18 julio 2022. Por Armando Palau Aldana. El mundo ya conoce el primer timonazo que recientemente el electorado colombiano le dio al mapa político, una unión de fuerzas progresistas y de izquierda que eligió 20 alfiles en el Senado y puso 28 Representantes a la Cámara, aumentando su fuerza con la adhesión de 9 curules de la Cámara Baja por la circunscripción de paz, además de la definición de las bancadas de los partidos Liberal y Verde, así como de otras fuerzas políticas, que acompañarán a Petro y Francia en este nuevo gobierno de transición con la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia de nuestra atribulada patria, en un registro de participación del 58.17% logrando la abstención más baja en los últimos cinco lustros.
El Pacto Histórico está obviamente llamado a liderar la labor legislativa, que tiene como componentes prioritarios la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto Nacional, para atender el clamoroso llamado de 19,6 millones de compatriotas que no tienen suficientes ingresos para suplir sus necesidades básicas (DANE, 2021), en esta dinámica anunciaron un proyecto de ley sobre la reforma agraria, mientras Cecilia López como futura Ministra de Agricultura anunció que la prioridad es ejecutar el segundo punto de los Acuerdos de La Habana sobre la cuestión agraria.
En diciembre pasado circuló por las redes una agenda del pacto con 5 ejes: trabajo y productividad, oportunidades sociales, crisis climática, paz y democracia, reconocimiento (minorías étnicas, mujeres, jóvenes, población en contexto de diversidad sexual, y discapacitados), quedando ausente de esta apuesta, la dinámica interna de la labor legislativa en el Congreso de la República.
La Carta Política consagró que el derecho sustancial debe prevalecer sobre el esclerótico procesalismo, este producto de una pesada carga promovida por Francisco de Paula Santander (el hombre de las leyes), en su afán de enriquecerse e intrigar contra Bolívar, quien dispuso de la fortuna heredada de su padre para sacar avante la causa revolucionaria para conformar la gran Colombia y articular a los pueblos de América Latina y El Caribe, víctima de la santanderista noche septembrina en la que participó, entre otros, Ezequiel Rojas considerado el promotor del acta fundacional del liberalismo, vil atentado del que lo defendió la aguerrida e insepulta Manuelita Sáenz.
Pero quiénes conocen los intríngulis del procesalismo, como un instrumento para negar el acceso a la administración de justicia, son los cultores de largas piezas legales y de múltiples estatutos procesales (civil penal administrativo y otros), que lo único que logran es desconocer y arrebatar el derecho sustantivo qué muchos reclaman ante los operadores judiciales.
Por ello se hace necesario cristalizar ese principio de prevalencia del derecho sustancial de tal forma que haya un solo estatuto general del proceso, que contenga máximo 3 clases de proceso y que el contenido de esta pieza no exceda los 100 artículos, que además sea de fácil acceso, que no tenga la complejidad jurídica para que los únicos que puedan entenderlos sean los tinterillos que litigan en las barandas judiciales.
Entonces la labor legislativa tiene que ver con reformar, por ejemplo, el Reglamento del Congreso, determinando que en cada legislatura no se promulguen sino una determinada cantidad de 10 o 15 leyes a lo sumo y el Congreso pueda dedicarse plenamente al control político.
De tal suerte, que es necesario hacer un inventario de todo ese archivo legislativo, labor que de alguna manera ya se ha hecho, para escrutar la vigencia y la necesidad de esas piezas o la derogatoria de muchas de ellas, de esta manera estaremos garantizando que la rama legislativa intérprete la voz del pueblo, las necesidades y las soluciones qué las comunidades reclaman y requieren. Esta es la parte táctica y estratégica que no alcanza a ser avizorada por la mayoría de los congresistas del Pacto, porque no tienen claridad sobre el espectro de la ley y caen en el culto al fetiche a la norma. Son legisladores a los que se les entrega un proyecto de ley de 10 artículos y lo devuelven hecho 200, por la sencilla razón de que tratan de ocultar sus aspiraciones personales en un discurso difuso que no tiene marcado un derrotero ideológico religioso y por ende filosófico.
El reto está entonces en abrir en este sentido para establecer al Pla de Acción de la Agenda Legislativa. Basta ver como en Europa (Noruega, Suecia y en otros países), la labor legislativa se centra fundamentalmente en el control político más que en la fabricación en cantidades industriales de piezas legales sin ninguna efectividad total, ese es el escollo del heredado santanderismo, que sin duda afectó enormemente el progreso, la equidad y el bienestar para la mayoría del pueblo colombiano.
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