El castigo colectivo de Israel a Gaza debe terminar ya

28 de octubre de 2023. Por  Amy Goodman y Denis Moynihan. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo el martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “Para aliviar este sufrimiento épico, hacer que la entrega de la ayuda sea más fácil y segura y facilitar la liberación de los rehenes, reitero mi llamamiento a un alto el fuego humanitario inmediato”. En su discurso, Guterres también criticó el asedio y el bombardeo que Israel está llevando a cabo en Gaza en represalia por el ataque que la organización Hamás perpetró el 7 de octubre, en el que murieron más de 1.300 ciudadanos israelíes:

“Es importante reconocer también que los ataques de Hamás no se produjeron en el vacío. El pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante. Ha visto cómo su tierra era devorada por los asentamientos y asolada por la violencia; cómo se asfixiaba su economía; cómo se desplazaba a su población y se demolían sus hogares. Sus esperanzas de encontrar una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo. Sin embargo, el sufrimiento del pueblo palestino no puede justificar los atroces ataques de Hamás y esos atroces ataques no pueden justificar tampoco el castigo colectivo del pueblo palestino”.

El embajador de Israel ante la ONU exigió la renuncia de Guterres y agregó: “Nos negaremos a expedir visas a los representantes de la ONU […] para darles una lección”. Estados Unidos presentó una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que proponía una “pausa humanitaria” en Gaza, pero Rusia y China la vetaron por considerarla insuficiente. Por su parte, Rusia propuso una resolución que pedía un alto el fuego absoluto en Gaza, que fue vetada por Estados Unidos y el Reino Unido.

Mientras tanto, el número de muertes en el enclave palestino continúa en aumento. Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 7.000 palestinos han muerto desde el 7 de octubre, entre ellos casi 3.000 niños y niñas. Militares y colonos armados israelíes también han matado a más de 100 palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania desde el 7 de octubre, lo que se suma al número récord de palestinos que han muerto a manos de israelíes en lo que va de 2023.

Desde 2006, Israel mantiene un bloqueo de carácter devastador en la Franja de Gaza y ha forzado a sus 2,4 millones de residentes a vivir en lo que se considera la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Israel limita el suministro de alimentos, combustible, agua y medicamentos a Gaza y controla quién puede entrar o salir del enclave ocupado, en un sistema de control que ha sido calificado de apartheid. La interrupción completa de suministros vitales que Israel ha impuesto desde el 7 de octubre a Gaza, agravada por los continuos ataques aéreos, ha dado lugar a lo que el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, Philippe Lazzarini, ha descrito como un “infierno en la Tierra”. Lazzarini escribió al respecto: “Vecindarios enteros están siendo arrasados, junto con la población civil que vive en ellos”.

Entre las personas que han muerto a causa de los bombardeos israelíes se encuentran la esposa, una hija y un hijo de Wael Al-Dahdouh, director de la oficina en Gaza de Al Jazeera Arabic, al que muchos denominan “la Voz de Gaza”. Los familiares de Al-Dahdouh perdieron la vida como consecuencia de un ataque aéreo israelí cuando se encontraban en el sur de Gaza. El día después del bombardeo, la corresponsal de Al Jazeera Youmna ElSayed dijo a Democracy Now!: “Wael, al igual que muchos de nosotros y miles de palestinos, acató la orden de Israel de evacuar la zona norte [de la Franja] y la ciudad de Gaza, y trasladó a su familia al sur, al campamento de refugiados de Nuseirat. […] Cuando decimos que no hay un lugar seguro en Gaza, no estamos mintiendo. […] Solo quiero hacer una pregunta: ¿por qué nos pidieron que fuéramos al sur?”.

La directora regional de la organización Oxfam para Medio Oriente, Sally Abi Khalil, declaró en un comunicado: “La situación es sumamente horrorosa. ¿Dónde está la humanidad? Millones de civiles están sufriendo un castigo colectivo a la vista de todo el mundo; no puede haber justificación para utilizar el hambre como arma de guerra”.

La infraestructura sanitaria de Gaza está al borde del colapso. El doctor Hussam Abu Safiya, jefe de pediatría del hospital Kamal Adwan, del norte de Gaza, dijo a la cadena Al Jazeera: “Estamos desbordados por la llegada de decenas de niños y niñas heridos, moribundos y muertos. […] El ritmo de los ataques se está intensificando y nuestros suministros están a punto de agotarse. Cuando mañana se acabe el combustible, este hospital se convertirá rápidamente en una fosa común”. Por su parte, el doctor Mohammad Abu Salmiya, director del hospital Al Shifa, el más grande de Gaza, afirmó que las inminentes muertes de los pacientes que dependen del suministro eléctrico para utilizar respiradores o equipos de diálisis constituyen un “asesinato premeditado”.

El miércoles, en un discurso que pronunció en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso en duda el número reportado de palestinos que han muerto en Gaza: “No sé si los palestinos dicen la verdad acerca de cuántas personas han muerto. Sí estoy seguro de que han muerto inocentes, y ese es el precio de librar una guerra”.

