1° enero 2018. Por Armando Palau Aldana. No obstante Colombia ser un Estado Social de Derecho pletórico de leyes burladas a granel por sujetos de distinto pelambre a los que poco importa que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, Armitage -fiel su errático comportamiento- se pasó las normas legales por la faja e hizo eco de la felonía de Latorre hacia lo público y popular, quienes desde la Corporación Feria de Cali, una entidad mixta creada por el Concejo en los años noventa y que congrega a la Alcaldía de Cali que la preside (con otras entidades como la Plaza de Toros y el Grupo Ochenta), organizan los eventos de la Feria de Cali. En efecto, fue noticia en diciembre del dos mil quince, que Corfecali contrató la compra y colocación por una suma cercana a cinco mil millones de pesos la bombillería e iluminación navideña con una empresa mexicana, al año siguiente la Contraloría municipal hizo bulla en la prensa sobre un hallazgo que no culminó en responsabilidad fiscal alguna. Hoy en día contrata los refrigerios de los agentes de policía como si fueran una compañía privada de seguridad. Luego el mismo Concejo en el dos mil nueve, mediante Acuerdo municipal institucionalizó como espectáculos artísticos y culturales el “Salsódromo” y el “Carnaval de Cali Viejo”, ordenando al Alcalde y a la Secretaría de Cultura apropiar anualmente las partidas para la realización de estos eventos, pero quien sigue cumpliendo esta labor es Corfecali.
No obstante que desde el mismo momento en que Ospina como alcalde de Cali creó la Calle de la Feria, hicimos las reclamaciones ante los organismos de control, solo hasta este año se generó una masa crítica en contra de dicha ocupación del tramo derecho hacia el norte de la Autopista Sur Oriental, en virtud de las declaraciones de Armitage en los primeros días de octubre, cuando manifestó que no se compadecía la reclamación de la opinión pública y de la ciudadanía, por el anunciado corte de árboles del separador de la Autopista Sur Oriental, para permitir la instalación de más graderías para espectáculos de la Feria de Cali que se celebran entre pascua y año viejo, disparate que fue acolitado por la foránea Directora del Dagma, que con despectivo tono rolo consideró que esta selva de cemento jamás podría considerarse como una parte del campo. El rechazo por las redes sociales fue “in crescendo” con tal fuerza que hizo desistir al alcalde llorón de derribar los árboles, que a la postre fueron confinados, no obstante, los llamados de atención del Personero municipal.
En efecto, desde el quince de diciembre, el trayecto de la Autopista Sur Oriental, que va desde la carrera cincuenta y tres hasta la cuarenta y cuatro, ha sido ocupado por la instalación de vallas y graderías metálicas, restringiendo el paso vehicular; también se colocaron plataformas sobre el canal de aguas lluvias de dicha autopista, con el finde colocar sobre ellas más tribunas que albergaron un poco más de veinte mil locaciones, a las cuales solo se podía ingresar pagando un abono por persona de ciento setenta mil pesos para observar cómodamente el Salsódromo, el Desfile de Autos Viejo y el Carnaval de Comparsas del Cali Viejo en tres días diferentes. Para el levantamiento de dichas graderías y con fin de exclusividad, se colocaron vallas metálicas que impidieron el avistamiento de quienes no podían ingresan a dichas graderías, lo que se denominado por las redes sociales “el muro de la infamia”, dando cuenta además de que los contratos suscritos para la realización de los eventos presentaron onerosa dualidad de gastos con un mismo operador, en detrimento del erario y violando las normas del Estatuto de Contratación Estatal. Para colmo de males, Armitage mediante decembrino decreto restringió las verbenas populares que tradicionalmente celebran las Juntas de Acción Comunal, provocando la furia de San Pedro que le aguó la excluyente fiesta al alcalde con vocación de rico, la cual comparte con su hermano, el uno desde el destellante mundo y el otro desde el oscuro.
