metros de profundidad, en la margen izquierda del río Cauca, no obstante que la ANLA desde el 2013 impuso medidas adicionales ante hallazgos en el seguimiento de dicha explotación.


De vieja data es la problemática ambiental de Argos a la población del casco urbano de Yumbo y habitantes rurales: deterioro de la calidad del aire por emisión de material particulado por explotación con explosivos y la producción de cemento, así como la afectación a la cobertura forestal de sus montañas y la consecuente lesión a la fauna, además de los perjuicios a las fuentes superficiales y subterráneas de agua.


Indiscutible que no es una modificación del PMA sino un proceso de licencia ambiental lo que se avecina, trámite en el que los altos funcionarios de ANLA dan trato de benevolencia a Argos y displicencia a la población, negándose a exponer las obligaciones ambientales del plan de manejo ni los Informes de Cumplimiento cuya evaluación registra incumplimientos y paralíticos procesos sancionatorios.


Inconsultamente la Reunión Informativa y la Audiencia Pública solicitada, ANLA pretende realizarla en el Centro de Convenciones de Cali, en clara evidencia de desdén hacia las comunidades de San Marcos y sus locaciones, menospreciando la constitucional soberanía popular, demostrando que no encajan el Director de la Autoridad de Licencias y la Ministra de Ambiente en el discurso Petrista.


Las y los colombianos pidieron un cambio de las costumbres políticas en las elecciones presidenciales, una propuesta encaminada hacia un giro en la historia de nuestra atribulada patria, gestión gubernamental que se anuncia con bombos y platillos, pero que en materia ambiental viene mostrando contradicciones, como en el caso de la industria cementera, así como en la transfiguración de frágiles ecosistemas.


El tango Camouflage que compusieron Francini y García (1960) nos resume esta dicotomía: “Hoy en día todo es grupo, disfrazado de verdad,/y una sarta de mentiras ha invadido la ciudad./Cualquier gato con tarjeta se las da de gran señor/y los chorros se dan cita en el campo del honor./El que ayer viste en tranvía, en colectivo o de a pie,/hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué/y la que vistes fregando con modesto delantal,/hoy te engrupe que es artista en el cine nacional”.


Embalse Calima, 17 de septiembre de 2023.

16.9.23

Chile, 1973: el otro 11 de septiembre


16 de septiembre de 2023. Por  Amy Goodman y Denis Moynihan. El 11 de septiembre de 2001 el terrorismo golpeó a Estados Unidos. Unas 3.000 personas murieron aquel día, y muchas más fallecieron después, debido a la contaminación ambiental generada en la Zona Cero de Nueva York tras los ataques y a las dos largas guerras que se desarrollaron posteriormente en Afganistán e Irak. En ese entonces, Democracy Now! se transmitía desde el ático de una antigua estación de bomberos situada en el barrio chino de Manhattan, a pocas cuadras de las Torres Gemelas. En el programa de aquella mañana, justo cuando los aviones se estrellaban contra las dos torres, estábamos hablando de los vínculos entre el terrorismo y el 11 de septiembre… de 1973. Esa fecha emblemática marca el día en que el Gobierno de Chile elegido democráticamente fue derrocado de manera violenta en un golpe de Estado que contó con el respaldo de Estados Unidos.

El presidente Salvador Allende murió ese día en el Palacio de La Moneda, la sede del Gobierno chileno, mientras el general Augusto Pinochet tomaba el poder por la fuerza. Allende fue elegido por la ciudadanía en 1970. Se había comprometido a nacionalizar sectores críticos de la economía chilena, como la minería del cobre, que durante mucho tiempo había estado en manos de empresas multinacionales extranjeras, mientras la mayoría de los chilenos vivían en condiciones de pobreza. La brutal dictadura de Pinochet duró 17 años. Muchos partidarios de Allende fueron detenidos, torturados y encarcelados. Al menos 3.000 personas murieron o fueron desaparecidas, y decenas de miles fueron sometidas a torturas. El Gobierno de Estados Unidos apoyó plenamente el golpe de Estado y la sangrienta dictadura que le siguió.

El 27 de junio de 1970, varios meses antes de las elecciones presidenciales chilenas, el asesor de Seguridad Nacional del entonces presidente Richard Nixon, Henry Kissinger, les dijo a algunos de sus asesores: “No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados y contemplar tranquilamente cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo”. Kissinger anticipó, con acierto, que la ciudadanía chilena elegiría a Allende, un socialista democrático. Tras la victoria de Allende, Kissinger y el presidente Nixon financiaron y fomentaron la discordia, la desestabilización y el caos en Chile. Gran parte de la información disponible públicamente sobre el papel que Estados Unidos desempeñó en el golpe de Estado proviene de documentos desclasificados, pertenecientes a la CIA y a otras agencias gubernamentales, que fueron obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización con sede en Washington D.C.

Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Chile del Archivo de Seguridad Nacional, dijo a Democracy Now!: “Literalmente, 24 horas después del golpe, Kissinger estaba sosteniendo conversaciones […] acerca de cómo ayudar al régimen de Pinochet a consolidarse. Esto ocurría al tiempo que la gente era asesinada y sus cuerpos eran arrojados a la calle o amontonados en uno de los estadios [de fútbol que se usaron como] campos de concentración; y al tiempo que [decenas de] cadáveres flotaban en el río Mapocho, aquí en Santiago. Kissinger convocó a este comité, y tenemos los memorandos desclasificados de lo que se habló en esa reunión. Los funcionarios allí presentes hacían bromas sobre el golpe”.