En febrero, meses antes del ataque que Hamás llevó a cabo el 7 de octubre, Haaretz, uno de los periódicos más influyentes de Israel, publicó un editorial en el que abordaba la aplicación del castigo colectivo como respuesta a esporádicos ataques de palestinos contra ciudadanos israelíes. El equipo editorial del periódico escribió: “Las leyes que autorizan a Israel a transgredir el derecho internacional y las reglas de ocupación no solo no detendrán el terrorismo, sino que también llevarán a Israel a ocupar el banquillo de los acusados en instancias internacionales”.

El castigo colectivo de Israel hacia los palestinos no es nada nuevo. Pero este último asedio contra Gaza, que el académico israelí estudioso del Holocausto Raz Segal describió como “un genocidio de manual”, debe finalizar de inmediato.

© 2023 Amy Goodman. Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

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¡Alto el fuego en Gaza ya!

21 de octubre de 2023. Por Amy Goodman y Denis Moynihan. El número de muertes sigue aumentando en Gaza a medida que Israel impone un castigo colectivo a los 2,4 millones de palestinos que se encuentran atrapados en ese enclave ocupado, que ha sido descrito como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Los palestinos de Gaza han vivido bajo un completo bloqueo militar israelí desde 2007, luego de la victoria de la organización Hamás en las elecciones legislativas palestinas. Desde entonces, Israel decide cuánto alimento, combustible y agua ingresan en Gaza, y controla enteramente el movimiento de los palestinos al entrar o salir de Gaza, en un sistema de control que Human Rights Watch y muchas otras organizaciones han calificado de apartheid.

Desde el brutal ataque sorpresa que Hamás llevó a cabo en el sur de Israel el 7 de octubre, en el que murieron más de 1.300 israelíes, en su mayoría civiles y entre ellos muchos niños y niñas, Israel ha intensificado su asedio y ha desatado un bombardeo incesante contra la estrecha Franja de Gaza. Al cierre de esta edición, más de 3.800 palestinos han muerto y más de 12.000 han resultado heridos. Estas cifras seguramente aumentarán, ya que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido una “guerra larga y difícil”.

Gran parte de los principales medios de comunicación occidentales se centraron el miércoles en determinar quién fue el causante de la terrible explosión que ocurrió en el hospital Al-Ahli, situado al norte de Gaza, que cobró la vida de alrededor de 500 personas. Sin embargo, pusieron menos énfasis en brindar información sobre el derramamiento de sangre en el hospital. Por la aparente magnitud de la explosión, en un primer momento se creyó ampliamente que la responsabilidad del ataque recaía en Israel, que cuenta con un vasto arsenal que incluye numerosos tipos de bombas, misiles y otras municiones. Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se dirigía en ese momento a Israel, y los principales canales de noticias de Occidente abrazaron casi de inmediato la explicación proporcionada por las fuerzas armadas israelíes, quienes afirmaron que la explosión fue ocasionada por el lanzamiento fallido de un cohete por parte del grupo Yihad Islámica Palestina.

Los medios se olvidaron de los miles de palestinos que ya han fallecido en los más de diez días de bombardeos israelíes y el número aún incierto de los que yacen, vivos o muertos, bajo los escombros.

Mustafa Barghouti, médico palestino y secretario general del partido político Iniciativa Nacional Palestina, dijo a Democracy Now!: “Las atrocidades son indescriptibles. Los palestinos, no solo de Gaza sino también de Cisjordania, estamos siendo víctimas de terribles crímenes de guerra y de una limpieza étnica. Se están cometiendo actos de castigo colectivo contra la población de Gaza. Muchos civiles están muriendo porque no tienen ni agua ni electricidad ni comida ni medicamentos. Es un genocidio en marcha. Cada cinco minutos muere un palestino en Gaza. Cada 15 minutos, muere una niña o un niño palestino en Gaza. Y esto no para”.

En todo el mundo árabe, así como en Estados Unidos y Europa, las protestas están en aumento. Se han registrado manifestaciones en lugares tan distantes entre sí como Ramala, en los territorios ocupados de Cisjordania; Amán, en Jordania; Bagdad, en Irak; y el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, D.C. En este último lugar, una protesta liderada por judíos, convocada por las organizaciones If Not Now y Voz Judía por la Paz, congregó a miles de personas que exigían un alto el fuego en Gaza. Unos 300 manifestantes fueron arrestados en la rotonda del edificio Cannon House.

Entre los participantes de la movilización que se llevó a cabo en Washington D.C. se encontraba Amira Hass, una renombrada periodista judía israelí, corresponsal del periódico Haaretz, que ha vivido durante décadas en los territorios palestinos ocupados y es hija de sobrevivientes del Holocausto. En conversación con Democracy Now!, Hass expresó que no estuvo allí como periodista, sino como judía y recalcó: “Este embate contra Gaza debe cesar de inmediato”.

