Armando Palau Aldana
En nuestra historia la corrupción tiene vieja data, hace ciento noventa años el Libertador Simón Bolívar dictaría en Lima un decreto presidencial determinando que aquel funcionario público que en juicio sumario se demostrara haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos quedaría sujeto a la pena capital, determinando que los jueces a quienes competiere este juicio y que no procedieran conforme, serian condenados a la misma pena.
La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en mil novecientos noventa y seis por la Organización de Estados Americanos, definió la corrupción como el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, también con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero, al igual que el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los descritos actos y la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de dichos actos. Así mismo se determinó el soborno transnacional, cuando se ofrece u otorga a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que residan habitualmente en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial. Del mismo modo se acordó el levantamiento del secreto bancario entre los Estados adherentes para perseguir este flagelo. Son actos corruptos también: Acudir a los amigos para que se nos acelere una gestión estatal; Solicitar que se nos recomiende para un contrato o un cargo estatal pretendiendo burlar un concurso de méritos; Incumplir deliberadamente el ordenamiento jurídico, así como otros tantos casos de tráfico de influencias otrora llamados “venta de humo”, todo por el maldito metal o el estiércol del diablo como llamó Giovanni Papinni al dinero, como si los ataúdes vinieran con bolsillos.
Uno de los males mayores de nuestra sociedad es precisamente la corrupción (que también se presenta en el sector privado cuando un empleado de una empresa solicita una comisión por comprar un suministro o se la ofrecen los proveedores y la recibe), pero la que más nos interesa es la estatal porque compromete el erario conformado con los recursos públicos que aportamos las y los colombianos con los tributos que pagamos en la declaración de renta o sencillamente cuando adquirimos un producto o un servicio gravado con el impuesto al valor agregado, los cual nos torna en contribuyentes a todos. Igualmente lo conforman los dividendos que generan las empresas industriales y comerciales estatales, los bienes fiscales de la nación, sus riquezas petrolíferas y yacimientos minerales, así como todos los recursos naturales que le pertenecen al Estado y por ende a la soberanía popular.
En esa trampa que le arrebata recursos a la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico (rubros con prioridad social en el presupuesto nacional por mandato constitucional), cae una parte de la ciudadanía -entre otras razones- por la ambición que paradójicamente envicia sin límite a muchos ricos o en muchos eventos por la angustiante escasez que se convierte en un sofisma de distracción. En la mayoría de los eventos es una práctica inveterada impuesta y sostenida por los gamonales politiqueros. En temas de comercio exterior conocidas son las dádivas presupuestadas por muchas transnacionales.
Lo lamentable, es que en ello ocurre como en la parodia de cornadas, cuyas víctimas son las últimas en darse cuenta, nadie quiere asumir la incomodidad ni el valor civil de contar de la infidelidad a la cornuda víctima. La ciudadanía prefiere callar porque teme que expone su vida o porque presume que nada pasará, pues los tentáculos del putrefacto robo al presupuesto público llegan hasta los organismos penales y de control. Una buena parte de la opinión pública asume el adagio que afirma “lo malo de la rosca es no estar en ella” y se hacen los de la vista gorda. Otros asimilan que la única forma de contratar con el Estado es pagando la dádiva o la pútrida comisión. Sumémosle a ello la fatal proposición de Turbay Ayala en tiempos de su presidencia “Tenemos que bajar la corrupción a sus justas proporciones” que enquistó la estúpida justificación que pregona: una módica comisión es aceptable siempre y cuando se vendan los bienes adquiridos o se presten los servicios con buena calidad.
La clase política que participa de este concierto para delinquir, cree estúpidamente que ante la aparente falta de evidencias, pruebas, investigaciones o sentencias que les lleven a buen recaudo tras las rejas, la sociedad ignora sus bellaquerías y hechos punibles. Es sencillamente un silencio cómplice, un tragarse un poquito del veneno, una autoflagelación. Para colmo de males, desde la tradición católica se confeccionó un decir “el que peca y reza empata” que les cae a los corruptos como anillo al dedo, pues vemos a esos bandidos de cuello blanco en los cultos religiosos orar y rezar con profundo recogimiento, como los mejores actores de cine.
Así las cosas y a pesar del alto costo personal y familiar de quienes asumen con estoicismo la lucha contra esa: ¡Seguimos envenenándonos y solidarizándonos con la corrupción! o ¡Asumimos de una vez por todas con objetividad la lucha contra ese mal! Ya es hora que contestemos con intima franqueza la pregunta ¿Que estamos haciendo contra la corrupción? Bertrand Russell sentenció “El mundo fue creado por el diablo en un momento en que Dios no estaba mirando”.
Santiago de Cali, quince de Febrero del año dos mil quince.