Para los chilenos, sin embargo, el golpe de Estado no fue ninguna broma. Ariel Dorfman, que tenía 31 años en aquel momento, se desempeñaba como asesor cultural del presidente Allende. Fue una de las últimas personas en ver con vida a Allende.

En conversación con Democracy Now!, Dorfman recordó lo sucedido ese día: “Se suponía que yo tenía que estar en La Moneda esa mañana y madrugada [del 11 de septiembre]. […] Yo debería haber dormido en La Moneda el día 10 de septiembre a la noche, porque nos tocaban turnos a aquellos que éramos asesores, ya que debía haber alguien para recibir información en el supuesto caso de que se produjera un golpe. Pero yo había cambiado de turno con un gran amigo mío, que, de hecho, fue capturado en La Moneda el día 11. Él fue torturado y luego ejecutado. Así que, en cierto sentido, sobreviví gracias a él, o al menos así lo he sentido todos estos años”.

Cuando se le preguntó acerca del patrocinio que Estados Unidos brindó al sangriento golpe de Estado, Dorfman fue tajante: “Kissinger es un criminal de guerra. Todos lo sabemos. […] ¿Cómo se lleva a cabo una contrainsurgencia contra un pueblo que está armado con el voto, armado con su conciencia, armado con su anhelo de liberación, con su amor mutuo y solidario? [Kissinger] comprendió que tenía que destruir a Allende, porque si el ejemplo de Allende se hubiera extendido por toda América Latina, los intereses de Estados Unidos se habrían visto terriblemente comprometidos”.

Los asesinatos en masa orquestados por Pinochet se propagaron más allá de las fronteras chilenas y alcanzaron incluso el epicentro del poder estadounidense. El 21 de septiembre de 1976, el ex-ministro y ex-embajador del gobierno de Allende Orlando Letelier fue asesinado en un atentado con bomba en Washington D.C. El ataque también le quitó la vida a la ayudante personal de Letelier, Ronni Moffit, de 25 años.

A pesar de casi dos décadas de dictadura, Chile sobrevivió a la era Pinochet y se comprometió con la democracia. Aunque sigue siendo un país dividido, el pueblo chileno ha elegido a candidatos progresistas para la presidencia, como la expresidenta Michelle Bachelet. Ella y su madre fueron sometidas a torturas durante el régimen de Pinochet, mientras que su padre, un oficial de la Fuerza Aérea chilena, fue torturado hasta la muerte. El actual presidente de Chile es Gabriel Boric, de 37 años. Boric fue uno de los líderes de las protestas estudiantiles que se llevaron a cabo en ese país hace más de una década. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, Boric logró un sorprendente triunfo sobre su oponente de derecha. En su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará este mes, el presidente Boric planea realizar también un viaje adicional a Washington, D.C., con el fin de visitar el lugar donde fue asesinado Orlando Letelier.

Los actos de terrorismo son un crimen, tanto si ocurrieron el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos o si se perpetraron en Chile el 11 de septiembre de 1973 y en los años posteriores. Henry Kissinger, que actualmente tiene 100 años, no debería ser aclamado como un veterano estadista, sino que debería ser llevado a juicio por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

© 2023 Amy Goodman. Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

La buena fe


16 de septiembre de 2023. Por Marta Ruíz. La semana anterior el presidente Petro dijo en la plaza pública de El Salado, corregimiento del Carmen de Bolívar, que: “Argos se quedó con la tierra de los desplazados, no voy a acusarlos de la masacre, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre”. De inmediato esta empresa respondió arguyendo su buena fe en la compra de 6.600 hectáreas en los municipios del Carmen y Ovejas. Quisiera aportar algunos elementos de contexto sobre ese caso que se ha convertido en un símbolo del despojo y en el mejor ejemplo de cómo funcionó el entramado de la guerra. 

Corría el año 2002 cuando el presidente Álvaro Uribe declaró a Montes de María y Arauca como zonas especiales de rehabilitación. Fueron los primeros laboratorios de la seguridad democrática, apoyados en el Plan Colombia. ¿Por qué esos dos lugares? Por el petróleo. Arauca era el principio del oleoducto Caño limón y Coveñas, en Sucre, el final. Montes de María era por tanto una región estratégica.

En el siglo pasado esta era una subregión con siete municipios de Sucre y Bolívar (hoy son 15) que estaban enclavados en un pequeño pero rico sistema montañoso entre el Rio Magdalena y el Golfo de Morrosquillo. Poblado por mestizos, indígenas y afros, fue durante todo el siglo XX el escenario de fuertes luchas agrarias contra el latifundio improductivo. De hecho, fue el sitio elegido por Carlos Lleras Restrepo para lanzar la ANUC y su reforma agraria, con discursos mucho más radicales que los de Petro contra los gamonales y terratenientes rentistas. En esos años muchas familias campesinas obtuvieron parcelas de máximo 12 hectáreas, y otras  después de 1994 cuando con la Ley 160 se retomó la adjudicación de tierras con créditos de la Caja Agraria. 

Hacia mediados de los noventa las FARC-EP -que ya estaban en la región- se hicieron fortísimas en la parte montañosa y desde ahí pretendieron dominar toda la región. Los ganaderos, cansados del secuestro y la extorsión clamaron a Carlos Castaño que enviara su ejército de matones a esa parte del Caribe. Pero como una guerra es cara y ellos no la iban a financiar, era obvio que los narcotraficantes, a la postre dueños de inmensas tierras en las partes bajas y costeras de este territorio, tendrían que entrar en la guerra y así consolidar sus rutas de comercio ilícito. 