Otra protesta provino de un sector inesperado: desde el interior del Departamento de Estado de Estados Unidos. Josh Paul se desempeñó durante once años como director de asuntos públicos y parlamentarios de la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado estadounidense. Se trata de la oficina gubernamental más directamente implicada en la entrega de armas a Gobiernos extranjeros. El miércoles, Paul redactó una carta de renuncia a su cargo, de dos páginas de extensión, que compartió de manera pública en Internet y que merece ser citada en detalle:

“No podemos estar a favor y en contra de la ocupación. No podemos estar a favor y en contra de la libertad. Y no podemos estar a favor de un mundo mejor y, al mismo tiempo, contribuir a uno que es significativamente peor. Creo en lo más profundo de mi alma que la respuesta que está dando Israel y el respaldo estadounidense a esa respuesta y al 'statu quo' de la ocupación solo provocará un sufrimiento mayor y más profundo tanto para el pueblo israelí como para el pueblo palestino, y no redundará en ningún beneficio a largo plazo para los intereses estadounidenses. La respuesta de este Gobierno es sumamente decepcionante, pero no sorprende en absoluto. Décadas de este mismo enfoque han demostrado que la política de 'seguridad para la paz' no conduce ni a la seguridad ni a la paz. En cualquier lugar del mundo podemos encontrar belleza, que merece ser protegida y tener el derecho a prosperar. Eso es lo que más deseo tanto para los israelíes como para los palestinos. El asesinato de civiles es enemigo de ese deseo, tanto los cometidos por terroristas contra personas que bailan en una fiesta como los cometidos por terroristas contra personas que se dedican a cosechar sus olivares. El secuestro de niños y niñas es enemigo de ese deseo, tanto si se los llevan a punta de pistola de su kibutz o si se los llevan a punta de pistola de su aldea. Y el castigo colectivo, ya sea que implique la demolición de una vivienda o de miles de ellas, es enemigo de ese deseo, al igual que lo son la limpieza étnica, la ocupación y el apartheid”.

© 2023 Amy Goodman. Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

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Mientras Israel arrasa Gaza, los medios de comunicación estadounidenses avivan el fuego

15 de octubre de 2023. Por Amy Goodman y Denis Moynihan. A medida que Israel intensifica su brutal respuesta al brutal ataque que la organización Hamás llevó a cabo el 7 de octubre, es importante escuchar las voces de quienes se encuentran en la línea de fuego, en ambos lados del conflicto. Los principales medios de comunicación de Estados Unidos nos ofrecen constantemente las voces de los israelíes que han sufrido los actos de violencia de Hamás. Ojalá los medios cubrieran también de esa forma el dolor que padece la población civil de Palestina, ya que rara vez escuchamos su voz. Escuchar el relato de las víctimas en su propia voz es el primer paso para derribar barreras y cultivar una comprensión que pueda allanar el camino hacia una paz justa.

Poco después del ataque de Hamás, Israel inició un nuevo e intenso bombardeo contra la Franja de Gaza. Quienes están soportando todo el peso de esa represalia son los 2,4 millones de palestinos que Israel tiene atrapados en Gaza, casi la mitad de los cuales son niños y niñas. La Franja de Gaza —un enclave de entre 6 y 12 kilómetros de ancho y 40 de largo— es uno de los lugares más densamente poblados del planeta y ha sido descrita como la prisión al aire libre más grande del mundo. En las condiciones llamadas “normales”, los gazatíes viven bajo una severa ocupación militar. Nadie entra ni sale sin el permiso de Israel. Israel controla el suministro de agua, alimentos y combustible de Gaza. Ahora, tras el ataque de Hamás, el bloqueo y los bombardeos israelíes en/sobre Gaza han adquirido un carácter catastrófico.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció: “Hemos impuesto un bloqueo total en Gaza. No habrá comida, agua ni combustible; todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales humanos”.

Al momento de escribir estas líneas, se ha confirmado la muerte de 1.300 israelíes, además de haber miles de heridos, y se estima que 150 personas han sido secuestradas. Mientras tanto, más de 1.350 palestinos han perdido la vida y aproximadamente 6.000 han resultado heridos en los ataques devastadores que Israel está perpetrando en Gaza, una medida de castigo colectivo que infringe el derecho internacional.

Raji Sourani es director del Centro Palestino de Derechos Humanos en Gaza y ganador del Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. En conversación con Democracy Now!, expresó: “No hay un solo lugar que se puede considerar como refugio seguro en Gaza; hay aviones de combate o drones surcando todo el cielo. [Las bombas] pueden caer en un edificio con cientos de apartamentos, en una casa, en un hospital, en una escuela o en un refugio utilizado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina”. Mientras hablaba, la casa de Sourani se estremeció a causa de una explosión, pero él continuó: “Netanyahu dice que los gazatíes deben abandonar Gaza. ¿Para ir adónde? No tenemos un corredor seguro. […] Es algo claramente genocida”.

