8 diciembre 2022. Por el Profe Papas. Injusta impuesta cárcel, Justa liberación Con el anuncio del señor Presidente Petro de liberar antes de Navidad a personas detenidas y procesadas penalmente durante la protesta social, me permito compartir esta reflexión, como una de estas personas que aspira a que se haga real esa medida presidencial. Supongo que el periodo de protesta social al que aún no está claro se ha referido el presidente, comprende desde, al menos, 2018 a 2021.
Idealmente, sugiero, debiera ser a todos los años durante los cuales se ha protestado contra la arbitrariedad, terror, genocidio, corrupción... estatal-gubernamental. Idealmente, digo, no solo por lo pretencioso, sino porque nos daría, ese "durante", para toda la vida o historia (de injusticia social) de Colombia. Centrándome en lo materializable, como integrante de Puerto Resistencia, presente en la protesta social del 2018, 2019 y en el "estallido social" del 2021, detallo que fui capturado en mi hogar el 15 de junio de este 2022. Lo resalto porque ese "durante", me deja la interrogante si acaso refiere una mera temporalidad (periodo de tiempo) o más amplio, un sentido contextual. Claramente, fui capturado, junto a nueve más de mis hermanos de causa, por fuera de ese "durante" temporal; pero, también, evidentemente en relación o contexto de la protesta social del 2021.
Supongo que no todos, los 100tos de la Resistencia (R!), como prefiero denominarnos a Primera Línea y manifestantes en general (ya en otro texto he propuesto cierta caracterización diferencial de ese universo de manifestantes de la protesta social en el periodo Duque 2018-2022), obtendremos nuestra liberación por vía presidencial y la propuesta de "Gestores de Paz".Y supongo que la razón es que la particularidad de casos judiciales como aquellos que involucran señalamientos de la Fiscalía de cierto grado de gravedad, será factor determinante decisivo para el gobierno Petro, respecto a si aplica la liberación bajo la figura de "Gestores de Paz". Más allá de que el énfasis de la propuesta de liberación se acentúe sobre no-condenados.
Entiendo que el Presidente Petro necesita gobernar y entiendo que este es, ojalá, un gobierno de transición hacia gobiernos decididamente contrarios a ese inhumanismo que durante décadas de gobiernos autoritarios hemos vivido como ciudadanía colombiana. Que,si por él fuera, por Petro, muchos o casi todos los 100tos de la R! estaríamos afuera de prisión desde el mismo 07 de agosto de su posesión.Pero Petro es el presidente de todas y todos los colombianos, incluidos los uribistas... Entonces para ellos y sus intereses también ha de gobernar. Así sea que esos intereses de esas personas y no se quiénes o cuántos más de la sociedad, sean que nos mantengan encanados.
Pienso que una manera de dirimir ese conflicto de intereses sociales respecto a este asunto puntual, como respecto a cualquier otro de interés social general, debe hacerse en observancia de la Justicia (ideal, derrotero, guía de conducta de las personas), como también de la justicia institucional, esa que al Estado corresponde impartir, ceñido a las leyes, pero guiado (si cabe sugerirlo, espiritualmente) por aquella, la Justicia.
El lío es que esta última en las más de las veces resulta subjetiva, egoísta e injusta en su interpretación y materialización; incluso a través de la objetividad que supone las leyes. En nuestro caso, lo digo desde mi propio interés, ¡mi libertad y la de los 100tos de la R!, el señor Fiscal General de la Nación, Barbosa, ha subjetivado a tal punto la interpretación de las leyes que terminó desviado de la pretensión social de Justicia; no obstante, haya abierto procesos contra nosotros en observancia de las leyes penales.
En nuestro caso, el de los 10 de Puerto Resistencia, por ejemplo, el más grave de los tres, cuatro y cinco delitos que se nos acusa, es el de Secuestro Simple Agravado Atenuado. Ya desearía yo estar ahí (y sí estaré en mi juicio oral exhibiendo una contundente defensa) al momento de que el Ministro Ozuna, el presidente Petro y asesores penales analizaran nuestro caso. Encontrarían no solo la debilidad del argumento de la Fiscalía, sino la flagrante saña con que se montó una tramoya contra nosotros por protestar, dar la cara y mantenernos en todo este tiempo con honor y orgullo como integrantes de Puerto Resistencia.
La Fiscalía necesitó de acusarnos de una conducta punible grave para generar, por una parte, golpe de opinión adverso a nosotros, a Puerto Resistencia, a la Primera Línea y la protesta social contra el uribismo. Y, por otra parte, dificultar la posibilidad que hoy ya vemos como un hecho Justo aportas de realizarse, el de nuestra liberación por vía del Ejecutivo y con respeto del orden constitucional.
De soslayo cabe señalar que no es la primera vez que se aplicaría esta figura de Gestores de Paz a personas procesadas y/o encarceladas. El propio Uribe lo hizo, liberando paracos y hasta guerrilleros. Asimismo, Santos. Con una diferencia entre estos, aquél lo hizo sin mayor justificación ni reparo del mundo político ni algarabía de ciertos medios de prensa; el otro, Santos, lo hizo en el marco de un Acuerdo de paz con las FARC de ese entonces y con varias voces chillonas como las que hoy se dejan oír contra Petro por querer aplicar similar medida en pro de la Paz y la Justicia. Esas vocecitas, vean Uds., son las mismas que guardaron silencio y ahora, insisto, chillan, distorsionando y de paso vilipendiándonos y estigmatizándonos, como el Fiscal Barbosa, por protestar.
Por todo ello, ojalá llegara también al gobierno nacional esta exigencia que puede sonar a clamor, o clamor que quiero que suene a exigencia: revisen nuestro caso al dedal; a ver si hallan en este algo más que una orquestación desbordada de la pretensión de justicia que, entre otras instituciones, debe lograr la Fiscalía.
Pero por lo corrido en todos estos procesos, parece haber renunciado a ello y en su lugar, rebajarse a una pueril búsqueda de venganza contra los jóvenes de la protesta social del 2021 y precedentes, que develaron y se rebelaron contra esos gobiernos uribistas que vieron su derrota en las urnas de este año de la esperanza.
Finalmente, sea que logre seguir con mi proceso penal y mi defensa desde mi hogar (como hace varios días también lo propuse se diera para los 100tos de la R! al Gobierno a través de sus diálogos vinculantes en Cali), sea en otro sitio o incluso aún en la cárcel, me daré por satisfecho sabiendo que decenas, ojalá cientos de mis hermanas y hermanos de causa, de Primera Línea o manifestantes en general de la protesta social, varios de estos con más de un año en prisión sin una sola prueba sólida en su contra, logran conseguir su liberación como una cuota de corrección a esta injusta impuesta prisión. Esto sería, por demás, apenas una Justa liberación.
La cárcel, Jamundí, diciembre, año de la esperanza
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