23 de agosto de 2024. La abogada, catedrática e investigadora universitaria Catalina Toro Pérez, escribió para la revista 100 Días de CINEP Edición 111 mayo a agosto de 2024, este artículo que reproducimos con la autorización de la autora.
Orígenes de la Gran Negociación de la Biodiversidad
Durante la celebración de la Cumbre de la Tierra en Río 92, Colombia, (WRI, 2003) junto con los países con mayor Biodiversidad en el mundo, como México, Brasil, Ecuador, Costa de Marfil, Madagascar, India y China, fue reconocida como uno de los hot spots[1], más amenazados por la extinción de las especies, según informes de la época, que sustentaron los marcos de intervención en los países del sur, bajo el nuevo paradigma global de la conservación planetaria (Sisk et al., 1994, p. 602).
Según las estimaciones, para entonces, la Biodiversidad comprendía entre 10 y 15 millones de especies en el planeta, y el 80 % o 90 % de esas propiedades y potencialidades de plantas estaban en peligro de extinción, en regiones hot spots, como Mesoamérica y la Amazonía, así como en el Sudeste Asiático y en el África ecuatorial. Para evitarlo era necesario desarrollar un nuevo pacto global corporativo, que permitiera acceder a ellas, estudiarlas, sistematizarlas, explorarlas, extraerlas y apropiarlas, bajo el lema de la seguridad global planetaria: las tres cuartas partes de la población mundial necesitaban del conocimiento asociado y del uso de microorganismos, plantas, animales, en ecosistemas tropicales, para el desarrollo de la industria farmacéutica y agro-alimentaria de naciones como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, entre otros, cuyo acceso había sido restringido, bajo los paradigmas estatales de salvaguarda de la naturaleza, que se concretaron en las figuras de áreas protegidas, como parques nacionales naturales desde los años setenta (UNESCO, 1998)3. Solo la Amazonía (Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Surinam, Venezuela, Perú y Bolivia) representaba el 50 % del área de mayor Biodiversidad del planeta, “el pulmón del mundo”, conteniendo el 16 % del agua del mundo, con 7.8 millones de kilómetros cuadrados de bosques húmedos tropicales. Varias convenciones internacionales se firmaron o ratificaron en Río, para la protección de esta “herencia de la humanidad” en peligro: Biodiversidad, Humedales-Ramsar, Cambio Climático, Desertificación.
Con la preocupación de “salvar el planeta para las generaciones futuras” se gestó una nueva eco-gubernamentalidad a nombre del futuro de la salud y la alimentación planetaria. Desde los centros de poder y a través de grandes ONG ambientales, como el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) Conservación Internacional (CI), y The Nature Conservancy (TNC), todas con base en Washington D.C., con el apoyo de los jardines botánicos de Gran Bretaña y Estados Unidos (Kew Gardens y Missouri), entre otros, y con científicos de las universidades del primer mundo, se crea una nueva cruzada de expediciones botánicas para obtenciones vegetales, financiadas con generosos fondos provenientes de la industria del entretenimiento, y del sector privado e industrial, apenas comparable con aquella emprendidas por los imperios europeos en sus colonias durante el siglo XIX.
Ello supuso un cambio en las maneras de representar las políticas de conservación de la naturaleza: de un referencial de su preservación como servicio público gestionado por los Estados, se pasó a otro de mercado global de la naturaleza, asociado a un modelo transaccional de acceso comercial entre empresas extractivas, farmacéuticas y agroalimentarias, y comunidades locales, de recursos genéticos, plantas, animales y conocimientos tradicionales asociados, considerados vitales para la humanidad en sus diferentes manifestaciones y escalas. En un nuevo contexto de gobernabilidad planetaria, el proyecto civilizatorio para el mundo “salvaje” del trópico se construía a partir de una representación dual de convergencias entre tiempos (de pueblos ancestrales y generaciones futuras) y espacios (locales y globales), bajo criterios de transacción mercantil, según los cuales, los estados del sur debieran ajustarse, transformando sus roles y normas, pasando de ser “protectores” de los bienes comunes de la humanidad, a “mercaderes” de naturaleza y conocimientos. Los regímenes ambientales que se crean en esta época (1992) van a subordinarse gradualmente a regímenes comerciales, como la Organización Mundial del Comercio (1995), que desarrollarán una serie de normas en materia de Biodiversidad y propiedad intelectual, las cuales posteriormente serán reglamentadas en los tratados de libre comercio, que permitirán el cumplimiento de las mismas, para garantizar el libre acceso y la extracción de materia prima, como fue el caso del TLC entre Colombia y Estados Unidos (2006) y, posteriormente, con la Unión Europea en 2012.