Por su parte, Ofer Cassif, un judío israelí que integra el Parlamento de Israel, dijo a Democracy Now!:

“Recibí un mensaje de WhatsApp de una amiga muy cercana que estaba escondida con su marido en el kibutz. Me dijo que tenía mucho miedo y que podía oír a los combatientes de Hamás afuera. Por desgracia, esas fueron probablemente las últimas palabras que escribió, porque la asesinaron junto con su esposo justo después de enviarme ese mensaje. Era una muy buena amiga mía, votante de nuestro partido, que también estaba en contra de la ocupación. […] Civiles inocentes de ambos lados, tanto israelíes como palestinos, están pagando el precio de una ocupación arrogante y criminal a la que Israel se rehúsa a poner fin”.

Las cadenas de televisión estadounidenses han enviado corresponsales a Israel para cubrir los episodios de violencia, pero rara vez entrevistan a palestinos, a activistas israelíes pacifistas o a periodistas que se oponen a la ocupación. Informes sobre la supuesta decapitación de bebés por parte de Hamás han tenido amplia difusión en los principales canales de noticias, un hecho que también fue mencionado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Al ser interrogada, la Casa Blanca rectificó la afirmación de Biden y señaló que no “han podido confirmar” estos informes.

Los hechos reales de violencia ya son bastante horribles: 260 jóvenes fueron masacrados en un festival de música dedicado a “la unidad y el amor”. Un kibutz habitado por israelíes a quienes un residente describió como “pacifistas” fue destruido. Más de 100 de ellos perdieron la vida y varios fueron secuestrados por Hamás. Mientras tanto, en Gaza, las bombas israelíes están aniquilando familias y barrios enteros. Hospitales y ambulancias están siendo atacados. Al menos seis periodistas han muerto en Gaza cuando intentaban informar sobre los ataques israelíes, que se anticipa que serán cada vez más intensos.

“La idea de que puedes encerrar a cinco millones de personas, ponerlas entre muros, endurecer el asedio sobre ellas, permitir solo la entrada a cuentagotas de algo de comida, algo de agua y un poco de electricidad, esa idea ha explotado como resultado de los terribles acontecimientos [recientemente acaecidos]. Esto no puede continuar así”, dijo a Democracy Now! Rashid Khalidi, reconocido académico palestino-estadounidense y profesor de la cátedra Edward Said de Estudios Árabes Modernos en la Universidad de Columbia. Khalidi continuó: “Estados Unidos debería tratar de apaciguar la situación. […] Financiamos esta ocupación. Financiamos esta violencia. Hay armas estadounidenses utilizándose hoy, ahora mismo, en Gaza, para matar a civiles inocentes, en violación de la ley estadounidense”.

Estados Unidos tiene la capacidad de ejercer presión sobre Israel para que cese su ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Como primer paso, los medios de comunicación deben permitir que la sociedad estadounidense escuche las voces de las víctimas de todas las partes involucradas en este conflicto.

© 2023 Amy Goodman. Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

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La Anticipada Reelección del Director de la C.V.C. - Disertaciones del Crepúsculo

15 de octubre de 2023. Por Armando Palau Aldana. Dicen los mayores que guerra avisada no mata soldado, aunque el genocidio contra el Pueblo Palestino por parte del enclave Sionista ha sido la excepción, y las Naciones Unidas bajo la mano oscura del Imperio Yanki ha callado durante todos estos años de exterminio, la invasión y el despojo por parte de los gobiernos israelitas a la Franja de Gaza.

Traslapando esta nefasta dinámica a la septuagenaria Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.), la guerra agenciada por la corrupción y la politiquería ha diezmado iniciativas y movimientos ambientalistas que defendemos el entorno y la oferta de recursos naturales, cooptando muchas organizaciones reales y falsas.

Infortunadamente los loables propósitos de volver a Colombia Potencia Mundial de la Vida no han llegado al Sistema Nacional Ambiental, particularmente a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en donde el Ministerio de Ambiente tiene una Consejería delegada y la Presidencia de la República sendas Consejerías en Representación.

Lo dijimos en anterior ocasión, el poder reglamentario de la elección de los Consejeros de las organizaciones ambientales, fue desaprovechado por la Ministra Susana, que se negó a establecer la no reelección de los atornillados y a garantizar a las minorías ambientalistas la posibilidad de acceder a esos escaños a través del Cuociente Electoral.

Actualmente el Presidente Petro no tiene sus Representantes en las CAR, omisión de la Ministra, excepción de la Corporación de Cundinamarca. El Consejero Delegado de la Ministra en C.V.C. al parecer no ha despuntado: mientras que Susana protesta públicamente que se hubiere impuesto un día para aspirar a la Dirección, así lo aprobó unánimemente el Consejo.

El año pasado la Asamblea Corporativa modificó los Estatutos de la C.V.C. por iniciativa del Consejo Directivo, usurpando atribuciones del Congreso de la República se estableció que las recusaciones para elección de la Dirección solo podrán ser invocadas por los aspirantes seleccionados, a pesar de que, el estatuto reconoce que son actos administrativos.

