Disertaciones del Crepúsculo – Armando Palau Aldana
¡Otra defraudación al electorado!
Publicado 16 marzo 2016. Triste realidad la de la democracia colombiana, que pone de presente el juicio de valor “Un hombre libre puede acercarse a una urna electoral, solo para romperla”, uno de los pensamientos de José María Vargas Vila, aquel personaje que en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX onduló entre el liberalismo radical, el existencialismo y el anarquismo.
Y esta cruda realidad se evidencia en Cali, cuando la mayor votación la obtuvo un destacado empresario sin ninguna experiencia y formación en la administración pública para regir los destinos de la “Sucursal del Cielo”, ni siquiera con filiación política conocida. Las cifras oficiales indican que en con una población total de dos millones trescientos mil y habilitados para votar un millón seiscientos mil, solo ejercimos el derecho al voto el cuarenta y cinco por ciento de los potenciales votantes, lo cual deslegitima la participación política. De esa comunidad electoral activa en proyectado crecimiento de abstencionismo, el cuarenta por ciento eligió a Maurice Armitage, es decir, solo el dieciséis por ciento de los habilitados para elegir; si se quiere ser más rigurosos, tan solo el once por ciento del total de la población definió al gobernante de turno, otorgándole el poder para desgobernar sobre toda la ciudad.
Más grave aún, es que se corrobora que el establecimiento del voto programático fue un simple sueño de la constituyente del noventa y uno, pero sus efectos jurídicos y políticos se mantienen y serán los estrados judiciales o por lo menos la opinión pública, los que definirán que lo prometido dista de lo ejecutado en la capital del Valle del Cauca.
La primera sorpresa del empresario de la siderurgia “varilla para todo el mundo”, fue la prolongación de la mitad del gabinete del saliente alcalde Rodrigo Guerrero, lo que fraguó un sabor amargo porque una nueva elección conlleva una renovación como es de esperarse. La segunda estocada fue la solicitud de facultades al Concejo para reestructurar la administración municipal, propósito que no fue incorporado en el programa de gobierno inscrito con su candidatura. Los concejales por su parte, con bombos y platillos derramaron toda suerte de objeciones sobre la iniciativa del alcalde, la cual entre otras comprende la dejación del giro legal de sus atribuciones, en cuyos debates participa la opinión pública con las noticias que al respecto nos entregan los medios de comunicación. Pero la aprobación del cheque en blanco para que el burgomaestre haga cambios en la estructura municipal, deja la sensación de que se ejerció presión para el mantenimiento o adquisición de cuotas por parte de los gamonales electorales. Viejas técnicas de constreñimiento y extorsión. Decía Sor Juana de la Cruz “¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis?”.
De otra parte, se entregó el proyecto de Plan de Desarrollo de Cali al Consejo Municipal de Planeación sin el componente financiero, trasgrediendo los preceptos constitucionales y legales, rompiendo los parámetros elementales de la planificación gubernamental. Para unir ambos despropósitos, debemos indicar que primero debió discutirse y aprobarse el Plan de Desarrollo, estableciendo como un programa prioritario la reestructuración municipal para luego sacarla avante.
En otras latitudes de la administración que son de mi especialidad como la gestión de la autoridad ambiental, se designó a un odontólogo violando el perfil establecido en el manual de funciones, yerro que se quiso enmendar reformando el estatuto municipal pero proyectando su vigencia a partir del tercer mes de la anualidad, lo que constituye una aberrante muestra de corrupción. No faltaron quienes esculpieron con explicaciones no pedidas el desdeñoso interrogante para formular la ingenuidad de las inquietudes en el juego de la doble moral. También se anuncia que está dispuesto a puñalear el Zanjón del Burro, un enclave de humedales al sur de Cali, contando con el bubónico eco de un columnista con apodo de pajarito.
Cumplí con el deber de solicitarle al alcalde que observara las reglas de la moralidad administrativa, por intermedio de una petición de procedibilidad que se exige para interponer una acción popular, mecanismo constitucional en cuyo ejercicio hemos dedicado los primeros veinticinco años de la Fundación Biodiversidad. Pero su cercana corte, que hace parte del séquito de la pasada administración que logró su permanencia en esta, afirma que todo se hizo bien, como si en la noche todo se viera más claro. Tuvimos la intención de hacer las advertencias de rigor con el mejor propósito al alcalde Armitage, porque su desconocimiento del ordenamiento jurídico no lo exime de culpa ni le sirve de excusa.
Todo esto conlleva a pensar en el recrudecimiento de la profunda crisis política de la democracia colombiana, recordándonos del vigente pensamiento de Gaitán: “Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de siervos”, para concluir que este sigue siendo una servidumbre ingente.