Los referenciales de conservación para la seguridad global planetaria van a orientar nuevas formas retóricas de una supuesta defensa de conocimientos tradicionales y de la diversidad cultural, como fundamento de la restauración de una “tropicalidad mercantil” de la naturaleza, que lograra legitimar su libre acceso y comercialización bajo los nuevos contratos globales ambientales, y así, con los supuestos regímenes de distribución de beneficios, desarrollar nuevas formas de subordinación de los excluidos de la humanidad civilizada, al modelo de globalización capitalista de la naturaleza por parte de las potencias moderno-coloniales del siglo XXI. Ello supuso la reconstrucción, en los noventa, de los imaginarios de las “desinteresadas” expediciones botánicas imperiales del siglo XIX, con renovadas formas de selección y clasificación natural del mundo “salvaje” en el siglo XXI. Una nueva eco-gobernabilidad se configura a partir de Río, en la necesidad de insertar a los pueblos marginales que conviven con la Biodiversidad, en una economía global del comercio de naturalezas y culturas (Toro Pérez, 2006).
En un nuevo escenario de conquista civilizatoria y de economía de rapiña, emergen diversos actores, globales y locales, en la decisión de una política global. En los ámbitos asamblearios de las Conferencias de las Partes (COP) del Convenio de la Diversidad Biológica o Biodiversidad, los representantes de la industria agroalimentaria y farmacéutica, los bancos y empresas extractivas, así como las delegaciones de los países del norte y las grandes ONG ambientales globales, financiadas por la industria privada trasnacional, van a dominar el escenario de la negociación, abogando por sus agendas en torno a la defensa de la propiedad intelectual de sus empresas sobre la Biodiversidad de los países del sur. El ambientalismo global o la ecología de mercado, con sus satélites nacionales, van a desarrollar un poderoso lobby como mediadores entre Estados, empresas y comunidades locales, como agentes decodificadores y transmisores de lenguajes e imágenes del encuentro del pacto entre comunidades autóctonas y científicos, acordes con una visión del mundo de la Biodiversidad, construido por una comunidad seudocientífica planificadora del mundo, para aquellos que vivimos en el mundo “salvaje” de la Biodiversidad (Alcorn, 1991, p. 332).
Antecedentes de la Convención de la Biodiversidad y sus Conferencias de las Partes
Entre 1988 y 1994, Edward Wilson, el padre de la Biodiversidad, entomólogo y ganador del premio Pulitzer, en su obra Biodiversity (1988) impulsó, con el apoyo de centros de investigación y empresas privadas, una poderosa campaña para la conservación de la Biodiversidad del planeta, que se va a concretar en el diseño de una estrategia global para la preservación de “los recursos genéticos”, considerados productos naturales derivados de microorganismos, plantas y animales, a fin de ser aprovechados en alimentos y medicinas, en desarrollos biotecnológicos, y en producción de bienes con valor agregado. Ese mismo año, en Estados Unidos desarrollará un gran evento organizado por la Academia para el Desarrollo de la Ciencia, donde se propone llevar a cabo una serie de convenciones globales y tratados que aborden las grandes problemáticas planetarias (desarrollo sostenible, cambio climático, Biodiversidad, deforestación). Para tal fin se desarrolla un programa que se presentará en la Cumbre de la Tierra, para ser firmado por los presidentes de más de 196 países del mundo.