Este Consejo Directivo también decidió cambiar las reglas del juego para garantizar la reelección del actual Director, transgredieron el Código de Procedimiento Administrativo impusieron diligenciamiento personal de la inscripción e inadmisión de cualquier recurso contra sus decisiones, es decir, se autodeterminaron Consejeros infalibles: ¡el diablo o dios!

No se requiere hacer ningún esfuerzo para concluir que todas esas iniciativas se fraguaron por parte del actual Director, abogado Marco Antonio Suarez y el poder en la sombra, su esposa Beatriz Orozco la Subsecretaria de Ambiente de la Gobernación del Valle del Cauca, para cristalizar la anticipada reelección del personaje de poca monta.

Para corroborar estas dicotomías al ordenamiento legal y con el propósito de hacer un ejercicio de control ciudadano, me he inscrito con el lleno de los requisitos legales, recusando a Rosa Solís y a Julián Rentería, Consejeros desde cuando el Consejo de Estado me otorgó la razón y les ordenó remover a Oscar Campo por edad de retiro forzoso.

Esperemos que esta triste realidad sea visibilizada por la opinión pública y por las organizaciones ambientales, muchas de las cuales le venden su alma al diablo, para obtener contratos y apoyo a proyectos para establecer la importancia del hueco en el disco compacto, porque con ello se amordazan para no denunciar la corrupción y la politiquería en la gestión ambiental.

Nuestra Propia Agenda de la Comisión Ambiental de Latinoamérica y El Caribe dijo hace dos décadas: “la crisis actual es una muestra de que las cosas no se han estado haciendo bien” y en Cambalache se tararea: “¡Qué falta de respeto, qué atropello/a la razón!/¡Cualquiera es un señor!/¡Cualquiera es un ladrón!

Cali, 15 de octubre de 2023

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¡Las Corporaciones Autónomas Regionales! - Disertaciones del Crepúsculo

 
11 de octubre de 2023. Por Armando Palau Aldana. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, fue la primera en crearse en 1954 por el general Rojas Pinilla siendo Presidente, luego en 1960 la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y el Sinú (que se transformaría en el Instituto de Recursos Naturales), y en 1961 se creó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Con ocasión de la Constitución de 1991, se creo dos años después el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio de Ambiente como cabeza de éste, se crearon otras CAR más para un total de 33 y se definió a estas como autoridades ambientales y ejecutoras de políticas, planes, programas y proyectos sobre el entorno y sus recursos naturales renovables.

La veterana CAR del Valle del Cauca cuenta con una gruesa planta de contratistas y buen flujo financiero, para este año tuvo 467 mil millones de presupuesto, de los cuales 393 para gastos de inversión en los programas: cobertura del suelo, gestión del recurso hídrico, servicios ecosistémicos, aire y residuos, desarrollo territorial, y transferencia a Cali.

Se dice en los mentideros políticos, que esta jugosa chequera de la C.V.C. cuya composición la definen 11 Consejeros Directivos presididos por la Gobernación, dos delegados del gobierno, dos alcaldes, y sendos delegados del sector privado, comunidades negras, pueblos indígenas y organizaciones ambientales; pero su repartición la fija el gobierno departamental.

Este fortín burocrático con alta incidencia de los dueños de los ingenios azucareros del valle geográfico del río Cauca y su monocultivo de 400 mil hectáreas, quienes hicieron el lobby para que Rojas creara la C.V.C. logrando que esta autoridad ambiental no les aplique con rigor los procesos sancionatorios por contaminar suelos, agua, aire y quemar la fauna.

Durante estas 7 décadas esa infraestructura de la C.V.C., que la presidencia de Gaviria desmanteló quitándole el componente energético (hidroeléctricas de Salvajina, Anchicaya y Calima) para entregárselo al sector privado no ha cumplido vigorosamente su rol de gestor y promotor de un entorno saludable, al lindar con la politiquería y la corrupción.

Hace casi 20 años intenté luchar contra ese flagelo desde el Consejo Directivo, solo logré parar la quema de la caña de azúcar durante 10 meses y evitar que se repartieran a dedo 40 mil millones por medio de Convenios de Asociación, durante el proceso de elección del Director de la C.V.C. de aquel entonces, pero una sola golondrina no hace verano.

Hoy con el mayor sigilo, en un pequeño anuncio en un periódico que cada día circula menos y sin ser titular en el portal de la C.V.C., se convoca con la misma manguala con la que se maneja la elección del Director General y muy seguramente el actual será reelegido, el esposo de la Subsecretaria Departamental de Ambiente, una subalterna de la gobernadora.

Así se destila una precaria gestión ambiental y se reparte un botín, asaltando una institución que podría tener una proyección nacional si la sensatez, el conocimiento y la moralidad administrativa fueran las égidas institucionales y los valores con los que los administradores públicos cumplen la función estatal.

