16 de julio de 2023. Por Daniel García Peña. Por segunda vez en menos de dos semanas, Álvaro Uribe se vio obligado a decir públicamente que se sentía mal porque sus cercanos y subalternos le habían mentido, ocultándose graves delitos cometidos. Lo más reciente fue la financiación ilegal de la campaña de Oscar Iván Zuluaga por Odebrecht y antes habían sido los espeluznantes testimonios de militares ante la JEP, donde admitieron su participación en los mal llamados falsos positivos, que no fueron ni falsos ni positivos.
En ambos casos no se trata de simples acusaciones o supuestas calumnias de la oposición, sino confesiones a viva voz, una grabada y la otra develada ante autoridades judiciales, que confirman la comisión de crímenes serios. Si bien son dos asuntos bien diferentes, ambos son de inmensa gravedad, aunque de lejos el asesinato de 6402 jóvenes inocentes por parte del Ejército es muchísimo peor y éticamente más reprochable. Por mucho que Uribe insista en que los autores de estos crímenes fueron sólo “manzanas podridas” (y además mentirosos), las evidencias demuestran cada vez más que se trató de una práctica sistemática y extendida, resultante de una mezcla perversa entre una política de incentivos (vacaciones, ascensos) y una cultura institucional de la deshumanización grotesca de la población más vulnerable.
Como bien lo ha señalado Patricia Lara en estas páginas, el Ejército requiere hacerse una profunda reflexión de tipo existencial. En buena hora el gobierno del presidente Gustavo Petro está promoviendo un redireccionamiento de la política de defensa, liderada por el ministro Iván Velásquez, bajo el enfoque de seguridad humana, que se centra en la defensa de la vida. En cualquier organización, al emitir una política o impartir instrucciones, la autoridad responsable debe medir previamente las consecuencias directas e indirectas para evitar o al menos reducir los riesgos de abuso o daño potencial.
Todo indica que este ejercicio básico no se realizó en relación con el ofrecimiento de incentivos a los soldados para mostrar resultados, medidos en “bajas del enemigo”, política promulgada durante el gobierno de Uribe. Como presidente, él no solo era el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, sino que en la práctica fungía como Ministro de Defensa y solía llamar directamente a los militares en los frentes de guerra, a tempranas horas, indagando sobre los resultados. Afirmar que desconocía lo que sucedía y que siente tristeza porque lo engañaron (pobrecito, qué pecado) no solo es una descomunal desfachatez de hondo cinismo e hipocresía, sino, sobre todo, poco creíble.
Uribe ha sido muy hábil para mantener distancia y no verse involucrado judicialmente en los múltiples hechos delictivos que caracterizaron su administración, tales como los asesinatos y chuzadas ordenadas por el DAS, Agro Ingreso Seguro, la yidispolítica, entre tantos otros. Lo más probable es que Zuluaga termine tras las rejas –como José Miguel Narváez, Andrés Felipe Arias y Sabas Pretelt, para solo mencionar algunos– por delitos cometidos “a espaldas” de Uribe y que a él judicialmente no le pase nada, como tampoco con los falsos positivos. De todas maneras, el proceso por la manipulación de testigos sigue andando y, como dicen, la justicia cojea, pero llega. Independientemente de las consecuencias jurídicas, o la falta de ellas, de las múltiples actuaciones de Uribe, el costo político de estas últimas noticias es evidente y contundente. Incluso, si todo hubiese sucedido sin su conocimiento, como él afirma, se desmorona aún más la imagen de gran líder sobre la cual había querido basar su legado y pasar a la historia.
El ocaso del uribismo viene desde tiempo atrás. Con su arresto domiciliario en 2020 y su renuncia al Senado para evadir la justicia de la Corte Suprema y así ganar tiempo, su figura se vino disminuyendo notablemente, afectando al Centro Democrático del cual él es su líder indiscutible. El desastre del gobierno de Duque profundizó la crisis del uribismo que en 2022 ni siquiera pudo presentar candidato propio y le tocó camuflarse detrás de ‘Fico’. En las elecciones regionales de octubre próximo, todo indica que el espacio abierto por las dificultades que aparentemente atraviesan el Pacto Histórico y sus aliados serán aprovechadas electoralmente por otros y no por el Centro Democrático.
Efectivamente, estamos transitando por el post uribismo. En últimas, más allá de lo jurídico o lo político, a Uribe le espera ser juzgado por la historia. Con cada nuevo pedazo de verdad que se vaya conociendo, se irá definiendo el veredicto acerca de su cuestionado rol y responsabilidades.
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