Llegaron con la máscara de las Convivir, promovidas por el propio Estado. Para 1997 cuando estas quedaron al desnudo, sin fuero legal, los principales miembros de ellas (como Rodrigo Cadena y Eduard Cobos) se convirtieron en los jefes paramilitares de las AUC bajo el mando de Mancuso. Entonces vino la “expedición” de masacres. 

Primero fue Pichilín, un pequeño pueblo en lo alto de las montañas entre Colosó y Morroa. De allí todo el mundo se marchó, excepto un anciano que terminó hablándole a los árboles. Luego siguieron Macayepo, Chengue, El Salado, Las Brisas, Capaca, Los Guaimaros…. puedo seguir hasta llenar la página con más de 50 nombres de caseríos arrasados. Entre el año 2000 y el 2005 por lo menos un millón de campesinos de la región Caribe se desplazaron y perdieron sus tierras. Solo en el Carmen de Bolívar, otrora pueblo próspero, el 80% de los habitantes del sector rural fueron desterrados. 

Las AUC, en cabeza de Mancuso y Jorge 40, crearon un gran bloque en el norte del país que iba de Catatumbo a Urabá, de la margen del río Magdalena al mar Caribe, incluidas sus islas. Era un proyecto contrainsurgente al tiempo que mafioso. El sur de Bolívar, Catatumbo y el Bajo Cauca estaban henchidos de cultivos de coca, y laboratorios, y la cocaína se movía por este territorio y era exportada por la costa ante los ojos de todos.

Así en 2002 cuando Uribe declaró a Montes de María como zona de rehabilitación, las AUC ya dominaban la región por todos sus flancos. En lo político tenían gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, representantes, fichas en las altas cortes, el DAS, las Fiscalía, el Incoder…etc. Tenían el poder económico pues ya eran dueños de buena parte de la tierra y de los contratos del Estado, particularmente de las regalías que recibían a borbotones Coveñas y Tolú. Todo eso se combinaba con una boyante economía del narcotráfico. 

En medio de semejante panorama, Argos compró sus primeras tierras en San Onofre, Sucre, municipio donde el temido Rodrigo Cadena tenía su cuartel general. La empresa estaba obligada a compensar el daño ambiental de su actividad cementera con siembra de bosques. Gracias a una ley de incentivos forestales, esta compensación se volvió negocio: sembrar teca, una madera fina y carísima, que tiene un mercado internacional asegurado. Es cierto, como lo dice Argos en su carta, que hicieron muchos estudios ambientales y de suelos y se dieron cuenta de que esta región tenía unas condiciones excepcionales: bosque seco tropical, y, además, pegada al golfo de Morrosquillo donde Argos también ha invertido en un puerto. La tierra era barata porque en su éxodo, la gente dejó las tierras. Argos decidió no solo quedarse sino expandirse a otros municipios y es ahí cuando pone sus ojos en El Carmen, Ovejas, etc.

A pesar de que las AUC habían supuestamente “vaciado” el territorio, las FARC-EP seguían siendo fuertes en las montañas de esos municipios y en algunas cabeceras urbanas. Las Fuerzas Armadas, en cabeza de la Infantería de Marina, se lanzaron a una guerra a muerte contra esta y otras pequeñas guerrillas que hacían inviable la región. La guerra fue terrible. Cientos de infantes de marina murieron en emboscadas, decenas de centenas perdieron las piernas, los ojos, los oídos en campos minados. Los guerrilleros también murieron por montones, pero sobre todo, desertaban, acosados por el hambre, la sed, los bombardeos y un sufrimiento inenarrable. La guerra también fue contra los campesinos y campesinas. 

Después de desmovilizadas las AUC, que habían dejado su rastro de ríos y montañas, se vivió un tiempo de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, despojos y capturas masivas. Estas últimas fueron una práctica nefasta de la fuerza pública porque se basaron en una inteligencia sesgada, basada en la estigmatización de pueblos enteros como Ovejas donde en un solo día capturaron a 130 personas. Entre paramilitares, guerrilla y fuerza pública casi acaban con la organización campesina de un siglo.

En 2007 se produjo la “batalla” final con un bombardeo donde murió Martín Caballero. Así la guerrilla fue aniquilada en esa región. Entre tanto, el presidente Uribe y su círculo más cercano afanaba a sus paisanos en Medellín y Envigado a comprar tierras e invertir en Montes de María. La secuencia lógica que anunciaba el entonces presidente era: primero la derrota militar y luego la consolidación a través de la “confianza inversionista”. Montes de María era dibujada en las conversaciones en los clubes paisas como una tierra de promisión, un territorio a colonizar.  

Uno de los primeros en invertir fue Álvaro Ignacio Echeverría, miembro de una reconocida familia de la élite intelectual antioqueña y quien desde esos primeros años de Uribe compró un predio bastante grande en Córdoba Tetón, municipio aledaño a El Salado. Según su propio testimonio, allí contaba con la protección de la armada y el Ejército, gracias a que él, astutamente, les dio una tierra para que construyeran una base dentro de su finca. 

En diversas ocasiones él ha relatado que entre los negociantes de Medellín y Envigado, casi todos amigos de Uribe, se sabía que Argos estaba interesada en comprar diez mil hectáreas, pero ya englobadas. También suele contar que algún comandante de la Armada les pidió que invirtieran en Montes de María antes de que se produjera un retorno de los desplazados a quienes consideraban guerrilleros de civil y milicianos. 

