Por: Armando Palau Aldana En el noventa y uno, la Asamblea Nacional Constituyente reconoció la diversidad étnica y cultural de Colombia, así como la propiedad colectiva de las Comunidades Negras que han ocupado tierras baldías en zonas ribereñas con sus prácticas tradicionales de producción, imponiéndole a legislador la obligación de establecer mecanismos para la protección de su identidad cultural y sus derechos, como para el fomento de su desarrollo económico y social, lo que en efecto se consagró en la ley setenta de mil novecientos noventa y tres. Esta pieza legal impuso al gobierno nacional la obligación de crear una Comisión de Estudios para la formulación de un plan de desarrollo de estas comunidades negras, la cual comienza a operar una vez sea elegido el Presidente y hasta la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Consejo de Política Económica y Social y su presentación ante el legislativo, es decir después del siete de Agosto y por seis meses más. En este plan se propondrán las políticas de largo plazo para las y los afrocolombianos y será el marco de referencia para que las políticas del Plan Nacional de Desarrollo promuevan el desarrollo sostenible de este componente de la nacionalidad de acuerdo a su propia visión.
Indica la norma que esta será una comisión técnica con amplio conocimiento de las realidades de las negritudes y para su conformación se tendrá en cuenta las propuestas de los consejos comunitarios y las organizaciones sociales de las mismas, siendo la responsabilidad de la designación y apoyo logístico del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del Interior.
En estas dinámicas, la otrora Consultiva de Alto Nivel Afrocolombiana jugaba un rol importante y casi que definía la composición de dicha delegación; pero a partir del fallo de la Corte Constitucional (proferido en agosto pasado), que precisó que la consultiva no podía excluir a las organizaciones sociales urbanas dejando solo a los consejos comunitarios rurales, tardíamente el alto gobierno -solo a finales de septiembre- hizo la convocatoria para la Comisión de Estudios, para que organizaciones afines se postularan y aforó dicho gasto con un poco más de quinientos millones de pesos, precisando que tendría que incluirse entre los siete comisionados de alto perfil académico sendos raizales de San Andrés y Providencia y de Palenque de San Basilio, dos de los consejos comunitarios y dos de las organizaciones sociales. Este rubro comprendía el pago de los honorarios profesionales, los viáticos y los gastos para la realización de asambleas consultivas nacionales por los territorios de comunidades negras. El cierre de la convocatoria se prorrogó por una semana, porque lo solicitaron algunos consejos comunitarios, simultáneamente once voceros que se arrogaron la vocería de la Autoridad Nacional Afrocolombiana conformada por ciento nueve delegados, rechazaron la invitación pública y le exigieron al gobierno que en concurso con ellos conformaran la Comisión de Estudios, frente a lo cual sucumbió el Ministro del Interior (veterano político norte santandereano Juan Fernando Cristo), quien convenció al Director Nacional de Planeación (Simón Gaviria) y abortaron la convocatoria después de recepcionar cinco propuestas.
Luego se fraguó la intriga, el Ministerio del Interior por intermedio de la Viceministra para la Participación e Igualdad de Oportunidades y la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, con quienes rechazaron la invitación pública y otro puñado de líderes afrocolombianos (desde distintos ligares del país convocados, transportados en avión, hospedados y alimentados por esa cartera ministerial en Bogotá), desconociendo las propuestas radicadas se han estado reuniendo para tratar de amar la Comisión de Estudios. Entre tanto se agotaba el tiempo para que la misma se hubiera conformado, elaborando y consultando el Plan de Desarrollo entre los distintos miembros de organizaciones y consejos. Ahora solo quedan doce días mientras el gobierno reúne al Conpes y radica ante el Congreso de la República el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, mientras que el Plan de las Comunidades Afrocolombianas sigue sin tener siquiera un borrador o una propuesta de hoja de ruta, siendo una vez más víctima de la discriminación estatal.
Inaceptable es que este ocurra desde el ministerio responsable de interlocutar y gestionar el desarrollo de las negritudes, quien cuenta demás con la asesoría de Pastor Murillo, un veterano trabajador de la temática y quien se desempeñó como uno de los primeros Directores de Comunidades Negras en esa cartera ministerial. A estas alturas se viola la Constitución y se trasgreden los derechos colectivos, culturales, económicos y sociales de las comunidades afrocolombianas en un momento en que se despejan los diálogos de paz de La Habana y bajo el “Todos por un nuevo país” del Plan Nacional de Desarrollo, sin lenguaje incluyente y sacando en medio de las intrigas y las conjeturas a un pueblo que representa por lo menos la novena parte de esta atribulada patria, que colonizó el Pacífico conservando la mega biodiversidad y le apostó a la gesta libertadora, sin que se redima la deuda social que tiene el establecimiento con este componente de la nacionalidad colombiana. Entre tanto los voraces apetitos que se pelean las cuestionadas curules no dicen ni pio de esta terrible y excluyente realidad. ¿Le seguirán apostando el gobierno nacional y el congreso de la república a ahondar esta brecha étnica?
Cali, veinticinco de enero del dos mil quince.
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