Parece que en esos laberintos oscuros suena Cambalache, escrito y musicalizado en 1934 por Discépolo: “¡Hoy resulta que es lo mismo/ser derecho que traidor!.../¡Ignorante, sabio o chorro,/generoso o estafador!/¡Todo es igual!/¡Nada es mejor!/¡Lo mismo un burro/que un gran profesor!/No hay aplazaos/ni escalafón,/los inmorales/nos han igualao”.

Cali, 9 de octubre de 2023

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El Mes Nacional para la Concientización y Prevención de la Violencia Doméstica en EE.UU.: un momento para educar y emprender acciones colectivas

7 de octubre de 2023.  Amy Goodman y Denis Moynihan. En la tarde del 4 de octubre, los teléfonos celulares de todo Estados Unidos zumbaron o emitieron pitidos de forma simultánea para poner a prueba el sistema nacional de alerta de emergencias. Algunos medios de comunicación instruyeron a la ciudadanía acerca del simulacro que se iba a realizar y brindaron una advertencia a las víctimas de violencia doméstica: “si usted es víctima de violencia doméstica y tiene un teléfono oculto en la casa, que su agresor desconoce, siléncielo antes del simulacro”. Resultó inquietante escuchar esa advertencia, tomar conciencia sobre cómo una simple prueba de preparación para emergencias podía empeorar la situación de emergencia real y permanente que muchas personas viven.

La violencia contra las mujeres es un flagelo mundial que afecta a personas de todas las razas, clases sociales, nacionalidades y afiliaciones políticas y religiosas. El término ”violencia contra la pareja ínitima” es un sinónimo para describir este problema, pero reconoce que también hay víctimas masculinas y de género no binario. Es importante destacar que la violencia de pareja se puede prevenir. Octubre es el Mes Nacional para la Concientización y Prevención de la Violencia Doméstica en Estados Unidos, un momento para educar y emprender acciones colectivas con el fin de frenar esta pandemia que, con demasiada frecuencia, permanece oculta.

La historia de Tracy McCarter capta de manera dolorosa el devastador impacto de la violencia doméstica. En un galardonado ensayo publicado en el medio de noticias Trutthout, McCarter cuenta con valentía su calvario y describe la cadena de catástrofes que vivió como consecuencia de la conducta abusiva de su marido, del que se había separado.

En conversación con Democracy Now!, Tracy expresó: “En marzo de 2020, vivía separada de mi cónyuge. Él había vuelto a caer en el consumo de alcohol y se ponía violento. Y, cuando bebía, esa violencia se manifestaba en agresiones que incluían la asfixia. Como enfermera, yo sabía exactamente lo peligroso que es el estrangulamiento para cualquier persona. Se considera que esta es una de las formas de agresión más peligrosas que puede sufrir una víctima de violencia doméstica”.

A pesar de que estaban separados, el esposo de Tracy llegaba repetidas veces borracho a la puerta de su casa. La hostigaba tanto a ella como a sus vecinos, hasta el punto de que terminó corriendo el riesgo de ser desalojada de su casa: “Me sentía desesperada, ya que si quería encontrar una forma de escapar de él para siempre, tenía que ayudarlo”.

Entonces, el 2 de marzo de 2020, Tracy dejó entrar a su esposo a su casa, a pesar del estado de ebriedad en el que este se encontraba. Esta decisión terminaría provocando la muerte de su marido.

“Empezó a decirme: 'Dame dinero. Dame dinero'. Yo no iba a darle dinero para que siguiera bebiendo”, continuó Tracy. “Entonces, procedió a agredirme de diversas formas, lo que incluyó un intento de estrangulamiento.[…] Tomé un cuchillo […], porque pensé que de esa manera lo asustaría y lograría que se marchara de mi apartamento. […] Cuando venía [nuevamente] hacía mí, se tropezó. […] Al tropezarse, se clavó el cuchillo que yo sostenía para protegerme, porque tenía derecho a defenderme. La herida que recibió resultó ser muy grave”.

Tracy llamó al teléfono de emergencias e hizo lo que el personal de enfermería está capacitado para hacer: aplicar presión sobre la herida.

“La policía entró en mi apartamento y luego lo hizo el personal del servicio médico de emergencias”, contó Tracy, y continuó: “Me forzaron a detener mi intento de salvarle la vida, me esposaron y presencié cómo la policía intentaba realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar en mi esposo, sin aplicar presión sobre la herida. Me vi obligada a observar cómo, [de esta manera], él se desangraba aún más rápido que antes. No me escucharon cuando intenté decirles cómo salvarle la vida”.

Tracy McCarter fue acusada de asesinato en segundo grado y fue trasladada a la tristemente célebre cárcel neoyorkina de Rikers Island. Se le negó la libertad bajo fianza y languideció allí durante siete meses, mientras la pandemia de la COVID-19 hacía estragos en ese complejo penitenciario. McCarter fue finalmente puesta en libertad con una tobillera de vigilancia electrónica. En el momento de su detención, Tracy estaba cursando un posgrado en la Universidad de Columbia. La universidad la suspendió, nada menos que por “mala conducta basada en el género”. Perdió su trabajo y no pudo conseguir otro, pues en los formularios de solicitud de empleo debía seleccionar la opción que indicaba que tenía una causa pendiente por delito grave.