La consolidación de la seguridad democrática se haría de la mano de los empresarios, decían algunos militares, quienes se comprometieron con la construcción de una carretera que uniera el Río Magdalena con el mar Caribe: la transversal del Montes de María. Y la hicieron. Así pues se fue creando un sesgo anti-campesino en la estrategia contrainsurgente que, alineada con cierta visión del desarrollo, aseguraba que el progreso de Colombia depende del billete de los empresarios, por encima del capital humano que tienen las regiones. 

En honor a la verdad no todos los militares actuaron bajo esa lógica y hay excepciones muy notables como la del General Rafael Colón. 

La compra masiva de tierras se hizo a una velocidad sorprendente y con todo tipo de artimañas. Para entonces la Caja Agraria en liquidación le había entregado a la central de inversiones CISA la cartera morosa de la entidad. Los negociantes accedieron a estas bases de datos y se dieron a la tarea de buscar a los desplazados en los cinturones de miseria de Sincelejo, Cartagena y Barranquilla para pedirles mediante argucias, verdades a medias y engaños, el traspaso de los títulos. 

Casi siempre exhibían el saldo de las deudas, los asustaban con las acciones que podría emprender el banco para luego ofrecerles su “ayuda” con la deuda y encima les darían doscientos o trescientos mil pesos por hectárea. Mucha gente sintió que le estaban haciendo un favor. Los intermediarios tomaron la tierra y a cambio les dejaron a los campesinos la desesperanza, el miedo, la desprotección y la derrota. Se trató de una contrarreforma agraria exprés. 

Ya es leyenda, pero absolutamente cierto, que para consumar esta operación las notarías trabajaron 24 horas seguidas durante varias semanas. Había que acelerar porque otra parte de la institucionalidad, la que intentaba el retorno de los desplazados, anunciaba la protección de las tierras y la prohibición de su venta hasta tanto no se comprobaran las circunstancias en las que se daban estas transacciones. No faltó quien dijera que era una medida contra el “libre” mercado. 

Quiero destacar un elemento común en varios de los “negociantes” de tierras con los que hablé en aquella época: el racismo y el desprecio que expresaron por los campesinos de Montes de María. Un alto directivo de Colanta, que fue uno de los compradores, me explicó que la tierra en manos de los campesinos era un desperdicio porque “ellos no saben trabajar la tierra”. Expresaba aquel viejo prejuicio de que “los costeños no trabajan” y cierta amargura de que tierras tan privilegiadas estuviesen siendo usadas para cultivos de subsistencia. 

En la misma línea, un directivo de Argos también mencionó con orgullo, frente a un bosque de Teca que: “nosotros les enseñamos a trabajar a estas personas. Ellos no sabían ni cumplir horarios”. Los argumentos de Echeverría son más simples. Como el típico paisa avispado que dibuja don Tomás Carrasquilla en sus cuentos, argumenta que así son los negocios. Y que compró a 200 mil pesos hectárea y vendió a tres millones porque esa era la tajada que merecía por las vueltas que tuvo que hacer. A todos estos personajes les compró Argos las tierras ya aglomeradas.

La Corte Suprema de Justicia ha dicho en varias sentencias que la buena fe se presume de entrada en cualquier caso, pero, la buena fe exenta de culpa, debe ser probada. Como se sabe, la ley de víctimas invirtió la carga de la prueba: es Argos quien debe demostrar que actuó de manera ingenua. Pero hasta ahora en los casos litigados en restitución de tierras la empresa no ha podido demostrar su ausencia de culpa ni su buena fe. 

Por el contrario, con base en los hechos anteriores, la justicia ha dicho que Argos no cumplió con la debida diligencia que se espera de una empresa multinacional que cotiza en las grandes bolsas del mundo; que está entre los cinco grupos más poderosos del país; y que para remate hace parte de pactos globales por las buenas prácticas en derechos humanos. 

Según los jueces, es improbable que una empresa de su tamaño y capacidad ignorara el contexto en el que se produjeron las compras ventas de tierras, menos aún sus implicaciones. En varias sentencias se califica la conducta de Argos como una forma de despojo. 

En un terreno puramente ético se puede decir que la empresa actuó de manera oportunista y negligente. Los directivos de entonces se comportaron como simples negociantes y no como empresarios serios y modernos. Este caso demuestra que en la guerra se tejieron entramados de intereses donde cada quien se metió al baile cuando le tocaron la música que le gustaba. Y también es la prueba fehaciente de que en la guerra hubo perdedores netos, como los campesinos; pero también grandes beneficiarios. 

A favor de Argos hay que decir que una vez se aprobó la Ley de Víctimas y el escándalo de las compras masivas se convirtió en un riesgo reputacional, el grupo empresarial canceló su proyecto en esos municipios. Creó la Fundación Crecer en Paz, que se mantiene bajo su tutela para el manejo de las 6.600 hectáreas ya adquiridas. Una parte de ellas han sido devueltas a los campesinos a través de procesos judiciales. En el papel actual de la Fundación en ese territorio tiene tanto defensores como detractores. 

Altos directivos de la empresa han reconocido como un error el no haber tenido en cuenta a las comunidades. Ellas se oponen al monocultivo de madera y defienden la cultura campesina y la diversidad en sus modos de producción que los convirtió durante mucho tiempo en la despensa alimentaria del Caribe. Montes de María no era un territorio baldío urgido de colonización empresarial como se decía en ciertos círculos de Medellín. Era el hogar de mucha gente que había luchado fervorosamente para estar allí. 

