6 de enero de 2025. Por Armando Palau Aldana. Sabido es, que desde 1980 el Código Penal en concurso con nuevas piezas legales, consagró como punibles los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, sin embargo, los abogados ambientalistas (un puñado) sabemos que es una mera ficción, pues nadie le teme a esta tipificación, ante la ausencia de condenas por: Aprovechamiento ilícito (especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana), Tráfico de fauna, Deforestación, Daños en los recursos naturales y Ecocidio, y Contaminación ambiental.
Pareciera que la atención a estos bienes jurídicos colectivos, asociados a los recursos naturales renovables (agua, aire, fauna, flora, paisaje, suelo y otros), cede en prevalencia ante punibles relacionados con derechos individuales, no obstante que son deberes constitucionales del Estado: proteger las riquezas naturales de la Nación, la diversidad e integridad del ambiente, así como la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el control de los factores de deterioro ambiental.
La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía, está a cargo de un profesional del derecho egresado de la Universidad Militar, magíster en derecho procesal penal y criminología de la misma universidad, y especialista en derecho administrativo, vinculado a la Unidad de Terrorismo, la Estructura de Apoyo y la Unidad Nacional de Justicia, juez penal del Circuito Especializado de Extinción de Derecho de Dominio, juez de control de garantías y juez penal de conocimiento en Bogotá. Docente de extinción de dominio en la Universidad Sergio Arboleda y de temas de contratación en la Escuela Superior de Guerra, que solo registra un diplomado en delitos ambientales de la Universidad del Rosario.
Sin demeritar al funcionario de turno, se observa que su formación no es robusta en delitos ambientales como tampoco su experiencia asociada, ello nos quita el aliento y corrobora nuestra desesperanza e incredulidad en la justicia penal ambiental, casi inexistente, no obstante que tengamos la ratificación legal y control de constitucionalidad del Tratado Regional de Escazú, uno de cuyos propósitos es el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
No obstante nuestra desazón, tenemos el derecho constitucional de exigir la aplicación de las sanciones penales derivadas de la conducta de los funcionarios de las entidades estatales del Sistema Nacional, las mayores responsables del deterioro del entorno y su oferta de recursos naturales, por omisión en el ejercicio de la autoridad ambiental, esto es: Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias, Corporaciones Autónomas Regionales y Grandes Centros Urbanos. Por ello arrancamos este año nuevo con una denuncia pública para que se evidencie la investigación de delitos ambientales y se articule una Mesa de Trabajo.
En esta denuncia penal, con sustento en nuestro ejercicio ambientalista del derecho ambiental, llamamos la atención de la Fiscal General respecto de los punibles ambientales (entre otros): Daños en los recursos naturales, Ecocidio, y Contaminación ambiental sobre la mega biodiversidad del Parque Natural Gorgona con el licenciamiento para construir una Estación Guardacostas con tres obras militares (radar, muelle y locaciones para la Armada Nacional); las amenazas sobre el frágil Páramo San Turban; y la contaminación con represas de los ríos tutelares Magdalena y Cauca.
También exigimos se investigue la degradación del valle geográfico del río Cauca por la agroindustria de la caña de azúcar (glifosato, quemas, monocultivo); la especulación de reforestación por parte de la septuagenaria Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; el ilegal desarrollo urbanístico en la Reserva Forestal del Pacífico; el desconocimiento de la consulta previa a los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes en contaminantes proyectos de infraestructura y extractivismo; la usurpación de funciones públicas por parte de contratistas del Dagma en el ejercicio de la autoridad ambiental.
Creemos que es hora de instalar una Mesa Nacional sobre Delitos Ambientales que convoque a las organizaciones ambientalistas (no a las sociales o comunales, ni consultorías y sus organizaciones contratistas o universidades), para trazar un Plan de Acción para estos 3 años siguientes de la, hasta ahora, incipiente gestión de la nueva Fiscal General para enfrentar y sancionar ejemplarmente estos punibles que atentan contra el bienestar general.
Por supuesto, que no nos hacemos ilusiones, pero dejamos la constancia, como en el tango La Bicicleta Blanca (1970) de Piazzolla y Ferrer: “Lo viste. Seguro que vos también, alguna vez, lo viste: te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por la noche. / Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas, ¿te fijaste? Nadie sabe, no, de dónde cuernos viene, jamás se le conoce a dónde diablos va. / De todos modos, si lo vieras pasar, miralo con mucho Amor: puede que sea, otra vez... / "¡Dale, Dios!... ¡Dale, Dios!... / ¡Meté, flaquito corazón! / Vos sabés que ganar / no está en llegar sino en seguir...".
0 comments:
Publicar un comentario