26 febrero 2018. Por Armando Palau Aldana. Un tema recurrente en el ejercicio de la profesión de los abogados, es la falta de autonomía de los mismos para llevar la base oficial de datos, expedir sus propias tarjetas profesionales y dirimir la aplicación de sanciones disciplinarias por faltas a la ética, como ocurre en resto del continente americano, excepción de Colombia y Chile, dos países latinos con muchas similitudes.
En los distintos departamentos y municipios, existen alrededor de sesenta colegios, asociaciones y afines de profesionales del derecho, que egresan de unas ciento veinte facultades, quienes estamos sometidos al poder disciplinario de jueces y magistrados, que en el decurso de los procesos intimidan a aquellos litigantes que cuestionan a los togados por la deplorable administración de justicia, cometiendo en la mayoría de los eventos inaceptables excesos.
Ocurre también en Salas Disciplinarias de los Consejos de la Judicatura, quienes desde la Constitución del noventa y uno ejercen este poder sancionador, que amedrentan a los rebeldes abogados, lo cual no debe seguir ocurriendo, pues si un operador judicial considera que el litigante le ha faltado al respeto, debe suspender la diligencia y formular la queja al organismo autónomo de los abogados como ocurre en Colombia con los médicos, contadores, ingenieros, arquitectos y demás profesionales, que tienen en sus propias organizaciones gremiales obligatorias, órganos disciplinarios.
Veteranos juristas han intentado de tiempo atrás organizar un colegio mayor de abogados de carácter nacional y obligatorio, que sea como en las mentadas profesiones, el organismo que expide la tarjeta profesional y lleve el registro de todos, además de conformar los Consejos Nacional y Regionales de Ética.
Tuve la oportunidad de hacer una intervención bastante crítica en la segunda jornada del evento, manifestando mi pertenencia a la Asociación Americana de Juristas, pero llevando la vocería del Círculo de Pensamiento Ambiental de Cali, en la cual abordé, bajo la égida del "disenso es creador", la enorme responsabilidad de los abogados en la larga historia de la corrupción en Colombia, que data desde el famoso decreto de pena de muerte a los corruptos dictado por el Libertador Simón Bolívar en el Palacio de Perú en mil ochocientos veinticuatro; un fuerte llamado de atención a los colegas bogotanos que se refieren despectivamente a las regiones autónomas como simples provincias, fortaleciendo el centralismo en detrimento de la federación de los departamentos y municipios; al reto de abordar en forma coetánea, la organización de las colegiaturas, con la necesidad de lograr ante la rama legislativa la autonomía organizacional y la administración de la base de datos de los abogados, así como la función sancionadora por temas disciplinarios; la invocación ante la rama legislativa, del derecho a la igualdad continental que predica que las colegiaturas de abogados conservan la facultad disciplinaria conforme lo estipulado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Pacto de San José de Costa Rica, y el artículo sesenta tres de nuestra Constitución que prescribe que los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por leyes colombianas prevalecen en el derecho interno; la concordancia entre el ejercicio de la profesión de abogado y la libertad de expresión, conforme jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la inclusión en el proyecto de ley por la Colegiatura Obligatoria de la derogatoria de las facultades disciplinarias de los jueces en el trámite de los procesos, porque constituyen herramientas de intimidación; la necesidad de conformar una Presidencia Colegiada en la que participen tres delegados de igual número de regiones, para tornarla participativa e incluyente.
Finalmente, hice la invitación a los abogados a sumarse a la "Caravana Jurídica en defensa de la vida de los niños indígenas Wayúu", que son víctimas de exterminio y genocidio por parte del Consorcio Transnacional que explota la mina de carbón a cielo abierto de El Cerrejón, la más grande del mundo, para conformar un consorcio de abogados para preparar y presentar las acciones constitucionales en defensa de la vida.
Finalmente se acordó en esta reunión: "Defensa de la defensa", veeduría procesal, coadyuvancia a la Defensoría Pública, fortalecimiento de la academia., respeto e igualdad de trato a los abogados en todos los órdenes, defender la profesión y recuperar el prestigio y dignidad de la misma, y combatir frontalmente la corrupción, son varios de los postulados que se proponen en la nueva federación de abogados convocada a través de los colegios y asociaciones gremiales, constituyéndose la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados, que trabajará por la independencia de sus pares, buscando la autonomía nacional con su propia base de datos, para que se organice, discipline y coadyuve a la recta y cumplida administración de justicia como aportes para el cambio e independencia del poder judicial que garantice justicia y paz en Colombia.
Ya es hora que se empujen con dinamismo este tipo de cambios, para que los abogados tengamos la opción de luchar contra la corrupción que campea por los estrados judiciales, en estos tiempos del visible Cartel de la Toga, porque la mediocridad y la falta de justicia son también expresiones de la crisis estatal.
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