La organización de base Survived and Punished encabezó una campaña de solidaridad bajo la consigna “I stand with Tracy” (Yo apoyo a Tracy). La consigna, convertida en etiqueta, fue compartida en redes sociales por varios candidatos a fiscal de distrito de Manhattan, incluido Alvin Bragg, que fue quien terminó ganando la contienda electoral para ocupar ese puesto. Aunque se demoró un año, Bragg finalmente retiró los cargos contra Tracy McCarter.

En mayo de este año, Tracy completó la maestría en enfermería en la Universidad de Columbia. En la ceremonia de graduación, subió al escenario envuelta en una bandera que decía: “La Universidad de Columbia no apoyó a esta sobreviviente de violencia doméstica que ha sido criminalizada. ¡Me gradué de todos modos!”. Actualmente Tracy ha reanudado su trabajo como enfermera en el Centro Médico Weill Cornell.

La de Tracy McCarter es solo una historia; hay millones más. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, casi la mitad de las mujeres del país —es decir, unas 60 millones de mujeres— denunciaron haber experimentado “violencia sexual, violencia física u hostigamiento por parte de su pareja íntima en algún momento de su vida”. La cifra de víctimas masculinas ronda el 7%.

Buscar ayuda cuando se está siendo víctima de una relación abusiva puede ser riesgoso, pero hay personas capacitadas disponibles a ayudar. En Estados Unidos existe la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica. Para acceder a esa ayuda, las víctimas pueden ingresar al sitio thehotline.org, llamar al teléfono 1-800-799-SAFE (7233) o enviar un mensaje de texto con la palabra START al 88788.

Millones de personas sufren violencia en sus hogares. Demasiadas de ellas no logran sobrevivir. Ya es hora de acabar con el flagelo de la violencia de pareja íntima. Es una emergencia real, no un simulacro.

© 2023 Amy Goodman. Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

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Colombia, potencia mundial del clasismo

5 de octubre de 2023. Por Mauricio Jaramillo Jassir*.Por cuenta de la movilización convocada para apoyar las reformas sociales de la administración de Petro se produjo una nueva e innecesaria polémica. Varios comunicadores denunciaron que la llegada de indígenas a Bogotá había sido financiada por el gobierno nacional, lo que derivó en una lluvia de descalificativos por considerarlos “borregos”, expresión recurrente para poner en tela de juicio la convicción de quienes ejercen su derecho a la movilización. De nada valió que los indígenas hubiesen aclarado su autonomía respecto del gobierno para movilizarse.

En medio de las críticas, varios sectores siguen mostrando incapacidad para hacerlo sin recursos a fórmulas clasistas y racistas. Como suele ocurrir en todas las sociedades donde existe un parámetro de exclusión institucionalizado, se suele responder que quien formula las críticas, lo hace desde la necesidad de indagación y controversia, necesarios en la deliberación democrática. Periodistas como Luis Carlos Vélez o Gustavo Gómez, que cayeron en frases de clara connotación racista, parecen ignorar u omitir que existen manifestaciones no siempre expresas. Es decir, no todos se refieren a los afros en los términos despectivos de Luz Fabiola Rubiano contra Francia Márquez. De eso precisamente se trata el racismo y el clasismo estructural. La discriminación por clase o etnia es mucho más profunda cuando se camufla en el discurso y, como decimos los colombianos, “pasa de agache”. 

Johan Galtung teórico de la paz, pero quien paradójicamente ha teorizado la violencia, la enmarca en tres tipos: directa, estructural y cultural. La primera es la más obvia y ocurre cuando se ejerce sobre otra persona; la segunda consiste en la privación del bienestar material, dicho de otro modo, hay violencia cuando no hay acceso a agua potable, servicios o a una dignidad material; y la cultural, se mimetiza en códigos de costumbres, religiosos o étnicos. Colombia ejerce sistemáticamente violencia estructural y cultural contra los indígenas cuando los presume como borregos, vendidos, guerrilleros o violentos, prejuicios que pululan cuando ocurren movilizaciones. 

El racismo y clasismo consisten en una presunción de que las personas de determinados grupos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Afrodescendientes que son esculcados hasta la médula antes de entrar a un bar, o, como dice la canción “Han cogido la cosa” del maestro Jairo Varela, quien contrarrestó desde la salsa ese racismo al que fue sometido: “blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero, blanco sin grado doctor y el negrito yerbatero”. La presunción con las marchas es que, cuando participan personas afines al establecimiento, se trata de “ciudadanos de bien” conscientes del deber democrático que se toman las calles de forma legítima y pacífica. 

