Cirpa es una trinchera de opinión y de lucha por la defensa del entorno y su oferta de recursos naturales, conservación de ecosistemas urbanos y rurales, batallamos sin agüero contra la corrupción en la gestión estatal ambiental. No tenemos la capacidad, ni los instrumentos (dientes y músculos) para abordar la polución privada, aunque por supuesto, el despilfarro y los delitos de cuello blanco contra el erario tiene al otro lado como beneficiarios directos e indirectos a muchas personas y empresas del sector privado que se lucran soterradamente del dinero de los contribuyentes. No es solo el que pagan los ricos que declaran amañadas rentas ante la Dirección de Impuestos, comprende también los centavos de los humildes patirrajados cuando pagamos por consumir cualquier producto gravado con el impuesto al valor agregado (IVA) como el arroz, los huevos o la leche.
El pasado 30 de noviembre desde el Cirpa abordamos la defensa del Parque Nacional Natural Gorgona, la Isla Ciencia, acudiendo en primer término ante el Tribunal de Cundinamarca en donde interpusimos acción popular en defensa de los derechos colectivos que abarcan la existencia del equilibrio ecológico, la conservación de las especies animales y vegetales, así como la protección de áreas de especial importancia ecológica. A los dos días siguientes, Manuel Rodríguez Becerra (quien fuera el último director del extinto Instituto de Recursos Naturales INDERENA y posteriormente primer ministro del Medio Ambiente) y un grupo de ciudadanos, también acudieron al mismo estrado en otra acción popular.
Al Cirpa le correspondió el magistrado Felipe Solarte Maya y a los otros accionantes Oscar Armando Dimate Cárdenas, ambos inadmitieron las demandas, pero solamente el viernes 9 de diciembre notificaron sendos autos, el primero alegando aspectos de forma y el segundo reclamando mayor precisión en la justificación de la medida cautelar. El Círculo de Pensamiento Ambiental desistió de la acción al considerar que hubo exceso ritual manifiesto por apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal, haciendo que el funcionario judicial abandone su rol como garante de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico, tal como lo justipreció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-061 de 2018, porque las descripciones aportadas por nosotros tienen un hilo conductor de argumentación jurídica que se vislumbra con un juicioso y vigoroso análisis y no de una esclerótica ritualidad que está exigiendo una mecánica actuación procesal. Simultáneamente hemos presentado otra acción popular en nombre del suscrito la cual le correspondió por reparto al magistrado Armando Dimate con medida cautelar de suspensión de urgencia de la Licencia Ambiental expedida por el ANLA mediante Resolución 1730 del 31 de diciembre de 2015 a la Armada Nacional de Colombia para la construcción y operación de la Estación de Guardacostas en la isla Gorgona.
En forma simultánea, presentamos ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) un organismo adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pero sin personería jurídica, petición de audiencia pública ambiental con solicitud de previa suspensión del permiso por transgresión de preceptos constitucionales de obligación estatal de proteger las riquezas naturales de la Nación, del deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica y vulneración del manejo estatal de los recursos naturales, para garantizar su conservación, así como la prevención de los factores de deterioro ambiental. Igualmente, violación de Código de los Recursos Naturales que estableció como actividades permitidas en el Sistema de Parques Nacionales las de: conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura. Así las cosas, la construcción de una obra militar en este Parque Nacional constituye una sustracción expresamente prohibida por la Corte Constitucional, cuando precisó que la voluntad del Constituyente fue que las áreas integradas al Sistema de Parques Nacionales se mantuvieran afectadas a las finalidades que le son propias; por consiguiente, la calidad de inalienables de los Parques Naturales, debe entenderse, en armonía con los demás preceptos, esto es, que las áreas o zonas que los integran no pueden ser objeto de sustracción o cambio de destinación.
Han pasado 16 días o sea más de dos largas semanas y el nuevo Director del ANLA el abogado cordobés Rodrigo Negrete Montes no ha dicho ni pío, no obstante que Isla Gorgona fue incluida en la Lista Verde de las áreas protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza UICN en el 2014, renovado su registro en 2016 y ratificado hace tan solo dos meses.
Acudimos al Presidente Petro reclamando la materialización de sus vigorosos discursos ambientalistas en Naciones Unidas (New York) y la COP 27 (Sharm El Sheikh) pero la encargada de atención al público en Casa de Nariño peloteó inmediatamente a la Autoridad de Licencias (empieza el Ping Pong). Finalmente hemos acudido a la Vicepresidenta Francia Márquez quien es la única que ha salido a defender públicamente ese destino de las Jorobadas Yubarta las mitológicas ballenas con sus cánticos, porque ella comprende que la salvaguarda de la Casa Grande es un deber irrenunciable. Claro un fuerte trasfondo ancla la decisión, la obra militar está financiada por la Embajada de los Estados Unidos que busca reemplazar la Base de Manta que Rafael Correa retomó en el 2009 en un acto de soberanía. ¿Tendría esto que ver con su derrocamiento? Como escribió Pablo Neruda “Y preguntareis: dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo llenaba mis palabras de huecos y de pájaros”
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