En 1991, se preparó un documento borrador sobre “los beneficios derivados del uso sostenible y la conservación de los organismos vivos que hacen parte de la riqueza natural de los países del sur, para que sean repartidos equitativamente”, el cual aparece en el texto inicial de la Convención de la Biodiversidad, que se conoció en mayo de 1992, un mes antes de la Reunión de Río, para ser firmado en la Conferencia sobre Desarrollo y Medio ambiente. Los principios y agendas de la Convención, que se discutían desde los años ochenta por Kenton Miller, Jeffrey Mc. Neely y Norman Myers en Estados Unidos, van a ser coordinados por la nueva World Resources Institute (WRI), cuyo director provenía de la antigua Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se establece una alianza entre las nuevas y pujantes organizaciones WWF (Fondo Mundial de la Naturaleza, fundada por el príncipe Felipe de Edimburgo), el WRI, el Banco Mundial y las antiguas UICN, UNEP (Programa Ambiental de las Naciones Unidas), subordinadas y dependientes económicamente de Estados Unidos, encargadas de diseñar la Estrategia Global de la Biodiversidad, y la posible adopción de una Convención Global de Biodiversidad y del Panel Internacional Intergubernamental de Biodiversidad, que se convertiría en las Conferencias de las Partes (COP), que sesionarían, en principio, durante toda una década, permitiendo la participación de todos los países, los representantes de las comunidades locales y las organizaciones ambientales.
Cuatro acciones fueron pensadas en el marco de la Estrategia Global: (a) la adopción de una Convención, (b) la creación de un panel intergubernamental, que se convertirá en las COP (c) un sistema de monitoreo global que detectara peligros y movilizara la acción, y (d) la introducción de la conservación de la Biodiversidad en los planes nacionales.
El texto va a suscitar numerosas firmas en junio de 1992 y se implementarán en cada país, estrategias nacionales de Biodiversidad. Se reparten guías y leyes macro, y en 1994 se elabora, por parte de WWF, UNEP y UICN, el primer libro de datos sobre el estado de los recursos vivos, el cual se actualizó hasta 2008 (WRI, 2008)[2] y en informes de las oficinas WRI por países, entre ellos Colombia, México y Brasil (solo en América Latina), así como en sus oficinas en África, India, China e Indonesia, con más de 1800 empleados en todo el mundo[3].
Desde su origen, la iniciativa busca conciliar intereses de los países del norte, en especial de Estados Unidos, que nunca ratificará la Convención de la Biodiversidad (CDB), pero financia las COP, para asegurar el acceso a los recursos genéticos en los países del sur y proponer un régimen de distribución —supuestamente equitativa de beneficios— como resultado de ese acceso. Esta ha sido una iniciativa eminentemente comercial de los denominados bionegocios. Aquí no hay transferencia tecnológica de los países del norte a los del sur, ni reconocimiento de los derechos de pueblos, culturas y conocimientos. Tampoco se reconoce el reclamo de los países del sur sobre el acceso a su riqueza biológica, expropiada desde hace varios siglos, en bancos de germoplasma en los países del norte, ni los derivados de la industria farmacéutica y alimentaria, producto de los conocimientos de plantas medicinales de sus comunidades, que se han generado a partir de su expropiación, en la nueva era de la globalización de la naturaleza y de la moda naturista en el primer mundo. También son excluidos de la agenda de la futura convención y de sus discusiones en las conferencias de las partes, los diversos sistemas agroproductivos de los países del sur, la diversidad en semillas y conocimientos de las economías campesinas, y demás formas de producción heterogéneas. Asimismo, brillan por su ausencia el rol de los pueblos étnicos y locales y su voz en las negociaciones hechas a sus espaldas, respecto de su conocimiento ancestral, relacionado con el uso de plantas medicinales y la alimentación en las áreas boscosas, andinas, de páramo o de sabana, costeras y marinas.
El objetivo de los emprendedores y financiadores de la Convención de la Biodiversidad ha sido, desde hace 30 años y ahora con la COP16, asegurar su libre acceso a los recursos genéticos y biológicos (art. 15 del CDB) en sus diversos niveles, incluyendo esta vez las áreas marinas y la defensa de la propiedad intelectual (art. 21) que pueda reconocerse a través de patentes a la industria biotecnológica en ascenso, y a la industria farmacéutica y agroalimentaria de estos mismos países (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Suiza, entre otros).
La Biodiversidad en la Conferencia de Río y la gobernabilidad emergente de las grandes empresas extractivas y las ONG
La Conferencia para el Desarrollo y el Medio Ambiente, en Río 92, fue presidida por Maurice Strong, un empresario minero y petrolero canadiense, quien actuó como secretario general de las Naciones Unidas, participante de la conferencia de Estocolmo. A esta “Cumbre de la Tierra” acudieron más de 196 presidentes del mundo. Las ONG del sur organizaron un espacio alterno, sin gran oportunidad “de participar” en la puesta en escena de la Gran Negociación de la Biodiversidad. Sony Ramphal, el segundo secretario de la Commonwealth de origen guyanés, será el encargado por Strong de la elaboración de una demanda al planeta: “plea to global citizenship: Our Country the Planet” (Holdgate, 1999).
La Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) participaran en ambos foros, el de la sociedad civil y los gobiernos, así como en los foros de los gobiernos con las empresas trasnacionales. Se presentan siempre como una más de las ONG “alternativas”, representantes de los pueblos del sur, como si no fueran ellas las autoras intelectuales de las propuestas y defensora de los gobiernos del norte que las financian. Para lograr su relación con las ONG del sur y hacerlas parte de su misma familia, nombraron para entonces a una ecuatoriana como encargada de las relaciones entre las ONG del tercer mundo y secretaria de la UICN, quien una década después sería nombrada directora de la UICN. Ello significa darle voz al sur global en escenarios internacionales. Así se inaugura una nueva forma de mediación entre gobiernos, empresas trasnacionales, extractivas, farmacéuticas y agroalimentarias, y organizaciones sociales, a través del nombramiento de exfuncionarios de los países del sur en la UICN y el WWF para influir en la adopción e implementación en sus gobiernos, de la estrategia creada para ellos en el norte. Con el proyecto de “Implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica” para Colombia, Brasil, Kenya, Zaire, Costa de Marfil e Indonesia (2005), el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) decidirá prestar atención a la importancia de colaborar con la industria, por lo que recibirá donaciones de dichas entidades para abrir sus sucursales en diferentes países biodiversos, creando, con el Banco Mundial, los fondos de financiación de los proyectos que ellos mismos gerencian. Muchos de los miembros de UICN fueron líderes de la industria y del ambientalismo (Holdgate, 88). Así, estas dos grandes ONG serán las encargadas de organizar el lobby para la firma del Convenio entre los países del norte y los países biodiversos, muchos de los cuales asociaron y repitieron el término relativo a la protección de las especies y bosques, pero nunca a la “biotecnología”. Esta ignorancia de “alto nivel” fue clave para la gran negociación global de la Biodiversidad, en donde la inclusión del principio de soberanía y de una posible distribución equitativa de recursos dejaría contentos y satisfechos a los países del sur, en un giro contractual de recursos genéticos y biológicos, así como de conocimientos tradicionales de comunidades étnicas y locales.
A partir de allí, los fondos de WWF se multiplican en más de 300 millones anuales; The National Wildlife Federation de los Estados Unidos crece con más de 5 millones de adherentes, y Greenpeace con más de 2 millones. El poder y la influencia de las grandes organizaciones no gubernamentales crece y se consolida por encima de los gobiernos, incluso imponiendo sus funcionarios ambientales en tales administraciones, y el sector de la Biodiversidad surge como uno de los más activos y mejor financiados post-Río.
En 1996, deciden que es importante fortalecer los lazos con los grupos de Estados, con el comercio y la industria, y se decide regionalizar la UICN y el WWF, de acuerdo con las eco-regiones estratégicas de América tropical. WWF nombra a una colombiana en Suiza para dirigir un nuevo proyecto: “la implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica”, financiado por la Cooperación para el Desarrollo de Dinamarca (DANIDA), que buscaría implantar las políticas en los países biodiversos y hot spots, junto con las ONG y las comunidades en cinco países (Colombia y Brasil en América Latina, Zaire y Costa de Marfil en África, e Indonesia en Asia). La UICN va a realizar varias reuniones internacionales en Colombia sobre el Convenio de Biodiversidad, a través de sus redes de ONG locales, orientando casi 1,5 millones de dólares de su presupuesto para proyectos en América Latina, cuyas acciones y recursos son muy difíciles de seguir, por cuanto en su mayoría se trata de contratos realizados con ONG privadas, cuya naturaleza de organización no gubernamental no permite un control de sus recursos y de su impacto.
Para finalizar el año 92, se articula el Sistema de Información para la Conservación de la Biodiversidad que incluye la UICN y sus tres Comisiones, los jardines botánicos y las ONG americanas, tales como The Nature Conservancy (TNC), TRAFFIC International y Conservation International, integradas en el World Conservation Monitoring Center en Estados Unidos (Holdgate, 1999). El jardín botánico Botanical Gardens Kew de Inglaterra se constituye a partir de allí, junto con UICN y WWF, en uno de los mediadores más importantes para el establecimiento de las líneas y la preparación de los documentos de negociación en las COP, para la implementación de Políticas de acceso a los recursos genéticos y la “protección de la Biodiversidad en los países del sur”.
