11 de agosto de 2024. Por Michelle A. Urrea Vivas. La protección del medioambiente ha sido una de las principales banderas de Petro. Esta visión busca establecer al país como un referente en sostenibilidad mediante la adopción de procesos productivos circulares, un manejo estratégico de residuos para su valorización energética, una oferta diversificada de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles, y la reducción y reutilización de aguas residuales para la agricultura, con el fin de reducir la dependencia de fuentes de agua convencionales. Además, el gobierno se ha comprometido a frenar la deforestación.
Su discurso se acompaña de muchos desaciertos, entre los cuales se destacan la corrupción, la falta de asesoría técnica y el mero desconocimiento de la ejecución de proyectos de gran envergadura. Sus discursos pueden ser elocuentes, pero distan mucho de la realidad que hoy atraviesa Colombia.
A dos años de la administración Petro, se evalúan los avances en materia ambiental y el cumplimiento de los cuatro ejes clave del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Ordenamiento territorial alrededor del agua
Para que Colombia se convierta en un país desarrollado y competitivo debe enfocarse en el uso eficiente de sus recursos hídricos. La necesidad de generar un crecimiento sostenible e integrador requiere una política que respalde el fomento de nuevas estrategias adaptativas para hacer uso de un recurso renovable limitado. Sin embargo, la realidad hasta el momento es crítica.
Desde su primera contienda electoral para la presidencia en el 2010, Gustavo Petro afirmó que una “Revolución del Agua” sería necesaria para cambiar el modo de vida de muchos pueblos marginados que no contaban con servicio de acueducto y alcantarillado.
Aunque los discursos del gobierno parecieran apuntar en la dirección correcta, la gestión del control y la mitigación de problemas ambientales ha sido inadecuada, como lo muestran las recientes emergencias climáticas. Un ejemplo claro es la falta de medidas estratégicas frente al fenómeno de El Niño, cuyo pronóstico fue alertado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos. Los impactos del fenómeno fueron tan severos que provocaron la pérdida de áreas forestales cruciales en varios departamentos del país, incluyendo Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca y Boyacá.
Ahora bien, los episodios de sequía han agravado el riesgo para el suministro de agua potable y la generación de energía. La Guajira y Quibdó han sido especialmente afectados por el fenómeno de El Niño. En Quibdó, la falta de suministro de agua continua es alarmante, y cuatro proyectos de acueducto que se habían declarado oficialmente finalizados no están operando debido a fallas estructurales y técnicas. En la Guajira, se ha convocado un concurso público internacional para desarrollar un proyecto que mejore el suministro de agua potable para un millón de personas en el departamento. Sin embargo, estos proyectos a largo plazo no resuelven de inmediato la crisis, dejando a las zonas rurales sin acceso suficiente a agua potable.
Además de construir nuevas redes de suministro, es esencial llevar a cabo proyectos nacionales que optimicen el sistema hídrico mediante la recirculación de aguas depuradas y regeneradas. Esto implica la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para prevenir la contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas. Asimismo, estos proyectos pueden ofrecer caudales ecológicos o volúmenes ambientales valiosos para los sectores agrícola e industrial.
Naturaleza viva, territorios vitales
El verdadero patrimonio colombiano es su diversidad natural, por ello que los procesos de restauración, protección y preservación son tan valorados. Hay que destacar que el avance en la ampliación de áreas protegidas es fundamental, y tuvo un aumento del 24.09% de zonas priorizadas para protección y restauración. Además, la deforestación se redujo en un 36% en 2023, una de las disminuciones más significativas en los últimos 23 años.
Ahora bien, en el primer trimestre de 2024 se estimó una pérdida significativa de 109.000 hectáreas de selva amazónica. Esta situación se ha visto agravada por la falta de contención del fenómeno de El Niño y la presencia de grupos guerrilleros, como el Estado Mayor Central y disidentes de las Farc, que utilizan estas tierras para cultivos ilícitos. Es crucial mantener un análisis y control crítico del Plan Nacional de Contención de Deforestación y del programa “Conservar Paga”. A pesar de que 2.000 familias están involucradas en el proyecto, persisten dinámicas que fomentan la deforestación, impulsadas por motivos económicos, políticos y delictivos.
Por otro lado, el fomento de una ganadería sostenible es una de las metas clave de la Reforma Agraria. Su objetivo principal es liberar tierras de uso ineficiente en ganadería o tierras no utilizadas para destinarlas a la agricultura y transitar hacia prácticas ganaderas sostenibles. En este sentido, el gobierno ha entregado cerca de 150.000 hectáreas en diversos municipios, para que las familias beneficiadas puedan iniciar actividades productivas que integren sostenibilidad ganadera y agrícola con nuevas formas de bioenergía a partir de residuos sólidos.
