14 abril 2022. Por Tribunal Popular en Siloé “Operación Zapateiro”. Llamamiento a la conciencia de la humanidad en favor de la vida y contra los crímenes del Estado Colombiano. El estallido social de 2021 ha sido una contundente manifestación de la inconformidad popular frente a las medidas estatales y de gobierno que atentan contra la vida en todas sus formas. Como de costumbre, la respuesta del Estado ha sido represiva, a través de la fuerza pública o sus formas encubiertas en alianza con civiles, lo que reitera la sistemática y permanente violación a los derechos humanos. Cali fue el epicentro del estallido social, de allí que las agresiones y crímenes contra la vida se hayan concentrado en quienes nos manifestamos pública y pacíficamente en las calles de nuestra ciudad.
Las Organizaciones de Derechos Humanos y Movimientos Sociales de Santiago de Cali, que participamos del Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, que se prolongó por un lapso de dos meses y aún sigue teniendo repercusiones en contra de quienes ejercimos nuestro derecho a la protesta social, estimamos necesario instar al Estado colombiano a comparecer ante un Tribunal Popular en Siloé para que responda por las conductas que desplegaron sus agentes, en ocasiones aliados con particulares o vestidos de civil, durante el estallido social, claramente violatorias de los Derechos Humanos. Esta violación sistemática a los derechos fundamentales fue evidente en todo el país, sin embargo, como se advirtió, Cali fue uno de los centros de resistencia popular y objeto de represión estatal.
En un grado muy alto la población de la Comuna 20, popularmente conocida como Siloé, fue víctima de las conductas constitutivas de múltiples delitos que afectaron de manera particular la dignidad, vida, honra y bienes. En Siloé se vivió de manera abiertamente violenta la represión y el terror del Estado, por lo cual el Tribunal Popular pretende constituir un caso emblemático para todo el país. Se busca mediante este Tribunal Popular que las organizaciones sociales, de Derechos Humanos y la propia comunidad, formulen las denuncias por la masacre y violación de derechos humanos de las que fue víctima, y, de manera especial, los y las jóvenes del sector, durante las legítimas protestas que se adelantaron, así como de la persecución judicial, policial, paramilitar y estigmatización que ello les ha acarreado, poniéndoles en un Estado de vulnerabilidad mayor al que ya tenían desde antes de las protestas. Este Tribunal Popular se propone:
Mantener la lucha contra la impunidad en Colombia y el mundo; Demostrar, una vez más, la sistematicidad y permanencia del Estado como violador de los derechos humanos; Esclarecer los hechos ocurridos y reivindicar la memoria y dignidad de las víctimas, sus familiares, organizaciones y comunidades; Conmemorar y construir memoria para que Nunca Más se repitan este tipo de crímenes que atentan contra la conciencia de la humanidad; y Acompañar y rodear solidariamente las distintas formas de resistencia y lucha que los vecindarios de la ladera mantienen en favor de la vida, pues como se escucha en los barrios "no 2 han logrado matarnos a todos y callarnos a ninguno, seguimos resistiendo desde lo cultural, social y político…”
En consecuencia, en el Tribunal Popular se denunciarán: Crímenes en contra de la vida y la integridad personal (homicidio, tentativa de homicidio, amenaza de muerte y lesiones personales, tratos crueles, inhumanos y tortura) perpetrados por la fuerza pública y particulares (paramilitarismo urbano). Abuso policial, detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, daño en bien ajeno, intimidación. Afectación al derecho constitucional a la protesta pacífica, no solo con actos de fuerza, sino con la expedición de normas que las restringen y criminalizan. Persecución judicial, policial y civil (paramilitarismo urbano). Levantamiento ilegal de información, falsas denuncias y fraude procesal. Impunidad y ausencia de Justicia frente a los delitos de los que ha víctimas los manifestantes. Estigmatización y vulnerabilidad generada por los medios de información, determinantes de actos genocidas. Inoperancia de los órganos de control encargados de la protección de los derechos humanos.
Al Tribunal Popular le asiste el profundo respeto por la dignidad de toda forma de vida y enarbola el esclarecimiento de los hechos que lesionan la conciencia de la humanidad como un camino para reivindicar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, que les asiste a todas las víctimas, sus familias, organizaciones y comunidades. En este sentido rechaza y evita cualquier forma de revictimización y de aumentar la vulnerabilidad de todas las personas intervinientes en el Tribunal Popular. De seguro, el esclarecimiento de lo acontecido coadyuva a mantener viva la memoria y emitir una condena ética contra los responsables, para lo cual la solidaridad y el compromiso por la vida de quienes decidan vincularse a esta iniciativa es fundamental.