En nuestra historia la corrupción tiene vieja data, hace ciento noventa años el Libertador Simón Bolívar dictaría en Lima un decreto presidencial determinando que aquel funcionario público que en juicio sumario se demostrara haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos quedaría sujeto a la pena capital, determinando que los jueces a quienes competiere este juicio y que no procedieran conforme, serian condenados a la misma pena.
La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en mil novecientos noventa y seis por la Organización de Estados Americanos, definió la corrupción como el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, también con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero, al igual que el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los descritos actos y la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de dichos actos. Así mismo se determinó el soborno transnacional, cuando se ofrece u otorga a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que residan habitualmente en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial. Del mismo modo se acordó el levantamiento del secreto bancario entre los Estados adherentes para perseguir este flagelo. Son actos corruptos también: Acudir a los amigos para que se nos acelere una gestión estatal; Solicitar que se nos recomiende para un contrato o un cargo estatal pretendiendo burlar un concurso de méritos; Incumplir deliberadamente el ordenamiento jurídico, así como otros tantos casos de tráfico de influencias otrora llamados “venta de humo”, todo por el maldito metal o el estiércol del diablo como llamó Giovanni Papinni al dinero, como si los ataúdes vinieran con bolsillos.
Uno de los males mayores de nuestra sociedad es precisamente la corrupción (que también se presenta en el sector privado cuando un empleado de una empresa solicita una comisión por comprar un suministro o se la ofrecen los proveedores y la recibe), pero la que más nos interesa es la estatal porque compromete el erario conformado con los recursos públicos que aportamos las y los colombianos con los tributos que pagamos en la declaración de renta o sencillamente cuando adquirimos un producto o un servicio gravado con el impuesto al valor agregado, los cual nos torna en contribuyentes a todos. Igualmente lo conforman los dividendos que generan las empresas industriales y comerciales estatales, los bienes fiscales de la nación, sus riquezas petrolíferas y yacimientos minerales, así como todos los recursos naturales que le pertenecen al Estado y por ende a la soberanía popular.
En esa trampa que le arrebata recursos a la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico (rubros con prioridad social en el presupuesto nacional por mandato constitucional), cae una parte de la ciudadanía -entre otras razones- por la ambición que paradójicamente envicia sin límite a muchos ricos o en muchos eventos por la angustiante escasez que se convierte en un sofisma de distracción. En la mayoría de los eventos es una práctica inveterada impuesta y sostenida por los gamonales politiqueros. En temas de comercio exterior conocidas son las dádivas presupuestadas por muchas transnacionales.
Lo lamentable, es que en ello ocurre como en la parodia de cornadas, cuyas víctimas son las últimas en darse cuenta, nadie quiere asumir la incomodidad ni el valor civil de contar de la infidelidad a la cornuda víctima. La ciudadanía prefiere callar porque teme que expone su vida o porque presume que nada pasará, pues los tentáculos del putrefacto robo al presupuesto público llegan hasta los organismos penales y de control. Una buena parte de la opinión pública asume el adagio que afirma “lo malo de la rosca es no estar en ella” y se hacen los de la vista gorda. Otros asimilan que la única forma de contratar con el Estado es pagando la dádiva o la pútrida comisión. Sumémosle a ello la fatal proposición de Turbay Ayala en tiempos de su presidencia “Tenemos que bajar la corrupción a sus justas proporciones” que enquistó la estúpida justificación que pregona: una módica comisión es aceptable siempre y cuando se vendan los bienes adquiridos o se presten los servicios con buena calidad.
La clase política que participa de este concierto para delinquir, cree estúpidamente que ante la aparente falta de evidencias, pruebas, investigaciones o sentencias que les lleven a buen recaudo tras las rejas, la sociedad ignora sus bellaquerías y hechos punibles. Es sencillamente un silencio cómplice, un tragarse un poquito del veneno, una autoflagelación. Para colmo de males, desde la tradición católica se confeccionó un decir “el que peca y reza empata” que les cae a los corruptos como anillo al dedo, pues vemos a esos bandidos de cuello blanco en los cultos religiosos orar y rezar con profundo recogimiento, como los mejores actores de cine.
Así las cosas y a pesar del alto costo personal y familiar de quienes asumen con estoicismo la lucha contra esa: ¡Seguimos envenenándonos y solidarizándonos con la corrupción! o ¡Asumimos de una vez por todas con objetividad la lucha contra ese mal! Ya es hora que contestemos con intima franqueza la pregunta ¿Que estamos haciendo contra la corrupción? Bertrand Russell sentenció “El mundo fue creado por el diablo en un momento en que Dios no estaba mirando”.
Santiago de Cali, quince de Febrero del año dos mil quince.
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