Sin embargo, el compromiso del presidente Petro con la creación de un Gran Pacto Nacional para la defensa ambiental ha sido superficial. No se ha condenado adecuadamente a los grupos al margen de la ley responsables de delitos ambientales, y lo más preocupante es que aquellos que se atreven a denunciar estos crímenes enfrentan una grave amenaza a sus vidas. En 2023, se reportaron 28 líderes indígenas asesinados, y el número de víctimas podría aumentar si el gobierno no prioriza la protección de los líderes ambientales.
Hacia una sociedad movida por sol, viento y agua
Uno de los objetivos principales es transitar hacia una matriz energética renovable, en línea con la hoja de ruta global para alcanzar Cero Emisiones para 2060. Sin embargo, se pasa por alto que los metales necesarios para las tecnologías de energía limpia, como la solar y eólica, podrían agotarse para ese año. No se puede hablar de energías limpias cuando la extracción de materias primas fundamentales para estas tecnologías ha provocado un aumento en la contaminación de agua, suelo y ha afectado la salud.
Hasta el momento, el gobierno parece desconocer que las tecnologías de generación energética renovable, como los paneles solares y las turbinas eólicas, presentan desafíos significativos en términos de confiabilidad y sostenibilidad. Estos incluyen la variabilidad del suministro debido a las condiciones climáticas, altos costos de infraestructura y mantenimiento, la necesidad de grandes extensiones de tierra y la falta de soluciones eficaces para el reciclaje al final de su vida útil. Esto no quiere decir que se deban abandonar las energías renovables, sino que se debe considerar la inclusión de otras fuentes de generación energética más eficientes, como las plantas de hidrógeno verde o las plantas nucleares.
Actualmente, la capacidad total de generación de energía solar en el país alcanza solo el 8%, mientras que otras fuentes renovables como la energía eólica, el biogás y el bagazo representan apenas el 2.7%. Aunque estas fuentes contribuyen de manera significativa, la generación térmica a carbón sigue siendo crucial, con una participación del 41%, mientras que la energía hidroeléctrica aún domina con un 70% del suministro. Estos datos sugieren que una transición completa hacia una “revolución energética” basada en energías renovables tomará mucho más tiempo y no necesariamente llevará a tarifas más bajas. Tal vez Petro debería examinar la experiencia de países que han basado su sistema energético en energías renovables, como Alemania o Nueva Zelanda. Además, el presidente no puede seguir enfrentándose a las empresas productoras y suministradoras de energía sin una base técnica sólida para sus argumentos.
Uno de los principales errores de este gobierno ha sido no contratar nuevas exploraciones de petróleo, gas y carbón. Esta decisión impacta negativamente en el desarrollo productivo del país, compromete la seguridad energética y genera incertidumbre entre los inversionistas. Colombia no puede depender exclusivamente de las energías renovables ni arriesgarse a importar recursos de países con inestabilidad política, económica y social.
Hacia una sociedad con basura cero
Todos los países enfrentan un grave desafío en la generación y gestión de grandes volúmenes de residuos. En Colombia, uno de los objetivos más ambiciosos ha sido estructurar un sistema estratégico para la gestión de residuos sólidos urbanos. Tradicionalmente, la economía colombiana ha seguido un modelo lineal donde se extraen recursos para fabricar bienes que eventualmente se convierten en residuos desechados. Históricamente, estos residuos se han dispuesto en vertederos a cielo abierto.
El Plan de Desarrollo del gobierno prometió implementar el programa “Basura Cero”, que busca aprovechar todos los residuos sólidos a través del reciclaje y la valorización energética. Sin embargo, hasta ahora no se ha propuesto una alternativa para eliminar los vertederos a cielo abierto, y no se han tomado medidas para solucionar los problemas de la primera planta de valorización energética en San Andrés Islas. El cierre gradual de los vertederos a cielo abierto es crucial, ya que los residuos orgánicos depositados generan lixiviados que contaminan suelos y aguas subterráneas.
Además, no se ha desarrollado un plan para la remediación de suelos contaminados por residuos sólidos, ni se han realizado campañas educativas para que los ciudadanos comprendan el funcionamiento de los sistemas de separación de basuras urbanas.
El gobierno ha dado un primer paso positivo al reducir el uso de plásticos de un solo uso, facilitando así el establecimiento de una economía circular basada en la reutilización. Sin embargo, gestionar el plástico requiere un enfoque sistémico integral, y la Ley 2232/2022 es solo un primer paso para tratar este residuo, especialmente considerando la profunda costumbre de su uso. También sería beneficioso que el gobierno estableciera una base de datos coherente sobre los flujos de residuos y las tasas de reciclaje.
En conclusión, a pesar de los dos años transcurridos desde el inicio del mandato, el llamado “avance histórico” se reduce a promesas incumplidas y realidades desalentadoras.
Publicado en Red Verde. Tomado de La Silla Vacía
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