Armando Palau Aldana.
Este fin de semana se realizó en la Sucursal del Cielo, una asamblea de las distintas expresiones de las comunidades afrocolombianas del Valle del Cauca, en el recinto del auditorio principal de la Usaca (con mucha pena reconocerlo, una especie de colcha de retazos de albañilería), en donde se albergaron algo así como mil doscientos ciudadanos de este pueblo que reafirma la condición pluriétnica y multicultural de nuestra nación colombiana. El evento obedeció a las órdenes emanadas por la Corte Constitucional, mediante el cual se resolvió la revisión de los fallos de tutela proferidos por los Consejos de la Judicatura (Seccional de Bolívar y Sala Superior Disciplinaria), que se originaron con la acción interpuesta por Moisés Pérez para que se le ampararan los derechos fundamentales a la consulta y el consentimiento previo libre e informado, a la participación, a la igualdad y al debido proceso, los cuales resultaban vulnerados por la resolución ciento veintiuno de dos mil doce proferida por el Ministerio del Interior, mediante la cual se conformaba la Consultiva de Alto Nivel, con solo aquellos voceros de los Consejos Comunitarios de Territorios Colectivos de Comunidades Negras, lo cual generó una exclusión de las comunidades afrocolombianas urbanas, así como el decreto reglamentario veintiuno sesenta y tres del mismo año.
En efecto, el alto tribunal dejó sin efecto los mentados actos administrativos, ordenándole al Ministerio del Interior como garantía de transparencia, poner a discusión la propuesta del “Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada para las Comunidades Afrocolombianas Urbanas y Rurales”, que se acogió en Quibdó en Agosto del año dos mil trece, en donde se celebró la asamblea nacional de las comunidades negras, con ocasión de los veinte años de expedición de la ley setenta, mediante la cual se reglamentó el artículo cincuenta y cinco transitorio de la Carta Fundamental, que reconoció la propiedad colectiva de las Comunidades Negras ancestrales que han ocupado tierras baldías en zonas ribereñas con sus prácticas tradicionales de producción, así como el establecimiento de mecanismos para la protección de su identidad cultural y sus derechos, y para el fomento de su desarrollo económico y social. En dicho evento, se conformó la Autoridad Nacional Afrocolombiana con ciento nueve delegados, la cual fue reconocida como instancia transitoria para el proceso de consulta previa por la cartera ministerial de gobierno.
La asamblea de este fin de semana, originó una fuerte puja en donde distintos sectores provenientes de los veintiun municipios con presencia de afrovallecaucanos, construyeron alianzas para designar a treinta y nueve delegados a un espacio nacional, que venía siendo cooptado mayoritariamente por Rosita Solís, vocera de los consejos comunales de negritudes rurales de Buenaventura, cuestionada en la prensa nacional por oneroso manejo de las consultas previas en las obras de infraestructura que tocan territorios de comunidades negras, quien a su turno usurpó la curul de Liomedes Mosquera ante el Consejo Directivo de la C.V.C., quien fuera elegido por la respectiva asamblea de organizaciones afrocolombianas, una maniobra que se discute en los estrados del Consejo de Estado en un proceso electoral, quien como Consejera defendió a codo partido la ilegal permanencia de Oscar Campo como Director de la C.V.C. y hoy está vinculada por la Procuraduría para la función pública al proceso disciplinario correspondiente y a la espera que la Fiscalía defina si su conducta la hace merecedora de formular cargos por eventuales punibles. En la mentada reunión de los pasados sábado y domingo, fue notorio el caos y el desorden, ocasionados como tácticas para mitigar la desventaja de la presencia minoritaria del sector que acompaña a la Solís.
El tema está conectado con el deber del Director de Planeación y del Ministro del Interior, de conformar una Comisión de Estudios para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras, un componente del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual hicieron mediante convocatoria de finales de Septiembre pasado para que una organización social afrocolombiana propusiera dicha delegación con siete consultivos de alto nivel académico y experticia en el conocimiento de la realidad afrocolombiana y prestara el apoyo logístico. Por petición de voceros de varios consejos comunitarios la convocatoria fue ampliada por los altos funcionarios una semana más, simultáneamente once líderes que se arrogaron la vocería de la Autoridad Nacional Afrocolombianas, exigieron que se abortara la convocatoria pública, a la que acudieron cinco propuestas organizacionales. Dicha exigencia fue acogida por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo quien así lo solicitó al Director Nacional de Planeación Simón Gaviria, quienes en efecto mediante un confuso comunicado reversaron el proceso.