Como un acto de reparación, Argos construyó la carretera de El Salado. En el camino de la no repetición se dotó de un manual para la compra de bienes inmuebles que aplica para todas sus transacciones futuras. También acaba de donar mil hectáreas sanas para que el gobierno las incluya en su reforma agraria. Ejemplo que deberían seguir otros empresarios. 

Sin embargo, es una lástima que Argos mantenga su anacrónico discurso sobre la buena fe que la llevó a esas compras, en lugar de reconocer con gallardía que su actuación fue oportunista e incentivó el despojo. Debe pedir perdón. Eso incrementa su reputación y sanar un poco esas heridas. En un escenario de reconciliación, Argos podría pasar de ser el villano a convertirse en un actor relevante del desarrollo sostenible y humano. Un desarrollo económico que conduzca a la paz que tanto se merecen los Montes de María.

15.9.23

¡Abajo los godos!


15 de septiembre de 2023. Po Patricias Lara Salive (Tomado de El Espectador). ¡Este país se ha godificado de una manera atroz! Tanto escándalo que han hecho con la reforma agraria del presidente Gustavo Petro, y la del presidente Carlos Lleras Restrepo fue mucho más de izquierda, más avanzada: Lleras contemplaba la expropiación de las tierras inadecuadamente explotadas, mientras que Petro, hasta ahora, lo que ha dicho es que les comprará las tierras a los ganaderos para distribuirlas luego entre los campesinos.

La historia, en resumen, es la siguiente: en 1961, siendo presidente Alberto Lleras Camargo, el entonces senador Carlos Lleras impulsó y logró la aprobación de la Ley 135 de reforma agraria, que establecía la entrega de tierras a los campesinos carentes de ellas, la adecuación de tierras para incorporarlas a la producción y su dotación con servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios. En ese mismo año se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), cuyo primer director fue Enrique Peñalosa Camargo (hombre extraordinario, padre del exalcalde Enrique Peñalosa Londoño), quien después fue ministro de Agricultura de Carlos Lleras. Los dos Lleras y Peñalosa iniciaron la reforma agraria, la cual después fue frenada por el siguiente presidente conservador, Guillermo León Valencia. Pero luego, durante el gobierno de Carlos Lleras, la reforma agraria se convirtió en una de sus principales prioridades. (Recuerdo que en esa época a mi tía Amelia Lara le “incoraron” —es decir, le expropiaron— la finca).

Carlos Lleras, por su política agraria, soportó una fuerte oposición de los sectores latifundistas. Entonces creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), similar a los Comités Municipales para la Reforma Agraria que quiere crear el Gobierno de Petro para promover “la movilización y organización campesina”, mediante un proyecto de decreto que encendió la polémica esta semana.

Así, pues, en su gobierno Carlos Lleras impulsó la reforma agraria, con expropiaciones de tierras improductivas y construcción de distritos de riego, etc.

Pero llegaron los godos y se la tiraron: el sucesor de Lleras Restrepo, el conservador Misael Pastrana, firmó con congresistas y latifundistas el Pacto de Chicoral el 9 de enero de 1972, cuyo propósito fue frenar la reforma agraria.

¿Saben cuál fue una de las consecuencias de ese famoso pacto? Debido a la inmensa frustración que generó en los campesinos el frenazo en seco de la reforma agraria, muchísimos de ellos se sumaron entonces a las FARC y al EPL y, especialmente, fortalecieron el ELN, que había quedado diezmado por la Operación Anorí, ocurrida entre agosto y octubre de 1973, en la que murieron sus dirigentes Antonio y Manuel Vásquez Castaño.

Y ahora estamos en las que estamos, con el 93 % de la tierra en poder del 7 % de la población.

Le pregunté al historiador Álvaro Tirado Mejía (para no quedar ante ustedes de llerista dogmática) qué diferencia hay entre la reforma agraria de Petro y la de Carlos Lleras. Él me respondió: “La de Lleras era más avanzada, había sido precedida por un amplio debate nacional y estaba sustentada en una ley. En la de Petro hay ideas buenas, pero no tiene una sustentación clara. Hasta ahora son proyectos sin un rumbo definido”.

De modo que a definir el rumbo, presidente. La reforma agraria debe hacerse bien y rápido. De lo contrario, esa nueva frustración haría que se le incendiara el país.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

13.9.23

Reflexiones sobre la Reforma Agraria


13 de septiembre de 2023. Por Piedad Córdoba. La propuesta de reforma agraria que plantea el Gobierno del Presidente Gustavo Petro es demasiado importante, tal vez es la propuesta más importante del Gobierno del cambio. Ha generado reacciones negativas en sectores de las elites, pero también apoyos de diferentes sectores. 

Quiero recordar lo que fue el pacto de Chicoral, un acuerdo entre el gobierno Pastrana, congresistas y terratenientes para frenar la reforma agraria intentada en los 60 mediante la lay 135 de 1961 por Lleras Camargo.

Una situación muy parecida a la vivida en los años 70, es la que estamos viviendo hoy con esa resistencia de élites hoy a la reforma rural del Acuerdo de Paz de la Habana y a los cambios en el campo propiciados por este gobierno de Petro y Francia.

Para ver la intervención completa de la Senadora Piedad Córdoba en la sesión plenaria del Senado de la República del 12 de septiembre de 2023. 

https://fb.watch/n0MriQgpda/


10.9.23

¿Quién dijo luz en medio de tanta oscuridad? - Disertaciones del Crepúsculo


10 de septiembre de 2023. Por  Armando Palau Aldana. Antes de iniciar septiembre, la Ministra de Ambiente Susana Muhamad, expidió la Resolución 862 del 31 de agosto de 2023 para modificar la reglamentación existente desde el año 2006 sobre elección de los dos Consejeros Directivos ante las Corporaciones Autónomas Regionales por parte de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales. 

