20 febrero 2023. Por Equipo de Impulso: El día de hoy, a las 9 de la mañana, el Tribunal Popular en Siloé condenó a las y los responsables por los Crímenes Lesa Humanidad y las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el estallido social en el año 2021.
El fallo fue presentado por parte de las y los magistrados internacionales en presencia de garantes, familiares, víctimas, representantes de la población y de diferentes instituciones de orden nacional e internacional. Las vulneraciones más graves y recurrentes fueron: 1) homicidio, 2) desaparición forzada o tentativa de desaparición forzada, 3) tortura y tratos crueles o inhumanos, 4) heridas por arma de fuego, 5) detenciones arbitrarias, 6) amenazas, señalamientos y amedrentamientos, y 7) uso desmedido y desproporcionado de la fuerza. Las autoridades fueron condenadas por violencias cometidas en 18 hechos que ocasionaron 159 víctimas en total, entre ellos 16 asesinatos.
Magistrado Internacional Raúl Zelik (Alemania): “El Estado respondió a las protestas con una violencia dramática. Sólo en Siloé fueron asesinadas 16 personas, al parecer por francotiradores de la policía y/o el ejército. Si esto hubiera ocurrido en otro país que no fuera socio de la OTAN, sin duda habría sido un escándalo enorme. Después de más de un año de investigación por parte de un equipo profesional interdisciplinar e internacional y de la recopilación de material probatorio de los hechos salieron varios casos a la luz que antes no se conocían. Al principio de la investigación se suponía que habían sido asesinadas ocho personas, pero en el transcurso de la investigación se han presentado cada vez más familias víctimas. Además, se logró identificar claramente la responsabilidad de la Fuerza Pública. Lo especial del Tribunal Popular en Siloé es que fue auto-organizado por un barrio marginado donde el 83,4% de la población pertenece al estrato uno.”
En términos de responsabilidades se logró establecer a partir de la escala nacional, así: Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia, instruyó a los comandantes de las Fuerzas Armadas y, en particular al general Eduardo Zapateiro, brindar “asistencia militar” a la Policía. El 28 de mayo de 2021 puso en vigencia el Decreto 575 por el que ordena a la Gobernadora de Valle de Cauca y al alcalde de Cali “coordinar con las autoridades militares y de Policía del departamento la asistencia militar (…) para la conservación y restablecimiento del orden público”.
Diego Andrés Molano Aponte, exministro de Defensa, priorizó la militarización de las regiones en aplicación del Decreto 575 de 28 de mayo 2021. Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, omitió generar iniciativas institucionales para dar celeridad a procesos investigativos penales. General (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamirano, comandante general del ejército de Colombia, lideró la “asistencia militar” a la policía y generó discurso de estigmatización a las manifestaciones en Cali. Brigadier general (r) Hoover Alfredo Penilla Romero, subdirector de Policía Nacional, coadyuvó en las operaciones de la policía ante manifestaciones pacíficas o marchas de protesta.En ámbito regional: Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle del Cauca, quien priorizó la militarización ante la protesta social y omitió dialogar y/o persuadir al gobierno nacional de desistir de su proyecto. Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de Santiago de Cali, solicitó al gobierno nacional apoyo para “asistencia militar” a la Policía para contener la protesta social y, omitió dialogar con representantes de las protestas. Brigadier general Juan Carlos Rodríguez, comandante Policía Metropolitana de Cali, se encargó de dar las órdenes para el tratamiento policial en las manifestaciones. Brigadier general Juan Carlos León Montes, comandante Policía Metropolitana de Cali, fue quien reemplazó al brigadier general Juan Carlos Rodríguez, y continuó las labores represivas contra las manifestaciones de protesta. Coronel Edgar Vega Gómez, comandante Operativo Policía Metropolitana de Cali, estuvo al frente de los mandos intermedios y estaciones de Policía, donde se torturó, amenazó, intimidó y secuestró a manifestantes, omitiendo procedimiento policial. Teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzaliaz, comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Policía de Cali, estuvo al frente de las acciones que implicaron que sus subordinados dispararan y atacaran, inclusive a mansalva, contra quienes salieron a las calles a protestar.
María Italia Pérez Rengifo, madre de Michael Andrés Aranda, joven asesinato el 28 de mayo 2021: “El trabajo del Tribunal es un acto simbólico, pero más que eso nos permite conocernos como familias unidas por un mismo dolor. Nos da la oportunidad de conocer la verdad para la búsqueda de justicia, nos permite recordar. No se permite el olvido, se enseña que la memoria de nuestros seres queridos nunca se puede olvidar.”
Magistrada Internacional Yohanka León del Río (Cuba): “El Tribunal Popular de Siloé es una búsqueda de justicia popular que todos los pueblos tienen como derecho legítimo por su dignidad e integridad como comunidad social. La legitimidad está en la acción colectiva y su organización por el soberano derecho a la vida sin violencia, y a su goce pleno del bien común y sus Derechos Humanos.”
Presidente del Tribunal Daniel Feierstein (Argentina): “La articulación de los hechos nos permite identificar la existencia de un genocidio continuado en Colombia, conceptualización utilizada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en su sentencia de abril de 2021.”
tribunalpopularsiloe@gmail.com
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