Más cuestionable aún, fue que bajo el pretexto de búsqueda de mecanismos para conformar la Asamblea Nacional de Delegados de Consejos Comunitarios y Organizaciones Afrocolombianas, manipulando la última sentencia constitucional (que fue ignorada desde agosto hasta finales de octubre por el Ministro del Interior), la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del mismo Ministerio haya escogido a un puñado de líderes para discutir la forma de conformar a dedo la aludida Comisión de Estudios con los mismos personajes, desconociendo las cinco propuestas que se presentaron oportunamente. Es decir se continuó con la trasgresión al derecho a la igualdad de trato, así como al debido proceso imparcial y transparente, generando otra exclusión más del pueblo afrocolombiano de las sendas de la planificación del desarrollo nacional, razones por las cuales como Director del Observatorio de Discriminación del Instituto para la Igualdad de Oportunidades que conformó en mil novecientos noventa y ocho el negro Agustín H. Valencia, y cofundador del Movimiento Nacional de Comunidades Negras en mil novecientos noventa y cuatro estoy tramitando sendas acciones de cumplimiento y de tutela contra Cristo y Gaviria, porque la socarronería sigue siendo una de las vedadas estrategias del gobierno nacional con las comunidades del Muntu, Changó, Yemayá, Eleguá, el Panteón Yoruba y la cultura Bantú.
Paralelo a estas tramoyas, el afán por ocupar las dos curules de los cuestionados elegidos a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral de las comunidades negras, ha tenido un despliegue periodístico dirigido o patrocinado, pues en virtud del vacío que se produjo en el trámite legislativo de la ley seiscientos cuarenta y nueve en el dos mil uno, que congregó las distintas circunscripciones especiales para la cámara baja, en la que se determinó que para representar a los pueblos indígenas sería menester haber sido autoridad tradicional, mientras que para las comunidades negras solo bastaba con pertenecer a una organización reconocida por el Ministerio del Interior, lo cual dejó un enorme boquete que hoy permite precisamente que se genere el debate y la incertidumbre.
No voy a fungir de abogado de oficio de los cuestionados amigos de Yair Acuña que fueron elegidos con una abrumadora mayoría que le permitió a su lista alcanzar el umbral con sus casi sesenta mil votos, pero lo cierto es que en el proceso electoral ante el Consejo de Estado como órgano competente, han sido negadas las peticiones de suspensión en tres procesos que se adelantan contra aquellos. A cambio se alegan falsedades del orden penal que no han sido declaradas por ningún juez de la república. Los impugnados por su parte, alegan por ejemplo que Diego Angulo, el candidato de la lista del movimiento Poder Ciudadano de la negra Piedad Córdoba, emerge de un movimiento inscrito ante la Dirección de Comunidades Negras tan solo seis meses antes de las elecciones de Marzo, cuando la legislación electoral dice que se requiere por lo menos un año de pertenencia al movimiento o partido debidamente reconocido con anterioridad. De declararse una nulidad a eventuales inhabilidades de los elegidos, sus votos seguirían incólumes. La negra ha puesto un gran esfuerzo en cabeza de su pupilo político que alcanzó un casi cinco mil votos, para hacerse a una personería jurídica que le permitiría expedir avales para la venidera contienda electoral, después de la derrota electoral ocasionada por el error de promover a su delfín al Senado, repitiendo la práctica monárquica de imponer a sus vástagos, una inveterada costumbre manzanilla. Diego Angulo dijo a El Espectador –fuera de contexto- que no debía permitirse la posesión de los inculpados porque no eran negros, lo cual se sale del contexto de la reciente sentencia constitucional, que reafirma que el color de la piel no puede ser el determinante, basta con auto-reconocerse como afrodescendiente, ha dicho la alta corte. Por cierto, el abuelo de uno de los elegidos, es de esos negros veteranos de Puerto Tejada. Es decir, no podemos anhelar a pertenecer a la rama legislativa desconociendo la presunción constitucional de inocencia, un principio legal de aceptación en el mundo entero, pues esto es precisamente lo que nos aplican a quienes cuestionamos al establecimiento, meras conjeturas como las que tienen al compañero Hoobert Ballesteros de Marcha Patriótica en la cárcel. Esto me recuerda el poema del pastor luterano Martin Niemoller (aludido erradamente a Bertol Brecht): “Primero vinieron a buscar a los comunistas pero como yo no era comunista no dije nada, después vinieron a buscar a los judíos pero como yo no era comunista no dije nada, ahora vienen por mí pero es demasiado tarde porque no hay nadie que hable por ello“. Este es el panorama actual de las comunidades afrocolombianas, cuyos esfuerzos para mejorar y propiciar un mejor futuro y el pago del saldo de la deuda histórica del gobierno nacional, debe ser un propósito de quienes estamos inexorablemente vinculados a esta dinámica histórica del país nacional.
Cali, veinte de Enero de dos mil quince.