Para justificar esta nueva reglamentación, en los considerandos de la Resolución 862 se dice que se requiere fortalecer el procedimiento de elección de dichos representantes, mediante la aplicación de los principios de máxima publicidad, transparencia, acceso a la información pública, democratización del procedimiento, cualificación de los electores y promoción del control social, lo cual no pasó de ser un verdadero sofisma de distracción. 

Veamos en detalle: solo se permite la habilitación para votar a las ONG’s que hayan realizado durante los 3 últimos años proyectos y actividades de protección al medio ambiente y los recursos naturales renovables, certificados por las entidades públicas o privadas beneficiarias o que financiaron o contrataron su desarrollo, siendo esta figura civil o comercial la preponderante y el logro los resultados concretos, puntuales, positivos del alcance de un objetivo, una meta, un desafío mediante los cuales se complete un proyecto de manera satisfactoria. 

Se mantiene la conformación de un Comité Verificador, nombrado por los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, para la revisión de estos requisitos que habilitarán a las ONG’s que podrán participar en la Reunión de Elección en donde serán elegidos los representantes que obtenga el mayor número de votos, los cuales podrán ser reelegidos. 

De esta manera, la Ministra de Ambiente está demostrando una vez más, que del dicho al hecho hay mucho trecho, toda vez que las actividades ambientales que no obedezcan a criterios de financiación externa pública o privada no podrán participar en la conformación de los Consejos Directivos de las CAR, es decir, aquellos que con recursos propios y su propio talento humano realizan jornadas ambientalistas están marginados del poder político que entraña la gestión estatal del entorno y su oferta ambiental.  

Como quien dice: luz en los grandes auditorios internacionales y oscuridad en los pasillos de la Casa Grandes, menoscabando el propósito de Colombia como potencia mundial de la vida, porque el destellante discurso ambientalista del Presidente Petro en Nueva York, Nueva Delhi, Davos, París, Luxemburgo y Belém do Pará, no coincide con la vocería de su Ministra de Ambiente, una petrista pura sangre que le acompaña desde los tiempos de la alcaldía de Bogotá y quien hace gala a la palabrería de su politología. 

Se negó a aplicar el principio constitucional de no reelección presidencial, permitiendo que se perpetúe la reelección de la politiquería y la corrupción en el sector de una vasta red de organizaciones contractuales interconectadas a través de los inveterados Consejeros Directivos con los Directores y el erario. 

También se quiebra el fortalecimiento y democratización del procedimiento de elección de dichos representantes, pues a pesar de haber sido insistentemente sugerido al Viceministro de Ordenamiento Ambiental y al Director del Sistema Nacional Ambiental, no establecieron el sistema del cuociente electoral para garantizar el acceso de las minorías, el que incluso está establecido para la elección de alcaldes ante los mismos Consejo Directivos. 

La Ministra de Ambiente está dejando que el poder de la maquinaría contratista siga colocando la mayoría de los votos y asegure la continuidad de Consejeros Directivos en nombre de las ONG’s ambientales, para que le aprueben a los actuales Directores su reelección, su Plan de Acción y sus Presupuestos anuales, habilitadas a través de su Comité Verificador para ser electoras y reelegidas. 

Incluso ayer en la clausura de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña sobre Drogas en Cali, el Presidente Petro exclamó: “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”, sin embargo, continúa con la irracionalidad de avalar la construcción de una Base Militar con Fondo Antinarcóticos de Estados Unidos en el Parque Natural Isla Gorgona, un frágil santuario de biodiversidad”. 

Mientras tanto en la vitrola suena el tango “Yo sé que no me engaño” escrita por Abel Aznar y musicalizada por Alberto Nery: “No me engaño, yo sé que no me engaño,/no creas que no entiendo, la cruz que estás sufriendo./Los besos que me das no tienen alma,/no hay nada en tu mirada ni en tu voz./Callas, y es tu piedad/mucho peor que ver la realidad,/enfrentarme con tu palabra cruda/y oír brutal, desnuda, la verdad...”. 


De Alabama a Florida, la lucha por el derecho al voto continúa en Estados Unidos


10 de septiembre de 2023. Por Amy Goodman y Denis Moynihan. En mayo de 1901, 150 hombres blancos se reunieron en la ciudad de Montgomery para reescribir la Constitución del estado de Alabama. Estos hombres eligieron a John Knox, un destacado abogado, para presidir la convención. En su discurso de apertura, Knox expresó: “¿Qué es lo que queremos hacer? Establecer la supremacía blanca en este estado […]; debemos establecerla por ley, no por la fuerza o el fraude”. Y añadió: “Proteger la sacralidad del voto en cada rincón del estado es nuestro deber supremo”. La nueva Constitución del estado legitimó y estableció un marco formal para el racismo al que estaban sometidas las personas negras de Alabama, al privarlas del derecho al voto y endurecer aún más las leyes segregacionistas de Jim Crow.

En Alabama se gestaron muchos de los mayores logros del movimiento por los derechos civiles. La Ley del Derecho al Voto de 1965 fue promulgada pocos meses después de la histórica marcha por los derechos electorales que tuvo lugar desde la ciudad de Selma hasta Montgomery, capital de Alabama, ese mismo año. El 80% de la población del condado de Lowndes, Alabama, era negra y, sin embargo, ni uno solo de los residentes negros del condado estaba inscrito en los padrones electorales. El pasado noviembre, más de 120 años después de la ratificación en 1901 de la Constitución racista de Alabama, los ciudadanos finalmente la modificaron.

