Armando Palau Aldana - En los inicios de nuestra Patria Boba se originaron los conflictos bélicos entre los centralistas y federalistas, después vino la conformación de los partidos conservador y liberal, que irrumpieron en la década del cuarenta en el siglo diecinueve, los que a los pocos años de su constitución alimentaron guerras civiles durante media centuria hasta el año mil novecientos dos con la de los Mil Días. Luego, en la mitad del siglo veinte se encendió la no declarada violencia interpartidista en medio de la privación económica de los sectores populares y una rígida participación de los partidos tradicionales en los designios estatales, llevando a Jorge Eliecer Gaitán a pronunciar al Presidente Ospina la “Oración por la Paz”, que en vez de lograr su propósito ocasiono el asesinato del tribuno popular y registró el más sanguinario terrorismo prolongado durante más de una década, que aparentemente cesó con el acuerdo político del Frente Nacional. Renglón seguido prosiguió una guerra intestina entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que durante un poco más del último medio siglo ha continuado desangrando a Colombia, prolongando un pasado de un absurdo y violento conflicto armado, en medio del cual sectores retardatarios terratenientes y empresariales han intervenido de la soterrada mano de la expresión más derechista de las fuerzas militares incorporando el paramilitarismo a esta triste historia, que indiscutiblemente es necesario detener y que la mayoría del pueblo colombiano desea esperanzadoramente con la estructurada consolidación de los Diálogos de La Habana, cuyos avances en la búsqueda de la paz tiene signos visibles. Las fuerzas democráticas y humanistas de la sociedad civil colombiana, coinciden en la necesidad de terminar el conflicto armado y social para alcanzar la paz en nuestro país, rebasando la estreches conceptual de detención solo de la guerra en cuyo propósito se afinca el propósito del Presidente Santos, mientras que la veterana insurgencia quiere involucrar la anhelada reforma agraria para terminar con las inequidades que el campesinado ha sufrido y que justifican el accionar de los ejércitos de Tirofijo.
Durante este largo y casi ininterrumpido periplo que ha colmado el mayor transcurso de nuestros doscientos años de vida republicana, la presencia de la corrupción estatal ha sido una constante, como lo testimonia el decreto presidencial bolivariano para detener la malversación o enriquecimiento ilícito con fondos públicos, enfermedad catastrófica que heredamos de esos españoles que nos colonizaron y que a su vez habían sido invadidos por los árabes durante casi ocho siglos. Esta guerrerista historia es el antecedente y la razón de ser de unas numerosas fuerzas armadas compuesta por más de quinientos treinta mil efectivos que corresponden a más del uno por ciento de la población y que desangran con el elevado gasto militar el presupuesto nacional, requiriendo veinticinco de los doscientos billones de pesos, que se ponen por encina de las veintitrés para salud y veintiuno para educación, y que solo es superada por los treinta y cinco billones para el servicio de la deuda externa.
La corrupción en las esferas estatal y privada encuentra eco en la sociedad colombiana, en la necesidad de acumular dinero para adquirir mayores lujos que no se resuelven con los salarios u honorarios que percibimos. El apego y el culto por el dinero al que llamara Giovanni Papini el “estiércol del diablo”, ese que reclama alguno de los componentes del hogar para tener la estabilidad que necesita el amor o se recurre a la complementación de quien teniéndolo funge en la banca de los suplentes para pronunciar palabras bonitas o el mismo que causa infelicidad a muchos hijos cuyo vínculo se mantiene férreo en la medida en que los padres dispensen una buena cantidad para atender los detalles de la moda y el consumismo, amarras que facilita el sistema financiero mediante el cual se han enriquecido tan solo mil quinientos de los siete mil millones de la población mundial, de los cuales solo ochenta son los verdaderos orientadores de la economía global, entre quienes se cuenta un ingeniero civil bogotano que de la mano de la construcción de viviendas incursionó en la banca y demostró desde el Valle del Cauca que no es suficiente la llamada “verraquera paisa”. Esta absurda realidad en el contexto de nuestro deshonroso lugar de desigualdad social entre los ciento noventa y cinco países que pueblan el globo terráqueo. Esta corrupción bajo la complicidad de la iglesia católica y las múltiples congregaciones cristianas protestantes, que esquilman a sus ovejas con el diezmo y que diezman a su vez a sus casas matrices en Estados Unidos, sin que ninguno de sus feligreses sepa el monto de lo acumulado en los rituales donde la fe enceguece y hace pensar en la condición primigenia de pecadores y en la egoísta salvación del alma de los sujetos sin que importe la corrupción que desangra a la sociedad colombiana, pues no sale de los púlpitos ninguna campaña para enfrentar esta horrible enfermedad, denunciando y poniendo de presente con férrea voz a la entrada de los templos o iglesias, que no es ejemplo de vida quien protagoniza por acción o permite por el cómplice silenció el robo a los dineros estatales, porque afirman que el que peca y reza u ora empata. También en ello participan las y los dirigentes de los hoy diversos partidos y movimientos políticos, que roban el erario o acumulan dinero que no son capaces de declarar, para financiar sus campañas electorales o las de sus hijos. Ni que decir de la vergüenza nacional en la Corte Constitucional y en otras altas cortes.
Así las cosas, seguimos preguntando: ¿Que está haciendo usted contra la corrupción? Porque incluso a los que asumieron con estoicismo el deber de enfrentar la corrupción, se les señala con el adjetivo de ser unos anarquistas irresponsables que no solo no producen y acumulan dinero, sino que además no dejan que otros lo hagan holgada y descaradamente.
Santiago de Cali, veintitrés de Marzo del año dos mil quince.
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