13 junio 2021. Por Armando Palau Aldana. Que este Paro Nacional liderado por el coraje de las y los jóvenes de Cali en sus Puntos de la Resistencia haya cumplido cuarenta y seis días ininterrumpidos, constituye un verdadero fenómeno político, no obstante los fallidos intentos del perverso establecimiento por desarticular la protesta social como un derecho fundamental, causando desde el nivel distrital y nacional destrozos a la vida, la integridad personal y la libertad de opinión, como un vil propósito de frenar los legítimos reclamos de la empobrecida y vilipendiada sociedad colombiana esquilmada por unos reducidos y excluyentes sectores que sobreviven retroalimentándose de la nefasta corrupción y el acrecentamiento de la inaceptable desigualdad.
La derecha incrustada en el establecimiento desde remotos tiempos, se ha esforzado en esta ocasión (como siempre lo ha hecho) por deslegitimar y vandalizar la protesta, reincidiendo en la represión policial como un instrumento de mano con el propósito de crear el caos y el terror, pero la juventud perdió el miedo y superó con creces el abuso de autoridad, acumulando un alto costo de pérdida de compañeros de lucha en el indeclinable esfuerzo de perseverar en su reclamo a la institucionalidad, aunque la férrea lucha por defender su derecho a la protesta y la exigencia de garantías para dicho interés les haya ocupado tiempos valiosos para otras dinámicas.
Contrario a lo dispuesto por los Convenios Internacionales y precisado por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana como organismos supranacionales, la táctica de la represión, ha consistido en distorsionar y penalizar la ocupación del espacio público, en una concepción arraigada que considera a la movilización ciudadana como una forma de alteración del orden público o como una amenaza a la estabilidad de las instituciones democráticas, lo cual es una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión, los derechos de reunión, asociación y participación política, toda vez que la libre circulación vehicular no debe anteponerse automáticamente a la libertad de reunión pacífica, puesto que el derecho a la protesta social implica el acceso al espacio público, por tanto poder utilizar las plazas, carreteras y calles públicas para celebrar reuniones pacíficas, ya sea estáticas o en movimiento, implica que la administración pública debe reordenar el tránsito de peatones y vehículos cuando sea necesario. Está probado además, que los Puntos de Resistencia no agotan las vías alternas por donde se puede realizar la movilización vehicular, con un poco de molestia pero sin solución de continuidad.
Igualmente estos organismos internacionales han reiterado que la participación en los operativos de seguridad de policías de civil o sin su correspondiente identificación constituye un obstáculo adicional para la asignación de responsabilidades, en contextos en los que la reconstrucción de los hechos es de por sí compleja, puesto que el uniforme en la intervención de las protestas tienen una función preventiva. Incluso se estima en las compilaciones intergubernamentales que las autoridades políticas deben abstenerse de expresar nociones que vayan en detrimento o estigmaticen una protesta o a las personas que participan en ella o la organizan, puesto que puede poner en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo a nuevos ataques a muchos sectores de la población.
Ante la posibilidad próxima de entrar en la ruta del disenso creador y superar la obstrucción al ejercicio de la protesta social, resulta necesario confeccionar opciones de ajuste de los burocráticos planes y programas locales desde donde se pueda atender prontamente las expectativas y frustraciones de la juventud que protesta, ingresando en la dinámica de reprogramar los proyectos de inversión social para atender los urgentes requerimientos que deben direccionarse a la salud y educación públicas, seguridad alimentaria, emprendimiento, cultura, recreación, deporte y demás necesidades que conforman la órbita del truncado desarrollo humano, para dinamizar la micro economía local y potencializar un giro hacia la construcción de una ciudad incluyente, no como una palabra vacía de contenido sino como una posibilidad cierta de disminuir la brecha que el capitalismo salvaje trazó para reducir el círculo de la riqueza y aumentar el inmenso espectro de la pobreza, en la posibilidad de pensar un mundo diferente y mejor, porque a pesar de que se dice que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, ya llevamos dos siglos de inequidad e injusticia social desde los primeros tiempos de la república.