Sin embargo, en la actualidad, tanto las supermayorías blancas que controlan las dos cámaras de la legislatura de Alabama, así como la gobernadora republicana Kay Ivey, quien también es blanca, continúan quitando representación electoral a la comunidad negra.

La redistribución con sesgo racial de los distritos electorales congresuales de Alabama fue una de las estratagemas que se llevaron a cabo en ese sentido. En 2021, los legisladores de Alabama rediseñaron el mapa de los distritos electorales congresuales del estado, manipulando la demarcación de los distritos de manera tal de reducir a un solo distrito lo que originalmente deberían haber sido dos distritos congresuales de mayoría negra. Organizaciones de defensa de los derechos civiles y electorales presentaron una demanda, y un tribunal federal rechazó el nuevo mapa congresual y determinó que éste violaba la Ley del Derecho al Voto. La Corte Suprema de Estados Unidos dio la razón al tribunal y ordenó que se rediseñara el mapa. La legislatura del estado elaboró un nuevo mapa, pero desafió la orden del máximo tribunal estadounidense y mantuvo un solo distrito electoral de mayoría de población negra.

Este segundo mapa manipulado fue rechazado de nuevo, esta vez por un panel de tres jueces federales, dos de los cuales fueron designados por Trump. En su fallo, los jueces se declararon “profundamente preocupados” por el hecho de que los legisladores hubieran desafiado la autoridad de la Corte y dispusieron que un árbitro designado por el tribunal —conocido como “maestro especial”— y un cartógrafo trazaran el nuevo mapa que Alabama deberá utilizar para las próximas elecciones presidenciales de 2024.

En todo el sur de Estados Unidos se están librando batallas judiciales similares para preservar el derecho al voto de la población negra y se han interpuesto demandas en los estados de Georgia, Tennessee, Luisiana y Florida. El gobernador de Florida y precandidato presidencial del Partido Republicano, Ron DeSantis, vetó el mapa más reciente elaborado por la legislatura del estado y forzó la adopción de uno que él mismo impulsó. Un juez rechazó el mapa propuesto por DeSantis por considerar que este había sido manipulado con sesgo racial.

El obispo William Barber, fundador y director del Centro de Teología Pública y Políticas Públicas de la Escuela de la Divinidad de la Universidad de Yale, dijo a Democracy Now!: “DeSantis y quienes lo apoyan no quieren hablar de lo que verdaderamente está pasando [en Florida]. Por eso redistribuyen los distritos electorales de manera ilegal. […] Las estrategias racistas que restringen la participación electoral [de la población negra] provocan muertes, porque cuando se limita el derecho al voto y se despoja de representación a la población negra, se permite que personas extremistas sean elegidas. Estas, una vez en sus cargos, pueden obstaculizar el acceso a la atención médica, la obtención de salarios dignos y la lucha contra la pobreza. Y cuando se hacen esas cosas, la gente muere. Las malas políticas públicas provocan muertes. La retórica racista y la división pueden crear un contexto de muerte, dar a la gente licencia para matar. Todo eso es [potencialmente] mortal”.

El obispo Barber habló con Democracy Now! tras un nuevo tiroteo masivo mortal en Estados Unidos, esta vez en la ciudad de Jacksonville, Florida. El sábado 26 de agosto, un supremacista blanco mató a tiros a tres personas negras en una tienda de la cadena Dollar General y luego se disparó a sí mismo. El rifle semiautomático del atacante tenía unas esvásticas dibujadas. Las fuerzas de seguridad han afirmado de manera contundente que la masacre tuvo motivaciones racistas. La cobertura informativa del tiroteo masivo quedó en un segundo plano cuando el huracán Idalia azotó Florida, pero la comunidad negra de Jacksonville no ha olvidado lo ocurrido.

En conversación con Democracy Now!, Rodney Hurst, un activista por los derechos civiles, historiador y escritor de Jacksonville, expresó: “Este huracán de racismo con el que hemos estado lidiando en la comunidad de Jacksonville no es nuevo”. De adolescente, Hurst lideró protestas en los bares segregados de Jacksonville, a los que tenían prohibido concurrir las personas negras. El 27 de agosto de 1960, en lo que se conoció como el “Sábado del hacha”, estos jóvenes que se manifestaban de manera pacífica en el marco de estas sentadas fueron atacados por una turba de 200 personas blancas armadas con hachas y bates de béisbol. El tiroteo en la tienda de Dollar General se produjo en coincidencia con una actividad que Hurst y otras personas planeaban realizar para conmemorar el aniversario número 63 de aquel ataque. La masacre de Jacksonville ocurrió también al mismo tiempo que decenas de miles de personas se congregaban en la ciudad de Washington D.C. con motivo del 60 aniversario de la Marcha sobre Washington de 1963, la gran manifestación en la que Martin Luther King pronunció su histórico discurso “Yo tengo un sueño”.

Los logros alcanzados a lo largo de varias décadas de lucha pueden desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Para ello se está recurriendo a diversas tácticas, como eliminar la enseñanza de la historia de la comunidad negra de los planes de estudio estatales, manipular los mapas electorales, excluir a ciudadanos de los padrones electorales y limitar el derecho al voto de las comunidades de color. Todo esto está sucediendo ahora mismo en legislaturas estatales de todo el país. Solo una fuerza más poderosa, el poder del pueblo, podrá hacer retroceder esta marea.

