La Consulta Previa y la Base Militar en Gorgona

Bogotá, 13de abril de 2024. Por Darío González Posso. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá -fruto de Acción de Tutela presentada por el Abogado Armando Palau-, que suspende el proyecto militar en la Isla Gorgona, por ausencia de la consulta previa, es un triunfo parcial, pero con amplias resonancias. En primer lugar, del Pueblo negro y del Consejo Comunitario de Guapi Abajo. A este triunfo se opone la oferta (sutil o explícita no importa) de “inversión social”, a cambio de la aceptación de tal proyecto que atenta contra el medio natural, que es opuesto a la independencia del país y a los derechos territoriales de los Pueblos ancestrales, cuya garantía es obligación incondicional del Estado. 

Esta negación de derechos vale para una denuncia en organismos internacionales. La ministra de Ambiente Susana Muhammad argumenta que la reunión en Guapi para el diálogo con las comunidades (abril de 2024) “estaba organizada antes del fallo" del Tribunal. Pero hay antecedentes, entre ellos, la rueda de prensa del Gobierno (del 12 febrero de 2024), que pinta de “verde” el proyecto, como un plan de “modernización”, “ecoturismo mundial”, “investigación científica”, “reconversión energética”, sin abandonar el discurso de “control” del narcotráfico (guerra fracasada e hipócrita). Bienvenida una inversión social que sea legítima, para lo cual se cancele primero, de manera definitiva, la base militar y luego se hable del resto. Este intercambio sí generaría confianza, más en un país donde históricamente es costumbre defraudar el cumplimiento de los acuerdos con los Pueblos.

En entrevista con la revista Raya (15 de febrero), la ministra Muhammad reconoce que en el “Corredor Marítimo del Pacífico Tropical Oriental” al cual pertenece la Isla Gorgona, hay intereses de “defensa” estratégica de los EE. UU., en disputa con potencias extracontinentales, en especial China, más algunos asuntos relacionados con extracción de recursos naturales, como pesca. Y anuncia un tratado de los países del mencionado “corredor”, para afirmar “soberanía”. ¿De cuál “soberanía” habla la ministra?, cuando nuestros países están subordinados a un proyecto regional, financiado por los Estados Unidos, en un contexto de alianzas militares, que es finalmente lo que enfrentamos: Comando Sur de EE. UU., asociación a la OTAN, vinculación de Colombia a la “Fuerza Marítima Combinada” (41 países bajo el mando de EE. UU.). Es una vergüenza este proyecto en Gorgona, en un gobierno proclamado del “cambio” y de “la vida”, que honra ante todo los compromisos militares de "fuerza conjunta", con la potencia neocolonialista hegemónica en función de sus intereses geopolíticos, en una condición de “aliados estratégicos” de la cual se vanagloria, entre otros, Luis Gilberto Murillo hoy ministro encargado de Relaciones exteriores, embajador en EE. UU.; impulsor, como ministro de Ambiente del expresidente Juan Manuel Santos, de la licencia exprés, ilegítima, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Por lo cual también Murillo aún debe explicaciones. 

Hemos dicho y reiteramos: no es aceptable este proyecto militar -manejado por personal colombiano, al servicio de los intereses geopolíticos de los EE. UU-, en la Isla Gorgona; ni en otro lugar alternativo, ni con el mejor y más ajustado, aun si fuera posible, “plan de manejo ambiental”. ¡Lo único aceptable es la cancelación definitiva del proyecto de base militar.