9 de agosto de 2023. Por Armando Palau Aldana. Parece increíble pero es cierto, nuestras comunidades no han comprendido que hace 32 años la Asamblea Constituyente hizo un cambio trascendental en relación con la soberanía, la cual se mantenía incólume en cabeza de la Nación desde la Constitución de 1886 y por supuesto desde las anteriores Cartas Políticas. Desde 1991 la soberanía reside exclusivamente en el Pueblo y de él emana el poder público que se ejerce desde las ramas del Estado a través de los servidores públicos.
Pero el ejercicio directo de esta democracia participativa en la práctica cede su soberanía a la representatividad, la que se renovará en las venideras elecciones del 29 de octubre para gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos, ediles y comuneros. La brutal realidad nos indica que en estas justas no se elige a los mejores sino a quienes obtengan más votos bajo el derecho que tienen de ser elegidos, no se trata de un concurso de méritos personales.
Esto ocurrió recientemente en la intempestiva escogencia de representantes a la Mesa Técnica para la formulación de la política pública de gestión hídrica de Cali, espacio establecido en diciembre de 2020 por Acuerdo 492 del Concejo. Después de dos años y medio se dieron cuenta que esa mesa institucional no había sido instalada y corrieron a formarla, otra evidencia de la precaria ejecución del Departamento de Gestión del Medio Ambiente.
Lamentablemente, en la medida en que los electores (espectadores) padecen de una inmensa ignorancia jurídica y política como habitantes que conforman el Pueblo colombiano como Estado Social de Derecho, no vamos a elegir a los mejores sino aquellos con mayor capacidad de manipulación, cobrando vigencia el juicio del inmortal poeta Víctor Hugo (Los Miserables, 1862): “Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa”.
En los espacios que tenemos para garantizar la participación en la toma de decisiones ambientales, la representatividad sigue estando anclada al establecimiento oscuro: las y los representantes en mesas y consejos locales y nacionales como los de planeación, de política social, de cuencas o directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, no son los mejores, sino quienes han logrado perpetuarse a través del entronque de la contratación estatal para sus aliados y recomendados.
Quienes han asumido el compromiso de luchar como accionantes contra la corrupción en la gestión ambiental poniéndole el pecho a la brisa son un puñado de quijotes; son señalados como fundamentalistas por un resto de actores que se jactan de llevar un ambientalismo de un montón de años, pero que hace tan solo tres décadas no se les veía ni por las curvas, seguramente porque lo que han estado es aprovechándose de la coyuntura ambiental para obtener ingresos contractuales.
Las agendas ambientales tienen origen en el documento Nuestro Futuro Común (1987) soporte de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Río de Janeiro, 1992); como lo advertimos en otras Disertaciones, han tenido como propósito las Metas del Milenio o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agendas formuladas por los entronques de poder, con una cierta apertura como Nuestra Propia Agenda de la Comisión de América Latina y El Caribe (1991).
Sin embargo, algunos vuelven a insinuar en época electoral agendas ambientales ciudadanas mínimas. La pasada solo sirvió como trampolín para que el animalista Terry Hurtado saltara al Consejo de Planeación de Cali y luego al Concejo, mostrando como única ejecutoria durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina a quien respaldó, la construcción del Centro de Bienestar Animal en medio de múltiples irregularidades normativas y contractuales.
La crisis actual evidencia que las cosas se han estado haciendo mal (Nuestra Propia Agenda). En lo local el reto es revisar minuciosamente lo ambiental del Programa de Gobierno que inscribieron las y los candidatos a la alcaldía, pues de ahí saldrá el Plan Distrital de Desarrollo de Cali, para saber si tiene conectividad con el Plan Nacional desde la perspectiva del Ordenamiento del territorio alrededor del agua como eje estructurante y la materialización del derecho a gozar de entorno sano.
Entre tanto a la ciudadanía del común y a Juan Pueblo, le suena Yira Yira (Santos Discepolo, 1930): “Cuando la suerte qu' es grela,/fayando y fayando/te largue parao;/cuando estés bien en la vía,/sin rumbo, desesperao;/cuando no tengas ni fe,/ni yerba de ayer/secándose al sol;/cuando rajés los tamangos/buscando ese mango/que te haga morfar.../la indiferencia del mundo/-que es sordo y es mudo-/recién sentirás”.
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