El punto es que este ilegal cerramiento y ocupación de esta gran vía pública de uso general, restringe el ingreso directo a la Clínica Materno Infantil (centro hospitalario especializado de tercer nivel), a la Clínica Colombia (que atiende a los afiliados a Nueva E.P.S.), y las instituciones prestadoras de salud de Coomeva y Sura, instaladas sobre la Autopista Sur Oriental, a las que le dejaron vías alternas para llegar desde el sur y el oriente, cuando la norma ordena prelación por las arterias principales. Sumado a ello, la Constitución Política estableció el derecho fundamental a la libre circulación; la categoría de inalienables bienes de uso público, en donde el Estado debe velar por la protección de la integridad del espacio público para su destinación al uso común, para que prevalezca el interés general sobre el particular.
Desde la primera década del siglo pasado, el vigente Código de Régimen Político y Municipal determinó que las vías no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso, ordenando que ninguna autoridad podrá conceder permiso para encerrar dentro de cercados porción alguna de las vías públicas, lo cual fue ratificado por el Código de Régimen Municipal en el año ochenta y seis, que dispuso que las vías no pueden reducirse en ningún caso. Por su parte de la ley de Reforma Urbana antes del noventa, determinó que el espacio público está destinado a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los intereses individuales de los habitantes, precisando que el destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público solo puede ser variado por los Concejos. Incluso el reciente Código Nacional de Policía, prescribió que las autoridades garantizarán a los habitantes el ejercicio legítimo de sus derechos y libertades constitucionales, con fundamento en su autonomía personal, autorregulación individual y social. Los permisos los otorgó Armitage como juez y parte, pues además de primera autoridad de policía preside Corfecali. En esta perspectiva, es claro que el alcalde de Cali y la gerente de Corfecali, incurrieron en los punibles contra la administración pública de “prevaricato por acción” y “abuso de autoridad”; en lo disciplinario la falta disciplinaria gravísima, de haber proferido actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección y preservación de los ecosistemas naturales y/o el medio ambiente; y en lo fiscal: juicio de responsabilidad por daño patrimonial al Estado en lo relativo a los leoninos contratos.
Desde la perspectiva del entorno y sus recursos naturales, violaron el decreto único reglamentario del sector ambiental expedido hace dos años, que recopiló viejas normas sobre ruido que determinan que en los lugares donde están ubicados clínicas y hospitales clasificados como Sector Tranquilidad y Silencio, la emisión de presión sonora no puede exceder los cuarenta y cinco decibeles (los parlantes superaron los cien), que además estableció una mayor restricción en período nocturno comprendido entre las nocturnas nueve y las matinales siete. Sumémosle que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial con apenas tres años de vigencia, no tiene enlistada como actividad permitida los actos musicales generados en el cierre temporal de la Autopista Sur Oriental, pues el uso de suelo en esta zona es exclusivo para el tráfico y tránsito de vehículos automotores.
Esto demuestra que no solo se violaron todas esas piezas legales, sino que además prevaleció el interés privado en nueve cuadras encerradas ilegalmente por ambos lados, en donde solo tres por un solo carril fueron habilitadas para el uso del público, no obstante una absurda y leonina tutela que ordenó reemplazar las vallas metálicas por unas traslúcidas para que Juan Pueblo pudiera mirar por entre los pies y piernas de los privilegiados abonados sentados en los costosos palcos, el otrora espectáculo popular.
Por ello desde el Círculo de Pensamiento Ambiental, cumplimos con nuestro deber constitucional solicitando al nivel nacional de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, se inicie inmediatamente los procesos de responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal, y se llame en el término de la distancia a indagatoria a Armitage y a Latorre, para que no se siga atropellando el ordenamiento jurídico. Alternativamente, hemos propuesto que se habilite el Bulevar del Río, con su trayecto desde la calle quinta hasta la once girando por el Paseo Bolívar y culminando en la Plazoleta de la Independencia (conocida con del CAM), otras nueve cuadras para que la caleñidad vuelva a disfrutar el Salsodromo y las Comparsas como espectáculos de interés público y no como el negocio dirigido desde Corfecali por el alcalde de turno, en donde no se violaría norma alguna y Juan Pueblo podrá corroborar que las caleñas son como las flores y vestidas van de mil colores!
Cali, último día del moribundo año dos mil diecisiete.
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