Las CDB, los TLC y los desafíos para la COP16 en Colombia
Durante más de 30 años, las COP de Biodiversidad han generado procesos de negociación que han fortalecido las agendas negociadas en Río. Una de las razones de la no ratificación del Convenio por Estados Unidos tiene relación con la defensa de la soberanía del patrimonio ecológico de algunos países del sur, como Ecuador. Y es por ello que la negociación sobre Biodiversidad, conocimiento tradicional y propiedad intelectual se concreta en el marco de los tratados regionales y bilaterales de libre comercio.
Durante la negociación del TLC entre Estados Unidos y los países andinos (Perú, Ecuador y Colombia), en la mesa de propiedad intelectual y Biodiversidad de 2005, el representante del equipo negociador estadounidense reiteró la posición del gobierno norteamericano: “Estados Unidos busca el patentamiento de plantas y animales, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para tratamiento de humanos y animales, de los llamados segundos usos, la protección de los datos de prueba y el alargamiento del periodo de las patentes” (El Tiempo, 2004; Toro Pérez, 2007).
La misión comercial del comité de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en su visita a estos mismos países, había concluido en su informe que el Congreso norteamericano no aprobaría ningún acuerdo menos restrictivo que el CAFTA (firmado por cinco países de Centroamérica y República Dominicana) en materia de Biodiversidad. El reporte señalaba, además, que el TLC debería tener un capítulo fuerte de propiedad intelectual, ya que los tres países andinos poseían “una gran parte de las especies en el mundo (Biodiversidad)” y rechazó “las protecciones que ellos buscan, ya que ello no sería coherente con el régimen de propiedad intelectual de Estados Unidos”. Y reiteró que el apoyo “solo se dará a aquellas naciones que estén listas y hayan hecho las concesiones necesarias” (Suárez, 2005).
Después de 16 meses de permanentes tensiones, los representantes colombianos en la mesa de negociación consideraron que el acuerdo que buscaba la delegación estadounidense era altamente inconveniente para el país. Sin embargo, el expresidente Uribe, en 2006, firmó el tratado de modo bilateral con Estados Unidos, desatendiendo las críticas, y este tratado fue, por mucho, más garantista con las empresas norteamericanas que el firmado entre Perú y Estados Unidos. Ecuador decidió retirarse de la negociación andina por no aceptar la flexibilización que pedían sus contrapartes en cuanto a la exigencia de la defensa de la propiedad intelectual de las grandes farmacéuticas y considerar que violaba la constitución ecuatoriana, en su deber de proteger la Biodiversidad como patrimonio nacional, sobre el cual el Estado ejerce derechos soberanos, así como la prohibición de su mercantilización y el conocimiento asociado de los pueblos ancestrales, reconociendo, además, a la Naturaleza como sujeto de derechos (art .5) (Acosta et al., 2022; (Toro Pérez, 2015).
La COP16 en Colombia: grandes desafíos y nuevas agendas de concesión de la Biodiversidad
En las diferentes COP, tras largas negociaciones, se ha desarrollado un supuesto régimen de repartición de beneficios en esta desigual negociación para el acceso a la naturaleza de los países del sur, mientras se continúa promoviendo el discurso de la urgente protección de la Biodiversidad planetaria que algunos países como Colombia ha entregado en los TLC a Estados Unidos y Europa. En la COP15, que tuvo lugar en Canadá, el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica asumió que, por fin, más de 30 años después de promulgado el CDB, se daba un giro a la Convención de la Biodiversidad. La verdad es que los textos continúan siendo ambiguos y se siguen evadiendo los motivos de su desaparición.
Ya se habían sufrido varias derrotas ante el incumplimiento de las metas de Biodiversidad de Aichi, planteadas para 2010, que debían asegurar la supervivencia de plantas, animales y ecosistemas hacia 2050 (Gudynas, 2023). En 2020, se realizaron evaluaciones sobre la pérdida de Biodiversidad y se llegó a la conclusión que, al igual que la Convención de Cambio Climático, las metas no se estaban cumpliendo (CDB, 2020).