En tal sentido se pretende, el día 3 de mayo, fecha en la que se conmemora la fatídica toma de Siloé por parte de la fuerza pública, formular públicamente la imputación en contra del Estado Colombiano, de acuerdo a sus responsabilidades en cada nivel (nacional, departamental y distrital) y para ello se habrá de conformar una Fiscalía colectiva, se acudirá a la integración de un Jurado, y se designará un defensor o defensores para el convocado (en caso que éste no designe uno de su confianza), con personas de reconocida solvencia moral y ética, de principios y valores democráticos, con conocimientos jurídicos y de derechos humanos. Para tal efecto se hará lectura de los hechos relevantes, su adecuación típica a las conductas criminales y reprochables arriba mencionadas, con aporte de los elementos probatorios, evidencia física y entrevistas que sirvan de sustento de dicha imputación, y con indicación clara de las personas y entidades que las desarrollaron, o que omitieron sus deberes constitucionales y legales, estableciendo el grado de participación que les corresponde; se abrirá así el escenario para el posterior juicio en el que se habrá de aportar la totalidad del material probatorio, se llevarán las alegaciones correspondientes y se emitirá el fallo que corresponda, a manera de recomendaciones al Estado colombiano (en sus diferentes niveles), a la sociedad colombiana, a las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que cese las persecuciones, las judicializaciones ilegales, se respete el derecho a la protesta y no se repitan nunca más situaciones como estas, para lo cual se elaborarán las memorias correspondientes.
Algunos de los hechos que servirán de sustento a la imputación propuesta para el día 3 de mayo de 2022 están en el documento de anexo. El Tribunal Popular tiene prevista una audiencia de lectura de fallo y sentencia que se realizaría en diciembre, dejando tiempo para realizar entrevistas a testigos y revisar el material probatorio. En síntesis, en el Tribunal Popular se tienen previstos tres momentos, participativos y con sus respectivos niveles de confidencialidad para resguardar la vida de las personas implicadas, así: a. 3 de mayo de 2022: Día de conmemoración de la masacre del 3 de mayo 2021. Audiencia de instalación del Tribunal Popular e imputación de cargos. Del 4 de mayo al 8 de septiembre de 2022: Acopio de pruebas, cotejo y contrastación de evidencias. b. 9 de septiembre de 2022: Audiencia de juicio, acusación e impugnación. 10 de septiembre al 9 de diciembre de 2022: Redacción de fallo y fijación de responsables en sus distintos niveles. c. 10 de diciembre de 2022: Día internacional de los Derechos Humanos. Audiencia de lectura de fallo y sentencia. Ese mismo día se hará el cierre del Tribunal Popular.
Impulsan: Víctimas y sus familiares de Siloé | Museo Popular de Siloé | Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia | ODHUM – Unicatólica | Nomadesc | N21 incluyente y diverso | Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos
Apoyan: Corporación de Periodistas del Valle del Cauca | Concejala Ana Erazo – Somos Pueblo | Pastoral Social Arquidiócesis de Cali | Comisión por la Vida Cali | Ciudad en Movimiento Cali | Fundación de DDHH Proceso de Apoyo y Solidaridad con las Organizaciones Sociales y Populares | Fundación Guagua Cali | Movimiento Nacional Carcelario | Corporación Sembrar | Equipo Jurídico Pueblos | Corporación para la Educación e Investigación Popular – CEDINS | Fundación Centro Comunitario Las Colinas Cali – Cecucol | Observatorio Uramba de Cali | Fundación Lazos de Dignidad – FLD | Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo | Corporación Colectivo de Abogados Suyana | Convergencia X la Paz | Fundación Chasquis | Corporación Jurídica Yira Castro | Justapaz | Acción Permanente por la Paz | Proceso de Comunidad Negras – PCN | Asociación Americana de Juristas, Capitulo Colombia | Asociación Sindical de Educadores del Valle – Asieva | Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice | Sindical de Trabajadores de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – SintraUBPD “Omaira Montoya Henao” | Soñadores de Siloé | Colectivo 28A
Apoyo internacional y acompañamiento: Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, Chile | Colectivo La Araña Feminista, Venezuela | Red Latinoamericana de Zúrich | Movimiento Cultural Campesino Los Arangues, Venezuela | Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – ODHP | Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Chile | Partido Comunista, México | Comundo, Suiza | Interventionistische Linke, Alemania | Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África – CEDSALA, España | Casa de los Pueblos, México | Revista Comunera, México | Periódico el Zenzotle, México | Colpaz, México | Informationsstelle Lateinamerika, Alemania | Asociación Colectivo Memoria Viva de los Pueblos, España.