© 2023 Amy Goodman, Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

3.9.23

La Encrucijada Jurídica de las Ballenas Jorobadas y su Mundo Marino - Disertaciones del Crepúsculo


3 de septiembre de 2023. Por Armando Palau Aldana. La Encrucijada Jurídica de las Ballenas Jorobadas y su Mundo Marino. Guapi, tierra que vio nacer a Helcías Martán Góngora el Poeta del Mar, como le apellidó Neruda, fue embarcadero, faro, puerto y albergue de los legionarios de la Expedición Gorgona 2023: Francisco Cabrera Gutiérrez, Rubén Chávez López y Armando Palau Aldana. La misión tenía varias aristas: saludar a las Ballenas Jorobadas, los Delfines Moteados, las Tortugas Carey, los Monos Capuchinos, los Lagartos Azules, los Murciélagos Fruteros, las Serpientes Coral Gorgona y los demás seres vivos que conforman el biodiverso mundo marino de la Isla Ciencia.

También estaba establecido el propósito de ejercer veeduría al estado de las licenciadas obras de la Base Militar en el Parque Natural Gorgona, avaladas por la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y por el Director de la Autoridad de Licencias Ambientales, Rodrigo Negrete, altos funcionarios del Gobierno Petro, lo que hace suponer que esa vocería representa el pensamiento del Presidente, aunque sea esencial escuchar su postura sin intermediación para identificar la concordancia o discrepancia con su taquillero discurso ambiental ante el mundo.

En la última semana de julio solicitamos autorización para albergarnos en la casa que hospeda a la Comisión Científica de Gorgona, pero casualmente para la primera semana de agosto, desde la Dirección Regional del Instituto Colombiano Agropecuario, se emitió una advertencia sanitaria de restricción de ingreso a Isla Gorgona para identificar un probable brote de gripa aviar, la cual sirvió de sustento para que el Director de Parques Nacionales cerrara la entrada al Parque Gorgona y nos negara adicionalmente permiso para una breve inspección periodística.

En cambio, en una evidente discriminación, el Director de Parques le permitió el ingreso a la enconada y antipetrista periodista española Salud Hernández, durante la cuarentena por la Influenza Aviar decretada entre marzo a junio, epidemia cuya tasa de mortalidad de Pelícanos fue de 1600, mientras la actual solo llega al 10% aún sin diagnóstico veterinario contundente. Por ello la Expedición Gorgona no pudo arribar a la isla y solo pudimos hacer un avistamiento de paso hacia Playa Bazán en las lanchas de los Hermanos Aguiño.

Encontramos unos cinco tríos de Ballenas Jorobadas (la parturienta Yubarta, su ballenato y un macho escolta), dos pequeños Delfines Moteados y una Tortuga Carey, quienes arribaron a nuestro encuentro para legitimar el poder de representación judicial de abogados de oficio ante las autoridades ambientales, el Tribunal de Cundinamarca, el Consejo de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y ésta semana ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra

La lucha por la defensa de estos míticos seres vivos ha sido una verdadera encrucijada jurídica, algunos despistados nos han manifestado su temor reverencial por nuestro enfrentamiento con el Fondo Antinarcóticos de Estados Unidos, algunos Petristas nos han insinuado la inconveniencia político electoral de este arduo debate, mientras que la socarronería pulula por el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Licencias Ambientales y la Sección Quinta del Consejo de Estado, además del silencio de la Comisión Interamericana de Derechos.

Nuestra Interamericana Corte de Derechos Humanos en consulta del Estado de Colombia (noviembre 2017), justipreció que la degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales, por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos.

Hace ya un lustro, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, dijo que los Estados deben abstenerse de vulnerar los derechos humanos causando o permitiendo que se causen daños ambientales; proteger frente a las injerencias perjudiciales en el medio ambiente procedentes de otras fuentes, y adoptar medidas efectivas para garantizar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y la diversidad biológica, de los que depende el pleno disfrute de los derechos humanos.

Esta férrea e indeclinable defensa de esas hermosas Ballenas Yubarta, que arquean su lomo al exhalar e inhalar el aire de sus poderosos pulmones en la superficie de los mares de Poseidón y por tanto distinguidas como Jorobadas, y todo su mundo marino, ha sido una verdadera encrucijada jurídica porque ciertamente existe un fuerte lobby de la diplomacia gringa en el alto gobierno y corporaciones judiciales al que nos enfrentamos con estoicismo, por eso se hace pertinente acudir a una mayor independencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El silencio de Petro sobre los cuestionamientos a la construcción de la Base Militar financiada por el Tío Sam como también el mutismo de Francia, no nos dejan otra opción que acudir a los ambientalistas del Parlamento Europeo para generar opinión pública internacional, para atajar ese discurso que se va tornando de doble moral cuando nos recuerda el adagio que pregona “luz en las calles del mundo y oscuridad en la casa grande” que se anuncia como potencia mundial de la vida, al permitir horadar la sala de partos de los Ballenatos y desove de las Tortugas Carey.

Aunque respaldamos a viva voz la elección de este gobierno de transición, respecto de la Base Militar en el Parque Natural Gorgona toda esta farsa nos evoca “Mentira”, el tango que en 1932 Celedonio Flores escribió y Francisco Pracánico musicalizó; “Muñequita de trapo/que yo adoré santamente/y fingías quererme.../¡Mentira, mentira! ¡No tiene perdón!/(…)/ No te vengo a mendigar/cariños que tal vez/a otros le entregaste/como a mí,/ni me arrepiento/de haberte querido así”.


Cali, 3 de septiembre de 2023.