9 agosto 2022. Por Armando Palau Aldana. Se realizó hoy en la Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca (CVC), el primer encuentro de esquemas de pago por servicios ambientales (PSA), como estrategia para la recuperación de la Cuenca Alta del Río Cauca, después de muchos años de haber dejado de asistir a estos lánguidos eventos atendí la invitación de mi esposa para corroborar la triste realidad de inmovilidad en la concepción política de la gestión ambiental. Asistieron los Directores de las CAR del Valle del Cauca y del Cauca, la Secretaría Departamental de la nueva Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Directora del Dagma, un Delegado del Gobernador del Cauca y un vocero de la Comisión de Empalme del elegido gobierno Petro, además de unos 120 asistentes, supongo que la mayoría empleados y contratistas de esas dependencias.
Le correspondió a la caldense señora Buitrago como vocera del Colectivo Río Cauca (quien fuera Directora del Dagma durante el gobierno de Armitage), según el orden del día presentar la propuesta de enfoque unificado de PSA, lo cual no hizo, su exposición estuvo direccionada a explicar la conceptualización de esta figura, seguramente queriendo causar la impresión de conocimiento sobre el delegado del próximo gobierno Petro. Varios de los intervinientes mencionaron la condición de sujeto de derechos del importante río, al parecer sin tener un contexto claro del antecedente judicial. La dama incurrió en errores conceptuales jurídicos, como tratar de convencer al auditorio que los PSA no son contratos y que por lo tanto no devienen en obligaciones contractuales ni alcances tributarios, tratando de sacar de la órbita de la Ley 80 de 1993 dichos emolumentos que entregó la alcaldía de Cali durante su administración como autoridad ambiental, lo que de paso demuestra que tiene profundas deudas con el derecho civil seguramente afincadas por su larga trayectoria como funcionaria más no como litigante. Propuso la expositora que todo estaba listo para hacer empalme con el entrante gobierno nacional, utilizando la vallecaucana expresión “al que quiera más que le piquen caña”.
Por supuesto que los PSA comprenden incentivos que se pagan en dinero o especie a propietarios, poseedores u ocupantes de predios rurales para la conservación, el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios que formaliza los compromisos entre los interesados y beneficiarios para el desarrollo de acciones de preservación y restauración, conforme lo establece el Decreto Ley 870 de 2017, es decir, se trata de un contrato por el cual una parte se obliga para reforestar o no deforestar, lo cual comprende la definición de contrato establecida en el Código Civil. Posteriormente se realizó un panel entre los mentados funcionarios, previo anuncio de espacio para poder intervenir por parte del público, es decir, para pasar a un foro. Indicación que fue burlada por el moderador, el encargado de comunicaciones de la CVC, lo que me llevó a reclamar de viva voz el derecho a intervenir en el foro, el cual dio por culminado una vez los panelistas contestaron las concertadas preguntas que el comunicador formuló.
Lo preocupante es que el anfitrión hubiere guardado silencio, es decir, que el Director de la CVC hubiere convalidado la arbitraria determinación de su empleado, porque es evidente que hay un problema en la comprensión del derecho colectivo a participar en la toma de decisiones ambientales, cuando se coloca la participación o intervención de la ciudadanía al final de los eventos que organizan las instituciones. En el mismo sentido, el vocero del Gobernador del Cauca, tuvo la osadía de afirmar que su departamento nos entrega un río limpio, olvidando que el valle geográfico del río Cauca comienza en el norte del vecino departamento, marcado por la altamente contaminante agroindustria de la caña de azúcar que ocupa la franja paralela del segundo río tutelar de Colombia entrega los agroquímicos y el glifosato a las aguas superficiales, además de los vertimientos de la Zona Industrial Páez sin un monitoreo convincente, es decir, el río entra por el Valle del Cauca contaminado.
A pesar de haber sido consignado en nuestra Constitución, la residencia de la soberanía en el pueblo, los empleados estatales creen que están revestidos de tal grado de autoridad que invocan la representatividad y olvidan que son servidores públicos, sin entender que la comunidad no está al servicio de aquellos. Por supuesto que estamos facultados los ciudadanos para solicitar mociones e interpelar a quienes representan a los aparatos gubernamentales, porque el derecho sustancial prevalece sobre el procedimental que comprende un protocolo plagado de extensos saludos que copa valioso tiempo y evidencian una sociedad de mutuos elogios por la que marcha la vieja gobernabilidad. Sea de paso decir, que el Tribunal de Medellín al declarar al Río Cauca como sujeto de derechos en junio de 2019, precedió dicha declaratoria con la determinación de las futuras generaciones como primeros sujetos con derecho a la recuperación del río, sin embargo, ni en el evento y menos en el Colectivo Río Cauca, se observó la presencia de jóvenes, esto es, la muchachada entre 14 y 28 años como lo establece la ley, pues la juventud no hace parte de estos esquemas burocráticos, no obstante que hace 30 años la Declaración de Río de Janeiro proclamo que debe movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.
La puesta en escena de hoy, me recordó Nuestra Propia Agenda (1990) “En cierta forma la crisis constituye una desautorización de lo que se ha estado haciendo en los últimos tiempos y la forma como se ha hecho”, porque esas autoridades ambientales allí presentes y sus modelos gubernamentales y de contratación son precisamente lo que debe cambiar y en ese propósito no declinaremos la tarea que empezamos desde la Fundación Biodiversidad en enero de 1991 y que nos ha permitido ganar en el Consejo de Estado casi todas las acciones constitucionales a la CVC. Que no crean que podrán callarnos.
Cali, 4 de agosto de 2022.
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