14 febrero 2019. Por Armando Palau Aldana. Desde diciembre del noventa y nueve, se tramitó de licenciamiento ambiental ante el Ministerio de Ambiente para la construcción del proyecto hidroeléctrico en el Cañón del Cauca en jurisdicción de Ituango, Peque, Buriticá, Briceño, Toledo, Sabanalarga y Liborina. Casi siete años después el Grupo EPM (conformado mayoritariamente por departamento de Antioquia y municipio de Medellín, así como accionistas estatales y un minoritario de particulares), presentó el Estudio de Impacto Ambiental, con audiencia pública peticionada por el Procurador Agrario de Antioquia, que evidenció un desconocimiento de las autoridades y comunidades locales de los impactos y plan de manejo de la que sería la hidroeléctrica más grande del país.
Para aprovechar el potencial hidráulico del río en su tramo medio, la presa tiene una altura de doscientos veinte metros, con corona de doce metros de ancho y quinientos de longitud, estableciendo para el llenado del embalse la evacuación de por lo menos trescientos metros cúbicos para garantizar el caudal ecológico, conforme a lo cual se expidió La Licencia y el Plan de Manejo en enero de dos mil nueve, con aprovechamiento forestal de más de cuatro mil hectáreas de bosques secos y húmedo tropical. El licenciamiento lleva catorce modificaciones y siete ajustes, entre su expedición y mayo del año pasado.
En mayo del año pasado, se produjo en derrumbe cerca a la vía industrial por la margen derecha del río, taponando el túnel de la Galería Auxiliar de Desviación del Cauca, represando el embalse aún sin terminar, originando la evacuación de miles de habitantes de los municipios circunvecinos ante el inminente y catastrófico riesgo de ruptura de la presa, llevando al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres a atender la emergencia.
Desde aquel entonces, la Contraloría General advirtió "graves errores" en el otorgamiento de la licencia y desarrollo de obras de la hidroeléctrica, formulando treinta y cinco hallazgos con incidencias disciplinaria y penal, pues no se realizaron estudios detallados y se tomaron decisiones sin el sustento técnico suficiente, entre otras, no construir compuertas que controlaran el cauce para ahorrarse una considerable suma de dinero, destacando que era inexplicable que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no hubiere impuesto ninguna sanción, máxime que EPM ocultó información y realizó obras no autorizadas. Anla, una vez ocurrida la contingencia impuso diecisiete medidas de manejo ambiental a la sociedad Hidroeléctrica Ituango, para minimizar el riesgo al cual está expuesta la población, con procesos de comunicación oportunos y veraces, restablecimiento de los niveles del río Cauca aguas arriba y abajo de la presa, monitoreos de su calidad, rescate y reubicación de fauna, así como evacuación y traslado de las familias expuestas, garantizándoles bienestar, integridad y atención en salud, con inventario de procesos erosivos y de remoción en masa.
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia conformado por catorce organizaciones de campesinos y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, anunciaron acción de nulidad contra la licencia en el Consejo de Estado, entre otras razones por la falta de participación efectiva de las comunidades afectadas y las irregularidades presentadas en el procedimiento ambiental, toda vez que las modificaciones han causado desalojos, contaminación y violación a los derechos humanos (persecución, desplazamiento, detenciones y asesinatos), de estas comunidades que habitan tierras con vocación agrícola, pesquera y barequería de oro, en municipios de Antioquia, Bolívar y Sucre.
Ante el reciente cierre de la segunda compuertas con el fin de lograr el llenado de la represa, que dejó sin el caudal ecológico al segundo río tutelar de Colombia, no obstante que nunca estuvo contemplado ni cuantificado en ningún estudio, causando impactos ambientales a corto y largo plazo. Paradójicamente, Jorge Londoño el gerente de EPM, aseguró que el Cauca nunca perdió su caudal mientras estuvieron cerradas las compuertas de la hidroeléctrica, pero lacónicamente manifestó que “es una situación que lamentamos y de la cual nos entristecemos”.
El Defensor del Pueblo emitió un comunicado, indicando que pese a que el pasado nueve de febrero EPM puso en funcionamiento el vertedero y aseguró que las operaciones sostenidas de evacuación del embalse no presentan ningún problema, la emergencia ambiental y social en las comunidades ribereñas, podría estar vulnerando los derechos humanos de estas poblaciones. Concomitantemente el Procurador General, aperturó investigación a la Junta Directiva de EPM y funcionarios de la ANLA ante la magnitud del daño generado en términos sociales económicos y sociales, que amerita la declaratoria de emergencia ambiental que abarca a cuatro departamentos y más de veinte municipios, que albergan a más de ciento veinte mil habitantes entre ellos a veinte mil familias de pescadores.
Represar el agua dejando seco el río aguas abajo genera una dinámica distinta, que al evacuarla podría lograr que se desprendan antiguos sedimentos muy difíciles de que el lecho vuelva a obtenerlos en el corto plazo, generándose daños ambientales irreparables. Incluso el nuevo embalse cambiará parámetros como el microclima (temperatura, humedad relativa y régimen de lluvias), consumándose “ilícito aprovechamiento de recursos naturales”, “daño en los recursos naturales” y “contaminación ambiental”, punibles sin acciones judiciales a la vista, no obstante que a la desprestigiada Fiscalía la Contraloría le corrió traslado hace nueve meses. Esto sin contar la transgresión los derechos colectivos: goce de un ambiente sano; moralidad administrativa; existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; conservación de las especies animales y vegetales; seguridad y salubridad públicas; y, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. Por ello nos constituiremos como voceros de víctimas en el proceso penal y acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr medidas cautelares en defensa del río Cauca y toda la población que convive con este majestuoso padre.
Cali, doce de febrero de dos mil diecinueve.
0 comentarios:
Publicar un comentario