Sin embargo, como lo precisó recientemente la Corte Constitucional, los latifundistas se aprovecharon de estos procesos judiciales para ampliar las fronteras de sus grandes fincas (hoy la mayoría ganaderas), que sumado a expropiaciones de facto provocadas por el despojo y las migraciones que dejó la violencia partidista y en tiempos más recientes el paramilitarismo, consolidaron la creciente desigualdad social y la pobreza de nuestra atribulada patria.
La Corte al estudiar las irregulares adjudicaciones judiciales de baldíos (bienes de propiedad estatal de uso público imprescriptibles rurales sin cultivar que son adjudicables), destacó que las cifras oficiales demuestran que el nivel de desigualdad en la distribución de la tierra es muy alto, ubicando a Colombia en uno de los primeros lugares de desigualdad en América Latina y en el mundo, mostrando índices de pobreza multidimensional que limita de manera inaceptable los derechos de los habitantes del campo y desconoce los postulados del Estado social de derecho, pues solo el 18% de la tierra de propiedad privada inscrita en el catastro es del 75% de propietarios que tienen en su poder microfundios, minifundios y pequeña propiedad, es decir, que los grandes finqueros constituyen la cuarta parte de los dueños de más del 82% de la ruralidad.
Los grandes ganaderos agremiados en Fedegan, provocaron una puesta en escena ante unas pocas invasiones y amenazaron con la reconformación del paramilitarismo para la defensa de sus latifundios. Ante esta escaramuza, además de las advertencias del ministro de defensa, la ministra de agricultura anunció que con el propósito de avanzar en la materialización de la reforma agraria anunciada por el Presidente Petro en campaña y en su discurso de posesión, concertó con Fedegan la adquisición de 3 millones de hectáreas para entregar a la población rural, para complementar la titulación de bienes decomisados a narcotraficantes por la Sociedad de Activos Especiales.
Por su parte los ganaderos afirmaron que esta negociación trae mucha tranquilidad al sector y posibilita la consolidación de una clase media capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo, lo que precisamente han impedido ellos mismos.
Flaco favor hace el gobierno nacional con esta anunciada adquisición de tierras ganaderas, pues no corresponde con la orden de la Corte Constitucional de recuperación de baldíos por parte de las autoridades priorizando los predios que reflejen concentración o acumulación indebida de tierras, teniendo en cuenta que cerca de 27 mil sentencias a partir de 1994 no pueden demostrar la explotación y propiedad de la tierra para la reforma agraria, lo que comprendería un millón 200 mil hectáreas, las cuales hacen parte de las 38 millones de hectáreas cultivadas con pastizales donde se levantan más de 25 millones de cabezas de ganado, grandes predios a los que no se les ha hecho la aplazada actualización catastral agraria para determinar si son propiedades adquiridas legalmente.
En la dinámica de seguir con la costumbre de una mirada crítica en busca de la justicia y la verdad, por supuesto que sabemos que Petro constituye una transición hacia el cambio y las primeras ejecutorias corresponden a ese anhelo patrio que gano las elecciones presidenciales, sin que pueda pasar de agache errores como este de adquirir al cuestionado Fedegan el oscuro monopolio de la tierra, no podemos olvidar el Pacto de Chicoral (1972), firmado entre el gobierno de Misael Pastrana, congresistas y terratenientes o latifundistas colombianos, con el fin de frenar el intento de reforma agraria que se venía promoviendo. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Ya es hora de materializar el pensamiento del eterno insurrecto mexicano Emiliano Zapata “La Tierra es para quien la trabaja”, es decir, para nuestros campesinos.
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