A pesar de los discursos, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, denunció en ese año la contaminación con plásticos en los mares y la concentración de la riqueza en las manos de las multinacionales, declarando, con razón, que la humanidad se había convertido en “una orgía de destrucción masiva”. A pesar de los discursos grandilocuentes de la urgencia de proteger la Biodiversidad planetaria, en las COP se aprobó un nuevo documento redactado con antelación a cada COP, repitiendo viejas ideas con nuevas metas. Se propone aumentar la integridad y conectividad de los ecosistemas, incrementando su superficie antes de 2050. Se busca reducir a una décima parte la extinción de especies, y, a la vez, utilizar de modo “sostenible” los servicios ambientales de los ecosistemas. Esta noción de “utilización sostenible” se sigue abordando para sustentar su comercialización: “los beneficios monetarios y no monetarios de la utilización de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados conexos” se deben compartir de “forma justa y equitativa” con pueblos indígenas y comunidades locales, lo que se viene planteando desde la primera COP. Para ello, los medios financieros se garantizarán a través de los fondos (continúa el negocio con las grandes ONG que los administran y ejecutan) que supuestamente ayudarán a alcanzar las metas de su protección.
Se considera que las zonas bajo su planificación deben abordarse de manera participativa y se deben ahora extender sus metas de salvaguardia a las áreas marinas y terrestres protegidas y restauradas, en un 30 %, para 2030. Sin embargo, la destrucción y fragmentación de los ecosistemas no para, debido a los enclaves extractivos e industriales que estas mismas ONG defienden, lo que ha generado la pérdida de más de un 69 % de poblaciones silvestres, entre 1970 y 2018, en todo el mundo, y en América Latina, de un 98 %. (Almond et al., 2022). En Colombia, lugar de la celebración de la próxima COP, estas metas obligarían a decretar una moratoria de actividades agroindustriales, mineras y petroleras, y habría que recuperar ecosistemas degradados en la zona andina, en el Chocó biogeográfico, en el Caribe y en la Amazonía, donde se profundiza la minería ilegal. También habría que impedir la contaminación de suelos y aguas, y la utilización de muchos agroquímicos. Pero como las metas de las COP son voluntarias, los gobiernos como el nuestro terminan montando grandes discursos, sin que exista la voluntad política de cumplir las metas. Los países andinos no actúan juntos, ni el Grulac (Grupo de Latinoamérica y el Caribe) o Mercosur. La ministra Susana Muhammad, quien plantea repensar en el discurso el modelo extractivista, la sobreexplotación de la naturaleza y su contaminación, también apoya las falsas soluciones verdes que se ofrecen desde los discursos de la transición energética corporativa y la financiarización de la naturaleza con las grandes ONG y empresas extractivas. No ha decretado la moratoria de un solo proyecto agroindustrial, o de gran minería y petrolero en las áreas marinas y terrestres de Colombia. De hecho, nuestro país aumentó en un 36 % la exportación de carbón a Alemania, la región Caribe está plagada de bases mineras y petroleras. Con el Tratado vinculante de los países del Corredor Marino del Pacifico, así como con el plan de la Conservación de la Amazonía, se entregan los territorios al ámbito de la subordinación militar de estas áreas a los Estados Unidos y a la OTAN (Gonzales, 2024).
Finalmente, lo que se sigue negociando son los derechos de los pueblos. Sus derechos a decidir y a continuar existiendo se siguen menospreciando. Pero esos, los derechos territoriales de los pueblos, como lo vimos con el proyecto militar en la Isla de Gorgona, no son los objetivos fundamentales de esta COP ni de nuestro gobierno colombiano, supuestamente “ambientalista”.
¿Una “base militar” en la isla de Gorgona?, leer en: https://www.revistaciendiascinep.com/home/una-base-militar-en-la-isla-gorgona/
La disputa por la ayuda financiera para seguir desarrollando los cuestionados proyectos de soluciones por naturaleza, canje por deuda, proyectos REDD, bonos de carbono, bonos azules y más capitalismo verde, que despoja pueblos y territorios, para profundizar el modelo extractivista, es el objetivo de esta COP, que no estará y nunca lo ha estado, desde la Cumbre de Río, orientada al beneficio de los derechos de los pueblos ancestrales, sino a los negocios de las grandes ONG, los burócratas gubernamentales y las empresas extractivas.
¿Cuál paz con la naturaleza en un país que sigue, desde 2019, asesinando a sus líderes sociales y ambientales? (Dussan, 2024; Global Witness, 2023).
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