11 noviembre 2022. Por Armando Palau Aldana. El reciente Escrito de Acusación de los 9 muchachos de Puerto Resistencia capturados por la Fiscalía en vísperas de la segunda vuelta presidencial, indica que el ente acusador los ha sindicado por la comisión de 5 delitos (entre los que se cuentan secuestro simple, invasión de edificaciones, perturbación del servicio de transporte y sedición), acusación en la que afirman los agentes del Fiscal General que un grupo de personas aprovisionados de distintas clases de armas y de común acuerdo conformaron un grupo insurgente denominado Primera Línea PR mediante el cual desplazaron a la fuerza pública, se tomaron las estaciones de policía, vandalizaron el comercio, hurtaron cajeros, obstruyeron vías públicas y perturbaron el transporte público.
Afirma la Fiscal Especializada contra Organizaciones Criminales, que se había conformado una red de comunicaciones entre los diferentes Puntos de Resistencia. Los frágiles soportes de dichas acusaciones son muchos testimonios de funcionarios policiales y de la fiscalía, así como del coronel Soler (quien fuera Secretario de Seguridad del alcalde Jorge Iván Ospina). Se hace alusión a DVDs y memorias USB en las que se recopilan registros fílmicos extraídos de bases abiertas sin que se avizore en el escrito su nexo de causalidad con las acusaciones, sea decir que, no existen registros de cámaras de seguridad como elementos probatorios contundentes.
Uno de los elementos más relevantes de la pasada jornada social de protesta, es la materialización del poder popular para cuestionar con contundencia la “normalidad” impuesta por el establecimiento, ese exclusivo conclave de personas, instituciones y entidades con el poder para influir en la sociedad para mantener y controlar el orden establecido.
El Consejo de Estado en armonía con la Corte Constitucional, justipreció el año pasado que el ejercicio del derecho a la protesta social implica una alteración al orden público y una afectación a los derechos de los terceros, por tanto, se debe interpretar la alteración al orden que conlleva el ejercicio de la manifestación como un efecto legítimo del derecho fundamental, es decir, que debe existir consenso institucional sobre el carácter “irruptivo” del derecho fundamental de reunión y manifestación. Los estándares internacionales sobre derechos humanos consideran que la asistencia militar ordenada por el gobierno nacional en las movilizaciones sociales puso en situación de amenaza el derecho a la reunión y manifestación de los manifestantes en general.
La ocupación del espacio público en el desarrollo de las protestas sociales, en forma temporal o permanente, son una expresión legítima de la soberanía popular que irrumpe contra una corrupta gestión gubernamental que acumula y acrecienta la pobreza, la inequidad, el desempleo, el analfabetismo, la insalubridad y otros renglones que evidencian un desarrollo humano incompleto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Observaciones y Recomendaciones de la Visita de Trabajo a Colombia (junio 2021) afirmó: “La CIDH observa que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico racial y de género”.
Recordó la CIDH que: “la Sala de Casación Civil encontró que la fuerza pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), constituye "una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas". Asimismo, la Sala de Casación Civil encontró estereotipos arraigados sobre las protestas y sus participantes por parte de agentes de la fuerza pública, los cuales se verían reflejados, entre otras cosas, en la permisividad frente a violaciones de garantías individuales”.
La Comisión en su informe sobre Protesta y Derechos Humanos dijo: "la protesta social puede manifestarse de muy diversas formas y en las Américas se conocen algunas como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias. Las condiciones en las que se presentan muchas de estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos". En su informe, también indicó que las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica, esto implica que el Estado no debe imponer restricciones previas o prohibiciones generales que terminen desnaturalizando la protesta o privándola de su contenido real”, que es la pretensión de este perverso Escrit
o de Acusación.
Esta realidad social y jurídica no es del agrado del Fiscal Barbosa, uribista de raca mandaca, amigo íntimo del inmaduro y subalterno presidencial Iván Duque, fiel al perfil de su universidad Sergio Arboleda, el claustro universitario de la familia Noguera que se maneja como una hacienda decimonónica, institución de educación que además fue recientemente sancionada por el Ministerio de Educación en virtud de pagos inexplicables a personajes con relevancia nacional, como el condenado exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, el Fiscal Francisco Barbosa, y el condenado exministro Andrés Felipe Arias.
Pero la sociedad colombiana no puede en ninguna circunstancia aceptar esta trama perversa contra la valiente muchachada de las movilizaciones del histórico 28A-2021. Este montaje judicial del Fiscal y sus ladinos agentes va en detrimento de las garantías mínimas de la sociedad y sus derechos humanos fundamentales, además de constituir una afrenta contra la soberanía popular consagrada en nuestra Carta Política, es una lesión a las familias de las que hacen parte como institución básica de la sociedad. Constituye un ataque aleve al derecho a la manifestación pública y por ende una inaceptable limitación a la convivencia, la justicia, la libertad dentro de un marco jurídico que garantice un orden justo. Esta trama judicial va en contravía de fines esenciales del Estado direccionados a garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como la primacía de los derechos inalienables de la persona.
La perversa interpretación de nuestro ordenamiento jurídico revelado en el escrito de acusación de la Fiscalía contra los muchachos, sospechosamente privados de la libertad tan solo unos días antes del debate electoral que llevo a Petro a la Presidencia, en la que la inmediación de las pruebas aportadas no logra la desconfiguración de la presunción de inocencia y en donde abundan dudas que favorecen a los acusados, transgrede los tratados y convenios internacionales vigentes en nuestro país, que reconocen los derechos humanos y prevalecen en el orden interno, así como su interpretación por las instancias como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, cuyos conceptos y fallos son criterios auxiliares de la actividad judicial.
No solo los muchachos de Puerto Resistencia así como los del Paso del Aguante y aquellos que por protestar están privados de la libertad en las lúgubres cárceles, como también todos aquellos que les acompañamos y protestamos nos sentimos reflejados en todos los puntos de resistencia contra un establecimiento caracterizado por la corrupción, seguimos en pie de lucha contra esta trama judicial y entonamos el tango de Santos Discépolo que dice: “Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina”.
Cali, 5 de noviembre de 2022.
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