A la manifestación más grande en la historia de Colombia, acudieron 4 millones de personas para protestar contra la guerrilla (un millón de voces contra las FARC) en las principales ciudades y fue motivo de orgullo. Pero cuando convocan sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos sociales y organizaciones indígenas no hay presunción de convicción y se parte del lugar común que son mercachifles de causas que se venden al mejor postor. Es tal la presunción de que los indígenas son violentos que hace unos meses cuando llegaron a la Plaza de Bolívar el director de la FM confundió bastones de mando con fusiles. En efecto, el racismo es una forma distorsionada de ver, una miopía que deshumaniza al otro. Así como lo planteó Ava DuVernay en el documental “Así nos ven” para denunciar hasta dónde las presunciones delirantes acaban con la vida de inocentes.

Así fue la interpretación sobre la manifestación en las instalaciones de la Revista Semana que, como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reconoció, constituyó un acto intimidante y que debe ser condenado. Aun así, la protesta en términos generales fue pacífica, aunque resta por determinar de qué forma fue violentada una puerta, un hecho sin duda censurable. Políticos como Francisco Santos hicieron un llamado inmediato para sacarlos a la fuerza y Diego Santos, periodista, los llamó “terroristas indígenas” -haciendo innecesario hincapié en su etnia- y otros llegaron a la delirante comparación con el paramilitarismo. Ojalá las AUC se hubiesen limitado a lanzar arengas y tirar puertas y no al uso sistemático de las motosierras.

Vale la pena preguntarse si hay igualdad de condiciones cuando los indígenas o campesinos deciden movilizarse desde el suroccidente para ser escuchados. ¿No están en desventaja quienes por siglos han habitado la periferia y deben atravesar el país para hacerse oír en Bogotá? ¿No le corresponde al Estado desplazarse a esos territorios para escuchar, o al menos, asistir de forma tal que puedan llegar a la sede del gobierno o de los poderes públicos? Se escruta cada peso que reciben las organizaciones sociales para movilizar, pero no se analizan a fondo las razones que han tenido algunas como la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) o el Consejo Regional Indígenas del Cauca (Cric) para manifestar. 

Para entender la dimensión de este racismo se sugiere analizar la entrevista del equipo de Luis Carlos Vélez a Jhoe Sauca representante legal del Cric a quien se indagó intensamente por la financiación de la marcha, a pesar de que respondió tres veces de forma clara. Sin embargo, el periodista insistía en que le diera una cifra para responder “¿cuánto vale la marcha?”, pregunta tendenciosa y denigrante que, aun así, el líder indígena respondió con altura (se recolecta dinero y todos contribuyen). Porque todo tiene un precio, al comunicador no le cabe en la cabeza que el único tema no sea el del dinero, importan poco las reivindicaciones de la marcha. 

Ante el hostigamiento del comunicador, Sauca terminó colgando el teléfono en un acto de dignidad frente a la agresividad que no es nueva en esa “mesa de trabajo”. Imposible concebir un periodismo indagando cuánto costaron las marchas en la plaza Tahrir que acabaron con la autocracia de Hosni Mubarak en el paroxismo de la Primavera Árabe, la movilización de Solidaridad en Polonia contra el régimen prosoviético de Wojciech Jaruzelski o quién financió la inmolación de Jan Palach en la antigua Checoslovaquia.

 Las preguntas no son quién paga por las marchas, sino por qué un joven checoslovaco de 21 años decide inmolarse prendiéndose fuego y sacrificando su vida, qué lleva a que sindicatos rompan con el establecimiento y a miles en el norte de África a vencer el miedo para exigir cambios. ¿Por qué nadie hizo esas preguntas en las marchas de esta semana? El periodismo no puede renunciar a las preguntas fundamentales.

Valga decir que Gustavo Petro ha sido responsable de la estigmatización de las marchas. En la alocución posterior a las protestas masivas en su contra de mediados de año, calificó a quienes salieron a marchar como arribistas y los equipara con los esclavistas de 1851. Se equivoca, pues no habla no sólo como cabeza de gobierno, sino del Estado, por tanto, representa la unidad nacional.

El debate sobre las movilizaciones de esta semana debió centrarse en el mensaje de quienes salieron y no en la logística para dejar en el ambiente que la protesta sea un privilegio de clase (o peor aún monopolio). Falla de nuevo el periodismo porque evidencia poca autocrítica y alcahuetea y estimula niveles insólitos de clasismo y racismo. Si algo nos ha enseñado Europa es que, se debe reconocer la exclusión y los propios ciudadanos son autocríticos advirtiendo un problema que está lejos de ser superado. 

Esta columna no pretende pontificar, ni se escribe desde un pedestal moral, pues todos debemos reconocer haber crecido en medio de una sociedad que ha aceptado el clasismo y el racismo. Somos parte de su normalización, por eso, la autocrítica nos corresponde sin distingo, mejor dicho, “que lance la primera piedra …”  Nada retrasa tanto la llegada a una democracia post racial y con igualdad social real como abrigarse en la comodidad de la negación.

* Profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario

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