12 agosto 2022. Por Armando Palau Aldana. En el 2013 se expidió la ley 1617 que estableció el Régimen de los Distritos Especiales, entendidos como municipios cuyos órganos y autoridades gozan de facultades diferentes al régimen ordinario, divididos territorialmente en Localidades dirigidas por Alcaldes Locales escogidos de ternas elaboradas por asamblea de las Juntas Administradoras Locales, para que sirvan como escenario de participación efectiva de la ciudadanía en la dirección, manejo y prestación de los servicios públicos, la construcción de obras de interés común y el ejercicio de las funciones que correspondan a las autoridades, conformadas por 9 a 15 ediles que reciben honorarios y seguridad social. Esta pieza legal prescribió que los alcaldes y los concejos tendrán 12 meses para conformar las localidades, contados a partir de la creación legal del Distrito.
En efecto, Cali fue declarada Distrito por la Ley 1933 de agosto de 2018, con el concurso de Jorge Iván Ospina, quien para esa época era Senador, sin contar con concepto previo y favorable del Concejo de Cali violándose la Ley 1617, sin embargo, siendo alcalde Armitage lo presentó al anterior Concejo y este no lo aprobó. Ahora en la recta final de su administración, Ospina en concurso con Roy el Director de Planeación, pretenden sacar avante una iniciativa por fuera del tiempo establecido en la ley (la cual están obligados a cumplir), argumentando, entre otros, que la población caleña es indisciplinada social e incumple las normas. Otro aspecto relevante, es que el funcionamiento de las alcaldías locales y el ejercicio de los ediles en las siete localidades sugeridas, comprendería un gasto de funcionamiento que afectaría el deprimido erario, cuyo endeudamiento ha incrementado y renegociado con la banca local en sus dos administraciones el político médico, por ello al ejecutar siempre incrementa ostensiblemente los costos iniciales tornando más caro.
Así las cosas, el tardío impulso a la consolidación de Cali Distrito resulta hoy día inconveniente y colinda con la ilegalidad, amén de la trasgresión al mencionado régimen legal de los distritos, además de cambiar la dinámica de comunas que se ha ido consolidando durante 34 años, bajo el sofisma de que lo nuevo es lo funcional. Pero un aspecto altamente preocupante es el oneroso gasto en que la alcaldía ha incurrido en estudios y consultorías, incluida la prestigiosa Universidad del Valle, que utiliza en esa contratación a docentes titulares de tiempo completo y le genera ingresos adicionales en detrimento de la eficiencia y eficacia del gasto público, pudiendo utilizar parte de su carga académica con prácticas y pasantías que involucren al estudiantado, así como la contratación de servicios personales, además del inutilizar los auditorios públicos como el recinto del Concejo, el auditorio Alberto Lleras, el del Centro Cultural, el Salón Madera y otros más. Es hora de ponerle coto a este desgaste administrativo e interponer acciones constitucionales, para que cese el derroche impulsado por la arrogancia de quien pretende hacerle eco a la vanidosa pretensión de simular el área metropolitana, que Cali no ha podido ser en virtud de la autonomía de Palmira, Jamundí y Yumbo, para creer erradamente que ser distrito nos pone a la altura de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y otros.
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