Los azucareros incidieron en la década de los cincuenta en la creación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca por el general Gustavo Rojas Pinilla (tomando como ejemplo el distrito de riego especializado del valle del río Tennessee creado por el presidente norteamericano Roosevelt dos décadas antes), para regular las aguas del río Cauca y beneficiarse de las fértiles tierras anegadas por sus limos, desecando de paso ingente cantidad de humedales. Henry Eder el gerente y mayor accionista del consorcio azucarero Manuelita, fue el segundo Director de la C.V.C. durante una década entre los años sesenta y setenta, hoy es el representante del Presidente Santos ante el Consejo Directivo.
El más visible impacto de esta asociación de cañicultores, es la conversión del otrora fértil valle geográfico en un desierto verde con el monocultivo de la caña de azúcar, arrinconando la prominente producción hortofrutícola al Distrito de Riego Bolívar, Roldanillo, Unión y Toro. De contera trajo enormes desplazamientos de la avifauna que anidaba en la extinguida oferta arbórea y servía de control biológico al alimentarse de los insectos, luego fumigados por agrotóxicos utilizados además para fertilizar y madurar los cañaduzales, drenándolos al río Cauca sin importar que sea la fuente superficial de agua de ciento ochenta y cinco municipios del occidente colombiano.
El segundo impacto se genera desde los años setenta, cuando dejó de cortarse en verde la caña de azúcar y se institucionalizó la quema de los cañaduzales bajo el pretexto de rebajar los jornales de los corteros, realmente para disminuir la cocción en las calderas de la caña precocida a campo abierto, así como menores costos por transporte de mayor cantidad de cosecha aligerada por la evaporación del agua. Los efectos fatales de esta quema, fueron documentados por el Estudio de Impacto Ambiental realizado por la Facultad de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de La Salle entre marzo del noventa y septiembre del noventa y uno, con muestras en Palmira, Buga, Tuluá, Zarzal y Florida, encontrándose partículas en suspensión por encima de la norma, que generan deterioro a la salud pública por afecciones al sistema respiratorio especialmente en la población infantil, desprendiendo gran cantidad de calor que ha cambiado parámetros como la temperatura, la humedad, la evapotranspiración y las lluvias, alterando los valores medios del microclima, y esterilizando la población microbiana del suelo, organismos formadores y fijadores de nutrientes básicos.
En abril del noventa y cuatro demandé ante el Consejo de Estado el decreto del ochenta y dos que permitía indefinidamente quemar la caña. El alto estrado denegó la acción aparejando la protección de “alimentos” con el derecho a un entorno saludable y a la protección de las riquezas naturales del país. No obstante logramos que la entonces Ministra del Ambiente condicionara como requisito para incendiar, permiso de la autoridad ambiental y fijara diciembre del dos mil cuatro como fecha límite para esta práctica, norma que fue derogada por Uribe instaurando nuevamente la quema indefinida, de ahí su irrestricto respaldo del mentado Cartel de los Pirómanos al Señor de las Tinieblas, que luego les benefició con agro-ingreso seguro.
Luego acudimos en acción de cumplimiento en el noventa y seis contra el Ministerio de Ambiente ante el mismo Consejo de Estado, pidiendo la aplicación del Código de los Recursos Naturales que exige informar a la población sobre los efectos nocivos de las quemas agrícolas (como en los cigarrillos), llegando a obtener un mandamiento judicial que fue inexplicablemente revocado mediante la intervención de un costoso grupo de abogados conformado por Asocaña. Posteriormente logré en el dos mil cinco como solitario Consejero Directivo de la C.V.C., detener durante diez meses la expedición del permiso para quemar, pero venció el tráfico de influencias o la “venta de humo” como llaman los italianos, en el gobierno de Angelino que presidía la Corporación Autónoma Regional.
Otro de los impactos producidos por esta industria endulzante, es la generación de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer con gaseosas y bebidas azucaradas, documentado en estadísticas que señalan como Latinoamérica tuvo el mayor porcentaje de muertes por consumo de estas bebidas.
En las denuncias internacionales que hace veinte años hicimos desde la fundación Biodiversidad, estaba por supuesto los riesgos a la salud con la aplicación de glifosato a los cañaduzales para lograr su rápida maduración y defoliación, afectando los cuerpos de agua, así como los cultivos de pan coger de pequeños agricultores vecinos de la caña de azúcar al secar sus cosechas, generando quien sabe cuántas de las enfermedades mutagenéticas y malformaciones congénitas que ha padecido la población infantil circunvecina.
Veo hoy con enorme satisfacción que el debate sobre el glifosato se ha abierto bajo la tutoría de la Organización Mundial de la Salud, como lo advirtió tempranamente Gustavo Álvarez Gardeazabal en sus columnas, llevando al gobierno nacional a terminar las exigidas por los gringos, fumigaciones de los cultivos de coca con este veneno producido por Monsanto (Round Up), pero guardando silencio frente a los cañicultores, pues de las doce fábricas azucareras solo Mayagüez y San Carlos dejaron de utilizarlo hace poco. Recientemente Alfredo Molano, tuvo también el valor de señalar que en el Valle del Cauca la gente de los pequeños pueblos y caseríos rodeados de caña y asfixiados con el veneno ha hecho permanentes denuncias sobre los efectos letales del gana-gana azucarero, indicando que no tardará la Sociedad de Agricultores de Colombia y el Inquisidor General en sumarse a los intereses de la productora de venenos.
Es hora de hacer un debate regional y una campaña ciudadana contra todos estos impactos de la contaminante industria azucarera, recordando a Gonzalo Arango: “Una mano más otra mano no son dos manos, son manos unidas. Une tus manos a nuestra manos, para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos”.
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